Manual para crear un monstruo y cómo ser comido por él

Quiero compartir esta nota titulada 'El gran despojo del bienestar y la arquitectura del cuartel europeo'. En ella, Alejandro Marcó del Pont analiza cómo las élites europeas degradan la calidad de vida de sus pueblos con el único fin de preservar sus privilegios, incluso a costa de decisiones que impactan drásticamente en la salud, la educación y la supervivencia de millones. Lo más inquietante es que, guardando las distancias de cada contexto, este comportamiento parece replicarse sistemáticamente. Es posible extrapolar esta lógica criminal a las élites norteamericanas y, por supuesto, a las nuestras en Latinoamérica. Desde Milei hasta figuras como Bolsonaro o Noboa, estamos viendo cómo una dirigencia dispuesta a todo está desmantelando lo poco que queda de nuestras naciones. Y recordemos, como dice la nota, las catástrofes no las provocan los locos, sino los hombres respetables que firman los cheques.

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

 
Vas a ser el más premiado de la morgue (Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota)

En algún lugar de la memoria colectiva europea, entre el polvo de los archivos y las fotografías sepia, permanece la imagen de aquella sala cargada de humo en Berlín, el 20 de febrero de 1933. Veinticuatro hombres, los barones del acero, la química y la banca teutona, la elite alemana se sentaban frente a un cabo bohemio de bigote ridículo para entregarle las llaves del Reich.

Éric Vuillard, en su escalofriante crónica de El orden del día, reconstruyó aquella escena con la precisión de un forense, dejándonos la lección más amarga de la historia económica del siglo XX. Las catástrofes no las provocan los locos, sino los hombres respetables que firman los cheques. Pero hay una verdad aún más oscura que subyace en aquella reunión, una que los historiadores oficiales suelen omitir en sus eufemismos. Aquellos veinticuatro caballeros no solo traicionaron a la democracia de Weimar; iniciaron el mayor ejercicio de despojo, expoliación y sumisión de las clases trabajadoras que Europa hubiera conocido.

Hay similitudes entre el periodo de entreguerras (1918-1939) y la situación actual con las élites europeas. El paralelismo es llamativo, aunque no exactos, la historia no se repite idénticamente, pero rima. En ambos casos, las élites económicas, políticas e intelectuales europeas percibieron una amenaza existencial a su orden liberal/capitalista y responden con estrategias de contención, rearme ideológico y apoyo selectivo a fuerzas «defensoras» del statu quo, a menudo con un giro hacia posiciones más derechistas.

De la lectura se desprende que las élites europeas quieren tres cosas al mismo tiempo: contener a Rusia, reconstruir el poder geopolítico europeo y descargar el costo de la crisis sobre el trabajo y el bienestar social. El problema es que esas tres metas chocan entre sí,: la militarización exige gasto público; la competitividad demanda salarios más bajos y ajustes, y la cohesión política se debilita cuando la población percibe que paga el precio de una estrategia diseñada desde arriba.

Para comprender la magnitud de este despojo, hay que mirar sin anestesia lo que ocurre en el corazón industrial de Europa. El motor de Europa se está apagando, y esto no es un misterio, sino el resultado de la ruptura del modelo de negocios alemán (gas ruso barato + manufactura de alta calidad + exportación a China). Recientemente, a finales de junio de 2026, se anunció que Volkswagen planea cerrar cuatro plantas en Alemania y despedir a 100.000 trabajadores en todo el mundo. El colapso del modelo alemán no es un accidente, es una reestructuración de clase planificada.

Esto refleja una desindustrialización acelerada donde los costes energéticos y las regulaciones verdes destruyen el tejido industrial tradicional. La vieja burguesía industrial europea está sufriendo, pero esto abre la puerta a que los capitales financieros y los fondos de inversión (muchos de ellos estadounidenses o vinculados a las grandes gestoras de activos) adquieran activos europeos a precios de remate, reconfigurando la propiedad de la industria hacia un modelo más financiero y menos productivo.

