Tómese una porción importante de Larretas, agréguense unos cuantos policías de la ciudad de Buenos Aires, colóquese una ministra de la mujer insípida e inolora, otra porción similar de ministro de Acción Social inactivo, súmese una militancia peronista sin sabor a tal, y complétese con la cantidad que desee de una sociedad de individuos idiotizados. Con esos ingredientes se ha conformado un repugnante cóctel de miserias, incapaz de satisfacer a nadie más que a quienes gozan con la desgracias mayoritarias como medio de aumentar sus inmorales riquezas.
El desalojo de un grupo de mujeres y niños de un rincón del Barrio Mugica (llamado “villa 31”), a mostrado, con palmaria evidencia, el poco apego a la justicia social que impera en los ámbitos gubernamentales, y no sólo del odioso gobierno de la ciudad “autónoma”. A las insultantes imágenes de las topadoras destruyendo casuchas de madera y cartón, el incendio de sus escasas pertenencias materiales y el maltrato físico y moral de estas ciudadanas y sus hijos e hijas, hay que sumarle la pasividad social, la absoluta falta de empatía del resto de los habitantes. Hay que agregarle la falta de respuesta del gobierno nacional, aun por arriba de la disculpa de no ser su jurisdicción, cuando en realidad se trata de habitantes de la Nación Argentina brutalmente empujados a la negación de la vida digna, e incluso de la indigna.
No existe excusa posible para no ver y escuchar tamaña afrenta a la Justicia Social, base indispensable para pensar en “peronismo”. No puede haber pretexto alguno para evitar asumir la responsabilidad de poner órden desde el Gobierno Nacional en cuanto a la protección de los derechos fundamentales consagrados en esta desvencijada pero vigente Constitución Nacional. No pueden privilegiarse los “límites jurisdiccionales” ante la soberbia inmoral de los Larretas y sus obscenidades. No se deben permitir estos hechos aberrantes, aún a costa de soportar sus andanadas de pretextos leguleyos y su asqueroso Tribunal Supremo de (in)Justicia con alardes de superioridad sobre la Corte Suprema de la Nación.
Es este un gobierno nacional que no ha dejado nunca de repetir que privilegia la solidaridad por sobre el egoísmo. Que manifiesta en cuanto acto se realize, que su meta es generar una sociedad más justa. Pero la realidad, porfiada marcación de los hechos, nos dice otra cosa. Nos habla de una permanente postergación, para tiempos mejores, de la dignidad de “los nadies”, esos compatriotas que parecen no serlo tanto, a los ojos de cualquiera que quiera ver.
La pasividad ante la injusticia flagrante, es símbolo de desinterés. El retroceso social hacia estadíos donde la expulsión de los débiles no genera reacción alguna, implica el abandono de los preceptos humanos más elementales. La miserabilidad de los funcionarios (que, evidentemente, no funcionan) es el gérmen de la putrefacción de la doctrina que se grita despacito para no ofender a los enemigos ideológicos.
El cóctel de miserias está servido, ahora se deberá tomar la decisión fundamental: se lo bebe y desaparecemos, o se lo destruye y se recobra la épica dignidad de la lucha por una Patria justa, libre y soberana. Pero de verdad. Roberto Marra
Por Roberto Marra
El desalojo de un grupo de mujeres y niños de un rincón del Barrio Mugica (llamado “villa 31”), a mostrado, con palmaria evidencia, el poco apego a la justicia social que impera en los ámbitos gubernamentales, y no sólo del odioso gobierno de la ciudad “autónoma”. A las insultantes imágenes de las topadoras destruyendo casuchas de madera y cartón, el incendio de sus escasas pertenencias materiales y el maltrato físico y moral de estas ciudadanas y sus hijos e hijas, hay que sumarle la pasividad social, la absoluta falta de empatía del resto de los habitantes. Hay que agregarle la falta de respuesta del gobierno nacional, aun por arriba de la disculpa de no ser su jurisdicción, cuando en realidad se trata de habitantes de la Nación Argentina brutalmente empujados a la negación de la vida digna, e incluso de la indigna.
No existe excusa posible para no ver y escuchar tamaña afrenta a la Justicia Social, base indispensable para pensar en “peronismo”. No puede haber pretexto alguno para evitar asumir la responsabilidad de poner órden desde el Gobierno Nacional en cuanto a la protección de los derechos fundamentales consagrados en esta desvencijada pero vigente Constitución Nacional. No pueden privilegiarse los “límites jurisdiccionales” ante la soberbia inmoral de los Larretas y sus obscenidades. No se deben permitir estos hechos aberrantes, aún a costa de soportar sus andanadas de pretextos leguleyos y su asqueroso Tribunal Supremo de (in)Justicia con alardes de superioridad sobre la Corte Suprema de la Nación.
Es este un gobierno nacional que no ha dejado nunca de repetir que privilegia la solidaridad por sobre el egoísmo. Que manifiesta en cuanto acto se realize, que su meta es generar una sociedad más justa. Pero la realidad, porfiada marcación de los hechos, nos dice otra cosa. Nos habla de una permanente postergación, para tiempos mejores, de la dignidad de “los nadies”, esos compatriotas que parecen no serlo tanto, a los ojos de cualquiera que quiera ver.
La pasividad ante la injusticia flagrante, es símbolo de desinterés. El retroceso social hacia estadíos donde la expulsión de los débiles no genera reacción alguna, implica el abandono de los preceptos humanos más elementales. La miserabilidad de los funcionarios (que, evidentemente, no funcionan) es el gérmen de la putrefacción de la doctrina que se grita despacito para no ofender a los enemigos ideológicos.
El cóctel de miserias está servido, ahora se deberá tomar la decisión fundamental: se lo bebe y desaparecemos, o se lo destruye y se recobra la épica dignidad de la lucha por una Patria justa, libre y soberana. Pero de verdad. Roberto Marra
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