El absurdo en CABA: Larreta elimina la educación pública universal en la Ciudad de Buenos Aires, y sólo podrán reclamar vacantes en escuelas porteñas quiénes no puedan pagar una privada, claramente en contra de la Constitución porteña, que en su artículo 24 señala: "La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad". Otra apuesta del aparato judicial completamente opuesta al discurso republicano de la "división de poderes" y la "justicia independiente", en medio de una pelea contra los neoliberales es ardua y falta mucho. El fallo es un explícito subsidio judicial a la educación privada, y una indignante consagración en los tribunales de un mecanismo de "declaratoria de pobreza" que además violenta las opciones de las familias. Va a estar bueno Buenos Aires... y está buena la patada que le están metiendo a la educación pública.
En su libro "Escuela de aprendices", Marina Garcés nos recuerda que "cuando hay crisis educativas lo que hay son crisis de mundo, crisis civilizatorias en las que se nos muestras los conflictos, los deseos, los límites y las posibilidades de cada sociedad y de cada tiempo histórico". Evidentemete, aquí se expresan los deseos, la ideología y el sentir neoliberal.
"Las tendencias privatizadoras de y en la educación (Ball y Yodell, 2007) proliferaron y ganaron terreno a escala regional y mundial durante las últimas décadas, desplegándose de modos variados y combinando estrategias de muy diverso tipo. Un recorrido por los temas de las agendas políticas (Dale, 2007) nos permite visualizar la diversidad de actores e intereses en juego que orientan las políticas de privatización en el campo educativo. Los servicios públicos son cada vez más objeto de inversiones y ganancias, expandiendo negocios que operan en el marco de una estructura política global y multilateral que privilegia directa e indirectamente las soluciones privadas a problemas públicos (Ball, 2014). El Estado, si bien no se encuentra en una posición de impotencia, es dependiente de una muy variada combinación de actores estatales y no-estatales en la definición de las políticas públicas."
La privatización educativa en Argentina - Instituto de Investigaciones Pedagógicas "Marina Vilte" - Myriam Feldfeber, Adriana Puiggrós, Susan Robertson y Miguel Duhalde
La causa se había iniciado en 2018, cuando una madre quiso anotar a su hijo de dos años en un establecimiento educativo público de la Ciudad. Al momento de la inscripción online, el Gobierno de la Ciudad no supo brindarle una respuesta, por lo que el niño quedó en "lista de espera". Por este motivo la madre inició una acción de amparo a los fines de que se le ordenara al gobierno porteño la incorporación de su hijo en un establecimiento escolar público con jornada completa dentro de un radio prudente a su domicilio. En caso contrario se solicitó que el menor sea subsidiariamente ubicado en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa. De esta manera la madre denunció a las autoridades porteñas de no garantizar el derecho a la educación de su hijo amparándose en el artículo 24 de la Constitución porteño.
La respuesta del gobierno de Horacio Rodriguez Larreta fue indicar que los procesos de inscripción no caducan y que el "reacomodamiento" de las vacantes "sigue vigente". Lo que se puede interpretar como que en algún momento el niño sería ubicado, sólo es tiempo de esperar. Luego vinieron los fallos de un juez de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que en ambos casos asistieron a la petición de la familia.
Todo esto duró hasta que el Tribunal Supremo de Justicia, con su fallo de cuatro votos a favor y solo uno en contra, desestimó la denuncia de la familia sin vacante. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) falló contra las familias que reclaman una vacante para sus hijos en las escuelas públicas, al declarar inconstitucional que se exija a las autoridades porteñas la obligatoriedad de las vacantes en la escuela públicas. Además, el máximo tribunal porteño determinó que solo deberían hacer el reclamo por la vía judicial aquellos familiares que no puedan abonar la matrícula en la educación privada. De esta manera, el TSJ se posiciona en contra de la Constitución porteña.
"Decir que hay justicia en la Ciudad es una falacia, el Tribunal Superior de Justicia es de Larreta, y hace los fallos a pedido, es una vergüenza que estos jueces sigan en su cargo."
Lorena Pokoik - Diputada porteña
"No me imaginaba, de hecho todos los juicios se vienen ganando. Lo que hacen los papás sin vacantes, en todas las instancias, tardan uno o dos años pero los ganas. De hecho esta mamá que llegó a juicio venía ganando en todas las instancias, la contra parte apelaba y subía a la instancia superior. La contraparte era Larreta y Soledad Acuña que decían que no le correspondía una vacante. Es un fallo acorde a lo que quiere Larreta y Acuña y en contra de lo que dice la constitución de la Ciudad y diría en contra también del espíritu de la Ley 1420 promulgada en 1884 donde decía Sarmiento que la educación es común y gratuita. Ahora Weinberg, Janghe, Lozano y Otamendi dicen que la educación en vez de ser común y gratuita como decía Sarmiento, es común y gratuita salvo que te puedas pagar una privada. Larreta es igual que Macri sólo que se levanta un poquito más temprano por eso puede hacer un poco más de daño".