El capital financiero no necesita fábricas en el Ruhr; necesita bonos verdes, derivados de carbono, algoritmos de gestión de datos y activos comprados a precio de saldo. El despojo consiste en transferir la riqueza pública y productiva a los balances privados de los fondos de inversión, dejando a la ciudadanía con las migajas de una economía de servicios precarizados.

Mientras Alemania es vaciada de su poderío productivo, Londres y París arden en un caos político que sirve como la cortina de humo perfecta para esta operación. El desastre político del Reino Unido, atrapado en la trampa del Brexit y en una sucesión de gobiernos débiles, la fragmentación de Francia, con la extrema derecha acechando el Eliseo y una izquierda irreconciliable, son presentados por los medios hegemónicos como la crisis de la democracia. Nada más lejos de la realidad. Este caos es la condición de posibilidad para el verdadero objetivo de las elites. La construcción del Estado de la Vigilancia.

En la cúspide de esta arquitectura del despojo se erigen tres pilares fundamentales que operan en perfecta simbiosis para garantizar que la riqueza fluya hacia arriba y el control se imponga hacia abajo. El primero de estos pilares es la ingeniería ideológica y moral representada por George Soros y su red de Fundaciones por una Sociedad Abierta. Soros no es un simple filántropo; es el jefe de inteligencia ideológica de las elites transnacionales. Su función en esta transición del bienestar a la vigilancia es crucial: reemplazar la soberanía popular por una red de ONG, think tanks y activismo legal que dicta los límites de lo pensable.

Las Open Society Foundations no buscan el bienestar material de las clases bajas; buscan la sumisión ideológica. Financian la «sociedad civil» que exige la apertura de fronteras (para garantizar un flujo de mano de obra barata y precaria que presione los salarios a la baja) y que, al mismo tiempo, exige la censura de cualquier discurso que desafíe el consenso tecnocrático de Bruselas. Soros provee el marco moral que justifica el Estado de la Vigilancia, bajo la premisa de proteger la «democracia liberal» y los «derechos humanos», se legitima la persecución legal, financiera y mediática de cualquier disidencia. Es la vigilancia del pensamiento, la policía de la moralidad que asegura que las masas empobrecidas no culpen al sistema financiero, sino a los chivos expiatorios de turno.

El segundo pilar es la banca de la reestructuración y el parasitismo financiero, encarnado históricamente por la dinastía Rothschild y, hoy, por la red de bancos de inversión y gestoras de activos globales. Si el Estado del Bienestar se financiaba con los impuestos al trabajo y a la producción nacional, el nuevo Estado de la Vigilancia y el Cuartel se financia con deuda. Aquí es donde se consuma el gran despojo económico. Las elites financieras utilizan las crisis que ellas mismas provocan o exacerban para rescatar a los Estados no con dinero gratuito, sino con deuda impagable. A cambio de esta deuda, los Estados europeos están obligados a hipotecar sus infraestructuras públicas, sus sistemas de pensiones y sus recursos naturales.

Rothschild & Co y sus pares asesoran la privatización silenciosa de lo que queda del patrimonio público. Cada vez que un Estado europeo necesita emitir deuda para mantener a flote su maltrecho sistema de salud o para financiar el déficit energético, los fondos de inversión globales compran esa deuda, exigiendo a cambio «reformas estructurales», es decir, recortes en el gasto social, aumento de la edad de jubilación y flexibilización laboral. El despojo es la financiarización de la vida misma: el capital financiero se alimenta de la sangre del Estado social, absorbiendo la riqueza de las generaciones presentes y futuras para inyectarla en los mercados de activos globales.

El tercer pilar, y quizás el más visible en su brutalidad, es el complejo militar-industrial europeo. La provocación y el enquistamiento del conflicto con Rusia no son un error de cálculo diplomático; son la gallina de los huevos de oro del nuevo modelo de acumulación. El Estado del Bienestar gastaba dinero en construir hospitales, escuelas y redes de transporte, bienes que mejoraban la vida de la población y fortalecían su capacidad de organización.

El Estado del Cuartel gasta ese mismo dinero en comprar drones, misiles y sistemas de vigilancia a corporaciones privadas como Rheinmetall, BAE Systems o Thales. Este es el secreto a voces de las elites europeas. La guerra y la amenaza de guerra son el único keynesianismo que les queda. Ante la imposibilidad de generar crecimiento real en una economía desindustrializada y envejecida, la única forma de inyectar dinero público en la economía sin que la población lo reclame en forma de bienestar social es a través del gasto militar.

