Un plan sistemático de negación, regresión, estigmatización del enemigo social y político, con el uso de escuchas ilegales, persecución y violación de los derechos del niño. ¿Lo dice un don nadie como yo? No. Lo reveló el relator de Naciones Unidas que visitó la Argentina desde el 6 al 17 de mayo. ¿Qué sostuvo? Halló que el Gobierno de Macri, con la oficina creada bajo el control de la Corte del entonces presidente Ricardo Lorenzetti, intervino 41 mil líneas telefónicas en 2018 y realizó listados de "delincuentes más buscados" con los datos de menores de edad, bajo investigación por delitos leves, vulnerando los derechos de la infancia, entre tantos otros.
Se trata de un asunto que ya adquirió ribetes internacionales, tal como lo prueba el informe del relator especial de la ONU, Joseph Cannataci, cuyo relevo habla de "vigilancia ilegal masiva", con un promedio de 6000 pinchaduras telefónicas mensuales. Y destaca la subordinación de la Corte Suprema (la autoridad política de esas intervenciones) hacia la AFI (su brazo ejecutor), entre otras disfunciones.
"Durante mi visita, he observado una falta general de confianza en los servicios de inteligencia de Argentina. Posiblemente debido a la historia reciente de Argentina, a una fuerte cultura de opacidad y a algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados, muchas personas en Argentina sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia.Joseph Cannataci - Relator de Naciones Unidas
A partir de 2015, la Argentina otorgó la capacidad exclusiva para llevar a cabo interceptaciones de comunicaciones a la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO).
En diciembre de 2015, el Gobierno transfirió la DAJuDeCO del Ministerio Público a la Corte Suprema, de la cual se convirtió en órgano subsidiario. Tras tres años de reformas llevadas a cabo desde entonces:
DAJuDeCO es el único organismo existente en Argentina con autoridad ejecutiva para llevar a cabo interceptaciones de comunicaciones y sólo lo hace a solicitud de jueces y fiscales federales y provinciales; las solicitudes de interceptación por parte de todas las agencias de inteligencia y fuerzas policiales argentinas deben ser canalizadas a través de jueces que deben aprobar las órdenes de vigilancia antes de que se puedan llevar a cabo las interceptaciones a petición de o por parte de DAJuDeCO; actualmente el número total de líneas interceptadas por mes es de 6.000, de las cuales sólo 69 son interceptaciones directas escuchadas por DAJuDeCO, mientras que todas las demás no son escuchadas en vivo sino que son ejecutadas por proveedores de servicios. La mayor parte del contenido de la interceptación no es escuchada por los funcionarios de DAJuDECO, sino que es grabada automáticamente en CDs sin intervención humana y luego distribuida a las autoridades indicadas en la orden de vigilancia. En 2018 el número total de líneas interceptadas fue de 41.000".
El colmo llegó de parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que pidió que el Tribunal que juzga la farsa del juicio por la llamada “obra pública de vialidad” en Santa Cruz incorporase presuntas escuchas ilegales del empresario Lázaro Báez y su abogada. ¿De qué escuchas hablan los representantes del macrismo en el Estado? ¿Cómo podría incorporarse material ilegal de una conversación privada de una letrada con su defendido? La abogada de Báez, Elizabeth Gasaro, evaluó la grave situación: "Niego rotundamente el hecho. Sin perjuicio de eso, el solo hecho de sugerir que se intervino ilegalmente las conversaciones entre cliente y abogado nos remonta a las épocas más oscuras que ha vivido nuestro país. Esto no es otro ataque más de los que vengo sufriendo junto a mi cliente y su familia. No puedo dejar de advertir que esto no es un hecho aislado sino que se da en el marco de un plan sistemático orquestado desde el Estado Nacional y coordinado por todas sus áreas (AFI, UIF, OA, AFIP) para perseguir opositores políticos y aplicar políticas neoliberales y anti populares".
En este caso hasta la escucha era trucha, pero el festival previo de escuchas reales difundidas ilegalmente permitió al macrismo preparar el terreno para lanzar a la campaña electoral operaciones con escuchas inexistentes.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) coinciden con la preocupación de Naciones Unidas por el espionaje ilegal al pueblo mapuche y a la familia de Santiago Maldonado...
"Se han señalado para mi atención varios casos de vigilancia ilegal. En uno de ellos, en 2015, un agente de la AFI siguió durante varios meses en Esquel, provincia de Chubut, a 26 miembros de una comunidad indígena mapuche y de un movimiento contra la minería, trabajó con dos agentes de policía y luego compartió la información que había recopilado con los fiscales de la provincia de Chubut. Si bien el caso aún está sub iudice (bajo el juez), la naturaleza e intensidad de la vigilancia, el hecho de que se haya basado en motivos prohibidos por la ley (raza, ideología, pertenencia a una organización social) y se haya dirigido a una comunidad vulnerable, y la voluntad de los agentes de policía y los funcionarios del sistema de justicia de aceptar el producto de la vigilancia, que puede mostrar posibles tendencias que ocurran también en otras partes del país, son elementos de gran preocupación. Aliento al Gobierno a que aumente de inmediato los recursos asignados a la protección del bienestar y la privacidad de los pueblos indígenas y a que adopte todas las medidas necesarias para que todos los autores rindan cuentas, se indemnice a las víctimas y se aseguren de que la violación no se repita.Joseph Cannataci - Relator de Naciones Unidas
El uso de sistemas de inteligencia para perseguir a las comunidades mapuches se ha convertido en Argentina y en Chile en un grave problema que afecta el estado de derecho y los derechos humanos de las comunidades afectadas. En el 2015 salió a la luz en la provincia de Chubut el uso de un agente de inteligencia de la AFI seccional Trelew por parte de un sector del poder judicial y de la policía de investigaciones de la provincia de Chubut para recolectar pruebas de manera ilegal contra los mapuches, la causa tramita bajo el Nro. FCR12012/2015.
En el contexto de la investigación judicial por la desaparición del joven Santiago Maldonado en el departamento de Cushamen de la provincia de Chubut, se denunciaron tareas de inteligencia de parte de Gendarmería a las comunidades mapuches, familiares de la víctima y defensores de Derechos Humanos, causa que tramita en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 6 de Capital Federal. También en las últimas semanas de mayo, se ha desnudado mediante una investigación judicial en Chile al llamado “Operativo Huracán” de Carabineros de Chile, la existencia de una coordinación de inteligencia ilegal entre Gendarmería y Carabineros chilenos para combatir a los mapuches con el uso de técnicas de inteligencia antiterrorista".
Aquí, una propuesta del CELS e ICCSI titulada "¿Hay salida para la crisis del sistema de inteligencia?", disponible para el que quiera leerla, y que se habla de una serie de reformas, como disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), prohibir que el sistema de inteligencia cumpla funciones de investigación criminal, reorganizar la captación de las comunicaciones y proteger la privacidad, y algunas cuestiones más. Sea como sea, en algún momento se tendrán que discutir medidas para que cuestiones tan delicadas como nuestra privacidad no se vean transgredidas impunemente.
Como ya sabemos, somos conejillos de indias de unos chetos angurrientos y tarados que no tienen sensibilidad ni ética alguna. Pero nunca vamos a dejar de denunciarlos con todo lo que podemos. Al menos, esa es la postura del blog cabezón, aunque me pinchen el teléfono.
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