La primera reforma combina aspectos laborales y fiscales. Vuelve a la carga con el fondo de cese, pero ahora es obligatorio. Los empleadores van a aportar todos los meses un 3% de la masa salarial. De ahí saldrán los recursos para pagar las indemnizaciones por despido.
El sistema de seguridad social pierde recursos que se van a financiar las indemnizaciones por despido. ¿Cómo? Fácil, se reducen 3 puntos porcentuales las contribuciones patronales. Para los empleadores el costo es nulo y las indemnizaciones por despido pasan a ser gratuitas.
Los jubilados y los beneficiarios de las asignaciones familiares (incluida la AUH) serán los encargados de poner el hombro para sostener el Fondo de Asistencia Laboral a cargo de pagar estas indemnizaciones. Suena a chicana, pero es el frío texto de la ley.
La transferencia de recursos del trabajo al capital no se agota con la creación de este fondo. El proyecto también incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales (pasa del 6% al 5%). De un día para el otro pasan de mano 4 puntos de la masa salarial. En plata estamos hablando aproximadamente de entre 2000 y 2500 millones de dólares al año que los trabajadores les transfieren a los empleadores. El número fino se lo dejamos a la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La segunda reforma contiene un ataque a la acción colectiva de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales. Se prohíbe el derecho de huelga, los convenios colectivos quedan en cuerda floja y se impulsa la descentralización de la estructura sindical.
En materia de derecho de huelga no hay novedades. El proyecto insiste con el texto del DNU 70/23 y reglamenta los servicios esenciales de manera tal que sea prácticamente imposible hacer una huelga. Si este proyecto se aprueba los trabajadores van a tener que garantizar, durante una huelga, un servicio mínimo de entre el 50% y el 75% del que corresponda para un día normal. Esto transforma el derecho de huelga en papel mojado.
Las asambleas sindicales también quedan bajo la mira. En la mayoría de los casos será necesario contar con autorización del empleador y se deja claro que durante su realización no se devengan salarios, ni siquiera cuando son la reacción a un incumplimiento del empleador. La negociación colectiva recibe múltiples ataques. El proyecto otorga primacía al convenio por empresa o región, por sobre el convenio por actividad o nacional; debilita la ultra actividad; y abre un procedimiento que amenaza a todos los convenios vigentes en la actualidad. Nada nuevo en este caso, un sistema muy similar al que se impulsó en 1998 (ley 25.013) y en 2000 (ley 25.250, más conocida como Banelco). La idea es obligar a renegociar todo desde cero y en los ámbitos más descentralizados que se pueda. En la práctica esto podrá afectar a los derechos consagrados en los CCT por encima de la ley: categorías laborales, cantidad de delegados, licencias, día del trabajador de la actividad, comisiones paritarias, límites a las sanciones, derecho a ocupar puestos superiores, etc. El ataque a la acción colectiva se complementa con cambios en el ámbito sindical. Por un lado, se dificulta el financiamiento; por el otro, se impulsa una descentralización de la estructura organizativa.
El proyecto también pone en cuestión los aportes obligatorios a cargo de trabajadores no afiliados que se benefician por los resultados del CCT. Estos van a requerir la conformidad previa del trabajador no afiliado, a menos que se trate de un convenio de empresa.
La descentralización de la estructura sindical es toda una novedad. La reforma promueve la formación de sindicatos de empresa y en muchos casos habilita a que las comisiones internas o los propios trabajadores negocien a la baja cuestiones como la jornada o las vacaciones.
Finalmente, la tercera reforma se mete de lleno con la Ley de Contrato de Trabajo. Elimina 9 artículos y modifica otros 55 artículos. Casi el 25% de la LCT queda distinta después de este proyecto. La reforma de la dictadura en 1976 alcanzó al 41%.
El contenido de estos cambios es quirúrgico. Algunos son groseros, otros más sutiles, pero en todos los casos se busca fortalecer la posición de los empleadores en el día a día de la relación laboral, y limitar la posterior capacidad de reclamo. Se nota mucho que el texto pasó por los grandes estudios de abogados patronales. Los cambios más técnicos parecen ser una respuesta por vía legislativa a la interpretación que los jueces realizaban sobre muchas disposiciones de la LCT.
Entre muchas modificaciones a la LCT se destacan mayores facilidades para la tercerización, la reducción de la indemnización por despido y límites a la promoción de acciones judiciales fundadas en el derecho común (los trabajadores pasan a ser ciudadanos de segunda).
Los cambios en la LCT van mucho más allá. Dejamos por acá para no aburrir. Párrafo aparte para los trabajadores de plataformas. La ley les dedica un capítulo entero para garantizar que nada cambie. No avanza un milímetro respecto de la situación actual.
Luis Campos - Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma (las opiniones van por mi cuenta).
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