¿Qué pasó con el Puerto de Ushuaia? De paso los invito a mi Instagram donde suelo subir data: pic.twitter.com/zZz9SOPXqa
— Felicitas Bonavitta (@FelicitasBV) January 25, 2026
¿Quiénes venían en el avión? No fue la primera llegada de una comitiva estadounidense sin aviso a la provincia. A falta de información oficial, tanto de la Nación como de la Provincia, reconstruimos artesanalmente el paso a paso de la delegación.
Eran veintitrés personas: siete miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (pertenecientes al comité bipartidario de Energía y Comercio), cuatro funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina (uno de ellos un traductor), y el resto familiares de los congresistas, asesores en temas ambientales y un médico. Entre los senadores estaba Morgan Griffith, figura central del Comité, influyente republicano y representante del noveno distrito de Virginia.
La única comunicación de un organismo oficial la dio la embajada norteamericana, que rompió el misterio con un escueto comunicado. Allí se habló de reuniones con funcionarios y científicos para “abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.
Pero la reunión fue privada, en otro hotel de las afueras de Ushuaia el lunes 26, y los organismos invitados se despegaron uno por uno de cualquier vínculo con la organización. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf) admitió una invitación y envió cuatro representantes, mientras que desde el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic, dependiente del Conicet) explicaron que “algunos investigadores acudieron pero por interés propio”. Fueron tres del organismo. Es decir que los siete congresales y sus colaboradores se reunieron con solo siete personas de la provincia, varias de las cuales dijeron haber ido a título personal.
El encuentro duró cerca de una hora y el temario fue “muy básico” para la magnitud del traslado y de la logística, dijeron fuentes que estuvieron allí. “No pareció que ese hubiera sido el objetivo central del viaje”, agregaron.
Solo la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López (Fuerza Patria) se dio por enterada de lo ocurrido y en un comunicado pidió explicaciones al Gobierno nacional. Se quejó de la nula información oficial y de la falta de intervención del Congreso para autorizar la actividad.
Sin más, el avión se fue de Ushuaia en las primeras horas del martes 27 y a las 9.30 aterrizó en Neuquén. La delegación tenía previsto recorrer el yacimiento de Vaca Muerta.
Desinformación y sospechas
“Qué casualidad, intervienen el puerto y de inmediato viene una delegación del gobierno con intereses geopolíticos en la zona”. Con más o menos euforia, mensajes de este tipo se replicaron durante todo ese fin de semana en redes sociales y charlas de café.
Pero este clima no es nuevo. En Tierra del Fuego hace meses que rondan la desinformación y las sospechas sobre las operaciones estadounidenses en la zona. Habría que preguntarse por qué. Acaso las suspicacias hayan empezado en abril de 2024, cuando el presidente Javier Milei llegó de madrugada a la ciudad de Ushuaia. Fue para participar de un acto junto a la generala y entonces jefa del Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses, Laura Richardson. Milei fue directo desde el Aeropuerto al gimnasio de la Base Naval, vestido de fajina. En el lugar no había ninguna autoridad provincial. Ni el intendente de la ciudad, Walter Vuoto, ni el gobernador Gustavo Melella.
Allí, además de los saludos protocolares, el Presidente habló de dos temas distintos, pero relacionados: la construcción de una Base Naval Integrada en la península de la capital fueguina y la creación de un Polo Logístico Antártico que funcionaría en el mismo lugar como una gran estación de servicios para los buques civiles y militares que operan en la Antártida. La base naval sería, claro, un enclave de Defensa, para cuidar los intereses soberanos en un sitio geográficamente estratégico como el Atlántico Sur. El polo logístico es otra cosa: una idea de negocios que alguna vez se pensó para diversificar la matriz productiva fueguina.
Como sea, en aquella madrugada de abril se deslizó la idea de un interés norteamericano por “colaborar” con esas obras. ¿De qué forma? ¿A cambio de qué? La falta de precisiones dio lugar a los primeros rumores: desde una base de submarinos hasta una presencia militar estadounidense permanente en la zona. Las versiones no tardaron en tomar cuerpo.
