"Esta es la batalla de los pueblos para controlar las semillas. Hay una dura pelea por delante para que la alimentación no dependa de las corporaciones".Carlos Vicente, de GRAIN
Sin tratamiento previo del proyecto ahora dado a conocer, y ante la dura oposición de colectivos sociales y productores pequeños y medianos, el Gobierno puso primera y se alzó con el aval para tratar en recinto la modificación a la actual Ley de Semillas.
Sin tratamiento previo del proyecto ahora dado a conocer, y ante la dura oposición de colectivos sociales y productores pequeños y medianos, el Gobierno puso primera y se alzó con el aval para tratar en recinto la modificación a la actual Ley de Semillas.
El marco en cuestión, exigido mayormente por la dupla Bayer-Monsanto dado su monopolio en el desarrollo de variedades de soja modificada genéticamente, establece la privatización del insumo a partir de aspectos como la limitación del denominado “derecho de uso propio”. Este último es un ítem clave en la normativa vigente, sancionada en 1973.
En concreto, el “derecho de uso propio” permite al agricultor volver a sembrar el resultado de sus cosechas o el sobrante de la campaña.
La ley, que buscará su aprobación en Cámara de Diputados el miércoles de la próxima semana, establece el abono de regalías por la “reutilización” del producto, además del pago de “derechos de propiedad intelectual” con la compra de las semillas. De esta forma, el insumo queda gravado de un “copyright” hasta ahora no contemplado en la legislación.
En simultáneo, y lo que resulta polémico a los ojos de los productores de menor calibre, la ley a tratar considera que la modificación que hacen Bayer-Monsanto a las semillas a través de biotecnología es argumento suficiente para considerar a las corporaciones dueñas absolutas de estas especies.
“Es la frutilla del postre que se inició en los años 90 con la irrupción de la soja transgénica. Esto que ocurre ahora viene a cerrar el capítulo de aquellos años. Implica privatizar el sistema agropecuario argentino. Si esto se aprueba luego en el recinto, bueno, será muy difícil desarmar este andamiaje legal en los próximos años”, advirtió Enrique Viale, abogado ambientalista.
Varios escalones por encima de multinacionales como Syngenta, Bayer y Monsanto concentran el dominio a nivel nacional de las semillas manipuladas para resistir agrotóxicos en lo que hace a soja –a través de las variedades RR e Intacta–, maíz –Mon 810 y NK603– o algodón –Mon 1445 y Mon 531–. Las compañías aguardan por una legislación que les garantice el cobro asegurado de regalías para el lanzamiento de una amplia batería de nuevos transgénicos.
“Más allá de otros detalles, lo más relevante es que la ley nueva acotará el uso propio, libre y gratuito, de las semillas. La legislación vigente habilita justamente esta libertad, permite sembrar sin estar pagando regalías todo el tiempo. Si esto se aprueba, los productores ya no podrán contar con esa opción y deberán pagar cada vez que usen la semilla”, dijo Tamara Perelmuter, investigadora del CONICET.
Poder de policía
Con vistas a resultar aprobada de forma completa antes de fin de año, la normativa otorga poder de policía al Instituto Nacional de Semillas (INASE), el cual ante el pedido de las compañías que consideren vulnerados sus “derechos de propiedad intelectual” tendrá “acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre…”.
El texto del proyecto que acaba de obtener dictamen, y al que este periodista pudo acceder en las últimas horas, anticipa además que el INASE “podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulta de interés a los fines de esta ley”.
La iniciativa incorpora figuras a tono con la consideración de la semilla como “material vegetal” antes que una vida.
De esa forma, establece categorías como “Creación fitogenética” para definir a los transgénicos, “Obtentor” para los privados que manipulan el ADN de estas especies, “Evento” –la modificación genética en sí misma–, y “Biotecnología” –la técnica de manipulación de ADN utilizada–, entre otras.
Esta variación en la normativa que propone el texto viene a desactivar los reclamos de compañías que en más de una oportunidad han expuesto públicamente la decisión de no lanzar determinadas semillas hasta tanto se garantice el cobro de regalías.
Monsanto sostiene esa queja incluso desde los tiempos de Néstor Kirchner al frente del Ejecutivo nacional. A ese malestar se le sumaron, en los últimos años, incluso compañías de “ADN” local como Bioceres.
En mayo de 2016, la multinacional ahora propiedad de Bayer presionó para que los ruralistas paguen regalías por el “desarrollo e innovación” incluidos en sus semillas. En paralelo, exigió que el Gobierno le permita un sistema de cobros de "peaje" en los puertos de embarque de soja.
