A lo largo de los ríos Paraná y Paraguay (Hidrovía), por donde transita el 80% de las exportaciones argentinas, tres empresas transnacionales controlan puertos y exportan granos y productos semindustrializados por un monto anual de casi 40.000 millones de dólares (un 70% de los envíos al exterior de nuestro país) lo que pone en evidencia el control extranjero tanto sobre la seguridad como respecto de la economía, el ingreso de divisas y el comercio de la República Argentina.
Carlos Cruz - Adam Smith: la mano visible de las transnacionales
Y vamos a la nota que es responsable de este posteo:
Blackrock, Vanguard, JP Morgan y HSBC son los titiriteros de la represión en el norte argentino
La provincia de Jujuy se encuentra ubicada junto a la frontera argentina con Bolivia, en el llamado Noroeste Argentino (NOA), territorio donde casi el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Su gobernador es Gerardo Morales, un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical y de perfil derecho, con buena sintonía entre los principales grupos económicos del país.
El marco de la violenta represión promovida desde el gobierno provincial es la promulgación de la Ley Nº 6302 de Jujuy, que abre un período de sesiones para una reforma de su constitución. Argentina, al ser un Estado Federal, y ser las provincias santeriores al Estado, todas tienen su propia Carta Magna. La reforma apunta a un progresivo deterioro del sector público y otorga facilidades a las multinacionales interesadas en la minería, con especial atención al litio.
El pasado 7 de mayo, los jujeños, además de votar por gobernador y legisladores, eligieron a los 48 diputados que redactarán la nueva Constitución. Se trata de una iniciativa impulsada por Morales, que busca modificar el texto en el sentido de limitar el derecho a la protesta e incluso apunta a eliminar las prohibiciones vigentes de indulto para los casos de corrupción y femicidio.
Si bien el preámbulo de la reforma incide en que el objetvo es “modernizar las instituciones y promover la protección del ambiente”, lo cierto es que tras la misma se vislumbra el interés estratégico por la minería del litio, bajo el pretexto de “apostar por la lucha contra el cambio climático y la adopción de agenda moderna con priorización de la puesta en marcha de políticas de promoción de energías renovables”, apuesta que en la práctica es una declaración de guerra contra las comunidades que serán afectadas por su extracción en los salares de altura de la provincia, debido tanto a la competencia por el agua como a los riesgos de contaminación.
Aunque este conflicto minero no es nuevo, la protesta de las comunidades indígenas se ha sumado a las protestas que los docentes llevan realizando en todo el país desde hace semanas y que, tras la represión de estos días, ha tomado su punto álgido con la convocatoria de paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), cuyas protestas también han sido violentamente reprimidas, lo que ha dado todavía mayor repercusión internacional al conflicto de fondo.
Argentina es uno de los tres países, junto con Chile y Bolivia, que componen el llamado «triángulo del litio”, donde se contiene el 80 % de las reservas mundiales de este mineral. El desarrollo de esta minería fue impulsada tanto bajo los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, y ahora bajo el gobierno de Alberto Fernández, en connivencia con los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca, entre otros.
De hecho, el avance de los negocios extractivistas es una de las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional para garantizar que el Gobierno consiga los dólares que necesita para «honrar» la deuda que el Estado argentino mantiene con el organismo.
Una de las bazas negociadoras que los acreedores internacionales siempre han sostenido con Argentina es proponer un «canje» de la deuda externa por recursos naturales, o en algunos casos, cesiones de territorio soberano; o en el mejor de los casos, concesiones de auténtico privilegio, como ocurrió con la multinacional Pfizer en las negociaciones de las vacunas COVID.
La reforma constitucional de Morales apunta precisamente a dar marco legal a esta práctica histórica en las relaciones que Argentina ha tenido con los organismos financieros y bancos internacionales, prácticamente desde su fundación como Estado. Pero sería una reforma que sería parcial si no contemplara un cuerpo legal represivo que limitara las lógicas protestas.
El pasado 9 de junio, el gobierno provincial dictó un decreto que reforma el llamado «Código Contravencional» (equivalente a la Ley de Seguridad Ciudadana española) que establece un régimen de excepción para el derecho a la protesta y que impone multas, derivaciones a la justicia penal, y en el caso de empleados públicos, el despido.
