Por Daniel Campione
Allá por 1956...
En medio de un intento de rebelión cívico-militar, en junio de 1956, sofocado con facilidad en unas pocas horas, la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora” fusiló a 27 personas, tanto civiles como militares. Todos ellos fueron ejecutados sin forma alguna de juicio, con la única cobertura de apariencia legal de la ley marcial promulgada para la ocasión.
Un grupo de ellos fueron pasados por las armas sin haber tomado parte en el levantamiento, tras ser detenidos en una casa del Gran Buenos Aires. Los arrestados allí fueron más de una decena, al menos siete lograron escapar a las balas asesinas, por la torpeza de los ejecutores. Entre ellos apenas un par tenían algún compromiso con el movimiento, alguno más sabía de la existencia del mismo sin ninguna participación y el resto no tenían absolutamente nada que ver.
Quienes fueron conducidos hasta un descampado en José León Suárez para quitarles la vida ni siquiera estaban encuadrados por la mencionada ley marcial, dada a publicidad después de su arresto, uno de los puntos que se ocupa de aclarar el autor. Sus muertes fueron un crimen sin atenuantes, que el periodista y escritor desaparecido el 25 de marzo de 1976 indagó a fondo, hurgando en diversos materiales escritos y accediendo a entrevistas con protagonistas, testigos y familiares.
Esa es la materia del libro, en el que Walsh hace que el lector lo acompañe en sus búsquedas en primera persona, hasta develar por completo la trama siniestra y sus consecuencias inmediatas. La prosa seca y precisa martilla sin piedad sobre los hechos y en particular en las responsabilidades de los represores y las maniobras de ocultamiento que desplegaron. Leída a la distancia de más de sesenta años, produce la impresión de asistir a un anticipo de un tipo de conductas que un par de décadas después desembocaron en un genocidio.
El autor, confeso opositor al peronismo, vislumbraba ya que esa algarada de odio tendría efectos funestos de vasto alcance para la sociedad argentina. Con el tiempo adquirió una claridad mayor al respecto, manifiesta por ejemplo en un epílogo escrito para la tercera edición, de 1969, del que vale la pena reproducir un pasaje:
“Los militares de junio de 1956, a diferencia de otros que se sublevaron antes y después, fueron fusilados porque pretendieron hablar en nombre del pueblo: más específicamente, del peronismo y la clase trabajadora. Las torturas y asesinatos que precedieron y sucedieron a la masacre de 1956 son episodios característicos, inevitables y no anecdóticos de la lucha de clases en la Argentina.”
La violencia de clase en el presente.
De eso se trataba, del conflicto de clase, en el que los sectores dominantes no vacilan en recurrir al uso extremo de la violencia cuando juzgan que sus intereses sufren serias amenazas. Y buscan contraatacar para imponer a pleno sus apetencias.
Muchísimo es lo que se ha escrito acerca de los libros del autor de ¿Quién mató a Rosendo? y en particular del que nos ocupa, su trabajo más difundido. Lo que no quita que quepa aún reflexionar acerca de que las tropelías que denuncia el investigador no son de sustancia diversa que la de los propósitos represivos de las autoridades actuales.
El movimiento obrero y las organizaciones populares en general siguen visualizados como enemigos, hoy como entonces, por un aparato estatal que una vez más se entrega al objetivo de limpiar las calles de movimientos de resistencia. Y propugna dar virtual licencia para matar a las “fuerzas del orden”, incluso por la espalda, bajo la presunción de que esas ejecuciones son un acto de justicia. El “orden” que se pretende defender es el del sometimiento de las mayorías y el silenciamiento masivo inducido por el miedo. Hoy opera mediante perdigonadas de balas de goma, bastones y gases, en un futuro próximo podría acudir a medios aún más violentos
Insatisfecha todavía con el exorbitante nivel de sus ganancias y su predominio económico, político e ideológico, la clase dominante insinúa hoy la voluntad de infligir una nueva derrota de largo alcance a trabajadores y pobres, en la línea de las que se produjeron en 1955 y 1976. Y con ello imponer un dominio completo de los grandes capitales sobre el conjunto de la sociedad. Siguiendo ese camino emprenden incluso la reivindicación de las acciones golpistas de nuestra historia reciente. No cabe negarles coherencia, los objetivos de clase son similares.
