Ya tienen que luchar contra su discapacidad, pero ahora también tienen que luchar contra los chetos truchos de Corporación Cambiemos. Y es que gobiernan los garcas, profundizando su política de exclusión de los sectores más vulnerables, los chetos truchos avanzan nuevamente con la baja y quita de pensiones por invalidez. Desde hace tiempo los empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad denuncian el desguace de la entidad y el cierre inminente de todas las oficinas de pensiones del país, ya en febrero de este año habían suspendido unas 20 mil pensiones por discapacidad que habían sido otorgadas a niños, niñas y adolescentes bajo el argumento de que "no tienen incapacidad laboral", quitando pensiones a personas con síndrome de Down, cáncer, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras. Hay miles de trámites parados por una burocracia diseñada para no entregar nuevas credenciales. Según indicaron desde la Asociación Trabajadores del Estado, hoy son las 77 oficinas de Pensiones por discapacidad que corren el riesgo de ser cerradas, con el supuesto traslado de 250 trabajadores a ANSeS.
El ajuste existe, tiene perjudicados con nombre y apellido, pero es negado y ocultado por el gobierno amarillo. El año pasado ya se detectaron miles de pensiones por invalidez suspendidas, y ante el escándalo, el gobierno negó un ajuste y achacó las denuncias a un error burocrático y administrativo. El tema se diluyó rápidamente en los medios con la promesa oficial de no tener un plan sobre la mesa para quitar derechos a una de las poblaciones más vulnerables. La mayoría de aquellas pensiones (un total de 170 mil en todo el país) se restituyeron. El gobierno intentó ganar tiempo con una presentación judicial que no prosperó. En noviembre, la Cámara Nacional de la Seguridad Social rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado restituir las pensiones por invalidez.
Para la Justicia, el recorte había sido arbitrario y se concretó "sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso adjetivo que incluya el derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada”.
Pero ahora avanzan nuevamente, y con un ajuste lo más silencioso posible, donde el gobierno amarillo endurece el ajuste del gasto público y avanza nuevamente en todos los terrenos y también con las pensiones por invalidez.
Desde principio de año que los empleados del área denuncian el congelamiento de pensiones de discapacidad y observan maniobras de los funcionarios macristas que podrían corresponderse con la posible pérdida de empleos en el sector.
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El ajuste existe, tiene perjudicados con nombre y apellido, pero es negado y ocultado por el gobierno amarillo. El año pasado ya se detectaron miles de pensiones por invalidez suspendidas, y ante el escándalo, el gobierno negó un ajuste y achacó las denuncias a un error burocrático y administrativo. El tema se diluyó rápidamente en los medios con la promesa oficial de no tener un plan sobre la mesa para quitar derechos a una de las poblaciones más vulnerables. La mayoría de aquellas pensiones (un total de 170 mil en todo el país) se restituyeron. El gobierno intentó ganar tiempo con una presentación judicial que no prosperó. En noviembre, la Cámara Nacional de la Seguridad Social rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado restituir las pensiones por invalidez.
Uno debe ponerse del lado de los oprimidos en cualquier circunstancia, incluso cuando están equivocados, sin perder de vista, no obstante, que están hechos del mismo barro que sus opresores.Emil Cioran
Para la Justicia, el recorte había sido arbitrario y se concretó "sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso adjetivo que incluya el derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada”.
Pero ahora avanzan nuevamente, y con un ajuste lo más silencioso posible, donde el gobierno amarillo endurece el ajuste del gasto público y avanza nuevamente en todos los terrenos y también con las pensiones por invalidez.
Con lo que hacen acá, lograrán que la Agencia Nacional de Discapacidad sea un organismo fantasma. Vienen dando de baja pensiones de una manera tremenda, tenemos más de 100 mil pensiones dadas de baja, de las cuales se reintegraron 30 mil por pedido de la justicia. Tenemos registrados más de 70 casos de personas que murieron esperando la pensión por tres años. Vemos que la gente va a las oficinas de pensiones y que no pueden comenzar el trámite. Cada vez hay más cargos con gente contratada y sueldos infernales, y cada vez hay menos laburo. Ya están empezando a llamar a los compañeros para trasladarlos. Sabemos que nos vamos a quedar sin laburo. Nosotros nos enteramos de los despidos por la presencia de la policía en la entrada a nuestro trabajo, algo que no pasaba desde la época de la dictadura militar, hay compañeros de más de 20 años de trabajo despedidos en esta dependencia.Walter Pignataro - Delegado de ATE Pensiones
Hay 100 mil pensiones paralizadas que son para la población más vulnerable de la argentina. Esta población es la más vulnerable con problemas de salud desesperantes, pero esto es parte del vaciamiento que están haciendo
Desde principio de año que los empleados del área denuncian el congelamiento de pensiones de discapacidad y observan maniobras de los funcionarios macristas que podrían corresponderse con la posible pérdida de empleos en el sector.
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