Las huellas de la democracia del veneno están inscriptas en las historias clínicas de chicas y chicos que se mueren muy antes de tiempo.
En los países del tercer mundo, el presente y el futuro son pensados de acuerdo a los intereses de las multinacionales. Siempre desde afuera.
Desde hace casi treinta años que se vienen pidiendo datos certeros de los casos de cáncer que aparecen en los mapas de la vieja pampa húmeda. No son fáciles de conseguir ni lograr.
Pero hay momentos en que el compromiso de intelectuales gambetea muros de pánico y silencios.
La información sostiene que un estudio realizado por investigadores de universidades públicas de la Región Centro identificó una zona integrada por departamentos del sur de Santa Fe y del sudoeste de Entre Ríos donde la mortalidad por cáncer en niños, niñas y adolescentes fue significativamente superior a la observada en otras áreas de la región entre 2000 y 2019.
Según los autores, en esa zona el riesgo de morir por cáncer antes de los 20 años resultó un 32% superior al esperado.
En sentido contrario, el trabajo identificó una zona de menor riesgo en el norte y noroeste de Córdoba, integrada por los departamentos Colón, Cruz del Eje, Ischilín, Punilla, Río Primero, Río Seco, Sobremonte, Totoral y Tulumba.Para intentar explicar esas diferencias territoriales, el equipo analizó dos factores ambientales presentes en la Región Centro. El primero fue el porcentaje de población expuesta a concentraciones elevadas de arsénico en el agua destinada al consumo humano. El segundo consistió en un indicador de hectáreas sembradas por habitante, utilizado como aproximación a la intensidad de la actividad agrícola y, de manera indirecta, a la exposición comunitaria a los agroquímicos.
Arsénico y agroquímicos usados en beneficio de un modelo productivo que es pensado para quienes no respirarán el aire contaminado ni beberán el agua infectada.
De allí que no cede la cantidad de agrotóxicos que se vende en distintos lugares de la cápsula espacial llamada planeta Tierra.
Por eso es fundamental destacar el coraje de los investigadores de las universidades públicas que al difundir estos estudios desafían las distintas formas de resignaciones que luego también serán causales de esas muertes por cáncer que, en realidad, derivan de un sistema productivo que destruye la naturaleza y también la vida humana.
Un verdadero ejemplo a multiplicar en la Argentina que se desvanece.
Virginia Aparicio y el veneno institucional
Por Silvana Melo
Hace décadas ya que la economía del país se sostiene en los brazos del extractivismo. Los commodities del agronegocio fueron fundamentales para la entrada de divisas a un país que echaba raíces en un campo monocultivado, industrializado y regado de agrotóxicos para sostener la transgénesis.
En las últimas tres décadas fue aumentando la pulverización indiscriminada –es decir, sin tener en cuenta si el veneno caía en niños, animales, alimentos, etc- hasta que cambió los parámetros sanitarios de ciertas regiones. Pero esas consecuencias se mantuvieron en silencio, salvo investigaciones de sectores universitarios, de las propias víctimas, de asociaciones barriales y de publicaciones que muy pocas veces rebotaron en la hegemonía mediática. En este punto aparece Virginia Aparicio. A un paso de ser exonerada del INTA por medir residuos de plaguicidas en el ambiente, en los alimentos, en los animales y en las personas a través de un estudio internacional.
Hace dos décadas que Virginia trabaja en la Estación Experimental Balcarce. Ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y del Conicet, su vocación por localizar la parte de verdad que queda oculta la convirtió en una astilla en la piel de la institucionalidad política del INTA. Esa que forma parte ideológica del aparato agroindustrial que sostuvo al país –y lo sostiene- durante décadas.
En 2017, el año en que el INTA prohibió el uso de las palabras “agroquímicos” y “agrotóxicos” a los empleados del organismo y obligó a cambiarlas por “fitosanitarios”, Virginia Aparicio publicó un libro plagado de Plaguicidas en el ambiente (así se llamaba) que fue retirado de la web del INTA. La publicación incluía la contaminación en la cuenca del arroyo Pergamino. Sabrina Ortiz, víctima de daños genéticos, abogada y querellante, tuvo como base para su denuncia las muestras de suelo y agua en el laboratorio del INTA Balcarce a cargo de Virginia Aparicio, recuerda Cecilia Gárgano en Agencia Tierra Viva.
En 2020 aparece oficialmente el proyecto Sprint (Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach), financiado por el programa europeo Horizon 2020. El proyecto consistía en analizar el impacto de los agroquímicos en las personas, los animales y el ambiente. Y luego poner en marcha herramientas preventivas. Argentina fue el único país no europeo incluido en el proyecto, con 73 personas urbanas, de pueblos pequeños y establecimientos agrícolas con productores convencionales y agroecológicos.
La trama de las autoridades del INTA incluyó un aislamiento desde el lugar de trabajo que implica que sus compañeros se acercan menos por temor. “Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”, dijo Virginia a Bichos de Campo. Ni siquiera le abren la posibilidad de utilizar nueva tecnología.
Si la expulsaran sin más, como quieren sus jefes, no podría trabajar en ningún ámbito del estado. Lejos del INTA y del Conicet. De la ciencia donde fue quien es, donde abrió las puertas para hacer análisis cuando todo el resto era un solo portazo. Donde se atrevió a soñar un país digno y con la verdad expuesta. Donde la libertad sea también un atributo de la ciencia y no una propiedad de mercado.
NO A LA EXONERACIÓN DE VIRGINIA APARICIO
Invitamos a todas las instituciones, organizaciones, colectivos, asambleas, redes y personas a firmar el pronunciamiento público en solidaridad con la investigadora Virginia Aparicio a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/1HCYbwm7V1JnF8pD8
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