El secuestro de bebés venía planificándose desde hacía años.
La fenomenal lucha por la recuperación de las niñas y los niños apropiados por los grupos de tarea del terrorismo de estado es la demostración más contundente de la continuidad de las matrices profundas de lo que comenzó el 24 de marzo de 1976.
De allí que el secuestro sea un delito de lesa humanidad: no prescribe porque el dolor continúa en cada instante.
Lo que resulta importante destacar es que el robo de bebés fue una enseñanza impuesta desde 1966 a través de manuales de instrucciones que fueron difundidos por el llamado Instituto Geográfico Militar (IGM).
Esa planificación tenía una legitimación institucional dentro de las fuerzas armadas, una doctrina elaborada para generar el quiebre de las organizaciones guerrilleras pero que se expandía a toda la sociedad.
Esta confirmación surgió de la boca de uno de los principales responsables del genocidio recién en el año 2005.
El ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides aseguró el 7 de abril de ese año, ante la Justicia federal, que posee una serie de “reglamentos de operaciones” militares oficiales utilizados durante la última dictadura.
Según explicó la defensa del represor “quien declaró en Córdoba en una causa por la desaparición de ciudadanos correntinos”, esos registros “demuestran que lo procedimientos y la lucha antisubversiva librada contra bandas terroristas fueron en el marco de la legalidad vigente en la época”.
Desde los organismos de derechos humanos señalaron que la estrategia de Nicolaides es “tratar de dar un manto de legalidad a sus crímenes, pero no hace más que confirmar que la represión fue planificada desde el Estado”.
Nicolaides declaró ante el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quien lo investiga por la desaparición de tres personas durante la última dictadura cuando él estaba al frente de la Séptima Brigada de Infantería de esa provincia.
Según explicó su abogado, Alejandro Zeverín, el ex jefe del Ejército dio “datos” sobre una serie de manuales oficiales impresos en 1966 por el Instituto Geográfico Militar (IGM) que “le permitían al Ejército detener, secuestrar, allanar domicilios, interrogar bajo compulsión física o psíquica, y hasta eliminar físicamente al enemigo”.
En su declaración, Nicolaides aseguró que esos registros fueron destruidos por orden del ex titular del Ejército y ex embajador argentino en Colombia, Martín Balza.
“Nunca se hicieron públicos porque en 1995, el señor Balza los quemó, los incineró sin avisar a nadie”, señaló el defensor con la clara intención de involucrar al ex jefe del Ejército.
Sin embargo, el represor explicó que algunos ejemplares podrían encontrarse en los archivos del Congreso Nacional o en el IGM, y que él mismo conserva uno de ellos pero decidió no entregárselo al juez “por miedo a que se lo roben”.
De allí que tomar conciencia de que la planificación del secuestro de bebés ya estaba enseñándose una década antes de la usurpación del poder de parte de Videla y compañía es una nueva demostración de que efectivamente no hubo errores, no hubo excesos, si no la puesta en práctica de un plan de devastación pensado y elaborado durante mucho tiempo.
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