Golpe Institucional: En la ruta de Temer, Macri hace La Gran Fujimori

Ya está, y lo habíamos adelantado que lo harían apenas asumieron el poder (en esta nota de 2016, vean la sección "Imaginemos por imaginar ¿Cómo sería el autogolpe de la derecha?"). Macri se equiparó con Temer. Desafiando la institucionalidad, el Gobierno Nacional avasalló las compuertas de la división de poderes mediante el dictado, de inmediata publicación y entrada en vigencia, del Decreto 27/2018 (B.O. 11-01- 2018), groseramente denominado de "Desburocratización y Simplificación". En total, 192 artículos urgentes. Desde modificaciones atinentes al tránsito aéreo, terrestre y marítimo hasta la eliminación del registro de industrias. Un compendio de disposiciones de dudosa constitucionalidad y técnica jurídica.
Se acabó el estado de derecho. Están manoteando el fondo de sustentabilidad del ANSES, la última caja grossa del pueblo a la que buscaban echar mano, abrogando leyes a troche y moche y violando a la Constitución por delante y por detrás, todo un golpe institucional por parte de Sr Tijeras Macri y su pandilla.

El abogado constitucionalista Barcesat señaló que la medida constituye "un golpe de estado institucional porque quebranta el deber de obediencia a la supremacía de la Constitucional Nacional. (...) El tema es la institucionalidad. La Constitución dice que el Poder Ejecutivo solo podrá asumir funciones legislativas cuando medien razones de necesidad y urgencia, el Congreso está funcionando y está en sesiones extraordinarias y no hay ninguna de las 192 medidas que cambiaría la historia. Si esto lo vamos a convertir en que vale todo y hay un unicato en Argentina, con un solo poder que usurpa las potestades del Congreso y, también, dice qué deben hacer los jueces, entonces que Macri se declare cacique supremo de la Nación", por lo cual consideró que la intención es evitar el debate y no querer pagar el costo político por las medidas anunciadas.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 27/18 fue publicado apenas dos semanas después del receso legislativo. El Ejecutivo ya había decidido no incluir esta propuesta en el temario. Prefirió cerrar el año sin nuevas polémicas y comenzar el nuevo al amparo de la excusa de una "urgencia", de esta manera, el gobierno se salteó varios debates que le hubiesen insumido largos meses de negociación, los que sin dudas preferirá invertir en reformas más polémicas, como la laboral o la penal. El nuevo DNU, emitido en acuerdo general de ministros, cambió en una sola jornada unas 140 normas, entre leyes y decretos, y eliminó otra veintena. Y con tal premura, por cierto, que el texto publicado lleva las firmas de Sr. Tijeras Mauricio Macri, de vacaciones en la Patagonia, del Rey de Trolles Marcos Peña, en Uruguay, y hasta la de Guillermo Dietrich, que está de viaje en Europa.

Entre algunas medidas: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, ahora pasa a ser un "fideicomiso", casi una mesa de dinero. Otra de las particularidades del Megadecreto violador de leyes, es que los inmuebles, campos y ganado del Ejército pasan a manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), quienes podrán usufructuar con dichos bienes estatales como si se tratase de una inmobiliaria.

Esto se suma al desguace de las FFAA que viene llevando a cabo desde su asunción el presidente Macri: vaciamiento de Tandanor, Fadea, prohibición de vuelo a los aviones Hércules, desmantelamiento de Fabricaciones Militares, desaparición del submarino ARA San Juan en dudosas circunstancias...
Otra de las joyitas del Megadecreto violador de leyes, es la disolución del Registro Industrial de la Nación, que data del año 1972, y que permite contar con una radiografía del sector industrial a fin de mejorar las políticas públicas. Es el tiro final a la industria nacional.

Y lo más controvertido: podrán instalarse empresas automotrices y crear puertos privados sin el aval del Poder Ejecutivo. Empresas automotrices como la ensambladora que quiere instalar para los autos eléctricos del Grupo Socma o el negociado de los vuelos comerciales de las low cost, eso por un lado, y por otro lado habilita el paraíso de los narcos y lavadores: puertos privados. Adiós control migratorio: bienvenida trata de personas.