El gobierno que hoy representa sus intereses va en auxilio de esos propósitos con un plan económico que ataca de modo impiadoso los ingresos y las condiciones de vida de la mayoría de la población. Una gigantesca transferencia regresiva de riqueza se halla en marcha, junto con la abolición a mansalva de las conquistas sociales
Las estadísticas ya exponen que más del 50% de los argentinos y argentinas se encuentra en la pobreza. Los grandes empresarios y la dirigencia que les responde no cejan en su odio de clase. Festejan incluso el anhelo del presidente Javier Milei de volver al país al tipo de relaciones sociales que existían hace más de un siglo atrás, sin derechos sociales pero con capitalistas muy prósperos.
Resuenan como actuales las palabras de Walsh en su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, que caracterizaban a la política económica iniciada en 1976 como “...una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”
Argentina necesita de nuevo valientes que no vacilen a la hora de denunciar los atropellos e injusticias. La investigación de Operación Masacre continúa como un modelo a la hora de desnudar los abusos de los poderosos.
De eso se trataba, del conflicto de clase, en el que los sectores dominantes no vacilan en recurrir al uso extremo de la violencia cuando juzgan que sus intereses sufren serias amenazas. Y buscan contraatacar para imponer a pleno sus apetencias.
Muchísimo es lo que se ha escrito acerca de los libros del autor de ¿Quién mató a Rosendo? y en particular del que nos ocupa, su trabajo más difundido. Lo que no quita que quepa aún reflexionar acerca de que las tropelías que denuncia el investigador no son de sustancia diversa que la de los propósitos represivos de las autoridades actuales.
El movimiento obrero y las organizaciones populares en general siguen visualizados como enemigos, hoy como entonces, por un aparato estatal que una vez más se entrega al objetivo de limpiar las calles de movimientos de resistencia. Y propugna dar virtual licencia para matar a las “fuerzas del orden”, incluso por la espalda, bajo la presunción de que esas ejecuciones son un acto de justicia. El “orden” que se pretende defender es el del sometimiento de las mayorías y el silenciamiento masivo inducido por el miedo. Hoy opera mediante perdigonadas de balas de goma, bastones y gases, en un futuro próximo podría acudir a medios aún más violentos
Insatisfecha todavía con el exorbitante nivel de sus ganancias y su predominio económico, político e ideológico, la clase dominante insinúa hoy la voluntad de infligir una nueva derrota de largo alcance a trabajadores y pobres, en la línea de las que se produjeron en 1955 y 1976. Y con ello imponer un dominio completo de los grandes capitales sobre el conjunto de la sociedad. Siguiendo ese camino emprenden incluso la reivindicación de las acciones golpistas de nuestra historia reciente. No cabe negarles coherencia, los objetivos de clase son similares.
El gobierno que hoy representa sus intereses va en auxilio de esos propósitos con un plan económico que ataca de modo impiadoso los ingresos y las condiciones de vida de la mayoría de la población. Una gigantesca transferencia regresiva de riqueza se halla en marcha, junto con la abolición a mansalva de las conquistas sociales
Las estadísticas ya exponen que más del 50% de los argentinos y argentinas se encuentra en la pobreza. Los grandes empresarios y la dirigencia que les responde no cejan en su odio de clase. Festejan incluso el anhelo del presidente Javier Milei de volver al país al tipo de relaciones sociales que existían hace más de un siglo atrás, sin derechos sociales pero con capitalistas muy prósperos.
Resuenan como actuales las palabras de Walsh en su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, que caracterizaban a la política económica iniciada en 1976 como “...una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”
Argentina necesita de nuevo valientes que no vacilen a la hora de denunciar los atropellos e injusticias. La investigación de Operación Masacre continúa como un modelo a la hora de desnudar los abusos de los poderosos.
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