Yutearse es la nueva moda en el top ten de la sociedad pandémica, ser policías de balcón hoy es cool y popular, mientras la violencia policial en todo el país crece más que los índices de personas infectadas con coronavirus. Y más en un país con tanta historia de violencia y donde el status quo no tuvo empacho en bombardear Plaza de Mayo o hacer desaparecer a 30.000 tipos solo por su forma de pensar. Ahora, esa derecha liberal ha encontrado en la pandemia un caballito de batalla para volver a constituirse, mientras un a parte de la ciudanía los sigue gustosos, siempre dispuestos a crucificar a m ás de uno en nombre de la libertad. Ya no solo se multiplican las palizas de la policía contra gente pacífica e indefensa, sino que se están creando las condiciones que esos "justicieros de la libertad" salgan del mismo tejido social. La manipulación mediática hace daño, y las recientes movilizaciones se dan en el marco de una creciente violencia expresada por un sector radicalizado, que ve en el ejercicio del odio y la desesperanza su razón de ser. ¿Por qué siempre la libertad es siempre la de ellos? 
Tanta libertad quieren y buscan, que hasta el partido que condujo la gestión más ferozmente represiva de la historia reciente de nuestro país, firma solicitadas condenando la violencia institucional.
"La acumulación de hechos represivos desde el inicio de la vigencia del DNU 297/2020, y la gravedad de algunos hechos puntuales ocurridos en las últimas semanas, como la desaparición forzada y asesinato de Luis Armando Espinoza en Tucumán, las torturas padecidas por una familia qom, incluidas dos niñas, en el Chaco y las muertes en comisarías, que suman 12 entre el 20 de marzo y el 30 de mayo, ha motivado públicas condenas desde integrantes del oficialista Frente de Todos y hasta del PRO, que condujo la gestión más ferozmente represiva de la historia reciente de nuestro país. Por nuestra parte, ratificamos que si es institucional, es represión del estado, sea en el distrito que sea, y que se necesitan políticas concretas en vez de palabras".Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)
La dictadura no fue sólo Videla y los militares, el menemismo no fue sólo Menem y el macrismo no fue solo Macri. Empecemos a mirar bien el "detrás de escena" porque ahí está el nudo que nunca logramos terminar de desatar. Evidentemente callar eso no calma las aguas, las empeora.— Profe Sergio Wischñevsky (@sergiodwy) July 9, 2020
Qué facil es gatillar
A cien días de la cuarentena, el CELS advirtió sobre la necesidad de otros controlesAlberto Moya
Desde el inicio de la cuarentena, en marzo, las fuerzas de seguridad reiteraron viejas prácticas de torturas, ejecuciones y hasta una desaparición, según advirtió hace una semana –una vez más– el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En la última quincena la situación ha recrudecido.
El 15 de junio, en la represión al barrio INTA en Chubut, Gabriel Frede oyó que pasaba algo fuera de su casa, fue a cerrar el portón y desde una camioneta policial le dispararon en la cara. Por ello, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación pidieron informes a la Gobernación.
El 17, efectivos de Gendarmería fusilaron de cuatro tiros por la espalda a Facundo Scalzo, de 20 años, en el Barrio Rivadavia I, que limita con la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Tres gendarmes fueron incomunicados por orden de la jueza Alejandra Alliaud, pero después uno de ellos se hizo cargo del crimen.
Luego de que Diego Rocha quedara con prisión preventiva, la ex ministra Patricia Bullrich posteó el domingo pasado: «Acaban de tirar al primer gendarme por la ventana»… «a pesar de haber actuado contra delincuentes violentos». Por ello fue denunciada por apología del crimen a pedido de Andrea Beatriz Scalenghe, la madre de Facundo.
No fue un caso aislado. Según docentes del barrio y organizaciones sociales, hay un aumento de la violencia institucional desde el comienzo de la cuarentena. La vicedirectora de la Escuela Media 3, Griselda, comentó en FM La Tribu: “Parte de la estigmatización proviene de los medios que rotulan que Facundo escapaba por haber cometido un ilícito, cosa que no es cierta. Aun si lo fuera, es una ejecución sumaria. Facundo quedó tirado una hora hasta que la ambulancia llegó. La Gendarmería no dejó que se acercara su familia para asistirlo y tampoco instrumentaron una medida para que el pibe llegara al hospital”.
