La Fiesta de los Peores Delincuentes

Aunque uno de los caballitos de batalla de la ofensiva derechista es el

relato de la seguridad, ahora ese mismo sector político que hoy gobierna la Argentina intenta utilizar un recurso que va en contra de la misma idea de reprimir la delincuencia común (el 2x1 dejaría en libertad a muchos de los delincuentes comunes más peligrosos) para que los genocidas estén en libertad. Los Amarillos no solamente no cumplieron con su promesa de campaña de crear la Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen, sino que entran en clara incoherencia con sus propias propuestas. Con nueve de cada diez argentinos en contra de reducir las penas a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, el repudio de todos los organismos de derechos humanos y las reacciones que comienzan a surgir desde la comunidad internacional: el rechazo generalizado que ya cruzó las fronteras y el comisionado de la ONU (Amerigo Incalcaterra) se pronunció contra el 2x1 para los genocidas, mientras Corporación Cambiemos intenta despegarse del impacto dictado por los jueces que eligió el propio Felino Macri para cubrir las vacantes que tenía la Corte Suprema.

Gracias a la operación mediática, política y social que derivó en el repudiable fallo de la Corte Suprema de Justicia, otro represor condenado por casos de lesa humanidad podría ser beneficiado por el 2x1 y quedar en libertad. Se trata del exagente de Inteligencia Arnaldo "Chubi" López (con 1.037 delitos), quien solicitó ante la Justicia cordobesa la reducción de penas. El genocida insultó y amenazó con “secuestrar” e “ir a buscar” al gobernador Schiaretti, ex preso político de la dictadura, y a los familiares de desaparecidos presentes al término de la lectura de la sentencia. López fue encontrado culpable de privación ilegítima de la libertad en 2 hechos, privación ilegítima de la libertad agravada en 383 hechos, imposición de tormentos agravados en 369 hechos, homicidio calificado en 281 hechos, sustracción de menores en un número indeterminado de hechos y tormento seguido de muerte en 1 hecho.

Y en los próximos días podrían salir a la calle casi 300 represores.
Ayer el juez federal de Bahía Blanca, Walter López da Silva, invocó el fallo Muiña de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dar prisión domiciliaria al represor Osvaldo Omar Pallero, procesado en 2015 como miembro de la Triple A de Bahía Blanca, quien integró, a partir del 17 de marzo de 1975, la primera tanda de "personal de vigilancia y seguridad", matones que enfrentaron los "problemas subversivos" en las Universidades Tecnológica Nacional (Buenos Aires) y del Sur (Bahía Blanca).
Este juez fue propuesto por el gobierno macrista a pesar de no haber terminado en la primera ubicación del respectivo concurso y luego de haber sido beneficiado a la hora de ir escalando posiciones en el ranking de los postulados. En octubre del año pasado, López da Silva fue designado como nuevo titular del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, luego que se publicara en el boletín oficial el decreto de designación 1077/2016, firmado por el Felino Mauricio Macri.

Al impulsar el 2x1 los sectores más reaccionarios de la sociedad (en donde se encuentra Corporación Cambiemos, los medios concentrados, parte de la Iglesia y el sector militar) han sufrido una derrota política que no estaba en sus cálculos. Pese a que en gran parte de la población persiste un sentido común proclive al desprecio por lo que genéricamente se llama "los derechos humanos", la reacción contra el fallo ha sido tan contundente que está haciendo retroceder la embestida contra las murallas que encierran el terror. Desterrar definitivamente la idea del indulto al genocida depende de todos. Por más que el régimen neoliberal de Corporación Cambiemos intente tender una cortina de banalidad que produzca la apariencia de una situación normal, es preciso señalar y luchar contra el terror cuando él se asoma.

Hace cuatro días atrás, los familiares de los condenados por crímenes de lesa humanidad festejaban y los de los detenidos-desaparecidos se lamentaban consternados entre lágrimas. Pero ahora los Amarillos reculan luego de que las Naciones Unidas, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos le reclamara al Estado el cumplimiento de los tratados internacionales que ha suscripto. Y de que su Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de personas iniciara ayer su inspección de diez días que tendrá su escala más urticante en Jujuy, donde ya adelantó que considera que Milagro Sala ha sido injustamente privada de su libertad.
Desde Santiago de Chile, dónde tiene su oficina regional, Incalcaterra dijo que la Corte Suprema argentina no puede eludir el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) y debe abstenerse de "invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional". "El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo con el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional". El experto recordó que Argentina ratificó en 1995 la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, con lo cual ésta adquirió rango constitucional, y que dicha convención, junto con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), establecen con meridiana claridad que "estos delitos son imprescriptibles" a la vez que "instauran el esquema jurídico para su juzgamiento y la reparación de las víctimas. Los crímenes de lesa humanidad no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional".

