Insensibilidad con los más débiles

Entre la miseria que se esconde y la dignidad que se castiga, el modelo de gestión pública que avanza convierte la supervivencia en delito. Desde quien revuelve un contenedor hasta quien limpia un parabrisas o cuida un auto, el problema no es el trabajo informal sino una sociedad que prefiere no ver el hambre y responder con sanciones allí donde harían falta inclusión, diálogo y justicia social.

Por Miguel Rodríguez Villafañe 

En el modelo neoliberal anárquico y deshumanizante, sin Estado ni leyes que condicionen, un trabajador desempleado me dijo que «prefería ser esclavo a desempleado, porque como esclavo, el dueño lo consideraría un bien patrimonial a proteger y se ocuparía de darle alimentación, salud y techo para que le pueda rendir en la tarea; mientras que, como desocupado, carece de lo elemental. A su vez, ante ello, hay sectores de la sociedad que quieren acallar su conciencia, ocultando la pobreza y combatiendo sus evidencias.

Salidas laborales de subsistencia

Dicha realidad dolorosa se muestra cuando muchas personas, sin trabajo o con ingresos insuficientes, no pueden cubrir ni la canasta básica de alimentos y tienen que acudir a opciones laborales de subsistencia. Sin embargo, la sociedad ataca dichas opciones de los más vulnerables e, incluso, las criminaliza.

Así, en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta instaló contenedores «inteligentes», que sólo se abren con una tarjeta magnética, para impedir que puedan ser abiertos en busca de alimentos, cartones o botellas. Esa política la continua el actual jefe de Gobierno. En efecto, Jorge Macri persigue y sanciona a personas que revuelven la basura en contenedores, especialmente, a cartoneros o recuperadores informales.

Semáforos ámbitos de supervivencia

En la necesidad, también se multiplicaron opciones laborales de supervivencia, particularmente en el lugar en el que se debe hacer un alto, como es en los semáforos. Ello obliga a tener que ver algo de la realidad y allí, a cambio de una colaboración dineraria voluntaria, se dan espectáculos circenses de malabaristas, zancudos, lanzallamas, violinistas y hay quienes se ofrecen a limpiar el parabrisas del auto, los llamados «limpiavidrios», entre otros.

Ahora, a muchos automovilistas les molestan los «limpiavidrios» y demandan prohibirlos, multarlos y hasta arrestarlos.

En Mendoza, el gobernador radical Alfredo Cornejo, en una ley que llamó de «mano dura», atacó a la limosna disimulada de quienes quieren, con dignidad, no aparecer como mendigos, sino como prestadores de un pequeño servicio, para lograr algo de dinero y poder comer y dar de comer a sus hijos. El Código Contravencional de Mendoza reprime a los limpiavidrios con sanciones de multa de $ 2.850 o más y otras penalidades.       

Lamentablemente, ahora, en la provincia de Córdoba, se busca reformar del Código de Convivencia, prohibiendo y sancionando a los limpiavidrios en los semáforos, en todos los municipios y comunas de la provincia.

Los espacios públicos

Otro aspecto a analizar es el tema del uso del espacio público para estacionar.

A la ciudad de Córdoba llegaron las empresas a cargo del estacionamiento medido, como Movispark Córdoba S.A. Esa empresa fue denunciada ante la justicia federal de Córdoba por la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin). Durante octubre de 2019 los usuarios de la aplicación estuvieron expuestos a vulnerabilidades en la protección de datos de información sensible, que fueron brindados al proveedor del servicio y se pidió el tope de la multa prevista en la Ley de Defensa del Consumidor.

A su vez, el entonces concejal Juan Pablo Quinteros realizó una denuncia penal contra la empresa por «defraudación por retención indebida» y sostuvo que, luego que se le retiró la concesión la empresa, nunca devolvió los saldos pendientes abonados anticipadamente por los usuarios. El intendente del momento, Martín Llaryora, decidió devolver dichas importantes sumas a los usuarios, pero todos los cordobeses pagamos, con fondos municipales, los saldos dinerarios no restituidos por la empresa Movispark.

Llaryora, ahora gobernador, siempre rescató el trabajo que vienen realizando los cuidacoches y afirmó que alentaba que continúen y se organicen desde cooperativas.

Servicio de interés público esencial

Los llamados «cuidacoches o naranjitas», o «trapitos» como se les dice en Buenos Aires, la tarea de cuidar y acomodar autos en una cuadra es su única forma de subsistencia. La mayoría realiza la función con responsabilidad y buen trato.

La tarea es un verdadero servicio de interés público esencial, ya que cuidan los automóviles y ordenan el flujo del tránsito en la calle, al ayudar a estacionar o salir a los vehículos. También, el cuidacoches es un valioso informador ciudadano para quien le pregunte necesidades de la zona, como saber indicar dónde hay una farmacia o por dónde pasa una línea de colectivo o también actúa preventivamente ante la inseguridad, ya que conoce a las personas que viven o trabajan en la cuadra y los movimientos del lugar, etcétera.

Si bien hay denuncias por agresiones en espacios públicos de estacionamiento, será cuestión de encarar la solución al tema, pero no eliminar el servicio, como si todos fueran culpables. En su momento hubo denuncias sobre una «mafia» de los taxis en el aeropuerto Taravella, pero no por eso se eliminaron los taxis en el aeropuerto y se encontró solución al tema.

Mientras tanto, ese clamor social de justicia ante un contratiempo con un cuidacoches, no se expresa de igual manera, por ejemplo, contra los responsables de empresas como Movypark, a pesar de los graves efectos dañosos que produjeron.

Tampoco, nadie habla de las veces que muchos automovilistas se van sin pagar al cuidacoches la tarifa autorizada. Tarifa esta que, por otra parte, hace catorce meses que no la actualiza la Municipalidad.

Mientras, cada vez más, se los erradica de lugares en los que están trabajando bien, para sustituirlos por un control digital del estacionamiento, que sólo recauda, sin prestar otros servicios extras de ningún tipo.

Todo lo que implica también una gran incertidumbre para los cuidacoches en cuanto a dónde poder trabajar, que lleva, en muchas situaciones, a «desquitarse» en el alcohol o en la droga.

Las soluciones no pasan, como se pretende ahora en la provincia de Córdoba, sólo con sanciones de arrestos, multas y servicios comunitarios. Resulta paradójico el tema, teniendo en cuenta que ahora Llaryora y su ministro de Seguridad Quinteros son los que impulsan el nuevo Código de Convivencia, luego de haber resaltado la tarea de los naranjitas, uno cuando fue intendente y el otro patrocinó como concejal la denuncia contra Movispark Córdoba.

Además, las cooperativas de «naranjitas» (en la ciudad de Córdoba hay siete) proponen llevar adelante un sistema de aplicación para el estacionamiento que puede crear dos mil puestos de trabajo en la ciudad.

No cabe, desde alguna irritación ciudadana, atacar injusta e indiscriminadamente a quienes cumplen adecuadamente su función de cuidar los vehículos.

Mirada de inclusión social

El proyecto llevó a un planteo de la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de la Iglesia Católica de Córdoba, por el que se sostuvo que no había que apresurarse en aprobar el Código de Convivencia, en diciembre de 2025, en el tema de los limpiavidrios y naranjitas, sin un diálogo y participación de los sectores involucrados, «donde haya lugar para todos». Lo que fue escuchado por la Legislatura y se pospuso la discusión del tema para el año 2026. Se debe legislar un esquema provincial de regulación de dichas actividades, con una mirada de inclusión socio-laboral. Debemos trabajar por una sociedad más justa, para todos los sectores.

Miguel Rodríguez Villafañe