Para colmo, en una visita con menos repercusión mediática, en mayo de 2025 vino a Ushuaia el sucesor de Richardson en el Comando Sur, Alvin Holsey. Hubo una reunión protocolar con militares del Área Naval Austral, escasa información oficial, y más rumores.
Cinco meses después, en octubre, tropas estadounidenses realizaron en la ciudad ejercicios de entrenamiento militar. Fue parte de la operación Tridente - que también abarcó Mar del Plata y Puerto Belgrano -, autorizada por Milei mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obvió el pase por el Congreso.
Y mientras tanto, persiste un conflicto con la empresa Leolabs, de origen norteamericano pero creada en Ushuaia y con domicilios en el Reino Unido, que en 2022 instaló en el municipio de Tolhuin un radar de uso potencialmente militar. Autorizado y luego inhabilitado por la gestión de Alberto Fernández, el artefacto sigue en el mismo lugar, mientras la empresa hace lobby ante Milei para que le permitan reactivarlo. Se trata de una antena presentada como parte de un emprendimiento privado para monitorear la “basura espacial” en las órbitas bajas de la Tierra, de modo de evitar colisiones con satélites. El radar fue emplazado dentro de la Estancia El Relincho, a unos once kilómetros del poblado situado en el medio de la isla.
Después de que un informe del ministerio de Defensa de Alberto Fernández advirtiera sobre su potencial uso militar, las autoridades nacionales mandaron desactivar el aparato, que quedó sin personal de la empresa en las instalaciones y con apenas una custodia policial. Aunque hay versiones de que igual podría operarse de forma remota, desde cualquier otra parte del mundo. Mientras, Leolabs difundió acuerdos con gobiernos como el del Reino Unido o el de Estados Unidos para cumplir funciones militares con su red mundial de radares.
Controlar el puerto, la geopolítica y los negocios
La relación navegó por aguas tranquilas durante 33 años, pero en 2025, ya con Milei en el poder y enfrentado con el díscolo gobernador fueguino Melella, el escenario se agitó. En octubre de 2025, la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) hizo una auditoría con resultados lapidarios. El informe halló desde fallas estructurales y de seguridad, hasta falta de inversión en obras y el presunto desvío de fondos hacia fines ajenos a la actividad portuaria.
La auditoría se activó después de que la Legislatura fueguina sancionara, en julio, la Ley 1596, que autorizó a la Provincia a utilizar fondos portuarios para morigerar el déficit de la Obra Social del Estado (Osef). También señalaron préstamos por $4200 millones que el puerto le concedió al gobierno provincial para terminar un hospital y comprar equipamiento sanitario.
Con estos argumentos como eje, la ANPyN se salteó otras posibles sanciones menos drásticas (como multas o apercibimientos) y el 20 de enero decidió la intervención federal.
El puerto de Ushuaia constituye un factor de desarrollo económico clave para Tierra del Fuego, tanto por los servicios que presta a embarcaciones turísticas, de carga y de pesca, como por su condición estratégica para el tráfico marítimo hacia y desde la Antártida.
Los cerca de 700 barcos a los que presta múltiples servicios le aseguran un presupuesto anual del orden de los $22.000 millones.
En el caso de los cruceros turísticos, las más de 500 recaladas anuales (540 previstas para esta temporada) implican un creciente movimiento de pasajeros que, por ejemplo en 2024, representó 232.107 personas, contando 87.935 tripulantes y 144.172 cruceristas.
Ese movimiento de gente deriva en una actividad económica extra para la ciudad, ya que aunque pernoctan en los barcos, los pasajeros consumen en comercios locales y contratan servicios turísticos y de transporte.
El año pasado, de los 675 buques que pasaron por el muelle, 511 fueron de pasaje, 34 de pesca y 30 de carga.