Ahora los Amarillos buscar despegarse de un brete que ellos y sus amigos del Proceso se han metido solos... una medida como esta es tan brutal que obliga a la sociedad a responder de una manera muy simple, no solo repudiando el peligro de que algunos genocidas estén sueltos: el problema principal es la vuelta de la dictadura, el retorno de una sociedad opresiva, totalitaria, policíaca, donde se molesta a la gente en las calles por las contravenciones, donde hay censura. Una atrocidad que ya está en curso. Y lo hacen con palabras humanistas y benévolas. La dictadura también hacía eso: Massera hablaba de amor y el golpe de estado del 55 se denominó "revolución libertadora".

Cambian de discurso pero siguen siendo PROgenocidas

Luego de respaldar el 2x1 a los represores, el secretario de Derechos Humanos salió a rechazarlo. Lo mismo hizo la gobernadora María Eugenia Vidal. Se desligan de los cortesanos de Mauricio Macri en medio de un fuerte repudio social a la impunidad. Para el abogado Marcelo Parrilli, “los llamó Durán Barba y les dijo ‘muchachos, viren el discurso’”.

Con nueve de cada diez argentinos en contra de reducir las penas a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, el repudio de todos los organismos de derechos humanos y las reacciones que comienzan a surgir desde la comunidad internacional, el Gobierno de Cambiemos intenta morigerar el impacto del fallo del 2×1 dictado por los jueces que eligió el propio presidente Mauricio Macri para cubrir las vacantes que tenía la Corte Suprema.
No es que a la alianza gobernante le interese la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ya ha dado sobradas pruebas de lo contrario con el vaciamiento de áreas del Estado que se encargaban de investigar los delitos de lesa humanidad, con el negacionismo de Macri y con varios de sus funcionarios al poner en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, los intentos de reflotar la teoría de los dos demonios y el apoyo al beneficio de prisión domiciliaria para más de medio centenar de represores.
Lo único que le preocupa a Cambiemos es no perder votos de cara a las próximas elecciones legislativas.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, dijo este fin de semana que “era un error mezclar la decisión de la Corte como una política del Gobierno”, porque “unánimemente cuestiona la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad”. Se trata del mismo funcionario que días antes afirmaba estar de acuerdo con los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco al habilitar la conmutación de penas a los genocidas a través de la Ley 24.390, derogada hace dieciséis años.
También el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a hablar ahora del 2×1 como “un mecanismo que consagra la impunidad”, cuando meses atrás invocaba convenciones internacionales para justificar que “una persona mayor” –así se refería al represor Miguel Etchecolatz– pueda irse a su casa con arresto domiciliario.
Desde Vicente López, luego de cinco días de absoluto silencio, la gobernadora María Eugenia Vidal aprovechó la inauguración de una muestra de Ana Frank para señalar que “los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes”.
Todo esto amplificado por los medios del Grupo Clarín, que repiten sin cansancio que el 2×1 de la Corte Suprema genera “rechazo por todos lados, especialmente desde el Gobierno”.
“Los llamó Durán Barba y les dijo ‘muchachos, viren el discurso’. No tengo ninguna duda de que el fallo del máximo tribunal va en la misma dirección que la política del Gobierno en materia de derechos humanos, es decir, camino a una amnistía y a la impunidad”, aseguró a Contexto el abogado de derechos humanos Marcelo Parrilli, quien acaba de presentar una denuncia contra Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco por el delito de prevaricato.
Parrilli cuestionó, además, un proyecto del diputado macrista Federico Pinedo para establecer que el cómputo de las penas establecido en el artículo 7 de la Ley 24.390 sea aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva entre los años 1994 y 2001, cuando estaba vigente la norma.
“Es algo insólito. Pretenden seguir legislando sobre una ley que ya fue derogada y que no se puede aplicar a casos de delitos de lesa humanidad. Con esto, más allá del discurso, demuestran que están a favor del 2×1 a los genocidas”, remarcó el letrado.

