Gas, guerra y poder en Israel

Nuevo mapa del poder en el Mediterráneo Oriental. Las guerras, como los grandes incendios, suelen explicarse por la chispa que los enciende. Los titulares del mundo, en su vértigo diario, nos ofrecen razones inmediatas: seguridad, terrorismo, represalias, fronteras, religión o identidad nacional. Pero la historia, esa vieja maestra que rara vez se lee con atención, nos enseña que las transformaciones geopolíticas de calado nunca responden a una única causa, ni siquiera a una docena de ellas. Debajo de los discursos oficiales, como corrientes subterráneas en un lecho seco, suelen encontrarse intereses estructurales que operan en horizontes de décadas y no de meses. En el caso de Gaza y del sur del Líbano, la dimensión energética constituye uno de esos factores silenciosos pero decisivos que, sin explicar por sí solos el conflicto, iluminan con una claridad incómoda por qué determinadas decisiones estratégicas –aparentemente desproporcionadas o irracionales desde la óptica humanitaria– adquieren una lógica implacable para el Estado de Israel.

Por Lic. Alejandro Marcó del Pont

El Mediterráneo Oriental se ha convertido en el siglo XXI en el escenario de una de las operaciones de reordenamiento geoeconómico más sofisticadas y, a la vez, más violentas de la historia contemporánea. No se trata ya de una simple pugna por unos pocos pozos de gas, sino de la edificación de una arquitectura de coerción donde la energía no es un puente para la paz, como tantas veces se proclamó en la retórica de los foros internacionales, sino el combustible de una maquinaria de guerra que requiere la destrucción continua de pueblos enteros para mantener sus turbinas girando. Esta es una afirmación dura, sin duda, pero que merece ser examinada con frialdad, porque lo que está en juego es nada menos que la comprensión del orden emergente en una de las regiones más volátiles del planeta.

Para comprender la magnitud de este fenómeno, conviene recordar un dato fundamental que a menudo se pierde en la bruma de la actualidad. Durante gran parte de su historia moderna, Israel fue un importador neto de energía. Dependía de proveedores externos, a menudo hostiles, y de una geografía poco favorable para garantizar su seguridad energética. Esa vulnerabilidad, que durante décadas condicionó su doctrina de defensa y su política exterior, comenzó a disiparse de forma radical con los descubrimientos gasíferos del Mediterráneo Oriental.

Los yacimientos de Tamar en 2009, Leviatán en 2010, Tanin en 2016 y Karish en 2022 transformaron la ecuación estratégica israelí con una velocidad que pocos analistas supieron anticipar. De repente, un país históricamente dependiente pasó a disponer de reservas capaces no solo de abastecer su mercado interno con holgura, sino de exportar excedentes a sus vecinos y, lo que resulta aún más relevante, a un mercado europeo ávido de alternativas al gas ruso.

Desde entonces, la energía dejó de ser una cuestión meramente técnica o comercial para integrarse en el núcleo mismo de la doctrina de seguridad nacional israelí. Diversos estudios académicos, que han ido emergiendo en los últimos años, muestran cómo la política exterior de Jerusalén comenzó a girar alrededor de la construcción de alianzas energéticas con Grecia, Chipre y Egipto, y posteriormente con la Unión Europea. Desesperada por sustituir el gas del Kremlin, UE miró hacia el Mediterráneo Oriental y encontró en Israel un socio prometedor. Las cifras hablan por sí solas: en 2023, las exportaciones israelíes de gas hacia Egipto y Jordania crecieron un 25%, mientras Egipto reexporta una parte significativa de ese gas como GNL hacia los puertos europeos. La ruta energética del Levante hacia el Viejo Continente ya no es un proyecto de futuro; es una realidad en funcionamiento.

