El alarmante aumento en la gestión de Corporación Cambiemos con un total de 725 casos es implacable: 441 en 2016 y 258 en 2017, en un año de aumento latente de la conflictividad social debido a la implementación de políticas neoliberales, la represión cada vez se vuelve más cruda. Es necesario mencionar que en la presentación del informe del 2016 la información recabada de ese año mostraba un número menor de personas que las que se conocen ahora y menor al número estimativo de este 2017, lo que permite suponer tristemente que este año superará al anterior.
5.462 muertes por el aparato represivo del Estado argentino desde 1983 a la fecha, el 44% de ellas a través de la modalidad del fusilamiento por gatillo fácil, mientras que el 40% se trata de personas privadas de su libertad que pueden haber muerto en cárceles o, incluso, patrulleros. En este sentido, el 84% del total de asesinados caminaban por un barrio vulnerable o estaban detenidos, siendo estás las primeras causas de muerte en manos del Estado. A su vez, la selectividad de la represión apunta a la edad además de la clase. El 50% de las muertes estatales se trata de jóvenes menores de 25 años. El 76% son menores de 35 años. Es decir que ser joven y ser pobre es suficiente causa para morir en manos del Estado.
La casi totalidad de las muertes en comisaria corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. La modalidad de detenciones arbitrarias ha crecido brutalmente, a partir de la orden del gobierno nacional, de la ciudad de Buenos Aires y en todas las provincias. Este accionar que se traduce en más cantidad de personas en comisarías también se puede leer como más torturas y más muerte.
Esta política represiva que se mantuvo en todos los gobiernos constitucionales de 1983 hasta el 2017, se ve acelerada y acompañada junto a tantas otras medidas que defienden el ajuste que la gestión del "Sr. Tijeras" Mauricio Macri lleva en contra de los sectores populares. En el informe se destacan, entre el archivo actualizado, las medidas que en los dos años de Corporación Cambiemos colaboran y endurecen la represión contra los sectores más vulnerables y los organizados que enfrentan las medidas económicas."Es imprescindible la unidad para enfrentar las políticas neoliberales", exige María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI, al final de la presentación del informe. Como hace dos años, afirma que la unidad es indispensable y urgente frente a un contexto cada vez más duro. La unidad de los movimientos populares que se demostraron en las calles en todo este 2017 debe seguir profundizándose para enfrentar a un Estado que mata, pero también a un gobierno que pretende y avala esa represión.
También, se acrecentó la militarización de los barrios y ciudades en todo el territorio nacional con distintas fuerzas represivas que apuntan su accionar al control social cotidiano y a las organizaciones que resisten frente a las medidas de gobierno y se aumentaron de forma exponencial las detenciones arbitrarias, además del recrudecimiento de los asesinatos y fusilamientos que se conocen como “gatillo fácil”. A su vez, mientras el aumento del accionar represivo se ve reflejado en las muertes estatales, el poder judicial garantiza la impunidad de las ejecuciones y aplica figuras legales cada vez más regresivas contra trabajadores y manifestantes que permiten infiltrar, vigilar y criminalizar.
Sin embargo, todas las figuras públicas del gobierno como el presidente, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Germán Garavano y Elisa Carrió salieron a reivindicar a su aparato represivo. Lejos de las excusas que exponían gobiernos anteriores o las teorías de “desborde”, “excesos”, o la “autonomía relativa” de las fuerzas represivas, Cambiemos defiende en discursos y acciones al accionar represivo y asesino de sus fuerzas de “seguridad”.
El Año del Gatillo Estatal
De Santiago Maldonado al Congreso, balance de un año marcado por la consagración final de la violencia institucional y el delirium tremens de la pedagogía represiva.
Fue como si todos los episodios represivos de los últimos doce meses hubieran transcurrido con el único propósito de confluir en ese preciso instante. “El que tira una piedra está dispuesto a matar”, dijo el Presidente. Y exigió a los jueces que “ejerzan su rol”. Lo rodeaba la primera dama, Juliana Awada, la pequeña Antonia y la vicepresidente Gabriela Michetti. Alrededor de ellos revoloteaba un anciano disfrazado de Papa Noel. Corría la mañana del 22 de diciembre; el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada estaba repleto de empleados –con sus hijos– y periodistas. El mandatario prosiguió: “No puede ser que esa gente sea liberada a las 48 horas”. Recién entonces alzó su copa de champán. Una postal navideña que sintetiza el derrumbe del estado de Derecho en Argentina.