Las elites europeas necesitan a Rusia como el enemigo existencial para justificar el aumento exponencial de los presupuestos de defensa. Este gasto público es una trasferencia directa de riqueza de los contribuyentes europeos a los accionistas del complejo militar-industrial. Es el despojo definitivo: obligar a una clase media empobrecida a pagar con sus impuestos los dividendos de las empresas que fabrican las armas que amenazan su propia seguridad.

Y conectando, orquestando y beneficiándose de estos tres pilares se encuentra el gran depredador, la entidad que ha trascendido la mera influencia para convertirse en el verdadero soberano de Europa, BlackRock. Larry Fink y su fondo de catorce billones de dólares no son un actor más en el mercado; son la encarnación del feudalismo financiero global. BlackRock es el dueño de la sustitución del Estado del Bienestar por el Estado de la Vigilancia y el Cuartel porque BlackRock es accionista mayoritario de todo lo que compone este nuevo sistema.

Poseen las acciones de las empresas de energía que estrangulan a la industria alemana; poseen la deuda de los Estados francés y británico que los obliga a recortar los servicios públicos; poseen las empresas tecnológicas que proveen los algoritmos de vigilancia y censura, y, por supuesto, son los principales accionistas de Rheinmetall y de las grandes corporaciones de defensa.

BlackRock no tiene patria, no tiene lealtad a la constitución de ningún Estado europeo y no rinde cuentas ante ningún electorado. Para BlackRock, la «transición verde» no es una necesidad ecológica, es un mecanismo para crear nuevos mercados de activos financieros y destruir la vieja industria que exige derechos laborales. Para BlackRock, la guerra en Ucrania no es una tragedia humanitaria, es una oportunidad para lanzar Exchange Traded Fun (ETFs), o fondo cotizado de defensa europea y capitalizar el miedo. BlackRock es el nuevo Krupp, el nuevo Siemens, el nuevo IG Farben, pero multiplicado por mil y liberado de cualquier atadura territorial.

Las elites europeas ante la pregunta de si son parte del desastre o los ganadores, la hipótesis y el concepto de «capitalismo de crisis» sugiere que la facción tecnocrática, financiera y verde está ganando. La teoría de las elites sugiere que están utilizando la crisis para consolidar el poder supranacional de la Unión Europea y evolucionar su marco legal hacia una mayor centralización.

Si aplicamos a esta Europa, la de 2026, el marco analítico que Ian Kershaw desarrolló en su magistral “Descenso a los infiernos”, el paralelismo no es solo perturbador, es revelador de la intencionalidad de las elites. Kershaw identificó cuatro motores que empujaron a Europa al abismo entre 1914 y 1949: las tensiones nacionalistas, las disputas territoriales, los conflictos de clase y las crisis del capitalismo. Pero su gran lección es cómo las elites conservadoras y financieras utilizaron estos motores para justificar la destrucción de la democracia y los derechos sociales.

En los años treinta, el pánico sistémico de las elites ante el comunismo y la revolución obrera las llevó a apoyar, financiar y armar a los movimientos fascistas. Necesitaban un leviatán que aplastara a los sindicatos, eliminara el derecho a huelga y sometiera a la clase trabajadora a la disciplina de la economía de guerra. El fascismo no fue un accidente histérico de las masas; fue la solución de emergencia de las elites para salvar el capital mediante el terror de Estado.

Al igual que en el periodo de entreguerras, las elites actuales están dispuestas a sacrificar la democracia liberal, el bienestar social y la paz para garantizar la seguridad del capital y su propia supervivencia en la cúspide de la pirámide. Utilizan la amenaza de Rusia y China como el nuevo «peligro bolchevique», un chivo expiatorio geopolítico que les permite imponer medidas de austeridad, recortar libertades civiles y desviar el presupuesto público hacia el aparato de seguridad. El enemigo externo es la coartada perfecta para el despojo interno.