Sin embargo, esta historia, como todas las historias de poder y recursos, no se limita a la aparición de yacimientos y la firma de contratos. Incluye también a un actor sistemáticamente ausente de los acuerdos energéticos regionales: Palestina. Frente a la costa de Gaza se encuentra Gaza Marine, un campo gasífero descubierto en el año 2000 cuya explotación, según estimaciones recientemente citadas por The Guardian, podría proporcionar alrededor de 4.000 millones de dólares en ingresos y ofrecer una base económica estable para una futura entidad palestina.

El yacimiento de Gaza Marine se encuentra aproximadamente a 36 kilómetros mar adentro de la Franja. Israel, gracias a su tecnología offshore y su poderío naval, puede explotar sus propios campos sin necesidad de controlar físicamente todo el territorio de Gaza. Esta es una objeción técnica que algunos analistas esgrimen para descartar la variable energética como motor principal de la guerra. Sin embargo, el argumento resulta engañoso, porque el control político del litoral, la capacidad de otorgar licencias, de garantizar la seguridad de las infraestructuras exportadoras y de integrar el gas en la red energética regional son funciones que requieren un dominio de facto sobre las aguas adyacentes. Y ese dominio, en la práctica, se ejerce mediante la fuerza naval, el bloqueo y la destrucción sistemática de cualquier infraestructura costera que pudiera albergar una amenaza potencial.

La destrucción de puertos, embarcaciones y zonas residenciales frente al mar en Gaza no es un efecto colateral del conflicto; es, visto desde esta óptica, una limpieza espacial profundamente intencional. Se trata de garantizar que el perímetro de seguridad de los activos energéticos regionales nunca sea amenazado por actores asimétricos. Israel ha logrado situarse en la posición de guardián energético del Mediterráneo Oriental bombardeando Gaza, convirtiendo la miseria y la muerte de millones de personas en el costo de operación de su nueva identidad como potencia energética.

El holocausto en Gaza, en este sentido, no es solo una operación militar contra Hamás; es la consolidación violenta de una arquitectura energética que requiere la neutralización de cualquier amenaza, real o potencial, que pueda surgir de la costa palestina. Esta es una de esas verdades incómodas que rara vez se pronuncian en las salas de prensa, pero que se imponen con la fuerza de la evidencia cuando se observa el mapa y se siguen los flujos del capital.

Pero el Mediterráneo Oriental no es solo Gaza. Al norte, la frontera marítima entre Israel y el Líbano ha sido durante años otro escenario de tensión y disputa. Existe una enorme confusión pública sobre la llamada «Línea 23», que no es una línea de explotación petrolera, sino una línea de delimitación marítima que ambos países han reclamado con argumentos contrapuestos. Durante años, la disputa involucró aproximadamente unos 860 kilómetros cuadrados, que las reclamaciones libanesas ampliaron hasta unos 2.290 kilómetros cuadrados de aguas potencialmente gasíferas.

En octubre de 2022, Israel y el Líbano alcanzaron un acuerdo histórico mediado por Estados Unidos. Israel conservó el control sobre el yacimiento de Karish, mientras que el Líbano obtuvo derechos de exploración sobre la parte norte del campo de Qana, aunque la mayor parte de este quedó en manos israelíes al trazar la frontera que le correspondía en la línea 29 terminó en Israel linea 1 por la pendiente 45 grados arriba.

¿Por qué, entonces, bombardear y ocupar el sur del Líbano de nuevo, si existía un acuerdo negociado? Aquí la variable energética se mezcla inextricablemente con la militar. El problema central para Israel es que Hezbolá posee la capacidad de amenazar tanto las plataformas offshore como los gasoductos y las infraestructuras energéticas en tierra.

Durante la negociación de 2022, la milicia libanesa utilizó explícitamente la amenaza contra el campo de Karish como instrumento de presión, demostrando que la energía es un campo de batalla más. Desde la óptica israelí, la profundidad de seguridad en el sur del Líbano no solo protege los asentamientos civiles de Galilea, sino también las instalaciones energéticas marítimas y el corredor de exportación que conecta con el resto de la región. Por eso, la dimensión energética y la militar aparecen estrechamente vinculadas en la mente de los planificadores estratégicos de Jerusalén.