La contundencia de las medidas represivas refleja cómo el interés por el litio argentino resucita los resabios de la histórica política colonial, y su alianza con los cuadros políticos locales.
En Jujuy, en el Salar de Olaroz, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, se desarrolla el proyecto Sales de Jujuy que opera una sociedad integrada por la australiana Allkem, con el 66,5% de las acciones, la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, JEMSE (8,5%).
Sin embargo, el pasado 10 de mayo Livent y Allkem anunciaron su fusión para crear NewCo, una empresa global con capacidad de producción de aproximadamente 250 mil toneladas anuales de litio para 2027 en sus proyectos operativos en Argentina y Canadá.
Una vez concretada la fusión, el grupo de accionistas de Allkem será titular del 56% de la nueva compañía mientras que el 44% restante quedará en manos de los accionistas de Livent.
Una investigación realizada por la organización periodística Ruido (Red Contra el Silencio Oficial) y la Fundación de Políticas y Derechos Humanos (Fundeps) -antes de que se conociera la fusión de ambas compañías- había revelado que “4 de los mayores fondos de inversión del mundo [N. de la R.: se refieren a Blackrock y Vanguard en el caso de Livent; y a las empresas financieras JP Morgan y HSBC en el caso de Allkem] son los principales dueños de las empresas que producen litio en Argentina”. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Diego Herchhoren - Fuentes: Red de Comunicación Popular (REDCOM) y Punto.ar
Mientras tanto, Organismos de Naciones Unidos se suman a las voces que reprochan la violencia política de Gerardo Morales, y se conocen cada día más más actos ilegales que ocurrieron durante las protestas en el feudo del gobernador jujeño. Esta situación plantea importantes interrogantes sobre los derechos de los ciudadanos, la protección de los recursos naturales y la relación entre el poder político y los intereses económicos en Jujuy. La represión y el negocio del litio se han convertido en temas centrales que demandan una reflexión profunda sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente.
La reforma constitucional de Jujuy votada entre gallos y medianoche, apoyada por Rivarola del PJ –dueño del diario El Tribuno, proveedor del Estado y socio de Morales– tiene un único motivo (o dos, depende de la perspectiva): darle “tierras productivas” a los pueblos originarios y apropiarse de las tierras con litio y agua para hacer el negocio de los esbirros del pronto exgobernador y ahora candidato a vicepresidente –un calco de lo acontecido en Salta, tierra de uno de los socios de Rivarola, el “peronista” Romero–. Sintetizando, es una reforma constitucional que tranquilamente podría haber constado de un solo artículo que justificara la usurpación.
Para que pueda concretarse semejante despojo hay condiciones que son necesarias: en general, para todas las cosas, pero en particular para aquellas donde subyace un despropósito más aún, deben ocurrir la connivencia de la política, el silencio de los medios y la indiferencia de la sociedad. Connivencia la hubo y ni el mismísimo Rivarola pudo ocultarla. El silencio de los medios fue más sencillo: El Tribuno de Jujuy y de Salta, socios fundadores de esta nueva expoliación, Clarín y La Nación como guardia pretoriana de los Blaquier, canales de televisión sometidos, una “papa”. Con lo que no contaban es con una sociedad mansa, tranquila y silenciosa que tiene desde su historia el germen de la rebelión: pueblos originarios, docentes, mineros, y pueblo son pacientes, pero no indiferentes, y además son fuertemente conscientes de hay batallas que no se deben perder, porque son esas batallas donde se va la vida propia y la de los descendientes, los sueños y anhelos históricos, presentes y futuros. Y lo que parecía una quimera se transformó en vertientes de convencimiento, convicciones y certezas. Ni los palos, ni las balas, ni la sangre, ni la violencia institucionalizada fueron suficiente para acallar tanta voluntad de ser y de trascender; y no habrá fuerza represora que pueda, como no la hubo en la historia de la humanidad, con ese mandato innato del hombre de la tierra y de su tierra.
La provincia de Morales se lleva una gran parte de este lucrativo negocio de exportación de litio, y si esto implica sacrificar la vida de algunos jujeños, parece ser un precio que está dispuesto a pagar.
El 1° de agosto de 2021 -Día de la Pachamama- se estrenó el documental "En el Nombre del Litio", la primera producción argentina que indaga sobre el fenómeno de los autos eléctricos, pero con el foco puesto en el impacto que la llamada "fiebre del litio" desató en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.
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