Ciego a los 17 años
Hace dos sábados, Ignacio Seijas, de 17 años, quedó ciego luego de que policías del Grupo Apoyo Departamental (GAD) le dispararan perdigones a la cara, en un procedimiento en Lomas de Zamora en el que se equivocaron de casa.
Su padre, Pablo, relató al Cohete lo sucedido –que trascendió en varios medios– y lo que no trascendió y padece hoy, mientras le prodiga a Ignacio sanaciones durante todo el día: el cuidado para que la infección del ojo no ascienda hasta el cerebro, más lo que todavía falta, prótesis, psicólogo, médico plástico…
“El día que quisieron matar a mi hijo, hicieron retener la ambulancia 40 minutos. En el hospital, yo podía verlo sólo cinco minutos cada dos horas. Oí a dos oficiales le dijeron a los médicos: ‘Déjenlo ahí; es un chorrito’, para que reciba la menor atención. Fue el peor día del padre”.
Al chico le dieron el alta para prevenir un contagio intrahospitalario de coronavirus. En la casa, el padre siguió encontrándole perdigones en la cara.
El subteniente Daniel David que disparó fue apartado por Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. El padre de la víctima dice que los cómplices de la Comisaría 7ª en Banfield Oeste no fueron imputados.
La investigación quedó a cargo del fiscal Sebastián Bisquert (UFI 8), especializado en violencia institucional, quien procesó a uno de los agentes por “lesiones graves”. El fiscal es un paciente de riesgo en cuya Fiscalía temían un posible caso de Covid-19. En ese clima, la Fiscalía y el Juzgado 5 de la doctora Salvo no quieren mover muchos papeles y prefieren un formato digital que “es precario”, según explicó el abogado Antonio Eduardo Gómez para justificar la carencia de prueba documental para aportarle al Cohete.
En Tucumán, tampoco pueden respirar
Esta semana, el ministro de Seguridad tucumano, Claudio Maley, se refirió a la muerte de Walter Ceferino Nadal el miércoles previo. Aseguró: «La intervención fue correcta y oportuna».
Se refería al uniformado que le colocó la rodilla sobre la nuca rodeado por otros cinco efectivos que oían al hombre musitar «No puedo respirar». No en Estados Unidos, en su provincia.
La actualidad de estos casos se suma a una cantidad que fluctuó durante las casi cuatro décadas transcurridas desde el final de la última dictadura, a la que ya no es posible atribuirle el origen de todo.
Hace dos semanas, en Salta, hubo movilizaciones para que no se olvide el primer aniversario de los crímenes contra Guri Farfán, Martín Carreras, David Alfonso y Cristian Gallardo, a la vez que señalan a “fiscales encubridores” como Sodero Calvet.
Esta semana se cumplió un año de la muerte de Matías Iberra en Merlo (Buenos Aires) luego de ser señalado por el extravío de un equipo de mate, que la Policía no halló en su mochila, única pertenencia de alguien en situación de calle. A pesar de ello, lo demoraron; el fiscal pidió su detención; el juez la convalidó y la Comisaría 1ª lo trasladó a la 2ª, donde apareció golpeado y muerto.
Dos meses después de aquel 2019, en la Comisaría cabecera de Berazategui, apareció “suicidado” Rubén Darío Carbonel, detenido por un presunto hurto. Luego de horas de detención en que no le fue permitido tomar sus antidepresivos, fue ahorcado con su buzo. En una celda bonaerense, siempre atestada, como recordó a este medio su madre, Zulma Escobar, quien con el patrocinio de Dante Morini acusó a la Policía por esa muerte en custodia que no había trascendido a los medios de tirada nacional.
El Cohete a la Luna ya había dado cuenta de otros casos.
Los abusos y crímenes pueden ser cometidos por la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, la de la Ciudad o las provinciales. No importa si el gobernante es peronista, socialista o postulante a algún cambio; la conducción política puede estar en manos de un joven o un maduro; de un varón o una mujer, de alguien que se construye por centro izquierda o por centro derecha, los resultados son estos:
Los disparos a la cara de Sebastián Britos, en La Pampa; los golpes a Enzo, de 22 años, en CABA, o a Adrián en José C. Paz; las fisuras óseas de Javier Astorga en Santa Cruz; el desprendimiento de retina de Fabián Andina en General Madariaga; las heridas a una embarazada en Santa Fe; los balazos a una nena de 7 años en Buenos Aires; los procedimientos con o sin orden en casas de una familia qom en Fontana o de otra en Sierra de los Padres.
