Ojos bien cerrados. Otro megacanje: Milei-Caputo en el espejo De la Rúa-Cavallo

Hacia un nuevo "megacanje o default":  El gobierno publicó el DNU 846 que lo auto-habilita a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso. En el Boletín Oficial de ayer, 23 de septiembre, el gobierno habilita por DNU (846/2024) a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso. ¿Cómo? Eliminan el cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (LAF), es decir, aquellos requisitos que implican mejorar monto, tasa o plazo (la interpretación de dicho articulo es la mejora de 2 de 3 condiciones). Ponen como único criterio que al gobierno le tomen a precio de mercado los bonos a canjear, lo cual es muy laxo. ¿Qué podría malir sal?

Por Artemio López

Notas relacionadas:

• El gobierno publicó el DNU 846 que lo auto-habilita a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso 
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¿Qué implica esto?

• Se meten con facultades del Congreso: la renegociación de deuda es materia legislativa. No puede el Poder Ejecutivo auto-habilitarse a ofrecer canjes de deuda y hacerlo sin las pautas que el Congreso debe facultar.
• El gobierno se cansó de decir que tenía los dólares pagar la deuda pero al final del día está claro que no puede resolver el frente externo: se queda sin dólares y las condiciones no mejoran para acceder a los mercados. Quiere renegociar sin ningún tipo de exigencia que evite empeorar las condiciones de endeudamiento de Argentina, como ocurrió con el Megacanje de 2001 por el que fue procesado Federico Sturzenegger.
• Lo hacen a escondidas y por DNU porque no pudieron hacerlo en la Ley Bases (lo intentaron pero lo retiraron) y aunque lo incluyeron en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, difícilmente el Congreso les apruebe semejante arbitrariedad.

A continuación, una explicación del tema.

Primero, el Congreso acaba de recibir, hace una semana, un Presupuesto para decidir, entre otras materias, sobre la facultad para tomar y canjear deuda del Gobierno de Milei y su ministro Caputo. En el marco del debate del Presupuesto, publican un DNU que avanza sobre uno de los temas que se deberían votar en el Congreso.

Por otro lado, el mecanismo también dice mucho: el gobierno lo hace a escondidas. En el Boletín Oficial de hoy, el DNU 846 parece referirse al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) pero en verdad habla de deuda. Primero, en el artículo 1, el gobierno pretende engañar con una norma sobre FGS y trafica, en el artículo 2, un cheque en blanco del Congreso al Poder Ejecutivo.

Como se observa en el artículo 2, retoman un Decreto (331) de 2022 -de la gestión Guzmán- que había habilitado a realizar canjes sin pasar por la LAF pero en pesos y a valor técnico. En este caso, modifican el artículo 11, habilitando que los canjes de deuda no sólo se hagan sin la LAF en pesos, sino con cualquier moneda y se establece el criterio de precios de mercado.

El gobierno de Milei ya había introducido esta habilitación en la Ley Bases de diciembre 2023, aunque luego tuvo que retirarlo, e incluso el artículo 54 del Presupuesto 2025 presentado hace una semana establece la misma habilitación, sorteando los requisitos de la LAF, artículo 65. Recordemos lo que establece dicho artículo de la Ley de Administración Financiera:

El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.” (artículo 65)

Con la eliminación de este articulo no queda establecida ninguna pauta para renegociar la deuda. Esto implica que, ante una reestructuración, pueda producirse un incremento en el monto adeudado, aún respetando el cupo de deuda autorizado por el Congreso. Ello podría ocurrir estirando plazos, pero ofreciendo mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de esa deuda reestructurada, pudiendo resultar ruinoso para el país en determinadas circunstancias.

Una pauta de razonabilidad indicaría que, en todo caso, esa afectación del cupo de endeudamiento autorizado por la Ley de Presupuesto debiera producirse siempre que no se mejoren dos de los tres elementos (tasa, plazo y/o monto) o siempre que se empeore el valor presente neto de la deuda.

