Presupuesto 2019: Anular al Parlamento

La situación económica se agrava para la mayoría de la sociedad en la Argentina. Un dólar por encima de los 40 pesos perjudica a la mayoría de la población, pero favorece a muy pocos y concentrados productores y exportadores junto a especuladores y al mercado financiero, y resulta otro mecanismo de transferencia de ingresos y riqueza hacia los grandes grupos concentrados. El final amarillo está anunciado pero continúan en su plan indeclinable: Vidal define un aumento en la tarifa eléctrica del 24%, vacían hospitales y se endeuda a las provincias que son el eslabón débil en la cadena del default, mientras continúa el accionar mafioso de los perror parapoliciales sobre los maestros que arman ollas populares para darles de comer a sus chicos, y la educación pública se convierte en una bomba a punto de estallar y las personas con discapacidad son abandonadas por el estado, en este plan cruel contra los derechos de todos. Veníamos bien pero pasaron cosas.

El gobierno amarillo anticipa ahora que la luz al final del túnel llegará en el segundo trimestre del próximo año, o en la próxima década quizás, siempre y cuando antes no se produzca un gran apagón o una nueva tormenta. El gobierno sigue con el mismo libreto y reduce la crisis a cuestiones externas e imponderables: sequía, volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de tasas de interés de Estados Unidos y recientemente los problemas en Brasil hasta la ya gastadísima pesada herencia.


Mientras te entretienen con CFK y Alí Babá y los cuarenta empresarios procesados, el Gobierno presentó en el Congreso la previsión de gastos para 2019:
1) Déficit 0
2) Caída del 0,5% del PBI,
3) Inflación del 23% frente al 42% con que cerraría este año.
4) Un dólar a 40,10, mientras que ayer cerró a 40,42 pesos.
5) La partida que más aumenta, 48,9%, es para el pago de intereses de la deuda


Se Cae (Aún Más) el Estado de Derecho: Anular al Parlamento

¿Un anticipo para la reestructuración de deuda?
El proyecto de Ley de Presupuesto 2019 que presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación en el día de hoy modifica la regulación de las reestructuraciones de deuda pública, eliminando los requisitos impuestos actualmente al Poder Ejecutivo.
En principio, de esta modificación se derivan dos grandes conclusiones: primero, la propuesta revela que desde el Gobierno se está pensando en recurrir a reestructuraciones de deuda (considerando que, en el mismo presupuesto, se reconoce que a diciembre de 2018 el stock de deuda publica ascenderá al 87% del PBI) y segundo, el nuevo articulado permite suponer que las condiciones de esa reestructuración no favorecerán a la Argentina.
El art. 75, inc. 7 de la Constitución Nacional pone en cabeza del Congreso arreglar el pago de la deuda. Sin embargo, el art. 65 de la Ley de Administración Financiera (ley 24.156) establece que: “El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.