No merecen estar en la Corte

La denuncia penal de Parrilli contra Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco por prevaricato, delito que se les adjudica a los magistrados cuando dictan resoluciones contrarias a derecho, recayó en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas.
En su presentación, el abogado sostiene que los tres cortesanos “tienen fuertes vinculaciones con el actual Gobierno nacional”, sobre todo Rosatti y Rosenkrantz, a quienes Macri “pretendió nombrar obviando las vías constitucionales pertinentes, maniobra que luego tuvo de desandar dado el rechazo que tal proceder tuvo en la totalidad de la sociedad”.
Si se logra probar que incurrieron en prevaricato con el fallo del 2×1 a los genocidas, Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco serían “inhabilitados para ejercer cargos públicos y, obviamente, para ejercer como jueces”.
“Esta denuncia y los pedidos de jury que se están impulsando son dos caminos que van en la misma dirección, ya que los jueces pueden ser removidos de sus cargos por la comisión de delitos o por mal desempeño”, manifestó Parrilli, y explicó que la decisión de los cortesanos “no sólo lesiona, sino que pone en peligro el Estado de Derecho al permitir la liberación de cientos de condenados por los más terribles crímenes de que tenga memoria nuestra historia”.

El pedido de una víctima

Las acciones contra el fallo del máximo tribunal no se limitan al ámbito nacional. Gladys Cuervo, una de las víctimas del represor beneficiado con el 2×1, Luis Muiña, presentó ayer una demanda contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó que se dicte una medida cautelar para que no se aplique la Ley 24.390 en juicios de lesa humanidad mientras el organismo dirime la cuestión de fondo.
Ante la CIDH también recurrió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, al considerar que la Corte viola las convenciones sobre Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Personas. Lo mismo hizo el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, y se esperan otras presentaciones similares del Frente para la Victoria (FpV), el Frente Renovador y hasta de la diputada de Cambiemos Anabella Hers.
En este marco, hay que destacar además el pronunciamiento de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que ayer exhortó al Estado argentino y a la Corte Suprema a “cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos”.
“Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”, enfatizó el representante de ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.

Etchecolatz, Von Wernich y “Chubi” López quieren 2×1

El repudio de la ciudadanía al fallo de la Corte fue creciendo a medida que se conocían quiénes eran los genocidas en condiciones de solicitar el 2×1 para salir en libertad, entre ellos, Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda.
Una encuesta realizada por la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP) reveló que el 88% de los argentinos “está en desacuerdo” con ese beneficio y que el 64% cree que el máximo tribunal no resolvió de manera independiente.
Este lunes trascendió que el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, condenado a perpetua por diversos crímenes de lesa humanidad y principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López en 2006, también pretende acogerse al 2×1; al igual que el cura Christian Von Wernich, ex capellán de la misma fuerza que cumple prisión perpetua por 7 homicidios calificados, 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegítimas de la libertad en centros clandestinos de detención del “Circuito Camps”.
Otro peligroso represor que podría quedar suelto es Arnaldo José “Chubi” López, condenado en el jucio “La Perla” de Córdoba por 383 secuestros, 369 casos de tormento y 281 homicidios calificados. Su abogada, Mariela Pérez Cesaratto, indicó que “López estaba sometido a proceso durante la vigencia del 2×1 y con el nuevo fallo de la Corte es posible hacer ese pedido”.

Fernando M. López


Las clases dominates usan la lógica del acecho, funcionan como predadores, como el felino que se acerca a su presa y espera el momento oportuno para atacar. Hacen eso, con mentiras, con medias palabras, esperando el momento oportuno y así se va viendo adónde van. Por eso ponen a dos jueces, se produce una escena con ese voto que les hacía falta. No les importa la prolijidad ni el republicanismo. Pero todo eso no les importa y eso es lo que nos cuesta entender. Realmente no les interesa la política, en el sentido democrático de la palabra. Les interesa acumular capital, recuperar ganancias que consideraban como lucro cesante, volver a establecer posiciones.
Para ellos las masas deben obedecer y agachar la cabeza en silencio. Lograron darle ese contenido duranbarbista de la estupidez y la superficialidad de los globos y de hacerle creer a un montón de gente a la que le mintieron. Ganaron pero sin decir lo que iban a hacer. Porque Le Pen o Trump dicen muchas cosas xenofóbicas que son explícitas, acá dijeron que todo iba a seguir igual, que iba a cambiar lo que estuviera mal y lo que no lo iban a conservar, pero hicieron lo contrario.