El despojo se ha vuelto invisible, automatizado y aceptado como «sentido común» por una población que ha sido educada para temer más al «discurso de odio» o a la «desinformación» que, a la pobreza, a la guerra o a la pérdida de su soberanía. Las elites han logrado que los propios ciudadanos se vigilen, se delaten y se autocensuren, externalizando la función de la policía política a la propia sociedad civil, esa misma que Soros y sus ONG han meticulosamente adiestrado en la pureza moral y la obediencia tecnocrática.

Al destruir el Estado del Bienestar, las elites europeas han eliminado el colchón de contención social. Han sustituido la esperanza por el miedo, y el miedo, cuando se acumula durante demasiado tiempo en una población acorralada, no genera sumisión; genera una presión explosiva. El despojo tiene un límite físico. Cuando la clase media europea ya no pueda pagar la calefacción, cuando los trabajadores de las ciudades desindustrializadas no tengan nada que perder, cuando la realidad material de la pobreza y la guerra llame a sus puertas, ninguna ley de «desinformación» y ningún algoritmo de vigilancia podrá contener la furia de una sociedad a la que se le ha robado el futuro.

La historia, como Kershaw demostró y como Vuillard noveló, suele castigar esa arrogancia. Las catástrofes históricas rara vez son causadas por monstruos sádicos al principio; son causadas por elites conservadoras, banqueros y tecnócratas que creen que pueden gestionar el caos para proteger sus privilegios. Las elites europeas actuales, al financiar la guerra contra Rusia y permitir la desindustrialización de Alemania, están caminando por el mismo precipicio, convencidas de que su ingeniería financiera y militar las salvará.

Pero los nuevos veinticuatro caballeros, los Soros, los Rothschild, los Fink, los Von der Leyen, los Macron, no han aprendido la lección de sus predecesores. Creen que esta vez será diferente. Creen que el monstruo les obedecerá. La historia, terca y repetitiva, les recordará que los monstruos nunca obedecen a quienes los financian. Europa, una vez más, desciende a los infiernos. Y esta vez no habrá un 1945 que la rescate de sí misma.

 
Lic. Alejandro Marcó del Pont

 

 

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APYME Entre Ríos denunció que el “industricidio” no es un error, es producto del plan económico

El paranaense Alfredo Caino, secretario de APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) Entre Ríos, expresó ayer a DIARIOJUNIO que el país vive un ciclo de “industricidio” inducido por un plan económico a nivel nacional. “Esto no es un error. Es producto del plan”, dijo. Caino dijo que la liquidación de las pymes acompaña un proceso de liquidación de la clase media. “El resultado del proceso actual es que existe un sector que está ganando como nunca antes en base a la extracción primaria, a las 10 exportadoras, que son empresas multinacionales, en base a los bancos, que ganan como no se tienen antecedentes, que son en mayoría multinacionales”, dijo.

De acuerdo a la información que surge de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que registra lo que sucede en todo el país, en los últimos dos años cerraron 800 empresas en la provincia de Entre Ríos y más de 27.000 en todo el país. Esos cierres redundaron en la pérdida de más de 110.000 puestos de trabajo.

Caino dijo que hay una reducción concreta de la cantidad de pymes en el país y en la provincia. “Hay consideraciones que hacen en la Nación, como el gobernador de la provincia, de que son datos parciales. Habría que pedirles la información acerca de cuáles son las aperturas de las empresas pymes que ha habido en este último periodo que compensen el cierre de las que ha habido”, indicó.

Como ejemplo concreto, precisó la situación complicada o el cierre de varias firmas: empresa de jugos Frutafiel, en General Ramírez (Diamante); de baterías para autos Unionbat, de Gualeguaychú; de aberturas Valentinuz Hnos., en Paraná; la metalúrgica Menghi, de Paraná; Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay; Laboratorios Pyam, en Gualeguaychú, etc. “No hay sector pyme que no esté profundamente alterado”, destacó.

Caino recordó que el año pasado APYME presentó un proyecto a nivel nacional declarando la situación de crisis fiscal y energética para el sector de las pequeñas y medianas empresas. “Lo mismo hicimos acá en la provincia, que no tiene nada que ver con lo que hizo ahora el gobernador, que no sirve para nada como para amortiguar lo que están pasando las pymes”, destacó. “Es desesperante, estamos en situación límite”.