Como bien expuso este medio en ese momento, Monsanto apeló a los oficios de la embajada estadounidense en Buenos Aires para que ejerza presión sobre la administración macrista.
A la par, y a modo de medida “disciplinadora”, la firma suspendió la presentación de su variedad transgénica Xtend, una soja modificada para resistir a los herbicidas glifosato y dicamba.
Una exigencia longeva
Como ya se dijo, el dúo Bayer-Monsanto predomina en toda la tecnología aplicada a la soja que hoy se vende en la Argentina. Las variedades modificadas llegan a los productores a través de las semillas que luego desarrollan compañías como Don Mario y Nidera.
Monsanto introdujo su primera oleaginosa transgénica en 1996. Lo hizo a través del evento RR -"Roundup Ready"- que incorpora resistencia al glifosato, el herbicida por el cual ahora la compañía sufre demandas millonarias a partir de la probada condición de cancerígeno que ostenta el producto.
A partir del 2000, y luego de seducir a todo el sector rural con productos genéticamente modificados, Monsanto se focalizó en la obtención de beneficios por la biotecnología aplicada a los cultivos.
Sin embargo, cuando Monsanto quiso exigir pagos por estas modificaciones, fue demasiado tarde: nunca se le reconoció la patente de la RR en la Argentina y de ahí que no pudo alzarse con regalías derivadas de su producto.
A modo de compensación, la firma orientó su negocio a la comercialización de pesticidas, lo cual le garantiza hasta hoy ganancias multimillonarias.
En instancias previas al lanzamiento comercial de otro producto -en este caso Intacta-, la firma no quiso volver a pasar por la experiencia que transitara en los años 90. Es por eso que, ya en 2014, comenzó a ajustar los controles de las exportaciones con el propósito de erradicar la “piratería” de su nueva genética.
Mientras tanto, la compañía nunca dejó de presionar por un marco que le garantice cobros por propiedad intelectual.
Ahora, garantizado el dictamen de comisión y con el recinto a la vista para antes de que concluya el año, esa sola corporación que integran Bayer-Monsanto inicia el camino hacia la obtención de un blindaje legislativo largamente reclamado.
Ley de semillas, entre la libertad y las corporaciones: la política de la destrucción
Maritsa Puma es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), desde hace horas está parada frente al Anexo del Congreso de la Nación vendiendo verduras a 10 pesos en el llamado Verdurazo convocado para esta tarde.
Habla muy claro: “En la quinta en donde trabajamos utilizamos variedades de semillas que hoy intentan decirnos que no sirven, porque nos quieren hacer creer que la de ellos es mejor. Eso es mentira. Producimos sin agrotóxicos, de forma agroecológica, desmintiendo todo lo que nos quieren hacer creer”.
Más de 300 firmas de organizaciones campesinas, de soberanía alimentaria, territoriales, sindicales y de derechos humanos se juntaron de la noche a la mañana para repudiar el plenario convocado por la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados con el objetivo de lograr dictamen y avanzar con el tratamiento de una nueva Ley de Semillas antes de fin de año. Los firmantes subrayaron en un comunicado que, desde hace meses, las corporaciones del agronegocio están negociando con el Estado los lineamientos generales de un nuevo marco legal que busca otorgarles a las semilleras (Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Basf, entre otras) la posibilidad de terminar con el “derecho de uso propio” de los agricultores, y así cobrar regalías cada vez que se utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor (las empresas).
¿Quién defiende la libertad?
“El proyecto nunca se hizo público, por lo que no sabemos qué se van a sentar a discutir”, dice a lavaca Carlos Vicente, de la organización GRAIN y la revista Biodiversidad. “Pero, en su centro, lo que está en juego es que, de aprobarse, cualquiera que hoy guarda las semillas para plantar deberá declarar cuántas va a guardar y, luego, pagar regalías. Esto va en contra de la esencia de la agricultura, que es la continuidad de 10 mil años de historia en traspaso de semillas. Ahora quieren que, si uno no la declara, vaya preso o pague multas tremendas”.
Las organizaciones convocaron a una conferencia de prensa frente al Anexo del Congreso para denunciar la intención de las corporaciones. Allí participó, entre otrxs, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas: “Defendiendo las tierras y las semillas, defendemos la soberanía nacional. En estos días vamos a tener que luchar mucho porque, con las órdenes del FMI, buscan dominarnos totalmente. Tenemos que estar en la calle todos los días”.
Es llamativo que los supuestos liberales, en este caso, buscan concentrar monopólicamente con el Estado como garante un bien de la naturaleza y la humanidad como son las semillas.