Por otra parte, al estar situado a solo 1000 kilómetros de la Antártida, el puerto posee una importancia fundamental en el movimiento de buques desde y hacia ese continente, y concentra actualmente cerca del 90% del tráfico marítimo antártico.
El 20 de enero, una comitiva nacional se presentó en el edificio portuario y tomó el control. Si bien la medida abarca el manejo administrativo y de la infraestructura portuaria, lo cierto es que el organismo asumió la conducción total de la terminal, en plena temporada alta de cruceros. Para ello desplazó al presidente de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, junto a sus colaboradoes inmediatos, y sólo permitió el ingreso de una veintena de trabajadores, todos ligados a la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego, el gremio que había radicado la denuncia sobre las irregularidades en el puerto. De hecho, aunque no fue designado oficialmente un interventor, esa función le fue asignada a Juan Avellaneda, secretario general del sindicato, quien se convirtió en el nexo principal con el titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor.
La intervención se resolvió por el plazo de un año prorrogable por otro, y la resolución dejó claro que el costo de oponerse a los nuevos lineamientos de gestión podría ser la inhabilitación completa de la terminal.
La reacción de la gestión de Melella fue negar cada una de las imputaciones y considerar a la intervención como un “avasallamiento” que viola el federalismo y la Constitución. De hecho, al cierre de esta nota se iba a presentar una acción judicial ante los tribunales federales de Ushuaia, bajo esa línea de argumentos.
Murcia retrucó que no había motivos para interceder en el puerto justo en una época de máxima actividad, cuando se estaban atendiendo cientos de cruceros y se esperaban 540 recaladas de barcos en la temporada.
El funcionario explicó que la ley 1596 de desvío de fondos a la obra social provincial “no llegó a aplicarse nunca” debido a los cuestionamientos que generó. Y dijo que los recursos prestados al Gobierno constituyen una inversión porque son devueltos en cuotas, con intereses y con garantía bancaria.
La sombra china
Más allá de la evidente pérdida de un polo de desarrollo económico y estratégico que implica para Tierra del Fuego desprenderse de la administración del puerto de Ushuaia, lo ocurrido en los últimos días (y acaso en los últimos meses) respecto de las relaciones del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos abre todo tipo de lecturas sobre los futuros acontecimientos en la provincia.
¿La intervención del puerto es un capítulo más de la disputa política entre el gobierno libertario y un gobernador kirchnerista que resiste las medidas de Milei? ¿O es un paso más de la escalada norteamericana sobre intereses geopolíticos en el Atlántico Sur? ¿Es ambas cosas?
Clarín publicó este lunes una nota firmada por los generales Jorge Fabián Berredo y Edgar Calandin donde advierten: “Cuando el cambio climático transforma condiciones y reduce barreras naturales, y grandes potencias relativizan los consensos multilaterales, los espacios extremos dejan de ser periferia y pasan a integrarse a las dinámicas centrales d epoder, energía y seguridad. En el Ártico, la expansión de capacidades y presencia precedió a la discusión y la reinterpretación de las normas. Esa secuencia constituye una advertencia directa para el extremo sur”.
Aunque la visita a Ushuaia de la delegación de congresistas estadounidenses fue vinculada socialmente con la intervención del puerto, debido básicamente a la cercanía temporal entre ambos acontecimientos, tampoco habría que descartar objetivos que exceden la dinámica política local y se sitúan en una escala más internacional, como la disputa global de Estados Unidos en su afán de ser el grán policía de Occidente.
Hay quienes hacen lecturas más jugadas. “Tierra del Fuego va a ser la Groenlandia del sur - dice a Revista Anfibia Enzo Girardi, experto en geopolítica y docente de la UNSAM - Trump nos la va a pedir, es la puerta a la Antártida y una ruta alternativa para los misiles continentales. Y, lamentablemente, nosotros se la vamos a dar. Vamos a ejercer una soberanía nominal”.
