Por Fernando Luengo
Si continúa y se intensifica el aumento de los precios –este es el escenario más probable– ganará relevancia el debate sobre las políticas a implementar para contener y revertir la deriva inflacionista. Aunque la misma nada tiene que ver con los salarios –cuyo avance en los últimos años ha sido, si acaso, muy moderado–, los defensores a ultranza de la austeridad salarial intentarán situarla en el centro de la discusión y de las políticas económicas a implementar. Por esa razón, conviene tener muy presente lo siguiente:
- Lo primero a retener es que cuando hablamos de las retribuciones de
los trabajadores asalariados estamos poniendo sobre la mesa las condiciones de vida
de una parte importante de la población cuya principal o única fuente
de ingresos es la venta de su capacidad de trabajo en el mercado a
cambio de un salario. Es importante considerar esta perspectiva porque
no hacemos referencia a un precio como cualquier otro, ni a un mercado
más, equivalente a otros espacios donde se compran y venden mercancías,
sino a la existencia misma de los trabajadores. Por ello, en el debate
sobre la fijación de los salarios es vital pensarlos en clave de derechos humanos, dignidad y democracia.
- En segundo lugar, hay que ser plenamente conscientes de que en el centro de las políticas de contención salarial se oculta una estrategia, cada vez más evidente, que no es otra que debilitar y deslegitimar a las izquierdas políticas y sindicales, cuya razón de ser, cuya legitimación debería residir precisamente en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
- En tercer lugar, poner el foco de la lucha contra la inflación, del
fortalecimiento de la competitividad de las empresas y, más en general,
de la reestructuración de las economías en la presión salarial
contribuye de manera decisiva a consolidar una cultura empresarial depredadora y conservadora,
que, por cierto, cada vez está más extendida en el universo de los
negocios. Esa cultura es un poderoso lastre a la hora de acometer la
reestructuración de las economías en clave de equidad y sostenibilidad.
- En cuarto lugar, si tomamos como referencia un período amplio –por
ejemplo, desde 2019 hasta la actualidad– podemos comprobar que la mayor parte de los trabajadores asalariados han perdido capacidad adquisitiva;
esto es, los precios de los bienes y servicios que consumen han
aumentado bastante más que sus retribuciones; en paralelo, los
beneficios de las empresas, convertidos en dividendos para los
accionistas e ingresos para las cúpulas empresariales, han aumentado de
manera sustancial. El resultado de tan dispar evolución ha sido la
intensificación de la desigualdad, seña de identidad del capitalismo realmente existente.
- En quinto lugar, considerar los salarios como una magnitud homogénea
es un error de gran calado, pues presupone que el dato agregado ofrece
información suficiente y relevante. Lo cierto, sin embargo, es que las disparidades distributivas
(por factores que tienen que ver con el tipo de empresa, tamaño, sector
y espacio en el que opera, la profundidad y alcance de la negociación
colectiva, los niveles de cualificación…) en el colectivo que
denominamos trabajadores asalariados son muy pronunciadas. De hecho, en
este ámbito esas disparidades han aumentado con fuerza contribuyendo al
aumento general de la desigualdad.
- En sexto lugar, la supuesta relación de causalidad entre costes laborales y precios
y la derivada de esa premisa –la moderación de los salarios es la clave
para contener la inflación–, cuando se pretende convertir en un
principio general, debe ser asimismo cuestionada. En un buen número de
empresas los costes laborales representan una parte relativamente
reducida de los costes totales, siendo los no laborales –como el precio
de los combustibles, las materias primas, la electricidad, los
alquileres o los costes financieros– notablemente más relevantes. Desde
esta perspectiva, situar la austeridad salarial en el centro de la
política antiinflacionista es un error de planteamiento: lleva a implementar medidas con un marcado sesgo que, además, son ineficaces.
- En séptimo lugar, las estrategias competitivas sostenidas en la contención de los salarios –además de ser injustas, pues dejan intactos los beneficios empresariales– también se sostienen en un diagnóstico equivocado,
pues presuponen, contra toda evidencia empírica, que la presencia en
los mercados globales, en los más dinámicos especialmente, es mayor en
el caso de los países de bajos salarios o de las empresas que practican
políticas retributivas más estrictas.
- En octavo lugar, se ha convertido en uno de los mantras preferidos
en el discurso conservador relacionar salarios e inflación, en el
sentido de que la intensa creación de puestos de trabajo abre la puerta
al crecimiento de las retribuciones de los trabajadores y, por esa vía, a
la intensificación de las tensiones inflacionistas. Un planteamiento
que, en mi opinión, también debe ser cuestionado. De hecho, el rápido aumento de la categoría de trabajadores pobres
o su mantenimiento en niveles muy elevados nos presenta una realidad
donde, como sucede en la economía española, los altos niveles de
ocupación son compatibles con la generalización de los bajos salarios, a
los que, en modo alguno, cabe responsabilizar de las tensiones
inflacionistas.
- En noveno y último lugar, hay que ser conscientes, las izquierdas políticas y sindicales deberían serlo si se quieren reconocer como tales, de que la irrupción y ascenso del fascismo y de la extrema derecha tiene mucho que ver con la degradación de las condiciones salariales, que explicaría, al menos en parte, la importante base social con la que cuentan entre las clases trabajadoras.
Fernando Luengo
Comentarios
Publicar un comentario