Eduardo López, Secretario General de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires
La resolución judicial no solo viola la Constitución de la Ciudad, sino que además se alinea al gobierno porteño de Horacio Rodriguez Larreta al quitarle la responsabilidad sobre la falta de vacantes. Es un fallo clasista y este tribunal le está sacando el derecho a las familias que eligen la escuela pública.
Desde diversos sectores se ha pedido el juicio político a los integrantes del TSJ por restringir el acceso a vacantes en los colegios, que se basa en los argumentos presentados por el Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña.
El Absurdo Porteño
Varias veces hemos analizado la autonomía porteña, concluyendo en que es uno de los disparates más grandes de los muchos que consagró la reforma constitucional de 1994. El "artificio porteño" sumó un nuevo bochorno, con el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad (su "Corte Suprema") que establece que solo pueden demandarle al gobierno de la CABA bancos o lugares en las escuelas públicas, quienes demuestren que no pueden pagar una escuela privada para sus hijos.
El fallo en sí bien merecería figurar en una antología de disparates perpetrados por la benemérita justicia argentina, si no fuera que además es una pintura de como funcionan en realidad las cosas cuando la derecha gobierna, en especial en la "ciudad vidriera" (para lo cual fue justamente pensada la autonomía), de la que salen los Jefes de Gobierno que se proyectan como presidenciables para terminar destrozando al país (como De La Rúa y Macri), y que ya está desplegando los cañones mediáticos para intentar vendernos el tercer buzón presidenciable: Horacio Rodríguez Larreta.
Primero, con un férreo control de la justicia (del aparato judicial, para ser más precisos) completamente opuesto al discurso republicano de la "división de poderes" y la "justicia independiente". Segundo, otorgándole un bill de indemnidad judicial a políticas públicas de deliberado retroceso y abandono del Estado en áreas críticas, como la salud o la educación. Y tercero, cagándose en la Constitución Nacional y las leyes sancionadas por el Congreso, como fue costumbre de los porteños por otra parte, al menos entre 1853 y 1880.
El gobierno porteño en manos del PRO (desde 2007, recordamos, para los que hablan de "alternancia" en Formosa o alguna otra provincia del interior) viene desinvirtiendo en la educación pública desde siempre, violando además el mandato establecido en el artículo 24 de la propia Constitución porteña, sancionada en 1996, durante el mandato de De La Rúa como Jefe de Gobierno.
(...) Pero volvamos al fallo, y a los hechos sobre los que se construyó: en las escuelas públicas porteñas faltaban bancos desde mucho antes del recorte por el Estado nacional de los fondos que Macri le había regalado a Larreta por decreto. Recordemos las famosas "escuelas contáiner", por ejemplo; o el hecho de que Larreta al reclamar por el recorte menciona como argumento la cantidad de escuelas que podría haber construido con esos fondos, pero que nunca pensó siquiera en empezar a construir, mientras los recibía: algo así como los 3000 jardines de infantes que el macrismo iba a hacer con la plata del "Fútbol Para Todos", digamos.
Sucede que en el contexto actual, en el que Larreta intenta victimizarse como perseguido por el gobierno nacional para darle así otro envión de votos antiperonistas a su candidatura presidencial, el fallo es funcional a la estrategia política de la derecha, tanto como a sus políticas públicas en materia de educación, que es precisamente para lo que esa misma derecha buscó (en la CABA y allí donde gobernó) colonizar la justicia.
Y si esos solos elementos bastan para descalificar el fallo y para promover la destitución por juicio político de sus autores, es necesario recordar que el Superior Tribunal porteño violó la cláusula federal de garantía consagrada en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias (y la CABA pretende ser tratada como tal, por ejemplo para acudir ante la Corte nacional en sus reclamos) el goce de sus propias instituciones, con tal de que aseguren la administración de justicia, y la instrucción primaria.
Al mismo tiempo, vulnera groseramente la Ley 26206 de Educación Nacional en cuanto establece los niveles obligatorios de la enseñanza, entre ellos obviamente la educación primaria, que lo es en el país desde la Ley 1420. Irónico -o no-, la "nueva derecha moderna y democrática" abjura de las ideas de Sarmiento.
En otro contexto, este hecho bastaría para que el Estado nacional intervenga el distrito porteño, para asegurar la vigencia de la Constitución y las leyes de la nación, como manda el artículo 31 de la primera. Bien sabemos que eso no sucederá, pero sin embargo nos preguntamos que hará al respecto el gobierno nacional (al fin y al cabo, los pibes y pibas porteñas que ven peligrar su acceso a la educación, también son argentinos), además de indignarse.
Sacado de acá....
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