Más adelante, destacó que se ha realizado una apertura de las importaciones que perjudican notablemente al sector, incluso permitiendo traer equipos industriales usados. “Todo eso produce un quebranto de las empresas que estábamos aportando al desarrollo del mercado interno”, destacó.

En cambio, las inversiones que llegan al país solo apuntan a la producción primaria, que no genera empleo, como la producción minera. “El río Paraná, que lo están esquilmando, las empresas que están activándose son las extractivistas de arena que llevan a Vaca Muerta para sacar petróleo a través de fracking. Esas extracciones no dejan nada; dejan dos pesos de Ingresos Brutos y pagan menos impuestos que nosotros”, remarcó.

Caíno también cuestionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. La iniciativa propone modificaciones que especialistas consideran riesgosas para la soberanía territorial. El proyecto busca eliminar la limitación del 15 % para extranjeros en la compra de tierras establecida por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737 de 2011). Caíno dijo que podrán adquirir tierras “casi con libertad absoluta”. “Si alguien tiene plata y dice: ‘yo quiero la provincia de Entre Ríos’, la compra. Este es el camino por donde vamos”, enfatizó. El comerciante paranaense dijo que ese modelo produce empobrecimiento de las pymes, de los sectores medios. Y quienes quedan fuera del modelo quedan en estado precarizado, “haciendo puerta a puerta”.

A contramano del mundo

El cierre de la planta de baterías UnionBat,
con sede en Gualeguaychú, dejó a
100 trabajadores en la calle.

Desde APYME sostuvo que quieren pensar cómo construir un país “para los argentinos” y no un país “para los inversionistas extranjeros”. “Caputo lo ha dicho. Yo compro mi ropa en el exterior y tengo mis cuentas en el exterior”, indicó. El ministro de Economía tiene un patrimonio de $ 11.851 millones, poco más del doble de lo que había declarado a fines de 2023, cuando asumió el cargo. Casi dos tercios de su patrimonio corresponden a dinero y acciones en el exterior. “Él dice que saques los dólares que tenés, que inviertas en la Argentina, pero están haciendo exactamente lo contrario”, mencionó.

Por otra parte, Caíno dijo que EE. UU., la primera potencia industrial, protege su producción en contra de la invasión de los productos extranjeros. “Nosotros acá abrimos y se puede importar lo que quieras por todas las plataformas que andan dando vueltas: zapatos, zapatillas, pantalones o corbatas. Lo que vos quieras”, dijo.

El mejor ejemplo es la fabricante de termos argentina Lumilagro. El año pasado, la firma anunció que pasaría a un esquema en el que cerca del 60 % de su oferta será de termos importados, con diseño y control de calidad propios, mientras que el 40 % restante se fabricará en la Argentina. Para ello, implementó un plan de retiro voluntario y pasó de tener cerca de 200 empleados a poco más de 70. “Tiene una historia de años y dice: ‘no nos conviene más, dejamos 10 tipos laburando y nos dedicamos a importar’. Esto no funciona, va de contramano a los que crecen en el mundo”.

Además, mencionó que Francia reinvierte en energía nuclear por muchas razones. Según el artículo “La UE anuncia 200 millones de euros para energía nuclear tras señalar que reducirla fue un ‘error estratégico’”, publicado por France24.com, para el presidente francés, Emmanuel Macron, la energía nuclear es sinónimo de «independencia», una palabra que repitió varias veces en el discurso inaugural de la Cumbre Mundial de Energía Nuclear, en marzo pasado. Lo mismo mencionó Caíno respecto de Alemania, donde vienen planteándose la necesidad de reactivar nuevas fuentes energéticas.

Mientras tanto, en Argentina las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) despidieron a un centenar de trabajadores y anuncian iniciativas privadas que proponen la construcción de una central nuclear en el país con capitales estadounidenses. Caino dijo que así se regala o traspasa a inversores extranjeros los emprendimientos propios en esa materia.

