Los licenciados en Enfermería, aunque tienen título de grado, no están considerados dentro del sistema sanitario sino encuadrados como empleados administrativos. Desde hacía varios días venían juntando firmas en diversos ámbitos para presentar el petitorio en el que, además de consignar la precarización laboral que sufren, exigen que se trate con carácter urgente la inclusión de los licenciados en enfermería en la Ley 6.035, de Profesionales de la Salud de CABA, de la que quedaron excluidos cuando fue aprobada en noviembre de 2018.
Pasado el mediodía, las imágenes con las enfermeras apaleadas se viralizaron en las redes sociales, al igual que los repudios al accionar policial.
"Llevamos más de seis meses de covid, las enfermeras y enfermeros están en la primera línea de fuego poniendo el cuerpo como otros profesionales de la salud, y sin embargo no tienen los mismos derechos que ellos. No tienen días por estrés como ellos, tienen salarios más bajos y tampoco les reconocen las especializaciones. Si no es ahora ¿cuándo se los va a reconocer?. Los y las enfermeras que se murieron, se murieron como administrativos".
Victoria Montenegro - Legisladora porteña
"En el sistema de salud tenemos compañeros cansados, desgastados, que han dejado todo de sí. A tal punto que algunos incluso han dejado su vida. Varios fallecieron en esta ‘cruzada’ al frente de sus servicios enfrentado a esta pandemia terrible. Pero a pesar de todo eso, siguen adelante."
En
los meses que llevamos de pandemia, el gobierno porteño de Horacio
Rodríguez Larreta y la Policía Metropolitana a sus órdenes reprimieron
solo dos manifestaciones públicas de protesta en el contagiódromo a
cielo abierto de la CABA: la de los que reclamaban justicia por la
muerte de Santiago Maldonado cuando se cumplió un nuevo aniversario de
su desaparición, y la de los trabajadores de la salud porteños, ayer.
Con inocultable sesgo de clase y brutal parcialidad ideológica, el
presunto representante de las "palomas" de la "nueva derecha moderna y
democrática" dejó bien el claro cual es el rol que tiene que cumplir la
fuerza de seguridad de la ciudad autónoma: reprimir toda protesta social
que no provenga de los votantes de su gobierno.
De
ese modo y con la desidia deliberada con la que tolera marchas
anti-todo lo que provenga del gobierno nacional o el peronismo que
vulneran las restricciones para funcionar propias de la
cuarentena, Larreta sella un pacto de fidelidad con sus propios
votantes, que esperan que haga precisamente eso: dejar a las claras, a
los palazos si fuera necesario, que expresarse en el espacio público es
también -como tantas otras cosas- un privilegio reservado para ciertos
sectores sociales; que incluye la licencia para agredir movileros,
camarógrafos o periodistas, por ejemplo.
¿Y
del otro lado que ocurre, nos preguntamos? Porque la absoluta pasividad
frente a las manifestaciones "anti" (cada día más violentas y
desembozadamente antidemocráticas y golpistas) es común a todas las
fuerzas de seguridad provinciales y federales: la propia ministra
Frederic se autolimitó de actuar al respecto, señalando que protestar es
un derecho constitucional, omitiendo el pequeño detalle de que se lo
hace en plena pandemia, contribuyendo a propagar el virus y los
contagios entre la población. El derecho constitucional a atentar contra
la salud pública, sería entonces.
Pero el problema es serio, y requiere un enfoque mucho más amplio, como el que plantea acá Ricardo Aronskind en "El Cohete a la luna":
se trata de una ola creciente de desafíos a la autoridad legítima del
Estado para hacer cumplir sus leyes, por parte de quienes -por un lado-
no consideran que éstas se les apliquen como al común de los mortales, y
por el otro, desconocen o no aceptan la legitimidad del gobierno del
cual emanan esas normas o que está investido de la potestad de hacerlas
cumplir, simplemente porque no es el que ellos votaron, y no aceptan el
resultado de la elección del cual surgió.
Aronskind
ejemplifica con los casos del "levantamiento social" para impedir que
Lázaro Báez cumpliera su prisión domiciliaria en un country bonaerense
donde reside tal cual lo ordenó la justicia (esa que los mismos que
protestan dicen defender, y no quieren reformar), el motín policial
bonaerense con despliegue de patrulleros y armas incluido frente a las
residencias oficiales del gobernador de la provincia y el presidente de
la República, y las protestas para frenar la intervención a Vicentín que
había dispuesto el gobierno nacional, previo a promover su
expropiación; intervención frenada por un oscuro juez de provincia,
incompetente en razón de la materia. También agrega Aronskind en
retrospectiva los casos de los piquetes agrarios contra la Resolución
125, y los años de bloqueos al puente internacional que une al país con
Uruguay, en las afueras de Gualeguaychú.
En
idéntico sentido, los jueces puestos a dedo por Macri como camaristas
resisten con uñas y dientes su desplazamiento para cumplir con los
procedimientos que establece la Constitución, pese a que así lo han
dispuesto el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación, los
jueces en lo contencioso administrativo federal, la Cámara Nacional de
Casación Penal y al menos implícitamente, la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación . Y se defienden apelando a los poderes de ese
"Estado aparte del Estado" que son los grandes medios de comunicación.
Que decir de los legisladores nacionales que, luego de pedir que el
Congreso sesione en forma presencial, tratan de vaciarlo o impedirle
funcionar, o van a la justicia demandando anular las leyes que se votan
en su deliberada ausencia.
Estos
meses vieron también como los sectores empresarios violaron los
decretos presidenciales que establecieron congelamiento de tarifas de
luz, agua, cable, internet o telefonía celular, como el grupo Techint
ignoró olímpicamente el DNU que prohibía los despidos y los bancos
sabotearon deliberadamente, una y otra vez, los planes de asistencia
financiera a los sectores golpeados por la crisis, ideados por el
gobierno; con lo que éste hubo de dejarlos de lado y apelar a otros
instrumentos como la ATP o el IFE.
La
ideas de la ley y el orden, la seguridad jurídica, el cumplimiento
estricto de las normas o el legítimo poder de coerción del Estado son
concebidas como patrimonio exclusivo de las derechas, porque como decía
Cooke, en los países coloniales las oligarquías son dueñas de todo,
hasta de los diccionarios. Pero en realidad son atributos propios de
todo Estado democrático, para diferenciarse de las dictaduras; y por el
contrario, nuestras derechas tienen una larga tradición de violación de
las leyes y de la propia Constitución, cuando se interponen entre ellos y
sus intereses de clase y de sector.
Desafiando
pública y abiertamente la autoridad legítima del gobierno nacional (que
emana de la Constitución, y del voto popular) están jugando un juego
perverso a dos puntas, en el que si el gobierno no hace nada, hablarán
de vacío de poder y crisis de autoridad, y si se decide a hacerlo,
hablarán de dictadura y represión. Porque la idea es deslegitimar para
desestabilizar sin culpa ni estrépito, como han hecho siempre: los
golpes en la Argentina se hicieron en nombre o con la excusa de combatir
ambas cosas, y a veces al mismo tiempo.
Lo
cual supone un desafío político mayúsculo que el gobierno no puede
tolerar, y una encerrona de la que tiene que salir por arriba,
reafirmando su autoridad legítima. No puede ser que no existan puntos
intermedios entre emprenderla a los garrotazos contra los díscolos y
rebeldes como lo hace Larreta, o estar cruzados de brazos sin hacer
nada, por miedo a ser tildados de dictadores o represores.
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