El 10 de noviembre Brasil aprobó la comercialización del trigo argentino genéticamente modificado por la empresa de biotecnología agrícola Bioceres y yo publiqué en mi cuenta de Twitter un mensaje desesperanzado. “Brasil aprueba el trigo transgénico. No tendremos ningún trigo que no sea genéticamente modificado”.
Enseguida tuve una respuesta: “No sé si esto resultará en que todas las harinas serán GM.” Quién me respondió fue Paulo Barroso, presidente del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio), órgano brasilero responsable de la aprobación. Continuó: “Pero afirmo: será tan seguro como las harinas de maíz y aceites de soja utilizados desde hace 15 años sin problemas. Tan seguras como las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, también transgénicas.”
La jactancia puesta en la seguridad no negaba sin embargo lo obvio: la propia entidad regulatoria de la bioseguridad no puede garantizar que otras variedades de trigo no transgénico seguirán existiendo. Con el maíz sucedió así. El cultivo tradicional fue progresivamente desapareciendo hasta que hoy los campos están prácticamente todos ocupados con una sola variedad, la creada por Monsanto. Las semillas locales, las que hacen a la diversidad de esos cultivos, están en peligro de extinción.
El 97% del maíz cultivado en Argentina es transgénico. En Brasil, el 96%. Los escasos cultivos de variedades criollas son conservadas, no sin dificultades, por comunidades ribereñas, indígenas y quilombolas.
Gran parte de la pérdida de la semilla criolla del maíz se debe a la imposición de la agroindustria que exige esa variedad. “El agricultor ya no produce para su propia seguridad alimentaria”, explican desde el Grupo Semillas, de Colombia. “Ahora se produce para el mercado, lo cual obliga a los agricultores a producir lo que el mercado pide y no lo que necesitamos y sabemos producir.”
Muchos se pueden preguntar por qué eso es importante.
Lo mismo ocurre con el trigo, un alimento tan o más consumido que el maíz.
Pero los transgénicos se han convertido en algo más efectivo que un alimento: la promesa de algo mejor. La narrativa incluye modernidad en el campo, desarrollo en las comunidades, hambre cero y hasta más nutrientes. Un relato que se sostiene a fuerza de repetición, publicidad y la legitimidad incuestionable de un saber científico y tecnológico. Solo eso explica que a pesar de no haber cumplido ninguna de las promesas el modelo se sostiene pero además se profundiza. Y solo eso explica, también, el mensaje inmediato del presidente del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad a una periodista.
La resistencia
Argentina fue el primer país del mundo en animarse a lanzar el trigo transgénico al campo y a las góndolas. Un cultivo modificado para ser resistente a la sequía y a un herbicida más tóxico que el glifosato, el glufosinato de amonio. Pero para que el lanzamiento fuera efectivo necesitaba de otro país, un socio comercial estratégico dispuesto a continuar con su comercialización fronteras afuera. Y ese país fue Brasil.
Y en las últimas semanas encontró un nuevo obstáculo. El Ministerio Público y la Defensoría Pública argentinas solicitaron la suspensión provisoria de comercialización de la semilla, autorizada por el Ministerio de Agricultura en octubre de 2020.
A Brasil prometieron que no ingresará la semilla, el país será solo el socio importador. Por eso el debate gira en torno a los riesgos del consumo, al menos de inicio. El mismo día de la reunión decisiva, los funcionarios de CTNBio hicieron una poco común conferencia por YouTube en donde anunciaron “la aprobación de la harina del trigo HB4”. Información replicada en muchos medios cuando el documento de la deliberación no hace mención al término “harina” o similar, lo cual parece dejar una brecha para la entrada oficial de los cultivos en un futuro próximo.
Con la soja transgénica fue así: primero Argentina y luego el resto de América del Sur hasta llegar a un presente con más de la mitad de su superficie cultivable cubierta con ese transgénico.
