El gobierno islandés dejó caer a los bancos. No rescató a los accionistas ni a los tenedores de bonos extranjeros. Cuando el Reino Unido y los Países Bajos exigieron que la isla reembolsara a sus ahorristas minoristas, que habían perdido sus depósitos en la filial Icesave del banco Landsbanki —una suerte de sucursal digital que ofrecía tipos de interés muy por encima del promedio europeo—, Reikiavik se negó rotundamente. Londres y La Haya tuvieron que asumir las pérdidas de sus propios ciudadanos, seducidos por las ganancias financieras de un banco privado que quebró por su propia mala gestión.
Los resultados de aquella rebeldía hablan por sí solos. Mientras que Irlanda y Grecia, que gestionaron sus crisis de forma convencional y sumisa a los dictados del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, siguen arrastrando dificultades estructurales, Islandia emergió del abismo con un vigor que muchos calificaron de milagro económico. Pero tal prodigio no tuvo lugar. Hubo decisiones políticas. Y una diferencia sustancial respecto a lo ocurrido en Estados Unidos o en el corazón de Europa: mientras en otros lugares los banqueros responsables de la crisis fueron rescatados con dinero público, Islandia investigó y condenó a prisión a decenas de ejecutivos bancarios por fraude y mala gestión. El mensaje fue inequívoco: el riesgo financiero no se socializa, y quienes juegan con el dinero de los demás deben asumir las consecuencias.
Dieciocho años después de aquel colapso, Islandia volvió a votar sobre Europa. Pero esta vez no lo hizo desde la desesperación de un país quebrado, sino desde la memoria viva de cómo consiguió salir de aquella crisis. El referéndum del 29 de agosto de 2026 no preguntaba si Islandia quería ingresar en la Unión Europea, sino si debía reanudar las negociaciones de adhesión. Un matiz aparentemente menor, pero de enorme relevancia política.
Con una participación del 82,5%, el resultado fué que el 52.8% de los votantes decidió que ni siquiera quería volver a abrir la negociación. El electorado entendió que ese primer paso implicaba abrir cuestiones consideradas demasiado sensibles: pesca, soberanía, moneda, agricultura y el control de los recursos naturales. Las reglas que más importan para la vida cotidiana y para la autonomía del país son precisamente las que Islandia mantiene fuera del marco comunitario europeo. Y eso no es casualidad, es una estrategia deliberada que ha demostrado su eficacia.
Y en este sentido, Argentina comparte con Islandia una condición similar, aunque con recursos naturales mucho más abundantes. La República Argentina se asienta sobre un punto de encuentro entre América del Sur, el Atlántico Sur, el Pasaje de Drake y la Antártida, una posición que le otorga el control de rutas marítimas esenciales y el acceso directo al continente blanco, donde la competencia geopolítica se intensifica año tras año.
Para la Unión Europea, Islandia aporta en el Atlántico Norte la vigilancia de rutas marítimas y aéreas, una posición privilegiada en el Ártico frente a la creciente competencia entre Estados Unidos, Rusia y China, el acceso a una de las grandes reservas pesqueras del mundo, una matriz energética extraordinariamente particular basada en recursos geotérmicos e hidroeléctricos, y la posibilidad de desplegar cables submarinos de comunicaciones y energía que serán cada vez más importantes en las próximas décadas.
En 2008, la amenaza era Wall Street. En 2026, las amenazas son la geopolítica, la seguridad, el comercio y la moneda. Las declaraciones de Donald Trump sobre la compra de Groenlandia introdujeron una dimensión completamente nueva en el debate islandés, acelerando la convocatoria del referéndum y reforzando el argumento de quienes defienden que la autonomía monetaria, cambiaria, fiscal y financiera tiene un valor económico superior al de cualquier integración comunitaria.
En economía, el excedente o ganancia que genera la extracción de un recurso natural —ya sea pescado, petróleo o litio— es la diferencias por encima de todos los costos normales de producción, incluido el retorno normal del capital invertido. Dado que el recurso es, en su estado natural, un bien público, esa renta debería beneficiar a toda la sociedad y no únicamente a la empresa que lo extrae.
Mientras que el modelo islandés se basa en la premisa de que el recurso natural es un activo estratégico cuya renta debe ser capturada y distribuida por el Estado, los ciclos neoliberales en Argentina, incluyendo el actual Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), han tendido a tratar el recurso natural como un activo financiero más, donde el objetivo es atraer capital mediante la reducción de costos fiscales y regulatorios, asumiendo que la renta generada no se quedará en el país, sino que alimentará el ciclo de fuga de capitales.
Islandia prohíbe constitucionalmente y por ley la propiedad extranjera de los derechos de pesca y de los recursos energéticos. El recurso se considera un bien común nacional, y aunque utiliza un sistema de cuotas individuales transferibles, el Estado mantiene un control estricto sobre el volumen total extraído, basado en criterios científicos y no en la demanda del mercado. Además, prohíbe que estos activos sean comprados por fondos buitre o corporaciones extranjeras, evitando así que la renta del recurso sea capturada por actores externos. La negativa a la Unión Europea fue, en esencia, una medida de protección de este activo estratégico.
