Soberanía y propiedad

Banderazo contra la extranjerización de tierras en la previa de la marcha del jueves al Congreso. El próximo jueves 6 de agosto habrá protestas en todo el país contra la Ley de Extranjerización de Tierras al que el gobierno pretende darle media sanción ese día en el Senado. La jornada principal es convocada frente al Congreso Nacional, pero habrá manifestaciones en todo el país. Las grandes masas de tierra se traducen en poder, en cotos donde rigen reglas propias, en menoscabo del derecho común y de la soberanía. Ella aparece como moneda de cambio: ¿Cuánto se puede entregar, sin perderla? ¿Cuál sería la libra de carne justa? ¿Cómo medir el despojo?

Por Cecilia Abdo Ferez

En estos días se discutirá en la Argentina un punto central del pensamiento político a través de la ley que permite la extranjerización ilimitada de la tierra: la relación entre soberanía y propiedad. Soberanía y propiedad son términos que hacen a ámbitos distintos del derecho: Uno, al derecho público; el otro, al privado. Un teórico de la soberanía podría decir que el derecho mismo existe porque ella es su condición de posibilidad, entendida como una decisión que separa entre el orden regular de las cosas -el orden jurídico y administrativo- respecto del caso excepcional. Como sea, la soberanía y la propiedad no deben confundirse. Y sin embargo, están atadas en la historia del pensamiento político. La soberanía es definida (al menos) como la puesta en común de un territorio y de los medios para defenderlo: Es su imperio pero también es su dominio, que da lugar a un derecho común. Por eso es tan importante la soberanía: porque da lugar al derecho común; porque es una de las formas de nombrarlo. Ese dominio e imperio sobre un territorio, ejercido en común, define al sujeto de la soberanía (popular), a la vez que delimita prácticas que permiten que ese dominio continúe ejerciéndose en el tiempo. Por eso, entre soberanía y propiedad hay una tensión: En una república, decía Rousseau, nadie debe ser tan rico como para poder comprar a otro, ni nadie tan pobre como para tener que venderse.

Hace varias décadas que se habla de la crisis de la soberanía, de su declive, de su muerte, que es igual a decir de la crisis de los Estados. La crisis estaba contenida en la postulación misma del origen de la teoría de la soberanía, allá por el siglo XVI: Se la concibió absoluta en el inicio, a la vez que socavada y socavable desde adentro por la existencia de poderes indirectos que la erosionaban -los poderes económicos, los corporativos, las facciones, el tironeo infinito que busca eliminar la supuesta neutralidad del Estado y convertirlo en el representante de privilegios, limitarlo al poder de policía, hasta eliminarlo o dejarlo sólo como una fachada-. Una de las formas de profundizar esa crisis es la sustitución del dominio común sobre un territorio por el avance de la (gran) propiedad, que cuanto más grande y estratégica, más exclusivista y excluyente, más supone el avance de lo privado sobre lo público. Que es también una erosión de los derechos comunes.

En un libro que se presenta en estos días, el historiador del arte alemán, Horst Bredekamp, define al presente como «behemótico», en alusión a la figura mítica del Behemoth, ese monstruo bíblico del Libro de Job que dominaba la tierra y que fue visto, en general, como la contrafigura del Leviatán, el monstruo de los mares al que la teoría política moderna mimetizó con la soberanía. La teoría política adora a los monstruos y los animales, porque unos y otros permiten pensar la normalidad y el límite, y cómo ellos se producen, ya que no están dados. ¿Qué es un presente behemótico? Bredekamp lo define como un tiempo en el que se disolvió la separación entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado, entre lo consciente e inconsciente. Un tiempo en el que el «yo autónomo» «aparece como blanco de ataque en cuanto tal». Esto es, un presente en el que el Leviatán, aquel monstruo de la soberanía, está tambaleando por el ejercicio del poder desnudo de otros poderes y es incapaz de sostener el dogma de la inviolabilidad del espacio privado de las personas, al que accede por medio de servicios secretos y su emplazamiento en redes sociales, que convierten a cada participante (a cada unx de nosotros) en un «objeto de transparencia». Así se produce, dice Bredekamp, una fractura cultural, un ataque al «pensamiento de la mesura» y un combate a la autonomía del yo. Todo lo que resta -dice, citando a Octavio Paz- es transparencia. Una palabra más generosa que vigilancia.