Por último, en relación a las autorizaciones del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo, no debe perderse de vista que la del artículo 65 de la LAF no deja de ser una delegación legislativa, con lo cual debiera cumplir con los estándares jurisprudenciales de nuestra Corte Suprema de Justicia. Es decir: debe existir una exigencia, requisito o pauta de parte del Poder Legislativo para la tarea encomendada al Poder Ejecutivo. De lo contrario, se trata de una habilitación sin controles: un cheque en blanco.

El mega canje de Sturzenegger en 2001 fue el caso paradigmático de una reestructuración de deuda ruinosa para nuestro país, que empeoró el perfil de deuda del Tesoro Nacional. Sturzenegger fue procesado por una maniobra que favoreció a sus amigos, unos 7 bancos que cobraron comisiones por USD 150 millones, por hacer de intermediarios de sí mismos.

Artemio López

Otro megacanje: Milei-Caputo en el espejo De la Rúa-Cavallo

Desesperados por la situación económica y la falta de dólares, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, ya trabajan en un nuevo megacanje de la deuda que hundirá aún más a la Argentina. Recordemos que en 2001, el presidente Fernando de la Rúa, junto a su ministro Domingo Cavallo, llevaron a cabo un megacanje que endeudó al país por millones de dólares, lo que derivó en juicios contra Cavallo y Sturzenegger, aunque ambos fueron absueltos por el partido Judicial.

El gobierno ha habilitado el canje de títulos en cualquier moneda, sin cumplir con los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso. La oposición repudia la “laxitud” en los criterios para la toma de deuda, ya que no contempla mejoras en los montos, plazos o intereses de las operaciones originales.

La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial, elimina la obligación de que el Congreso autorice una reestructuración de deuda en dólares con inversores extranjeros y organismos de crédito, como el FMI. Además, impone un piso mayor, hasta el 2027, de aceptación compulsiva de títulos del Tesoro por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Con reservas negativas y una constante pérdida de divisas del Banco Central, Argentina enfrenta vencimientos por más de 22.000 millones de dólares en los próximos 12 meses. Al mismo tiempo, la deuda consolidada del Tesoro y del Banco Central creció en 53.721 millones de dólares durante los primeros diez meses del gobierno libertario, con reservas netas líquidas que se ubican en un terreno negativo de 8.762 millones de dólares.

Megacanje: Esta operación tenía como objetivo aliviar los pagos de intereses y capital de la deuda externa argentina, canjeando la deuda por nuevos bonos con plazos más largos. Sin embargo, este canje tuvo un costo exorbitante e implicó un incremento considerable de la deuda externa.

La propuesta fue ideada por el banquero David Mulford, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que trabajaba entonces para el banco Credit Suisse First Boston. El ministro de Economía Domingo Cavallo y su secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger, la recibieron con entusiasmo. A primera vista, la operación parecía sencilla y beneficiosa: se canjearon 46 tipos de bonos soberanos por cinco tipos de nuevos bonos con vencimientos hasta el año 2031.

Sin embargo, la operación incrementó la deuda del país de manera dramática. Un peritaje realizado por el experto en ingeniería financiera Moisés Resnick Brenner reveló que el país sufrió un perjuicio de 55.000 millones de dólares. Siete bancos participaron en esta estafa y ganaron 150 millones de dólares en comisiones: Banco Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston. David Mulford cobró 20 millones de dólares en comisiones.

Los bancos y las AFJP aportaron al canje títulos por un valor total de 27.000 millones de dólares, pero 20.000 de esos 27.000 millones ya estaban en sus carteras. Es decir, cobraron comisiones por hacer de intermediarios de sí mismos.

El resultado fue devastador. A fines del año 2000, la deuda externa del país era de 80.000 millones de dólares. Después del megacanje, la deuda externa aumentó a 88.000 millones de dólares, y para 2003 alcanzó la cifra de 102.000 millones de dólares. Los intereses de la deuda pasaron de 82.300 millones de dólares a 120.700 millones de dólares, lo que convirtió esta operación en una verdadera estafa.

Ahora, la dupla Milei-Caputo parece encaminada a repetir la historia.

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