Son las organizaciones –principalmente campesinas, indígenas y de productores- son las que se plantan en este tema del lado del respeto a la libertad.
Por eso plantean: “TODAS las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de diez mil años. Tenemos la posibilidad de producir alimentos saludables para todos los/as argentinos/as. Así lo están demostrando las organizaciones campesinas, de productores/as familiares e indígenas que producen entre el 70 y 80% de los alimentos que consumimos quienes habitamos en Argentina”.
El proyecto Terminator
Vicente apunta que la intención de modificar la Ley de Semilllas viene desde hace años, y que ahora intentaron cambiar algunos puntos para hacer que se apruebe sin obstáculos. “Un proyecto habla de que los pequeños productores no van a tener que pagar. Otro dice que van a pagar por 5 años. Pero el riesgo está en lo antidemocrático que significa, entre muchas cosas, que Argentina, aun suscribiendo al Convenio 169 de OIT, no cumpla con la obligación de consultar a pueblos originarios sobre medidas que afectan sus recursos naturales. Eso, aquí, no se ha hecho”.
Recuerda que, en Colombia, el Congreso logró aprobar una ley de semillas, pero fue declarada inconstitucional por no respetar esa consulta. “Hay resistencia en muchos países. En Chile también fue discutida, pero se impuso la movilización campesina con apoyo de los estudiantes y no fue aprobada. En general, los países que la aprobaron son los que suscribieron a los Tratados de Libre Comercio como, por ejemplo, Costa Rica. Hay un permanente tire y afloje en América Latina y en todo el mundo con muchas acciones de resistencia de los campesinos”.
Durante la conferencia de prensa en el Congreso, las organizaciones que firmaron el documento subrayaron que no es casual que la ley se busque de cara a la cumbre del G20 que desarrollará en el país. Vicente sintetiza qué hay detrás de este tipo de proyectos: “Nosotros cuestionamos que las corporaciones se lanzaron hace 50 años, con la llamada ´revolución verde´, al dominio de las semillas para controlar la alimentación y hacer que tengamos mercancías en lugar de comida. Avanzaron mucho por varios caminos: Monsanto, Bayer y Syngenta manejan más del 50 por ciento del mercado de semillas del mundo. Es una concentración tremenda. También manejan el uso de la tecnología y de semillas como la Terminator, una semilla que se autodestruye. Esta es la batalla de los pueblos para controlar las semillas. Hay una dura pelea por delante para que la alimentación no dependa de las corporaciones”.
Nota original: Revista MUSoberanía y tecnología
Las organizaciones sintetizaron el rechazo en algunos puntos concretos:
- “Porque implica el sometimiento de productores/as a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Este mecanismo permitirá la persecución de los/as productores/as tal como ya está ocurriendo en otros países.
- * Porque avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios. De esta manera, se desconoce la ley 27.118 (De Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina) que, en contraposición, resguarda estas semillas y permite su libre intercambio y reproducción.
- Porque se ha obviado la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que exige el Convenio 169 de la OIT del que la Argentina es Parte; ya que son ellos quienes han generado casi TODO el conocimiento y la diversidad agrícola que hoy nos alimenta y quienes intercambian semillas con otros campesinos, campesinas y pueblos originarios.
- Porque TODAS las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de diez mil años. Tenemos la posibilidad de producir alimentos saludables para todos los/as argentinos/as. Así lo están demostrando las organizaciones campesinas, de productores/as familiares e indígenas que producen entre el 70 y 80% de los alimentos que consumimos quienes habitamos en Argentina.
- Porque el proyecto que se piensa aprobar fue negociado FUERA de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros (voceros de Bayer-Monsanto) y los grandes productores agrupados en la SRA (Sociedad Rural Argentina). Todas las reuniones de “consulta” realizadas fueron una “puesta en escena” para permitir que ahora planteen un supuesto proyecto “unificado” que surge de una “acta de entendimiento” que expresa la voz de los semilleros y los grandes productores. De esta manera, el proyecto que NUNCA se hizo público, excluye los intereses de los pueblos originarios, productores/as de la agricultura familiar, campesinos/as y consumidores/as”.
Y cierra: “Lo que está en juego es absolutamente vital. En los países donde las corporaciones lograron imponer sus leyes de semillas pasan hechos totalmente cuestionables: la persecución de agricultores/as, la criminalización de los intercambios de semillas a partir de los cuales los argentinos comemos sano y saludable, la destrucción de cosechas y mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica de nuestro país”.
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