“No se habla más de mapuches, a partir de ahora se habla de la RAM”. El mensaje de texto llega al celular de Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 36 de Esquel de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), el 16 de agosto de 2017. Santiago Maldonado se encuentra desaparecido desde hace dos semanas y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri, empieza a construir su narrativa que ubica a la comunidad mapuche como un potencial peligro terrorista.
“¿Dónde está Santiago Maldonado?” “¿Qué le hicieron al Brujo?”. Las marchas de los organismos de Derechos Humanos, agrupaciones políticas y sociales se multiplican por todas las plazas del país. El cartel con la cara del joven interpela hasta a los más incrédulos. El ruido en la calle es permanente. Ruido. Eso es lo que hace Bullrich al desviar los ojos de la Gendarmería.
Horas antes de comparecer en el Senado de la Nación, el 16 de agosto de 2017, la ministra mantiene una reunión con su círculo de confianza en la sala de situaciones del edificio ubicado en Geli y Obes, en la Ciudad de Buenos Aires, para analizar un documento que había recibido desde Chile a partir de las gestiones realizadas por el jefe de inteligencia de GNA, Jorge “El Potro” Domínguez. “RAM sus vínculos con Chile” es el título del documento de power point que se despliega sobre una enorme pantalla LCD de 97 pulgadas.
Junto a la funcionaria están presentes Pablo Noceti, jefe de Gabinete del área de Seguridad y el articulador de la represión hacia los mapuche a partir de la reescritura de la ley de flagrancia; Gonzalo Cané, la persona designada para convertirse en la sombra del juez a cargo del expediente por la desaparición forzada de Santiago (primero Guido Otranto y luego Gustavo Lleral); y Fulvio Pompeo, el responsable de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), encargado de recibir todos los partes de inteligencia vinculados a los pueblos originarios.
El rostro del lonko Facundo Jones Huala aparece destacado en el centro; se lo sindica como jefe de la Resistencia Ancestral Mapuche, autoridad de la Pu Lof en Resistencia Cushamen y con múltiples vínculos con los integrantes de la chilena Coordinadora Arauco Malleca (CAM).
El cuadro sinóptico se esparce como una araña deforme con dos cabezas. Por un lado, el lonko y a su lado, el referente chileno Héctor Javier Llaitul Carrillanca, uno de los líderes comuneros de Temuco a quien la inteligencia chilena vincula con guerrilleros de las FARC.
“A partir de ahora no se habla más de mapuches…”. Bullrich
avanza con la construcción de su doctrina de seguridad nacional con un
enemigo interno bien definido. Lanzadas sus palabras temerarias, Noceti
es el encargado de bajarle línea al jefe del Escuadrón 36. El
encubrimiento está en marcha.
Ese mismo 16 de agosto de 2017, Bullrich concurre al Senado de la Nación para una interpelación política. En una de sus carpetas guarda el parte interno de la GNA rotulado como PUMA 120 “Corte de Ruta Nacional 40, KM 1848, altura paraje Leleque, por integrantes Resistencia Ancestral Mapuche”. La ministra tiene por objetivo sacar a Maldonado del territorio, desviar la atención sobre la represión (ilegal) de la GNA e instalar la idea de los ataques terroristas de la RAM.
―Hay setenta causas abiertas en este momento por violencia del grupo RAM. Setenta causas abiertas en las que hay incendios de máquinas, golpes con armas a personas que bajaron de sus camiones, les robaron y les quemaron el camión. Hay causas de incendios en distintos lugares tales como un refugio en la montaña―, titubea la ministra.
Durante su interpelación, incluye dentro del derrotero de causas penales un ataque a un puestero de la empresa Benetton, ocurrido el 21 de junio de 2017, realizado por un grupo de encapuchados. La ministra insinúa que Maldonado podría haber sido herido en un ataque de la RAM. Pone en duda su presencia en el territorio.
Para diciembre de 2017, la cantidad de causas penales amontonadas llegaban a 96. En 2025, bajo el sello político de La Libertad Avanza sumó 136 expedientes para declarar formalmente a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista y al lonko Facundo Jones Huala como su principal integrante.