La actual guerra en el sur del Líbano y el establecimiento de facto de una zona de amortiguamiento al norte del río Litani no son solo tácticas de contrainsurgencia; son la extensión territorial de la protección de los activos offshore. Al controlar el litoral libanés y bombardear sistemáticamente las infraestructuras del sur, Israel asegura que ninguna amenaza asimétrica pueda surgir de la costa para interrumpir el flujo de gas de Karish o para amenazar las aproximaciones norteñas al campo de Leviatán.

Israel no solo explota sus propios yacimientos; concesiona pozos, firma contratos con multinacionales, como Chevron, y establece acuerdos de exportación con Europa. Pero para todo ello necesita el mando militar absoluto sobre las aguas y las costas adyacentes, un mando que solo puede mantenerse mediante la guerra perpetua. No es una cuestión de paranoia, sino de lógica estructural: la infraestructura energética es vulnerable por definición, y en una región tan volátil como el Levante, la seguridad de los activos estratégicos se convierte en una obsesión que justifica cualquier medio.

La principal vía de exportación de gas israelí a la Unión Europea pasa actualmente por un gasoducto que va de Ashkelon, en Israel, a Al-Arish, en Egipto. Una vez en suelo egipcio, el gas israelí puede usarse internamente o, lo que resulta más lucrativo, alimentarse en las plantas de licuefacción egipcias, desde donde se exporta gas natural licuado a nivel mundial. Este gasoducto, también conocido como gasoducto del Mediterráneo Oriental (EMG), discurre paralelo a la costa de Gaza, atravesando las zonas marítimas que Palestina reclama como propias según su declaración de 2019 de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). El trazado del oleoducto cruza la zona contigua palestina y su zona económica exclusiva, un hecho que ha pasado prácticamente desapercibido en el debate público pero que tiene profundas implicaciones jurídicas.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982, cada estado costero tiene soberanía sobre su mar territorial hasta 12 millas náuticas, y derechos exclusivos sobre los recursos naturales en su zona económica exclusiva hasta 200 millas. Israel no es parte de esta convención, un detalle no menor que le permite esquivar con cierta comodidad los compromisos internacionales. Pero Palestina, que sí ha realizado declaraciones al respecto, ve cómo sus aguas son utilizadas para el tránsito de recursos energéticos sin su consentimiento, sin compensación económica y sin ningún tipo de reconocimiento de sus derechos.

Organizaciones como Global Witness han señalado que no existen pruebas de que Palestina reciba tasas de tránsito u otra compensación monetaria por el paso del gasoducto por sus aguas. En contraste, Ucrania, que no es un país petrolero, obtuvo 800 millones de dólares en 2023 por ingresos de tasas de tránsito que representan aproximadamente el 0,5% de su PIB. La diferencia es abismal y revela el grado de expropiación silenciosa que se está produciendo en el Mediterráneo Oriental.

La cuestión central, sin embargo, no es únicamente la existencia de gas bajo las aguas frente a Gaza. La cuestión estratégica, la que verdaderamente importa en el tablero geopolítico, es que Israel ha logrado situarse en la posición desde la cual puede autorizar, bloquear, proteger o integrar prácticamente cualquier proyecto energético relevante en el Mediterráneo Oriental meridional.

Ese poder no deriva solamente de la posesión de yacimientos, que son muchos y valiosos, sino del control de las aguas, de la seguridad marítima, de la infraestructura de exportación, de las conexiones con Egipto y, sobre todo, de la capacidad de determinar quién participa y quién queda excluido de la arquitectura energética regional. Es un poder de gatekeeper, de portero, que otorga una influencia desproporcionada en las decisiones que afectan a toda la región.