Para entender si un modelo de gestión de recursos naturales es exitoso o extractivista, no basta con mirar si el recurso se conserva. Hay que mirar quién se queda con la renta. La industria pesquera islandesa es hoy una de las más eficientes del mundo en términos de captura y valor por trabajador. La recaudación fiscal que recibe el Estado es significativa, a través de tasas pesqueras, impuestos a la renta del recurso e impuestos corporativos sobre las ganancias del sector. Pero hay un elemento central que a menudo se pasa por alto: los salarios. A diferencia de muchos países donde la pesca es un trabajo precario y mal remunerado, en Islandia el sector pesquero es uno de los mejor pagados de la economía.
La columna vertebral de la remuneración en los barcos islandeses no es un salario fijo por hora, sino un sistema de reparto de ganancias. La tripulación no recibe solo un sueldo base, sino un porcentaje del valor de la captura, generalmente entre el 20% y el 35% del valor neto de la venta del pescado, después de deducir ciertos gastos operativos como el combustible. Este mecanismo alinea los intereses de la tripulación con la eficiencia del barco: si el barco pesca más y mejor, todos ganan más.
Islandia aprendió a lo largo de los años noventa y dos mil que regalar el acceso a un recurso público genera riqueza privada a costa del erario. Por ello, implementó un sistema de captura de la renta del recurso: el Estado no es dueño de los barcos, pero cobra por el derecho a usar el recurso. El mayor problema al evitar la extranjerización de la pesca fue la concentración de cuotas, ya que el 75% de ellas pertenecen a las veinticinco empresas pesqueras más grandes. Esto representa una alta concentración de la riqueza pesquera en pocas manos.
El dilema islandés es que proteger la soberanía nacional no significa necesariamente proteger a los pequeños pescadores. El sistema logró mantener el control nacional del recurso, pero al mismo tiempo permitió una concentración progresiva de las cuotas en grandes empresas. Por eso la verdadera batalla no es solo Islandia contra Bruselas, sino también una batalla interna por quién es realmente dueño del mar islandés.
Cuando un país con restricción externa crónica, como Argentina, atrae inversión extranjera en sectores extractivos con regímenes de promoción sin políticas de contenido local o retención de divisas, no se resuelve la restricción externa; se cambia su forma de financiamiento y se agrava a mediano plazo. La inversión inicial entra, pero una vez operativa, la repatriación de utilidades, el pago de regalías a casas matrices y la importación de insumos generan una salida de divisas estructural. Si a esto se suma el servicio de la deuda pública, el saldo neto de divisas para el país suele ser negativo o marginal.
Islandia salió de 2008 con una convicción sólida. Nunca más permitir que las necesidades del capital determinen hasta dónde llega la soberanía. El Estado argentino, después de décadas de crisis, parece haber llegado a la conclusión inversa: necesita ofrecer condiciones extraordinariamente favorables al capital para poder convertir sus recursos naturales en dólares y crecimiento. Argentina puede convertirse en una gran exportadora de recursos sin que necesariamente todos los dólares generados por esos recursos ingresen inmediatamente al mercado cambiario.
El mensaje que transmite el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es claro: venga a invertir, puede disponer libremente de los productos, tiene un régimen cambiario privilegiado y puede remitir utilidades y dividendos bajo condiciones especiales. El problema del RIGI no es que atraiga inversión extranjera. El problema es el precio que Argentina paga por atraerla: una renuncia fiscal estimada en unos 1.813 millones de dólares anuales cuando los proyectos estén en plena producción, estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante treinta años, y un régimen que permite una creciente disponibilidad externa de las divisas generadas por los proyectos.
Si los recursos son estratégicos y la inversión se habría producido aun con beneficios menores, el Estado está transfiriendo renta innecesariamente y comprometiendo su capacidad futura. La cuestión empírica es cuánta inversión adicional está generando realmente el RIGI y cuánto beneficio habría obtenido igualmente el inversor sin esas concesiones extraordinarias.
La integración de Argentina en lo que podríamos llamar la Pax Silicia dibuja una estructura clara. Estados Unidos → capital financiero y tecnológico → empresas multinacionales → RIGI→ litio → cobre → petróleo → gas y energía → exportaciones → deuda → fuga de capitales. La integración de Argentina a cadenas estratégicas estadounidenses y occidentales. Buenos Aires está diseñando sus sectores estratégicos para insertarlos en cadenas globales de capital y tecnología en lugar de construir primero cadenas nacionales de control y agregación de valor.
Islandia aprendió de 2008 que la soberanía tiene un valor económico tangible al conservar la capacidad de decidir sobre el capital, la moneda, los bancos y los recursos estratégicos. La Argentina de Milei, enfrentada a una escasez crónica de capital y dólares, está tomando la decisión inversa: ofrecer al capital condiciones extraordinarias de estabilidad, rentabilidad y libertad cambiaria para que desarrolle sus recursos naturales.
La cuestión no es si uno es nacionalista y el otro liberal. La cuestión es quién captura la renta y quién conserva el poder de modificar las reglas. Islandia dijo no a los banqueros en 2008, no a los acreedores extranjeros en 2010 y no a la Unión Europea en 2026. Cada uno de esos no fue una negativa obstinada, sino una afirmación de su capacidad para decidir sobre su propio futuro. Argentina, por el contrario, está diciendo sí a condiciones que atan su política económica durante décadas a cambio de capital que, cuando finalmente llegue, puede no quedarse en el país.
La experiencia islandesa demuestra que la soberanía no es un lujo para países ricos, sino una herramienta para construir riqueza desde abajo. Y también demuestra que decir no, en ocasiones, es la forma más poderosa de decir sí al futuro propio.
Lic. Alejandro Marcó del Pont
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