Bienvenidos a la Argentina Amarilla de la Alegría y la hijaputez. Igual a no llorar, al tipo este lo votamos entre todos.

El mega decreto, además, incluye varios cambios regulatorios para el sistema financiero. Entre ellos, se modificó un párrafo que impedía embargar cuentas sueldo, pudiendo embargarse las cuentas sueldo para el cobro de préstamos. Esta normativa se encuentra dentro de un total de seis medidas para "mejorar el funcionamiento del sistema financiero y la inclusión de más clientes". Dicen los amarillos: "Así, se aumenta la calidad crediticia de alrededor de nueve millones de titulares de cuentas sueldo y, por lo tanto, se mejoran sus condiciones de acceso al crédito". Una medida pensada exclusivamente a favor de los bancos y financieras; en un momento en el que desde el gobierno se está alentando a las familias a endeudarse, sea de un modo directo (el fomento de los préstamos ajustables por créditos UVAS, por ejemplo), o indirecto: ir a poner la cabeza en una financiera o una mutual, para llegar a fin de mes.
Hasta ahora, la ley establecía que los embargos preventivos sobre el salario de los trabajadores se reclamaban al empleador, quien podía disponer las retenciones. Así, impedía realizarlo a través de la de la institución bancaria sobre las cuentas sueldo. O sea, es un decreto PRO-usura con todas las letras.

Un actor fundamental en este sentido fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad a la cual el gobierno argentino pretende ingresar desde hace casi dos años. Tanto, que así lo refiere el propio DNU, sin eufemismos, en sus considerandos.
Dicha aspiración oficial, según señala el nuevo decreto, "requiere también adecuar la normativa interna observada a las exigencias que indica ese Organismo Internacional como condiciones necesarias de cumplimiento a sus reglas generales en la materia, para el ingreso al que aspira nuestro país como miembro pleno".
En ese sentido, vale recordar que la OCDE reúne a los países más desarrollados del globo y se dedica además a imponer estándares normativos a sus propios miembros o a quienes pretendan serlo. Por caso, en el informe que presentó en julio pasado, el organismo había recomendado a la Argentina, en tanto país aspirante, flexibilizar las leyes laborales y emprender una reforma impositiva. Tales propuestas serían presentadas como propias por el presidente Macri apenas cuatro meses después.
Algo similar sucedió respecto al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El decreto fundó la urgencia de modificar normas societarias para lograr "transparencia" y "combate al lavado de activos". Pero para ello citó el informe brindado por el organismo en la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas, publicado hace más de siete años.

En tales casos, puede haber razones atentibles; argumentos que podría haber esbozado el gobierno para forzar un debate parlamentario. Los cuestionamientos sin embargo recaerán siempre acerca de todo aquello que el DNU trajo consigo para que pasara inadvertido: desde la flexibilización del funcionamiento accionario del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES hasta, por ejemplo, el régimen de casas de cambio o la modificación de la Ley Nacional de Obras Públicas, cuya modificación por urgencia resulta dudosa por tratarse de una norma que data de 1947.

Esto es un pequeño ejemplo que muestra la inconmensurable hijoputez del tipo que eligieron como presidente, y de la caterva de turros que nos gobiernan.

Quiero que este gobierno cese, porque sé qué es lo que persigue, creo saber a dónde nos va a llevar, sobre todo culturalmente, y temo también la consecuencia económica. Lo único que me separa de la palabra golpista es que yo no tengo poder alguno que me respalde, ni militar, ni político, ni económico. Más aún, estimo que varias de las acciones emprendidas por este gobierno merecen el juicio político, ya de quien lo preside, ya de quienes lo acompañan, y votaría favorablemente a él si fuera parlamentario y debiera juzgar sobre su procedencia. Me tocó presidir un juicio político a un jefe de gobierno que fue destituido por mucho menos de aquello que hoy es imputable a nuestros gobernantes nacionales y, precisamente, gracias a la promoción e impulso de los gobernantes actuales. ¿O estos mecanismos institucionales sólo sirven y son democráticos si se los usa al revés, por la derecha y hacia la izquierda?.

Julio Maier - Profesor Emérito UBA

Mientras tanto, el Gobierno Amarillo no para de endeudar a los argentinos: oficializó la emisión de bonos por 9 mil millones de dólares.