Nuevo Terrorismo de Estado... Todos Contra el 2×1

Este es el regreso del estado terrorista. Se hace evidente que el actual estado argentino ha vuelto a su política predadora, y retoma la senda de promover la impunidad para los crímenes estatales. Ahora la "justicia" macrista se dice garantista y protege la libertad de sus agentes terroristas. Una crónica sobre un país que repite su historia en base a la idea absurda y provocadora de reclamar una "reconciliación" sin arrepentimiento previo del criminal, que en este caso cometió delitos de lesa humanidad; genocidas y torturadores que robaron bebés, mantuvieron infernales campos de concentración mientras sus agentes saqueaban propiedades y pertenencias como vulgares ladrones.

Con impunidad es imposible la pacificación que quieren lograr, sobretodo cuando el criminal nunca se arrepintió.
Es evidente que hay una grieta ontológico-moral cuando pensamos aplicar garantías a delitos gravísimos, y mucho más en el caso de esos delitos que se nos caen de la baranda del superlativo: delitos de lesa humanidad. Este fallo, que es una verdadera provocación y un atentado a la paz social, sólo puede entenderse en el marco de los repetidos intentos de la ultraderecha nostálgica del autoritarismo cívico-militar para lograr la libertad de los condenados por vía del acortamiento de sus condenas. Interés al que contribuye el poder económico cómplice de la dictadura, hoy enquistado en el gobierno macrista-radical, aliados a los medios de comunicación concentrados, la "patria financiera" y la "Justicia" injusta que protege a aquellos que promovieron, sostuvieron y crearon formas de exterminio salvaje, campos de concentración y tortura, y robo de niños.

Así se afianza la vuelta a un estado liberal, tan celoso de sus propias facultades represivas como bien dispuesto a ceder nuestra soberanía económica y nuestros recursos naturales para hacer negocios que solo favorecen a los grandes capitales del país. El estado de hoy solo reivindica para si sus facultades policiales y su derecho soberano a dictar políticas represivas, pero para dirimir la legitimidad de la deuda y la ejecución de nuestra riqueza natural nos sometemos sin reparos al buen arbitrio de los tribunales de Londres y Nueva York. ¿Qué puede salir mal?

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en voto por mayoría (con la ayuda de dos jueces nombrados por decreto por el poder político, quienes precisa y acaso no casualmente son los dos que definieron la votación de este repudiable fallo) y aplicando el artículo 7° de la ley 24.390, derogada en el año 2001, ataca el acuerdo social inmensamente mayoritario de los argentinos acerca del genocidio, el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad.
El berenjenal al que esta corte arrojó a nuestro sistema jurídico omite la razón de ser por la que alguna vez se promulgó el principio del 2x1, que tuvo vigencia durante algunos años y ya fue derogado. El cómputo de dos días por cada día en prisión que hubieran pasado los presos sin condena firme se estableció originalmente para aliviar el perjuicio a aquellos procesados cuya sentencia se postergaba porque los tribunales no se encargaban de impartir justicia en plazos razonables. La grave distorsión que introduce el actual fallo de Highton, Rosatti y Rosenkrantz es aplicar una ventaja que originalmente fue pensada para limitar los abusos y la desidia del estado y en cambio ahora se la usa para favorecer a los criminales que fueron parte del terrorismo de estado y se beneficiaron durante varias décadas por los obstáculos -leyes de impunidad, indultos, chicanas y dilaciones infinitas- que el mismo estado terrorista implantó para lograr la impunidad de sus crímenes. No será casual que el presidente del ejecutivo jamás haya pronunciado los términos "terrorismo de estado" y en cambio prefiera hablar de "guerra sucia".

En tanto, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni publicó una explicación técnica aplicable a este fallo, que es muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. Pero no es la única... pero está claro que no se trata de una cuestión técnica, es una cuestión moral, ética. Para avanzar sobre otorgamiento del beneficio del 2x1, está claro que tanto la Corte como el gobierno de Corporación Cambiemos (que primero avaló y ahora está reculando ante las expresiones de repudio de casi toda la sociedad) y los socios de la dictadura cívico militar clerical están faltos de ética y moral.
Asestan un golpe tremendo a la democracia y a toda idea de institucionalidad. El control de la Corte mediante los jueces afines a Clarín representa una vergüenza, cuyo indicio comenzó con la prisión injusta de Milagro Sala y la de los nuevos presos políticos en Argentina. Vamos en camino de vivir el terrorismo de Estado y las peores páginas de nuestra historia.

El laberinto leguleyo disfraza de garantismo su deliberada omisión del contexto histórico en que el genocidio se llevó a cabo. Por eso se quedan en la interpretación abstracta de la ley más benigna, omitiendo que la variación de leyes durante tantos años de impunidad fue parte de la táctica terrorista estatal. El estado terrorista organizó una estructura delictiva conformada por fuerzas de seguridad, parapoliciales, jueces y políticos. Durante décadas de gobiernos miltares y civiles puso obstáculos de todo tipo para que las víctimas no pudieran llegar a la justicia. Cuando los juicios empezaron a avanzar, gracias a la infinita paciencia y apego a la legalidad de los organismos de Derechos Humanos, la Corte dice: "a estos lárguenlos, 2x1, ya pasó mucho tiempo". En todo este tiempo, los agentes del terrorismo estatal no fueron juzgados, y ahora se benefician con el 2x1, porque hubo entretanto una ley benigna.

El macrismo ya leyó que se vienen días de nuevas movilizaciones cuya masividad puede llegar a ser fabulosa pero también que este tipo de medidas que impactan tan profundamente en la sociedad puede traducirse como aumento del rechazo al gobierno y por eso salen a despegarse de una decisión que es imposible interpretar si no como parte de una estrategia de restauración del poder militar, al que ya le empezaron a comprar pertrechos. El malestar social y político generado por el 2×1 se revierte con una de estas dos medidas: la primera es otra acordada de la Corte modificando esta disposición y la otra un accionar parlamentario muy fuerte que consiste en iniciarle juicio político a los tres jueces que votaron esta barbaridad.

Para esto, la presión social tiene que ser inédita, de todos los puntos y por todos los medios. Debemos parar este proyecto o atenernos a las consecuencias, todavía estamos a tiempo, pero la presión social tiene que ser inédita.