El PRO, ya cuando sólo gobernaba la ciudad de Buenos Aires, demostró su obsesión por el control del espacio público y el disciplinamiento social. Por lo tanto no fue una sorpresa que desde el 10 de diciembre de 2015 articulara al respecto una política basada en tres ejes: la demagogia punitiva, el uso policial como única respuesta a los conflictos derivados del ajuste y la persecución de funcionarios del gobierno anterior. Este año tales pilares transitaron momentos supremos de gloria.
Con respecto a la primera cuestión, el caso testigo más deslumbrante de la temporada fue la infame extorsión –efectuada por el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz– a un niño de apenas 11 años que después confesaría crímenes imaginarios en el programa de Jorge Lanata.
Con respecto a la segunda cuestión, nada fue más aparatoso en toda la historia argentina que el despliegue descontrolado de cuatro fuerzas federales y la Policía de la Ciudad –un total de 3500 uniformados– que militarizaron el centro porteño durante el 14 y 18 de diciembre para reprimir las marchas en repudio a la reforma previsional que se discutía en el Congreso.
Con respecto a la tercera cuestión, la causa del Memorándum con Irán se llevó el premio mayor con el procesamiento dictado el 6 de diciembre por el juez Claudio Bonadio de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otras 10 personas. Una construcción jurídica cifrada en un relato falso, tendencioso y descabellado, al punto de involucrar también al ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble.
Claro que la prensa internacional pudo calibrar el verdadero rostro del régimen macrista debido al asesinato en Chubut de Santiago Maldonado, cuyo epílogo forense –“ahogamiento por sumersión”– permitió al gobierno instalar la idea de una “muerte accidental”, como si eso pudiese ocurrir en medio de una represión desaforada y atroz. A raíz del episodio, la Gendarmería quedó irremediablemente sindicada como la fuerza más peligrosa del país
Noche y niebla
Ricardo Ragendorfer
Esa milicia había sido elegida para consumar el debut represivo del gobierno de Mauricio Macri a sólo cuatro días de asumir. Pero la iniciativa sucumbió en virtud a un trágico contratiempo: 43 efectivos muertos al desbarrancarse, en un puente próximo a la localidad salteña de Rosario de la Frontera, el micro que los transportaba hacia Jujuy para disolver un acampe de la organización Túpac Amaru. A modo de desquite, el 22 de diciembre de 2015 los “centinelas de la patria” pudieron estrenar sus escopetas con “munición no letal” en la autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza, sobre los trabajadores de la fábrica Cresta Roja.
Ya en enero de 2016, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, le procuró al flamante oficialismo su primera presa política: Milagro Sala.
Eran apenas refucilos de lo que vendría. Simples globos de ensayo. Dos de sus hitos: el increíble ataque policial con balas de goma en la villa 1-11-14 del Bajo Flores a los niños que ensayaban con una murga –ocurrido el 27 de enero de 2016– y la privación ilegal de la libertad con torturas sufridas en manos de prefectos por dos adolescentes del Barrio Zavaleta vinculados a la revista La garganta poderosa –ocurrida el 23 de septiembre–, en medio de un cúmulo de casos similares no tan visibilizados por los medios.
Pero aquel “gradualismo” expiró en 2017 para dar paso a un verdadero vendaval de castigos institucionales.
Entre el 10 y 11 de enero se llevó a cabo en la comunidad mapuche de Cushamen –donde casi siete meses después moriría Maldonado– un ataque de Gendarmería y la policía de Chubut que incluyó una cacería con proyectiles de goma y plomo sobre sus pobladores, el apaleamiento de mujeres y niños junto al saqueo de sus animales. Tal operativo no mereció la atención periodística porque en aquella oportunidad no hubo ningún desaparecido.
Por esos días el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta estrenaba la Policía de la Ciudad. Desde entonces esa fuerza fue protagonista de episodios memorables; a saber: la emboscada con golpizas y detenciones arbitrarias a mujeres luego de la marcha organizada el 8 de marzo por el colectivo Ni Una Menos; los palazos y tiros con proyectiles de goma a vecinos de La Boca que el 21 de marzo protestaban por la muerte de una mujer y las graves heridas infringidas a otra durante una persecución de La Bonaerense a supuestos delincuentes; el ataque furibundo del 9 de abril a los docentes que armaban la Escuela Itinerante en la Plaza de los dos Congresos; y la bestial celada a los cooperativistas que el 28 de junio se manifestaban ante el Ministerio de Desarrollo Social. Pero a esta saga se le suma un registro aun más asombroso: el de provocadores encapuchados que –en el multitudinario acto del 1 de septiembre por la aparición con vida de Santiago– desataron con vandálicos incidentes una cacería de manifestantes.
