En momentos en los que el círculo rojo está en la búsqueda del ejecutor prolijo, con buenos modales y sin desbordes psiquiátricos que pueda garantizar la supervivencia del modelo más allá de Milei, es bueno reflexionar sobre lo que el modelo significa; que es en esencia una dualización del desarrollo productivo del país (con sectores ganadores y perdedores) con sus secuelas sociales y laborales, en un marco de retiro del Estado incluso hasta de roles que en otros tiempos se reputaron esenciales, y su desguace en beneficio de un puñado de grupos económicos del país y el extranjero. Y aun algunos que están perdiendo con éste modelo porque no pertenecen a los nichos y enclaves que obtienen de él ventajas comparativas (como sucede con buena parte de la industria manufacturera) aspiran a sostenerlo porque les obsequió una reforma laboral flexibilizadora que apunta a consolidar niveles de precarización, baja de salarios y reestructuración de las relaciones de poder al interior de las empresas, que soñaron por años obtener. La filosofía (por llamarla de algún modo) que sustenta teóricamente el experimento no se reduce a la motosierra o el topo que destruye el Estado desde adentro, sino que va más allá: supone además que todo el proceso de asignación de costo y beneficios a la sociedad resultantes de su implementación queda librado a las fuerzas del mercado, y el gobierno se desentiende de la realidad, incluso de los aspectos de ésta que crean sus propias políticas y decisiones.
Un caso bastante ilustrativo al respecto es el incremento de los precio de los combustibles y la energía como consecuencia de la situación internacional, que termina repercutiendo por ejemplo en la crisis terminal del transporte público; fenómeno frente al cual el gobierno de Milei nada hace porque cree que nada tiene que hacer; lo que lleva al contrasentido de que se ufane de un superávit energético (que más que mérito propio es de administraciones pasadas, por haber recuperado YPF poniendo así en valor Vaca Muerta y el potencial de recursos con que contaba el país), mientras en un país que tiene petróleo y gas en abundancia los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos no paren de subir, por un combo explosivo de omisiones y decisiones deliberadas del gobierno, como reducir los subsidios o dolarizar las tarifas.
La política energética libertaria -si es que tal cosa existe- se reduce a un extractivismo desenfrenado en busca de dólares para pagar la deuda, dólares que además tampoco llegan en la medida que se requiere precisamente porque se les ha garantizado a sus dueños que podrán hacer con ellos lo que quieran; como se puede comprobar con la extensión de los beneficios del RIGI a las petroleras que no los necesitaban para ganar fortunas, y el anuncio de un "súper RIGI" que les otorga más ventajas impositivas, y más libertades para disponer de las divisas.
Cuando el gobierno de Milei consiguió que el Congreso aprobara la ley bases eliminó con ella con precisión quirúrgica -aportada por lo estudios jurídicos que asesoran, entre otros, a las petroleras- toda referencia contenida en la Ley 26741 de recuperación de YPF a la necesidad de alcanzar el autoabastecimiento petrolero y garantizar el suministro al mercado interno a precios razonables, liberando así a las petroleras de todo compromiso al respecto.
Consistente con eso, éste gobierno ni siquiera frente a un contexto de crisis internacionales que dispara los precios del petróleo y con ellos los de los combustibles piensa en medidas para atemperar sus efectos en la economía nacional, las empresas y los hogares; como poner retenciones a las exportaciones de petróleo o fijar precios diferentes para el barril según se destine a la exportación o el abastecimiento interno
Lejos de disminuir la carga tributaria que lleva el precio de los combustibles líquidos o utilizar la recaudación del impuesto para aumentar los subsidios a las tarifas, lo embolsa para dibujar un superávit fiscal trucho y ni siquiera repara las rutas que están destrozadas, y contribuyen así a encarecer los costos de producción y distribución de bienes y servicios; lo que repercute -junto con el precio de los combustibles- en los niveles de inflación que degradan los salarios. Mientras tanto, pide reflejar en los precios la incidencia de los impuestos, o le echa la culpa a las tasas municipales.
Tiene (y se jacta de ello, tanto que el presidente no se saca el mameluco, aunque la quiso privatizar) la petrolera líder del mercado y la única que tiene todo el ciclo integrado de exploración, producción, destilación y refinación; y no hace valer esa posición estratégica para atemperar el impacto de la crisis internacional en la economía doméstica: solo la usa para repartir pauta publicitaria en los medios y sobres para los periodistas adeptos y poder decir que no lo hace desde el gobierno, o para pagarles sueldos generosos a los funcionarios reciclados de la gestión.
Milei desentendido por completo de los problemas cotidianos de la gente (como poder tomar un colectivo sin esperar horas, o un tren sin bajar como ganado) parece olvidar una verdad de Perogrullo: todo país necesita un gobierno que atienda precisamente esas cuestiones y que demuestre que le preocupan, y la Argentina no es la excepción. Y actualmente y desde hace dos años y medio no lo tiene, y esa es una anomalía que no puede perdurar mucho tiempo.




Comentarios
Publicar un comentario