El neoliberalismo se desplegó en todo el mundo en el marco de una revolución tecnológica inédita que produjo cambios culturales asociados a las innovaciones tecnológicas y comunicacionales. Esto desarrolló un individualismo exacerbado, que sumado a un aparato de disciplinamiento social en el que los medios dominantes y la justicia están cooptados por sectores funcionales al poder, constituye en sí mismo un sistema de gestión del poder. En la era del lawfare y las fake news, el individuo se adiestró para librar una guerrilla audiovisual en su propia mente, plagada de memes y burlas a diestra y siniestra, los amarillos apuestan al control de la revolución cultural para su propio beneficio. Aquí, historias de los berrinches -por verse ridiculizada- de gente acostumbrada a armar operetas con D'Alessio para encanar opositores, y una ministra de Seguridad utilizando el aparato del Estado para una vendetta personal.
A nadie pareció ni parece llamarle la atención el hecho de que la ministra de Seguridad anuncie que puso la infraestructura del Estado para investigar en las redes sociales quien fue el autor del video editado en el que aparece hablando más lento de lo habitual, pero no muy distinto a -por ejemplo- ese otro en el que apareció saliendo de un restaurante con un par de copas de más, para defender el derecho de cualquiera a portar armas.
Dejando de lado que es el propio personaje Bullrich (payaseco pero siniestro a la vez) el que hace al video verosímil, lo cierto es que todos parecen olvidar que ridiculizar a un funcionario público no es en sí mismo delito, ni un hecho punible. Ya bastante gravoso para las libertades democráticas es soportar los avances autoritarios del Estado en el control de ciertas formas de comunicación como las redes sociales, con el pretexto de prevenir posibles acciones terroristas u otros hechos que atenten contra la seguridad pública, como para tolerar y naturalizar que esa parafernalia represiva se emplee para estas cuestiones; aunque no olvidemos que fueron este gobierno y esta misma ministra, los que hicieron meter presa gente por tuitear contra el presidente.
En la coyuntura inmediata, la sociedad argentina se dispone a vivir una decisión electoral en la que pretenderá incidir, como nunca antes en nuestra historia, un dispositivo tecnocientífico diseñado para manipular los comportamientos colectivos. Ya se ha instalado sobre nosotros una ingeniería social para manipular la subjetividad popular, aspecto contrario al avance del proceso democrático argentino, que llevó primero a eliminar del Código Penal la figura del desacato, y luego a despenalizar las calumnias e injurias cometidas por la prensa, tratándose de asuntos de interés público.
Vivir en democracia supone el ejercicio de las libertades (entre ellas la de expresión), y ser funcionario público en un gobierno democrático supone estar expuesto a las críticas e incluso a las burlas, sea cual sea el modo por el que estas se manifiesten.
Poniendo el foco en la ostensible doble vara con que se juzgan estas cuestiones (la propia Bullrich ha sido una brutal propagadora de mentiras, desde el propio Estado, en inmumerables casos), o discutiendo si estamos hablando de un caso de "fake news" u otra cosa, dejamos pasar este otro costado del asunto, que es mucho más grave.
Porque viene del mismo lugar del que salieron el aliento institucional al gatillo fácil, la represión a la protesta social y la legitimación de la existencia de presos políticos; y a su vez transmite un mensaje tenebroso, incompatible con la vida en democracia: ojo con lo que hacen, ojo con reírse de nosotros, ojo con criticarnos, porque los estamos vigilando, y si podemos, les armamos una causa y los metemos presos. Pero el proceso está en marcha y es y será imparable, por más Durán Barba que pongan en el medio.
Cría fake news...
A nadie pareció ni parece llamarle la atención el hecho de que la ministra de Seguridad anuncie que puso la infraestructura del Estado para investigar en las redes sociales quien fue el autor del video editado en el que aparece hablando más lento de lo habitual, pero no muy distinto a -por ejemplo- ese otro en el que apareció saliendo de un restaurante con un par de copas de más, para defender el derecho de cualquiera a portar armas.
Dejando de lado que es el propio personaje Bullrich (payaseco pero siniestro a la vez) el que hace al video verosímil, lo cierto es que todos parecen olvidar que ridiculizar a un funcionario público no es en sí mismo delito, ni un hecho punible. Ya bastante gravoso para las libertades democráticas es soportar los avances autoritarios del Estado en el control de ciertas formas de comunicación como las redes sociales, con el pretexto de prevenir posibles acciones terroristas u otros hechos que atenten contra la seguridad pública, como para tolerar y naturalizar que esa parafernalia represiva se emplee para estas cuestiones; aunque no olvidemos que fueron este gobierno y esta misma ministra, los que hicieron meter presa gente por tuitear contra el presidente.