La ministra de Seguridad utiliza a los pueblos originarios para implementar una doctrina de seguridad nacional inspirada en un documento de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (2005) en donde se menciona al indigenismo como una de las “nuevas amenazas terroristas”. Su objetivo de fondo es despoblar los territorios para permitir el avance de un conjunto de negocios privados. Los Benetton de la vida, agradecidos.
La invención del monstruo
La RAM fue declarada como una organización terrorista el pasado 14 de febrero en el mismo momento en que la Patagonia era arrasada por una serie de incendios intencionales. Bullrich, sin pruebas en la mano más que algunas declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le adjudicó la responsabilidad de los fuegos a esa organización, sumando a un conjunto de otras comunidades mapuche.
En la Resolución 210/2025, la cartera de Seguridad adjuntó un informe técnico-jurídico para darle sustento a su decisión oficial, con el listado de las 136 causas penales y hechos denunciados en medios de comunicación y redes sociales. “El listado es el que surge, simplemente, de fuentes abiertas, tales como diarios o canales de televisión, que han dado cuenta de numerosos atentados incendiarios contra viviendas, establecimientos, vehículos o maquinarias; así como ataques a las personas, de manera selectiva o indiscriminadamente, con el ostensible y a veces declarado propósito de sembrar el terror”, puede leerse en el texto oficial.
Una primera versión de este informe había sido presentada en diciembre de 2017 durante el lanzamiento del Comando Patagónico Unificado, junto a quienes por entonces eran los gobernadores de Chubut (Mariano Arcioni), Río Negro (Alberto Weretilneck) y Neuquén (Omar Gutiérrez).
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La construcción de una narrativa en contra de los mapuche ocurre a partir de la intervención dentro de expedientes judiciales con el plantado de pistas falsas, tal fue la situación del caso Santiago Maldonado o la invención de un supuesto tráfico de armas hacia Chile, sumado al rejunte de otros expedientes por abigeato (robo de ganado) radicados en los juzgados provinciales en los que, con el transcurrir del tiempo, se desmontó la idea de la existencia de una organización terrorista. Pero a la Ministra no le importó.
De las primeras 96 causas mencionadas en ambos informes (2017 y 2025), en 84 no existen ni existían autores identificados de los supuestos delitos denunciados. El Gobierno de La Libertad Avanza (al igual que el de Macri) incluyó expedientes que habían sido cerrados por falta de mérito, como el incendio al refugio Newmeyer (2014). La desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel fueron incluidos como avances de la GNA y la Prefectura contra la RAM.
La causa madre
El expediente principal utilizado por Bullrich para construir su discurso sobre los mapuche violentos tiene que ver con un juicio por usurpación iniciado por la Compañía de Tierras del Sur (Benetton), la empresa italiana que posee cerca de 900 mil hectáreas.
En marzo de 2015, se constituyó la Pu Lof en Resistencia Cushamen a partir de una recuperación territorial protagonizada por Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo, Nicolás Hernández Huala y Martiano Jones Huala. La comunidad se instaló sobre Ruta Nacional 40, en el kilómetro 1848; el mismo territorio que será testigo de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado luego de una feroz represión de la Gendarmería ocurrida el 1 de agosto de 2017.
A la causa madre por usurpación se le adosaron otros 19 expedientes conexos, utilizados por el Gobierno nacional para robustecer su prédica en contra de las comunidades. A pesar de que todos los acusados por usurpación fueron absueltos en 2019, Bullrich los volvió a sindicar como terroristas al incluirlos en su informe sobre la RAM publicado en la Resolución 210/2025.
El juicio por usurpación llegó a su fin en marzo de 2019. La jueza penal de Esquel, Carina Estefanía (ahora Camarista) leyó la sentencia durante cuatro horas. En su recorrido sostuvo que no había elementos para hablar de la RAM, que los integrantes de la comunidad siempre rechazaron ser parte de esa supuesta organización y que incluso se habían armado más de 50 legajos de investigación paralelos para acusarlos, todos rubricados por el fiscal de la localidad de El Hoyo, Oscar Oro.