“La contaminación del transgénico a otras variedades es inevitable pero también es una forma de apoderamiento”, destaca Fernando Cabaleiro, abogado y activista ambiental en la organización Naturaleza de Derechos en Argentina. Han pasado tan solo cinco días desde la aprobación del trigo HB4 en Brasil. Es martes y hablamos por teléfono sobre las implicaciones de la decisión política.
Apenas se supo la noticia, Cabaleiro y otros abogados y productores agroecológicos pidieron una medida cautelar al Juzgado Contencioso Administrativo Federal n.º 3, en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un acto de precaución frente a los riesgos inminentes de una decisión que en este caso es la aprobación para comercialización del trigo HB4 por parte del Ministerio de Agricultura de Argentina. Los solicitantes citan estudios importantes sobre organismos genéticamente modificados y su impacto en el medio ambiente y en la alimentación humana. La alteración en el perfil de las proteínas de las plantas es una de las alertas: 32 nuevas proteínas fueron identificadas en maíces transgénicos, de acuerdo con una investigación sobre cultivos transgénicos en Brasil, en 2013. Este estudio es uno de los importantes antecedentes científicos que dan cuenta del reduccionismo genético respecto de las alteraciones generadas en las plantas. Y poco se sabe sobre los efectos de estas alteraciones en el cuerpo humano y en los biomas.
Por otro lado, en la aprobación por parte del gobierno argentino no fueron presentados estudios sobre la seguridad y desarrollo del trigo transgénico en los ambientes en que sería sembrado. Una semana después, la justicia ordenó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y a la empresa Bioceres, propietaria del trigo HB4, hacer públicos los documentos, estudios y ensayos referentes a la tecnología. El texto, firmado por el juez federal Santiago Carrillo, dispone que el Estado abra una instancia de participación ciudadana sobre el tema, conforme estipulado en el acuerdo internacional medioambiental de Escazú, del cual Argentina es parte.
El mismo juez también incorporó el pedido de los productores agroecológicos a una mega causa en contra de los transgénicos en Argentina, presentada en 2014 como acción colectiva para frenar todos los cultivos transgénicos en el país. A pesar de que la resolución del juez Carrillo no implica suspender la aprobación del trigo HB4 por parte de Argentina, es un importante instrumento de transparencia en el proceso de estudios y desarrollos de las tecnologías que afectan distintos ámbitos de la sociedad. Un proyecto con marcha avanzada desde antes de la aprobación de Brasil: Bioceres revela en sus informes de cultivo que ya tienen más de 60 mil hectáreas sembradas con trigo transgénico en Argentina.
“Lo particular de ese conflicto es que nos lleva a discutir todo el sistema de regulación de los transgénicos en Argentina”, afirma el ingeniero agrónomo Fernando Frank. Hablamos en la misma semana en que se publica el cuadernillo Amenazas a la Soberanía Alimentaria en Argentina, material de su autoría, a través de la organización Acción por la Biodiversidad. El agrónomo dice que estamos ante una disyuntiva con dos caminos posibles: los agronegocios transgénicos o la Soberanía Alimentaria. Así, con iniciales mayúsculas y con toda la capacidad productiva de cultivo agroecológico que tiene el país.
“No hubo participación ciudadana para la aprobación del trigo HB4”, sigue. “Los expedientes son secretos, los estudios son sesgados a algunas disciplinas que las empresas y el gobierno eligen priorizar en desmedro de otras”. Da un ejemplo muy explícito de los antecedentes de poca transparencia que maneja el lobby de las semillas: la propia conformación de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), instancia de soporte técnico-administrativo del gobierno nacional.
“Desde 1991, la Conabia, una comisión que supuestamente asesora y toma decisiones, tardó mucho en revelar su composición. Y lo que vimos es que están sentadas en la mesa de decisión, de evaluación y asesoramiento las mismas empresas que proponen las semillas, lo cual es inaceptable bajo todo punto de vista.”