En la coyuntura inmediata, la sociedad argentina se dispone a vivir una decisión electoral en la que pretenderá incidir, como nunca antes en nuestra historia, un dispositivo tecnocientífico diseñado para manipular los comportamientos colectivos. Ya se ha instalado sobre nosotros una ingeniería social para manipular la subjetividad popular, aspecto contrario al avance del proceso democrático argentino, que llevó primero a eliminar del Código Penal la figura del desacato, y luego a despenalizar las calumnias e injurias cometidas por la prensa, tratándose de asuntos de interés público.
Vivir en democracia supone el ejercicio de las libertades (entre ellas la de expresión), y ser funcionario público en un gobierno democrático supone estar expuesto a las críticas e incluso a las burlas, sea cual sea el modo por el que estas se manifiesten.
Poniendo el foco en la ostensible doble vara con que se juzgan estas cuestiones (la propia Bullrich ha sido una brutal propagadora de mentiras, desde el propio Estado, en inmumerables casos), o discutiendo si estamos hablando de un caso de "fake news" u otra cosa, dejamos pasar este otro costado del asunto, que es mucho más grave.
Porque viene del mismo lugar del que salieron el aliento institucional al gatillo fácil, la represión a la protesta social y la legitimación de la existencia de presos políticos; y a su vez transmite un mensaje tenebroso, incompatible con la vida en democracia: ojo con lo que hacen, ojo con reírse de nosotros, ojo con criticarnos, porque los estamos vigilando, y si podemos, les armamos una causa y los metemos presos. Pero el proceso está en marcha y es y será imparable, por más Durán Barba que pongan en el medio.
Cría fake news...
El 15 de febrero de 1898, a las 21:40, dos explosiones destrozaron al Maine, un acorazado estadounidense apostado sobre las costas de Cuba. Una comisión española, que por entonces gobernaba la isla, concluyó que “la catástrofe se debió a causas interiores”. En EE.UU., sin embargo, se difundió otra versión: "La destrucción del Maine fue la obra de un enemigo".Adrián Murano
La afirmación fue el título de The New York Journal, el periódico más popular de la Gran Manzana. En la portada, un dibujo a página completa representaba al crucero en el momento de chocar contra una mina situada en las profundidades de la bahía.
En los días posteriores, el Journal acosó al gobierno para que decretara la réplica militar. “WAR SURE” (“Guerra seguro”) publicó el periódico, con una tipografía especial fabricada para la ocasión. La campaña del Journal, finalmente, disparó la guerra, las ventas del diario y el poder de su propietario: William Randolf Hearst, el zar mediático que Orson Welles inmortalizó en Citizen Kane.
Décadas más tarde se supo que las pruebas exculpaban a los españoles por la explosión del Maine. En 1976, el almirante Hyman Rickover, comandante de la flota de submarinos nucleares estadounidenses, admitió que la causa fue el calor producido por el fuego de una carbonera próxima al cañón de reserva. Una “causa interna”, como sostuvo la comisión española desde el principio.
A pesar de las evidencias, la “fake news” que provocó la guerra todavía persiste. La mayoría de los estadounidenses aún creen que el Maine fue detonado por una mina, y si bien el gobierno norteamericano aceptó el “error”, aún se niega a extender un pedido de disculpa formal a España para no contrariar a la opinión pública.
La "fake history" nació de las "fake news" que publicó el Journal, al punto de que en los círculos de poder estadounidenses bautizaron la contienda como “The Hearst’s war” (La guerra de Herast). El periódico trucó fotos, fraguó relatos, inventó personajes y hasta secuestró personas para promover la “guerra por la libertad” en la isla. Hearst libró la campaña sucia por razones comerciales y disputas domésticas de poder, pero su acción tuvo consecuencias geopolíticas indelebles: la “Guerra de Cuba” implicó la retirada definitiva del imperio español sobre América Latina. Y el inicio de la expansión injerencista de Estados Unidos en la región.
Una “fake news” es, por definición literal, una noticia falsa. Y la difusión de noticias falsas para generar hechos políticos es una práctica extendida entre los medios tradicionales desde mucho antes que Hearst. La irrupción de las redes sociales como vehículos de fake news representa, en tal caso, una amenaza a un modelo de negocios que se sirvió de las noticias -falsas o manipuladas- como herramientas de extorsión política y sugestión social.
Lo que molesta a los medios tradicionales, entonces, es la competencia: que las redes les disputen el monopolio de la intoxicación noticiosa y la desinformación. Lo mismo corre para los políticos que, como la ministra de seguridad Patricia Bullrich, se sirvieron de información falsa para aliviar encerronas políticas, atacar a enemigos o lanzar bombas de humo.
Si no fuera grave -por el poder de los involucrados-, resultaría gracioso -por lo patético- que la ministra se considere la “primera víctima” de las fake news por un simple meme. Y que la prensa oficialista, difusora de las noticias falsas de la ministra, la presente como tal. Algo así como una fake news sobre una fake news.
Total normalidad.
Deep fake contra Bullrich: un agravio que el Código Penal no contempla y puede quedar impune https://t.co/nC6UCHTMK0 pic.twitter.com/DrjFhXOh9l— Infobae Política (@InfobaePolitica) 5 de julio de 2019
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