El interés de Estados Unidos por “colaborar” con la Base Naval Integrada de Ushuaia surgió después de que se publicara en la prensa nacional la supuesta intención del gobierno chino por hacer lo propio. Y el actual gobernador Melella tiene en agenda avanzada dos inversiones chinas en la isla: la industrialización del gas de regalías a través de la instalación de una planta de úrea (un compuesto sintético para producir resinas o fertilizantes) y metanol en la ciudad de Río Grande, por parte de la empresa Shaanxi Chemical Industry Group (unos 800 millones de dólares) y la construcción de una usina termoeléctrica en Ushuaia por parte de la firma Rainbow International Xi’an Engineering (unos 65 millones de dólares).
Portales especializados de la provincia, como Agenda Malvinas, interpretaron que la misteriosa comitiva norteamericana no llegó a Ushuaia para visitar paisajes ni para monitorear puertos intervenidos, sino para bloquear el avance chino sobre recursos naturales estratégicos. Las piezas se mueven con poco disimulo, como en un tablero de TEG. Para entender mejor el mapa, habrá que esperar a los próximos meses.
... y tal vez por eso se habla poco, o a muchos les parece ajeno o no le interesa demasiado: el jueves de la semana pasada se oficializó la decisión del gobierno de Milei de disponer la intervención del puerto de Ushuaia, cuya administración se encontraba en manos del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur. Y para hacerlo ni siquiera se tomó el trabajo de hacer una ley (ya sabemos que el presidente considera al Congreso un molesto nido de ratas), o siquiera un DNU: lo hizo mediante una resolución del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que pueden ver completa acá en el Boletín Oficial.
Apeló para eso a su condición de autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Puertos 24093 (1992), porque como la propia resolución lo reconoce, el puerto de Ushuaia era administrado por las autoridades provinciales desde 1992, cuando un par de años después de la provincialización del territorio por la Ley 23775 "...se celebró un convenio cuyo objeto fue la transferencia, a título gratuito, del dominio, administración y explotación del Puerto de Ushuaia a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.".
La figura de la intervención (es decir, la sustitución del órgano de administración del puerto por funcionarios nacionales) está contemplada no en la ley de puerto, sino en el artículo 23 de su decreto reglamentario (769/93) "...cuando se halle en juego el interés público.", siempre que previamente se halla dispuesto la suspensión o caducidad de la habilitación del puerto para funcionar como tal.
Pero la Resolución 4/26 que dispuso la intervención en su artículo dispone la suspensión del puerto por 12 meses (prorrogables por otros tantos), para acto seguido en su artículo 3 ordenar lo siguiente: "Suspéndase la ejecución de la sanción dispuesta en el artículo 1° en atención a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente medida, y sin perjuicio de lo que se resuelve en el artículo 8°". En este último artículo faculta "...a la GERENCIA DE COORDINACIÓN TECNICA para que haga efectiva de manera inmediata la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur dispuesta en el artículo 1°, frente a la eventualidad de que la intervención administrativa ordenada por el artículo 2° de la presente medida, no pueda ser ejecutada correctamente.".
Traducimos: un organismo de tercer orden interviene un organismo de jurisdicción provincial invocando disposiciones previstas para otros supuestos y se auto-atribuye la atribución de suspender la habilitación del puerto para funcionar no si no están dadas las condiciones operativas, técnicas o de seguridad, sino si alguien resiste la intervención, o la impide: aun para un gobierno autoritario y poco apegado al respeto de las normas, parece demasiado., porque si el puerto (de dominio y jurisdicción provincial) sigue funcionando como tal, no puede haber intervención nacional.
Y si el puerto no está en condiciones de operar, no lo está ni bajo la administración de la provincia ni bajo la de la nación (a través de la intervención), hasta tanto no se subsanen las presuntas deficiencias detectadas: no hay otro modo de interpretar -sin mala fe o intenciones ocultas- las disposiciones de la Ley 24093. y tampoco importa si -como lo dice la resolución- está en pleno desarrollo la temporada de cruceros, lo que de por sí demostraría que el puerto está en condiciones de operar. En sus propios términos, "Que no escapa al conocimiento de esta autoridad de aplicación las consecuencias que la ejecución inmediata de la suspensión propiciada podría acarrear para la operatividad del Puerto de Ushuaia, fundamentalmente teniendo en consideración el carácter estratégico nacional que ostenta dicho puerto para el desarrollo antártico, siendo un punto clave para el abastecimiento de la región, como así también que se encuentra en curso la temporada de Cruceros 2025-2026.".