También mencionó a IMPSA, una empresa metalmecánica y tecnológica argentina con sede en Mendoza, especializada en el diseño y fabricación de grandes equipos para los sectores hidroeléctrico, nuclear, eólico y oil & gas, que fue privatizada por el gobierno de Milei. “Fue extranjerizada a una empresa multinacional. Nos quedamos sin tecnología”, dijo.

En cuanto al petróleo y el gas, que se extraen de suelo argentino, recordó que el litro de nafta súper se cobra U$S 1,5, cuando históricamente se cobraba U$S 1. “Con el gas estamos con precios siderales porque aumenta todos los meses”. Además, el país es exportador de ambos combustibles fósiles. “Dejamos que nuestra energía la extraigan y se la lleven los que se quedan con la energía, que son empresas multinacionales energéticas. Todo eso es una extracción de dólares que, junto con el endeudamiento, hacen que tengamos que pagar una cantidad de dólares por año que hace imposible que esta Argentina funcione”, mencionó.

Un país para pocos

El representante de APYME Entre Ríos enfatizó que los gobiernos neoliberales, como el que conduce el país en este momento, solo se preocupan por gobernar para las grandes empresas y los grupos de afuera. Pero en la entidad apuntan a otro proyecto que respalde el crecimiento de la industria nacional, la producción local, donde haya muchos trabajadores. “No donde haya pocos ricos y mucha gente empobrecida. A la riqueza de la Argentina se la están llevando pocos; queremos que quede para todos, distribuida en base al trabajo que cada uno hace. Queremos que, en base al trabajo argentino, la plata quede en la Argentina”, mencionó.

Para el comerciante paranaense, el costo social del gobierno nacional será muy gravoso y “casi irreversible”. Por eso, desde la entidad intermedia llamaron a la conciencia de la sociedad argentina para reclamar permanentemente y para adherir a las organizaciones donde estén representadas, para hacer el máximo esfuerzo y evitar que el proceso actual siga avanzando tal como lo está haciendo. 

Diario Junio

Se destruyeron 7.600 empleos en blanco en el primer mes de vigencia de la reforma laboral 

Así lo indica un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En los últimos 10 meses se perdieron 112.034 empleos registrados en el sector privado.

La reforma laboral del gobierno de Milei es un dolor de cabeza para los trabajadores, que ahora asisten a una pérdida de derechos laborales históricos que han destacado a la Argentina en el mundo. Sin embargo, esta nueva ley que contó en el Congreso con el apoyo de muchos gobernadores que hoy dicen ser oposición al gobierno nacional, fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 6 de marzo pasado y su aplicación ya repercute negativamente en el mercado del trabajo.

Y es que el trabajador, entre muchos otros derechos perdidos, ahora además deja en manos de empleador decisiones vitales para cualquier asalariado como el derecho a los horas extras, por ejemplo, que no se pagan más sino que son compensadas con horas de descanso; un verdadero paso atrás en un derecho que había sido logrado con años de lucha.

Y como si estas condiciones fueran insuficientes para castigar al trabajador, el empleo registrado se desploma a la sombra de la nueva ley laboral. Al menos, así lo indica el Centro de Economía Política Argentina (CEPA): en el primer mes de vigencia de la reforma laboral implementada por Milei, se perdieron 7.603 puestos registrados privados.

Este número, que son personas que ya no tienen empleo, se suma a que en los últimos 10 meses se perdieron 112.034 empleos registrados en el sector privado, agrega el CEPA.

Casi 110.000 empleos menos en el último año

“El crecimiento marginal de febrero (+1.702) fue opacado por la destrucción de 7.603 puestos en marzo. En el último año, la pérdida asciende a 109.906 puestos, y desde que asumió Milei, la destrucción alcanza los 216.643 puestos (-3,4%).”, agrega el CEPA.

Despidos en el sector público y en casa particulares

Por otro lado, en marzo también se destruyeron 2.364 puestos registrados en el sector público y 761 en casas particulares.

De esta manera, desde noviembre de 2023, el saldo es negativo en 314.461 puestos registrados:  216.643 en el sector privado, 75.372 en el sector público y 22.446 en casas particulares, culmina el informe del CEPA.

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