Para su persecución judicial, Bullrich también se valió de la firma de un convenio de cooperación entre los fiscales generales de Chubut (Jorge Luis Miquelarena), Río Negro (Jorge Oscar Crespo) y Neuquén (José Ignacio Geréz), firmado en marzo de 2018; los funcionarios se comprometían a trabajar exclusivamente causas que contaran con “algún elemento que pudiera sugerir una vinculación con hechos que tienen como posible presunto autor a algún miembro de la organización RAM y/o cualquier otro grupo radicalizado que utilice la violencia como metodología”.
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Bullrich les ofreció “todo tipo de asistencia”. El fiscal de la localidad chubutense de El Hoyo, Oscar Oro, denunciado por la jueza Estefanía por mal desempeño a raíz de los 50 expedientes paralelos que armó alrededor de la causa por usurpación, narró ante este cronista la metodología utilizada.
― Nos empezaron a pedir desde el Ministerio información de muchos lugares; se veía que estaban formando una especie de base de datos. Cuando empecé a ver el informe sobre la RAM, me di cuenta que había muchos datos que los metían como por si las dudas.
― ¿Quién le solicitaba ese tipo de información?
― Noceti me llamó en alguna oportunidad consultándome cosas. Su actitud era de apoyo a que esto avanzara, ofrecieron cualquier cosa que necesitáramos, ya sea a través del Ministerio o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Pero en concreto, no me apareció ningún documento de ninguna autoridad de inteligencia que relacione con nombre y apellido a una persona como perteneciente a la RAM. Fue mucho de propaganda y de ideología. A la hora de tener que plasmarlo en alguna audiencia de manera seria, no lo pudimos hacer.
Otra de las causas utilizadas por Bullrich para inventar algún tipo de vinculación entre la RAM y el tráfico de armas con Chile incluyó la acusación sobre la militante social Nadia Paris, su pareja, Fermín Martínez y los militantes por los derechos humanos, Eduardo y Raúl Paris. Para ello se valió de la inteligencia de Carabineros, quienes desde el otro lado de la cordillera habían lanzado la “Operación Huracán” y la “Operación Andes” para plantar pistas sobre el tráfico de armas entre ambos países.
Para este caso, la Ministra tuvo como brazo ejecutor al fiscal general de la provincia de Neuquén, José Geréz, quien mantenía un vínculo estrecho con el fiscal chileno, Sergio Moya.
“Hablé con el fiscal argentino. Está en Buenos Aires reunido con Bullrich”, le escribe Moya al jefe de la inteligencia de Carabineros, Patricio Marín Lazo, con quien ya había cruzado documentos sobre personas espiadas por la GNA vinculadas a las causas mapuche. En otro mensaje, ambos intercambiaban el link a una nota periodística del portal En Estos Días con declaraciones públicas de Geréz.
Luego de un allanamiento en la casa de los militantes políticos Raúl y Eduardo París, ocurrido el 18 de noviembre de 2017, el fiscal general de Neuquén le mandaba un mensaje a su colega chileno: “Dimos con la conexión local de la RAM”.
Con el tiempo se demostró que la Operación Andes había sido una farsa. Las maniobras en Argentina también. Raúl y Eduardo París fueron sobreseídos en diciembre de 2018 por la jueza Sonia Mabel Martín; de todas maneras, Bullrich los siguió utilizando dentro de su violenta narrativa.
El manual ideológico
La narrativa sobre los pueblos mapuche ocupa el significante que otrora le era asignado al comunismo en los años 60 durante la Guerra Fría; una doctrina de Seguridad Nacional delineada desde los Estados Unidos para perseguir en todo el mundo a quienes se opusieran a los “valores de Occidente”.
El documento elaborado por el Consejo Nacional de Inteligencia de los EE.UU (2005), titulado “Mapeo del futuro global”, describe en 123 páginas los temores y preocupaciones de ese Occidente sobre las potenciales nuevas amenazas terroristas: “Porciones cada vez mayores de la población se identifican como pueblos indígenas y exigirán no sólo una voz sino un nuevo contrato social. Muchos rechazan la globalización por la manera en que se ha desarrollado en la región, viéndola como una fuerza homogeneizadora que socava sus culturas”. El documento norteamericano advierte sobre las posibles recuperaciones territoriales de los pueblos originarios, sumado a las reivindicaciones políticas de lo que ellos denominan ´indigenismo´.