El presente behemótico es el de la puesta en cuestión de la soberanía popular. Uno de sus síntomas es la formación de grandes masas (privadas) de tierra. Puede ser en la forma de la conquista, la anexión, la concesión, la venta, la explotación indiscriminada o su entrega por deudas. Puede ser en la forma del imperio, el coloniaje, el latifundio, la ocupación. Mucho más si se trata de extranjeros, pero también de connacionales. Las grandes masas de tierra se traducen en poder, en cotos donde rigen reglas propias, en menoscabo del derecho común y de la soberanía. Ella aparece como moneda de cambio: ¿cuánto se puede entregar, sin perderla: Un 15%, un 25%? ¿Cuál sería la libra de carne justa? ¿Cómo medir el despojo? ¿Cómo se lo revierte, en un presente que parece interpretarse como un tren de alta velocidad hacia lo inexorable -esto es, como lo contrario de una historia humana? Ante esto, los países no están en igualdad de condiciones, sino que es mayor la dependencia de los periféricos respecto de los centrales, y la dependencia se reproduce en su interior fragmentado. Transformar una nación en muñecas rusas, así las más pequeñas no pueden negociar, sino sólo lotearse.

Todo esto no produce orden, sino que alienta la excepcionalidad y la emergencia permanentes; no dicta derechos, sino su enajenación; no construye lazo social, sino que decreta su implosión. Altera no sólo la economía, sino el basamento mismo de la forma política y de su futuro.

Cecilia Abdo Ferez - Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) Profesora asociada de “Teoría Política y Social II” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y titular de “Filosofía” en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Artes (UNA). Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la UBA.

 

 

 

La entrega. Río Negro, a la vanguardia de la extranjerización

Por Susana Lara

 

"En esta etapa, la libertad absoluta a los capitales —que prevé el proyecto de ley— permitiría crear nuevas formas de organización de recortes territoriales de tipo neocolonial, de acuerdo con ensayos en distintos puntos del planeta y prácticas ya desarrolladas por los capitales globales que compran y/o alquilan tierras rurales con los más diversos fines".

Un mensaje explícito

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada aplicada al suelo y la tierra en áreas rurales, que el Senado tratará el jueves 6 de agosto, viene a completar y ampliar aspectos inconclusos del plan de desguace y modernización del Estado que implementó la administración Menem (1989-1999). La matriz fue diseñada y armada en aquella década con financiamiento y técnicos del Banco Mundial en las provincias, plataforma institucional que garantizó la implementación y continuidad del proceso de la financierización, concentración y extranjerización de los espacios rurales. Durante la última dictadura cívico-militar, Martínez de Hoz había dejado muy bien plantados los trazos fundamentales del plan.

En esta etapa, la libertad absoluta a los capitales —que prevé el proyecto de ley— permitiría crear nuevas formas de organización de recortes territoriales de tipo neocolonial, de acuerdo con ensayos en distintos puntos del planeta y prácticas ya desarrolladas por los capitales globales que compran y/o alquilan tierras rurales con los más diversos fines. A la vez, es un mensaje explícito a los grandes capitales que ya operan en el país —nacionales y extranjeros; personales, corporativos y estatales—, para que extiendan sus propiedades e intensifiquen sus prácticas extractivistas y confronten directamente con otros actores que reclaman derechos de posesión previos. En la Argentina son 38 los pueblos originarios preexistentes a la creación del Estado nacional; muchas de sus comunidades mantienen conflictos por su derecho a la vida libre en su territorio ancestral.

Al momento de analizar los capitales ya presentes en el país, puede ser útil tener presente la superficie de la tierra en sus manos, la ubicación y su valor geoestratégico, el patrimonio del propietario, la nacionalidad de origen del capital, la cartera global de bienes del propietario y sus vínculos con otros capitales, entre otros elementos que permiten valorar una operación particular de compra-venta de tierra en nuestro contexto. Esa lectura es muy parcial y fragmentada, ya que todavía no contamos con un trabajo que retome la investigación de ¿Quién es quién? Los dueños del poder económico (Argentina, 1973-1987) de Manuel Acevedo, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse, que exponga el conflicto territorial.