La prueba más evidente de esta dinámica apareció en 2022, cuando la Unión Europea, Israel y Egipto firmaron un memorando para incrementar el suministro de gas hacia Europa tras la ruptura energética provocada por la guerra de Ucrania. Palestina no participó en el acuerdo. Tampoco fue consultada sobre el tránsito de recursos energéticos por zonas marítimas que reclama como propias.

Lo verdaderamente revelador, y aquí es donde el análisis adquiere su dimensión más profunda, es que el debate ya no gira únicamente sobre la propiedad de un determinado yacimiento. Lo que está en juego es el control del sistema completo. La historia de las grandes potencias demuestra que el poder raramente proviene solo de la posesión de recursos. Los imperios marítimos construyeron su influencia dominando rutas, puertos y corredores comerciales. Estados Unidos consolidó su liderazgo global controlando líneas de comunicación estratégicas y puntos de estrangulamiento como el estrecho de Ormuz o el canal de Panamá. Turquía multiplica su importancia geopolítica gracias a su posición como corredor energético entre Asia y Europa. Israel parece perseguir una lógica similar en el Mediterráneo Oriental, pero con un componente adicional: la capacidad de usar la fuerza militar para garantizar la exclusividad de su dominio.

Bajo esta perspectiva, Gaza Marine, Leviatán, Karish, Tamar y la frontera marítima con Líbano dejan de ser elementos aislados para convertirse en piezas de un mismo tablero geoeconómico. El objetivo israelí no sería simplemente exportar gas, sino consolidar una arquitectura energética regional donde el Estado hebreo funcione como nodo indispensable entre Oriente Medio y Europa.

Un centro energético que no solo canalice sus propios recursos, sino que, en el futuro, pueda integrar gas de otros países de la región, siempre bajo su supervisión y control. En ese esquema, Gaza adquiere una relevancia estratégica que va mucho más allá de la lucha contra Hamás. El corredor marítimo frente a sus costas no solo alberga recursos energéticos potenciales; también constituye una zona crítica para la seguridad de la infraestructura gasífera regional. Es una pieza de un rompecabezas que no puede quedar en manos de un actor hostil o incierto.

Algo similar ocurre en el sur del Líbano. La presencia de Hezbolá cerca de las plataformas offshore israelíes representa una amenaza directa para instalaciones que se han convertido en activos nacionales estratégicos. Desde la perspectiva israelí, la profundidad de seguridad en la frontera norte no solo protege asentamientos civiles, sino también la infraestructura que sustenta su nueva condición de exportador energético. Por eso, cualquier operación militar en la zona adquiere una justificación que va más allá del mero enfrentamiento con una milicia; se convierte en una necesidad estructural para la supervivencia del modelo energético israelí. Esta lógica, una vez comprendida, ayuda a explicar por qué Israel ha estado dispuesto a escalar el conflicto en el Líbano incluso después de haber alcanzado un acuerdo de delimitación marítima. El acuerdo era útil, pero no resolvía el problema de fondo: la amenaza asimétrica que Hezbolá representa para los activos energéticos. Y esa amenaza, desde el punto de vista israelí, solo puede neutralizarse mediante la ocupación y el control del territorio desde el cual podría lanzarse.

La consecuencia de todo ello es la emergencia de una nueva geografía del poder en el Mediterráneo Oriental. Una geografía donde la seguridad militar, la diplomacia energética y las infraestructuras de transporte se encuentran íntimamente entrelazadas, hasta el punto de que resulta imposible analizar una sin tener en cuenta las otras. La destrucción de Gaza y las operaciones militares en el Líbano no pueden explicarse exclusivamente por la variable energética; sería una simplificación que empobrecería el análisis. Pero tampoco pueden analizarse ignorando el contexto energético que se ha desarrollado paralelamente durante las últimas dos décadas. Esa omisión, tan frecuente en el periodismo de actualidad y en la retórica política, conduce a una comprensión fragmentaria y engañosa de lo que realmente está sucediendo.