A esos atropellos se sumaron las muertes de Florencia Magalí Morales, ahorcada en una comisaría de San Luis; la desaparición y muerte de Luis Espinoza desde Tucumán; el crimen de Mauro Coronel en Santiago del Estero; el balazo por la espalda a Alan Maidana en Berazategui; los 18 disparos contra Lucas Barrios en la Isla Maciel y el crimen de Facundo Scalzo en el Bajo Flores.
Así como Bullrich se alinea con los gendarmes, en defensa propia, otros acusados hacen lo propio. En el caso de Alan Maidana, un joven de 19 años que salía de un cumpleaños cuando otro chico, ebrio, revoleó algo que dio contra el auto de un policía que pasaba. El conductor se bajó y empezó a los tiros, con lo que mató a uno de los inocentes. Luego de su rastreo y detención, convocó en su defensa a Edgar García, quien salió a los medios a preguntar qué hacían esos chicos en la calle durante la cuarentena. En un intercambio con El Cohete, negó que su cliente estuviera «molesto porque le habían golpeado el auto» sino que Alan fue «asesinado por un policía federal en circunstancias que se investigan», para dar pie al argumento de que fue un intento de robo. El mismo discurso de Bullrich.
Edgar García es un ex policía que, como abogado, fijó domicilio en Berazategui aunque fue candidato a intendente de Florencio Varela por el partido NOS, de Juan José Gómez Centurión. Su última estrategia pasa por pedir la recusación del fiscal Daniel Ichazo por sus declaraciones radiales en donde critica a la policía de gatillo fácil.
Investigan una desaparición
Según informó este viernes la Comisión Bonaerense por la Memoria, Facundo Astudillo Castro, de 22 años, está desaparecido desde el 30 de abril cuando salió “a dedo” desde Pedro Luro a Bahía Blanca. La última vez que se lo vio, era subido a un patrullero, de acuerdo a lo declarado por tres testigos. Los policías dijeron que lo habían infraccionado por violar la cuarentena pero «lo dejaron seguir». La madre reconoció a un uniformado como quien «había tenido problemas» con su hijo. Ahora, su familia denuncia ante el fuero federal un caso de «desaparición forzada».
Propuestas
La necesidad de reformas policiales es impostergable, según consideró el CELS. “En muchos casos los poderes ejecutivos separaron a los efectivos y las investigaciones judiciales avanzan. Si bien algunas de las intervenciones policiales comenzaron como acciones para hacer cumplir el aislamiento obligatorio, aun no es claro cuánto incide este factor. Como ocurre con otros aspectos de la desigualdad, la cuarentena permitió que se volviera a ver un problema estructural”.
La Policía de Mendoza en un operativo
en la Sexta Sección contra un chico
que barría veredas a cambio de comida.
Desde CORREPI, Ismael Jalil admite que “a diferencia del gobierno de Macri, advertimos una sustancial diferencia en cuanto a la respuesta discursiva y, en algunos pocos casos, efectiva por parte del gobierno nacional. No es lo mismo reivindicar a Chocobar o decir “no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana” que apartar de sus cargos, sumariar y deslegitimar a los autores de varias de nuestras denuncias. Pero se requiere mucho más. Siguen siendo excepcionales las detenciones de los policías, salvo en muy pocos casos como el de los autores del crimen de Espinoza en Tucumán”.
El CELS propone seguir con atención el proceso de reforma iniciado en Santa Fe, las propuestas de Chaco para reformar el órgano de control policial así como el anuncio de encarar cambios en la Policía Federal. El acuerdo político debe pasar por fortalecer el gobierno efectivo de las fuerzas de seguridad sin contraponer eficacia y derechos humanos. Algunas cuestiones necesarias son diseñar organismos de control externos y con capacidad real de investigar la actividad policial; producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público, sobre el funcionamiento de las policías (lo que incluye pero excede a las estadísticas sobre delitos); desarrollar protocolos de actuación con criterios claros de intervención policial; revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento en base a los estándares internacionales.
Lamentablemente, esta historia es larga amerita continuar con el hilo de posteos sobre la "pandemia de la violencia"...
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