Actores globales del conflicto local

Los objetivos de compra de tierras varían según el origen de los capitales y su inserción global. Por ejemplo, a partir de la crisis financiera de 2008 y del aumento de riesgos por los alcances del calentamiento global, los países del Golfo Pérsico priorizaron inversiones tendientes a garantizar su seguridad alimentaria, tanto para la población local como para su producción pecuaria. En esa lógica Almarai Co de Arabia Saudita compró y explota 12.140 hectáreas en Córdoba para la producción de alfalfa que exporta a su país de origen.

En esa misma visión, el fondo de inversión estatal ADQ de Abu Dhabi (uno de los siete que integran los Emiratos Árabes Unidos, EAU) participa del 45% del paquete accionario de Louis Dreyfus Company (LDC), una de las más grandes cerealeras del mundo con tierras, centros de procesamiento y terminales portuarias en Santa Fe. En 2021, el fondo ADQ se asoció a LDC, garantizándose la exportación a largo plazo de commodities agrícolas hacia EAU, como parte del acuerdo. En marzo de este año anunciaron la construcción de una planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca para la exportación. Al menos desde 2005 compra y alquila tierras en el país a través de una subsidiaria, con presencia documentada en Buenos Aires y Santa Fe.

A principios de este año, todos los activos de Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) fueron absorbidos y consolidados por un nuevo fondo estatal, L'imad, conducido por Khaled bin Mohammed bin Zayed, hijo del presidente de los EAU, Mohammed bin Zayed. Este jefe de Estado visitó por primera vez la Argentina en febrero de este año, días antes de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La participación de estos capitales en tierras para agronegocios es posterior a las operaciones de compra de tierras rurales en Río Negro, realizadas en 2017 en la zona andina (21.000 hectáreas) y en 2022 en la costa atlántica (30.000 hectáreas), como venimos documentando en otros artículos.

Más difuso es el papel de Máxima Zorreguieta, reina consorte de los Países Bajos, formada en finanzas. En mayo de este año participó del Foro de Llao Llao en su rol oficial de Defensora Especial del Secretario General de la ONU para la Salud Financiera. Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, realiza desde hace once años este encuentro empresario y financiero en el hotel de su propiedad en Bariloche.

Máxima en el Llao Llao.

Zorreguieta es propietaria de tierras rurales en la estepa de Río Negro (2951 hectáreas) y de una fracción en un barrio privado con bosque nativo y acceso al lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura, Neuquén. Respalda la inserción de capitales holandeses en proyectos de desarrollo inmobiliario y tiene un vínculo fluido y efectivo con líderes políticos locales.


Cáscara verde

Después de décadas de resistencia del pueblo mapuche, la población rural criolla pobre y organizaciones defensoras del medioambiente, entre otros sectores, en diciembre de 2023, el actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, impuso una reforma a la ley de Tierras Fiscales que abrió las puertas a las inversiones industriales y especulativas. Esa reforma de fondo se articula perfectamente con los objetivos de la iniciativa mileísta que se trata esta semana.

La tierra en lugares aislados geográficamente, con condiciones medioambientales particulares y baja densidad poblacional, es apta para un amplio espectro de intereses por parte de capitales que ya están en la Argentina, así como para nuevos. El combo de la supuesta transición de la matriz energética y de las tecnologías renovables ya avanzó en el control del territorio, con derechos de uso de largo plazo que perfectamente ahora podrían pretender título de propiedad. Energías renovables, almacenamiento, energía para data centers, tecnología espacial son parte de los nichos de inversión que se combinan con las smart cities (ciudades inteligentes) y ciudades charter, para los que se generan condiciones locales favorables.
Los consensos en su favor se construyen persistentemente en distintos espacios, como la Expo Ciudad Inteligente Santiago del Estero, que se realizó en mayo de este año y tendrá otra edición el próximo.

 
Susana Lara