Desde esta perspectiva, lo que emerge es una estrategia israelí de largo plazo, una estrategia que no figura en ningún documento oficial pero que se deduce de la coherencia de las acciones militares, diplomáticas y económicas. Se trata de consolidar una arquitectura energética y logística en el Mediterráneo Oriental donde la seguridad de los espacios adyacentes a sus principales activos energéticos se convierte en una condición indispensable para proyectar influencia económica y geopolítica hacia Europa. Gaza Marine, Leviatán, Karish y la frontera marítima con Líbano no constituyen objetivos aislados, sino componentes de un mismo entramado destinado a transformar a Israel de importador vulnerable de energía en nodo estratégico de conexión entre Oriente Medio y los mercados europeos. Es un salto cualitativo en su posición geopolítica, comparable en su significado histórico a la adquisición de la capacidad nuclear, aunque con un perfil mucho más bajo y, por tanto, más fácil de ocultar detrás de la retórica de la seguridad.

Pero esta estrategia tiene un precio, y ese precio lo pagan los pueblos vecinos. La explotación del gas israelí no se produce en el vacío; se produce sobre las ruinas de Gaza y bajo las bombas que caen sobre el Líbano. La comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, se enfrenta a una elección incómoda. Mientras siga importando gas israelí sin exigir la desmilitarización de las zonas de exclusión, sin demandar el derecho de los palestinos a explotar Gaza Marine, y sin condenar la ocupación y el bombardeo del sur del Líbano como una violación inaceptable de la soberanía regional, estará siendo cómplice de esta arquitectura de coerción. No es una acusación liviana, pero es la conclusión a la que conduce un análisis riguroso de los hechos.

El gas que fluye por el Mediterráneo Oriental hacia los puertos europeos no es solo una fuente de energía para calentar hogares y hacer funcionar fábricas. Es también el combustible de una máquina de guerra que requiere la destrucción continua de Gaza y el Líbano para mantener sus turbinas girando. Esa es la realidad que los titulares ocultan, que los comunicados oficiales desdibujan y que los debates diplomáticos evitan. Es hora de que el mundo deje de mirar hacia otro lado mientras se quema el futuro de un pueblo para mantener las luces encendidas en otro. La negación de los vecinos de Israel a explotar las energías que les pertenecen no es un efecto secundario de la ocupación, ni una desgracia colateral del conflicto; es, en gran medida, el núcleo mismo del proyecto geopolítico israelí en el Mediterráneo Oriental.

Este proyecto, sin embargo, no es eterno ni inexpugnable. Descansa sobre una base frágil: la capacidad de mantener la guerra perpetua y la complicidad internacional. Si la comunidad internacional, y especialmente Europa, decidiera priorizar el derecho inalienable de los pueblos a la soberanía sobre sus recursos naturales por encima de sus propias necesidades energéticas a corto plazo, el castillo de naipes empezaría a tambalearse. No se trata de un idealismo ingenuo; se trata de reconocer que la estabilidad duradera en la región no puede construirse sobre la exclusión y la violencia, sino sobre una distribución equitativa de los recursos y un respeto genuino al derecho internacional.

El Mediterráneo Oriental es, en este sentido, un laboratorio del futuro que nos espera: un mundo donde la energía, el poder y la guerra se entrelazan de forma cada vez más inextricable, y donde las decisiones que se toman hoy en las salas de juntas de las compañías energéticas y en los cuarteles generales de los ejércitos tendrán consecuencias que perdurarán durante generaciones. La pregunta que debemos hacernos no es si el gas es la causa de la guerra, sino si estamos dispuestos a aceptar que la guerra sea el precio del gas. Y si la respuesta es no, entonces habrá que empezar a construir alternativas, por difíciles y complejas que sean, antes de que el Mediterráneo se convierta en un mar de sangre y de gas, y no necesariamente en ese orden.

Lic. Alejandro Marcó del Pont