Claro que el bando del gobierno libertario no cae de la nada, sino en un contexto que alimenta todo tipo de suspicacias, como por ejemplo que la decisión está vinculada al compromiso del gobierno argentino de facilitarle a los Estados Unidos la instalación de una base naval en Ushuaia, para el comando logístico de sus operaciones en la zona y en la Antártida; decisión a la que las autoridades provinciales -y muchos otros- se oponen.
La Resolución 4/26 poco hace por disuadir las sospechas, cuando señala "Que en este punto es importante destacar que el puerto de Ushuaia resulta de suma importancia como puerta de entrada y salida para el turismo de cruceros antárticos, además de ser un nodo logístico clave para la región y un punto estratégico en la soberanía territorial argentina.". Si el problema del puerto -que es comercial- es de presuntas deficiencias operativas que le impiden funcionar ¿a qué viene la referencia a su condición estratégica para la soberanía nacional, cuya valoración compete -en todo caso- al Ministerio de Defensa o el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y no a un funcionario de tercero o cuarto nivel de importancia y ajeno por completo al tema?
Pocos días después del úkase aterrizó en el aeropuerto de Ushuaia un avión militar norteamericano (con matrícula del Pentágono) llevando a una delegación de congresistas yanquis cuya misión concreta no se conoce, y que tampoco tuvieron otra actividad en el país: para turistas "extraños" en nuestra Patagonia, ya bastaba con los que aparecieron vinculados a algunos de los focos de incendios que arrasan algunas provincias.
El disparador de la intervención fue una denuncia del titular del gremio Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego de un hecho público y notorio: que la Legislatura provincial -por unanimidad- decidiera destinar una parte de los recursos producido por el superávit operativo del puerto de Ushuaia a financiar lo gastos de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Un acto propio de la provincia que (cualquiera sea la opinión que cada uno tenga al respecto) no es más que el ejercicio de la autonomía que les confiere a las provincias el artículo 5 de la Constitución Nacional, y que el gobierno federal debe garantir.
Es como si Milei decidiera intervenir Santa Fe porque la Legislatura provincial dicta una ley disponiendo que parte de las ganancias del puerto de Santa o el de Rosario (transferidos a la provincia en 1993) se destinen al IAPOS, por ejemplo.
Es asi, intervinieron el puerto porque el gobierno nacional no tenia injerencia en el manejo del mismo. Estos mismos que desregularon los puertos con el menemismo para debilitar al Estado, vaciando a la AGP ya pasando a las provincias todos los puertos sin las consabidas partidas presupuestarias. Ahora lo necesitan para que pase a operar bajo la orbita de los EEUU. Van por las bases argentinas en la Antartida, dicen que en un principio las compartiriamos con ellos, por lo pronto ya empezo la desacreditacion del manejo argentino en la Antartida con la denuncia sobre polucion, con la quema intencional de desechos de hidrocarburos al aire libre. Algo que esta prohibido por el tratado Antartico. Ahora falta el siguiente paso: Argentina no sabe, no puede cuidar el medioambiente en la Antartida por lo tanto no merece estar alli y los EEUU se van a encargar de asumir la operacion de las bases nuestras para garantizar el cumplimiento del tratado. Mientras tanto la elite del pais sigue con el saqueo: se van a quedar con las tierras de los Parques Nacionales, que despues de los incendios ya no tendrian razon de figurar como Parques Nacionales y serian un gasto inconducente para el Estado. Nosotros lo miramos por tv, hasta que nos corten los servicios por falta de pago...
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