En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, el investigador Martín Rumbo grafica la situación del Instituto de Estudios Inmunológicos Fisiopatológicos, referencia regional en el diagnóstico de enfermedades genéticas raras: “Por las restricciones de financiamiento pasamos de tener 20 proyectos de investigación en ejecución a tener menos de 5 este año. Esto se debe a que la mayoría de los trabajos ya terminó y no hubo más convocatorias por parte del gobierno nacional. A su vez, también se nos redujo la cantidad de becarios que trabajan en el Instituto”.
Y continúa: “La perspectiva es mala porque estamos perdiendo recursos humanos y capacidades de trabajo por la falta de financiamiento. Esta situación se repite en la mayoría de los institutos de investigación de nuestro sistema académico y las consecuencias a mediano plazo serán muy difíciles de revertir”.
Entre despidos, retiros voluntarios y renuncias, se perdieron más de 6400 puestos de trabajo en ciencia y tecnología desde diciembre de 2023. Para tomar dimensión, en dos años y medio, organismos como el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Instituto Nacional del Agua perdieron entre el 27 y el 35 por ciento de sus trabajadores.
Incluso, la crisis es peor aún en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el organismo rector de las políticas de financiamiento para CyT. Si se toman en cuenta los últimos tres años, la Agencia perdió el 88 por ciento de su presupuesto. En este aspecto, los números se traducen en una institución sin rumbo: su estrategia consiste en no realizar convocatorias para nuevos proyectos, los becarios que heredó de la gestión anterior tienen los salarios congelados desde mayo de 2024 y en buena parte del país no tienen cobertura médica.
A su vez, la protesta coincide con un nuevo paro de 24 horas impulsado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que nuclea a los trabajadores no docentes de casas de altos estudios. “Solicitamos a la Justicia que intime al Estado a cumplir con la cautelar. Exigimos al Gobierno que respete la Ley”, destacaron a través de redes sociales.
A casi 300 días de su sanción, el gobierno sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar del aumento del 21 por ciento para los trabajadores acordado el 10 de junio, todavía se adeuda una cifra cercana al 35 por ciento para equiparar con la inflación oficial acumulada desde diciembre de 2023.
Nicolás Retamar
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