Es decir, el Congreso de la Nación hace una excepción al principio general que establece la Constitución Nacional en los casos de reestructuraciones de deuda, facultando a que sea el Poder Ejecutivo y no el Congreso el que lleve a cabo una reestructuración de deuda pública, pero para ello exige que en esa operación se mejore el monto de la deuda (es decir, que haya una quita), se extiendan los plazos (es decir, se estiren los vencimientos) y/o bajen los intereses (es decir, se achiquen los cupones).
La interpretación mayoritaria de ese texto es que deben cumplirse al menos dos de los tres requisitos mencionados.
Ostensiblemente a contramano de esta protección de los intereses soberanos del país que significa el articulo 65 hoy vigente, el proyecto de ley del Presupuesto 2019 presentado hoy por Cambiemos, en el artículo 53 modifica el artículo 65 antes citado por el siguiente texto: “ARTÍCULO 65.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los Artículos 62 y 64, mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero. De constituirse con motivo de la realización de estas operaciones un incremento de la deuda pública, se deberá afectar la autorización de endeudamiento prevista para el ejercicio respectivo. Las operaciones con cargo al presente artículo se realizarán en el marco de la estrategia plurianual de deuda que será definida por el MINISTERIO DE HACIENDA”.
Es decir que la nueva redacción habilitaría al Poder Ejecutivo a hacer reestructuraciones, aun cuando de la reestructuración no se derive una mejora, sino que debe realizarse en las condiciones imperantes en el mercado financiero. Esta propuesta de modificación también refleja que el Gobierno, cuando menos, se encuentra analizando alguna operación de canje de deuda y busca tener cobertura legal.
Cabe señalar que ante las modificaciones que se proponen al artículo 65, que el canje sea en las condiciones del mercado financiero no puede considerarse una pauta de clara política legislativa como exige la jurisprudencia de la Corte. Por ende, la delegación legislativa al Poder Ejecutivo para reestructuración de deuda deviene incondicionada (además de no tener plazo), por lo que es abiertamente inconstitucional por violar el art. 76 de la Constitución Nacional.
Desde el análisis político, una eventual reestructuración de deuda en las condiciones legales vigentes (cumpliendo dos de los tres requisitos: mejora del monto de la deuda extensión de plazos y/o menores intereses) muy probablemente no podría realizarse sin afectar intereses del sector financiero. La solución que el gobierno ofrece, en este marco, es flexibilizar las condiciones de un posible canje de deuda, perjudicando intereses nacionales.

CENTRO DE ECONOMÍA POLÍTICA ARGENTINA (CEPA)


Todo lo Viejo que Trajo lo Nuevo

Los tiempo de la revolución de la alegría se parece mucho la década infame. Recordamos cuando, hace poco, el gobierno todavía podía presentarse como novedad, lo otro era "la vieja política"; cuando eso ya no bastaba, lo otro fue “el kirchnerismo” y cuando con la estigmatización hacia el kirchnerismo tampoco alcanzó, lo otro fue el peronismo referenciado en el mantra que las principales espadas comunicacionales del gobierno repiten cuando afirman que la crisis de la Argentina comenzó hace setenta años.

La revolución de la alegría ya no ofrece alegría y ya ni pretende seguir siendo revolución, a lo único ue pueden aspirar es a seguir haciendo daño hasta que se vayan del gobierno. Las promesas le sirvieron al Sr. Tijeras Macri para llegar a la presidencia, pero no contaba con la realidad, que ha sido muy diferente a sus promesas. Desde el equipo de Hacienda reconocen que hubo una enorme diferencia entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que terminó sucediendo.
Por estos días no se habla más que de fotocopias de dudosa procedencia y la justicia hace su show estelar para el horario central de los medios amarillos en tandem con funcionarios y comunicadores que al mejor estilo de las producciones del "bailando" hablan de contenedores, cajas fuertes, bolsos, olores a dinero todo el día en cadena privada sincronizada de diarios, radios, tv, internet. En paneles integrados por fiscales, delincuentes de guante blanco y remedos de intelectuales orgánicos los fundamentalistas del modelo se revuelcan en pescado podrido en su esfuerzo por tapar una realidad abrumadora e inocultable.

Un gobierno surgido por la voluntad de millones de idiotizados mediáticos, que han posibilitado la aparición de representantes que no los representan, pero los oprimen, en un sádico juego de empobrecimiento material y moral. Embobados ante las pantallas de las calumnias y las hipocresías, miran sin ver una realidad que los aleja, cada vez más, de los sueños de la vida digna.

¿El resultado? Deuda sin fin, un panorama incierto y no menos alarmante.

Vienen por todo y todos. Vienen por las instituciones de la república tal como las entendemos desde el 83 para acá, vienen por la legislación obrera, vienen por la educación y salud publica. Lo que alcanzaron hasta el día de hoy es mucho, bien, vienen por más.
Hasta donde los dejemos...