A su vez La Bonaerense aportaba su cuota de virulencia en la localidad de Florida al desalojar el 13 de julio a trabajadores de la planta Pepsico. No menos cruento fue el operativo del 10 de noviembre en Mar del Plata, cuando –por orden del intendente Carlos Fernando Arroyo– fueron corridos con balas de goma y palazos los manifestantes que rodeaban la Secretaría de Desarrollo Social. Pero en el territorio gobernado por María Eugenia Vidal, el Garrote de Oro a la Excelencia Correctiva fue para el ya mencionado Kravetz, quien el 30 de marzo irrumpió con una horda de la policía de Lanús en el comedor infantil Los Cartoneritos, de Villa Caraza, prodigando bastonazos y patadas, en medio de gases lacrimógenos, a unos 60 niños y adolescentes congregados allí.
Capítulo aparte se merecen las violaciones a la autonomía universitaria –mediante allanamientos sin orden judicial en facultades de Tucumán, Salta y Rosario–, junto con intimidaciones a estudiantes secundarios de todo el país.
Hay que resaltar que, paralelamente a la represión capitalina en la Plaza de los dos Congresos, una embestida policial en Jujuy contra trabajadores del ingenio La Esperanza hizo que Morales cosechara 27 nuevos presos políticos.
A tal panorama cabe sumar la realización de “controles poblacionales” –como se denominan las razzias en barrios pobres–; las constantes vejaciones a niños indigentes que circulan en espacios públicos vedados para ellos por las leyes no escritas del apartheid; las capturas callejeras de adultos jóvenes por razones lombrosianas; el despojo de mercaderías a manteros y el sistemático hostigamiento a inmigrantes, entre otras disfunciones de la democracia. La más grave: en 2017 fueron asesinados 258 jóvenes por balas policiales. Una dialéctica de la “seguridad pública” como valor supremo que el macrismo impuso en la vida cotidiana con siniestra elocuencia.
Teoría del gatillo estatal
En tren de paralelismos, mientras Maldonado era velado en la ciudad de 25 de Mayo, un balazo de la Prefectura asesinaba cerca del lago Mascardi, en las afueras de Bariloche, al joven mapuche Rafael Nahuel, de 21 años. ¿Se podría tomar ese hecho como el inicio de un plan sistemático de asesinatos estatales por razones políticas?
Por lo pronto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tardó 36 horas en esgrimir una explicación sobre el caso. Y sus palabras fueron en realidad una declaración de principios: el Poder Ejecutivo “no tiene que probar lo que hace una fuerza de seguridad”. ¿Acaso fue un exabrupto? Todo indica que no. Porque semejante tesitura fue apuntalada por prestigiosas voces; entre estas, la del propio Macri (“Hay que volver a la época en que la voz de alto significaba entregarse”); la de Michetti (“El beneficio de la duda siempre lo tienen las fuerzas de seguridad”); la del ministro de Justicia, Germán Garavano (“La violación de las leyes va a tener consecuencias”) y la del diputado del PRO Waldo Wolff (“Se debería tomar medidas contra el juez si no actúa”). A modo de remate, “La Piba” –tal como sus allegados aún llaman a esa señora de 62 años– hasta suscribió una resolución para que los uniformados “no obedezcan órdenes de los jueces si consideran que no son legales”.
El virtual estado de sitio que dio a entender el Presidente en ocasión del brindis en la Rosada está en línea con el dictamen de fiscal Germán Moldes, para quien existe un “festival de liberaciones” por responsabilidad de “malos jueces enrolados en la dañina doctrina del garantismo”.
Edificantes definiciones para un próspero año nuevo.
El gobierno de Macri, así, en tan solo dos años de gobierno es responsable del 13,27 por ciento de las muertes ocurridas desde diciembre de 1983. A su vez, CORREPI pudo registrar 235 hechos represivos en todo el país desde su llegada al poder hasta los primeros días de diciembre de 2017. De esta forma, el gobierno de Mauricio Macri se convierte en el mayor pico represivo desde 1983.
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