Un riesgo transfronterizo
Tras las fauces de Jair Bolsonaro, en dos años de su gestión, en Brasil fueron aprobados casi 1.500 nuevos pesticidas y los asesinatos a indígenas e incendios en Amazonia han alcanzados niveles de récord. Se deforestaron 13.235 km2 de área amazónica, la mayor tasa de deforestación en 15 años registrada por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe), representando un aumento de 21,97% en solo un año. La pandemia tampoco impidió la invasión de tierras: el informe “Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil” apunta a un incremento de 137% de explotación ilegal y daños en territorios indígenas desde 2018, y registró 182 asesinatos de indígenas en 2020.
“Mientras yo sea presidente, no habrá demarcación indígena”, suele decir Bolsonaro, reforzando su promesa de campaña. Y mientras impulsa leyes para facilitar la entrada de invasores a tierras indígenas, en gobierno de Bolsonaro empeoran los índices de hambre: actualmente, 19,1 millones de personas -o el 9% de la población- no tienen acceso pleno a alimentos, un retroceso a marcas de 2004.
Segundo país de mayor extensión de cultivo de transgénicos, con 52,8 millones de hectáreas (atrás solo de EE.UU. y seguido de Argentina), Brasil además aflojó las reglas de evaluación para aprobación de esas semillas por parte de CTNBio el año pasado. El órgano puede, entonces, aprobar un evento transgénico sin el debido monitoreo por considerarlo de “riesgo negligenciable”, un concepto subjetivo que sería aplicado a casos de “daño reducido y de incidencia insignificante en el tiempo probable de uso comercial”.
Así, el escenario es particularmente propicio para el avance sin freno de desarrollos como este: sin muchos estudios, sin mucha información pública, sin mucho ruido. El intento de instalar el debate en la agenda del país se enmarca en la dispersión frente a los otros temas urgentes y complejos como corrupción, violencia y hambre.
“Vamos a hacer una acción civil pública o una medida judicial por la anulación del acto de CTNBio de liberar la comercialización del HB4”, cuenta la abogada Naiara Bittencourt. La contacto para saber los próximos pasos de la Campaña contra los Agrotóxicos y por la Vida en Brasil, de la cual ella es integrante. Está en Londrina, en el sur de Brasil, donde lanzan un libro acompañado con semillas agroecológicas de la cooperativa BioNatur.
“Hay una resistencia grande en ambos países, y la organización de la sociedad civil argentina está mucho más fuerte que en Brasil. Pero acá tenemos un factor importante que es el descontento de los sectores productivos y de comercialización del trigo, de productos panificados”, dice por teléfono entre ruidos de conversación en el salón del evento. Reconoce que la tarea no será fácil.
Una encuesta difundida en octubre de 2020 por la Asociación Brasilera de la Industria del Trigo (Abitrigo) reveló que el 85% de los molinos de ese país rechaza el trigo GM y el 90% está dispuesto a interrumpir la compra del trigo de Argentina.
Fue así que, por primera vez y en un hecho impensable, en defensa de la agroecología y la soberanía alimentaria, a los activistas ambientales se les suman firmas de empresas patronales. Adhirieron al documento lanzado por la Campaña en rechazo al trigo HB4.
De hecho, el mismo día de la deliberación de CTNBio, la Asociación Brasilera de la Industria del Trigo emitió un comunicado lamentando que “Brasil pasará a ser conocido como el primer país a aprobar la utilización del trigo transgénico en el mundo”. Bittencourt alerta que “esto significa que ellos también están pensando en alguna medida judicial para bloquear esta liberación”. Pesa el rechazo del sector productivo pero no es muy optimista: ”Estas medidas suelen arrastrarse en el tiempo, en Brasil. Ya habíamos cuestionado el maíz transgénico en 2007 y en 2009, pero estas acciones todavía están tramitando”.
El campo en riesgo
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