“En partes de América Latina, el fracaso de las élites para adaptarse a las demandas cambiantes de los mercados libres y la democracia probablemente impulsará un renacimiento del populismo e impulsará a los movimientos indígenas, que hasta ahora han buscado el cambio a través de la democracia, a considerar medios más drásticos por buscar lo que ellos consideran su ´justa participación´ en el poder político y en el bienestar general”.
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Bullrich compra a libro cerrado el manual norteamericano, tanto en su visión sobre el indigenismo como en la conformación de determinadas estructuras estatales como, por ejemplo, la unificación de las áreas de Seguridad y Defensa.
Durante la gestión Cambiemos, impulsó a través del decreto 683/18 (luego derogado en 2020) la creación de una Mesa Nacional de Seguridad que pretendía emular el modelo de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana, en la que se aglutinan las Fuerzas Armadas, la CIA, el FBI y la DEA. Este proceso era coordinado en el país desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), que por entonces conducía Fulvio Pompeo y que fue clave en la unificación de las diferentes áreas de inteligencia que operaron bajo el ala de Bullrich.
“Todo terminaba en la SAE - asegura la exministra de Seguridad del Frente de Todos (FdT), Sabina Frederic, en diálogo con este cronista-. Allí estaba el listado de la gente que visitaba a Facundo (Jones Huala). Bullrich no era una ministra más. Y la SAE era el espacio donde se juntaba Defensa con Seguridad y hacia allí iban todos los informes de inteligencia vinculados a la cuestión mapuche”.
Bajo las alas libertarias, Bullrich retomó su agenda de unificación de las áreas de Defensa y Seguridad, sumado a la militarización de los territorios con la derogación de la ley 26.160 (emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras para los pueblos originarios) y la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, pensado para defender activos claves en Vaca Muerta o en los salares de litio en el norte del país.
Los nuevos subversivos
“Fijate que la abogada del mapuche Jones Huala que está preso en Chubut es la misma abogada que tiene Milagro Salas. Se llama Elizabeth Gómez Alcorta. Ahí tenés la relación entre los mapuches de la RAM y la gente de la Tupac Amaru”. Santiago Maldonado lleva desaparecido una semana y desde una base de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ubicada en Villa Martelli se empieza a tejer parte de la narrativa oficial. El espía Leandro Araque es una pieza clave dentro del esquema de espionaje de Bullrich. El 7 de agosto de 2017, intercambia varios mensajes con Jorge “El Turco” Sáenz; ambos venían de la Policía Metropolitana antes de recaer en la AFI.
“En relación a la desaparición de SM, se tuvo información de una fuente confiable que el mismo había participado hace aproximadamente una semana atrás junto a tres sujetos encapuchados del ataque al puestero de una estancia”. La estancia que mencionan se llama “El Maitén”, y el herido es Evaristo Jones Huala, primo de la familia de Facundo. En su audiencia en el Senado del 16 de agosto de aquel año, Bullrich menciona este caso para insinuar que Santiago había sido apuñalado por el puestero como parte de un ataque de la RAM.
Para solidificar esta narrativa, la ministra envió a Esquel y a la Araucanía chilena a Jorge “El Potro” Domínguez, director de Inteligencia Criminal de la GNA y al comandante Rafael Antonio Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia. El contacto de ambos del otro lado de la cordillera era Patricio Marín Lazo, jefe de la inteligencia de Carabineros, con quien venían intercambiando mensajes y listados de personas vinculadas a la causa mapuche desde al menos enero de 2017.
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Una vez en las cercanías de Esquel, Domínguez mantuvo una reunión con el comisario de Epuyén, el epicentro del ataque al puestero mencionado por Bullrich en el Senado de la Nación. La pista falsa sobre el caso Maldonado se terminaba de construir entre una base de la AFI en la provincia de Buenos Aires y la inteligencia de GNA en el territorio patagónico. Todo este “ruido” fue presentado dentro del expediente por la desaparición forzada de Santiago como una pista falsa a través de un escrito de Gonzalo Cané, el coordinador con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad. Culminada la movida, “El Potro” y Benz viajan a Temuco.
“Durante el lunes 14 al miércoles 16 de agosto, se mantuvo una reunión de coordinación de inteligencia con el Comandante Mayor Sr. Jorge Antonio Domínguez y el comandante Sr. Rafael Benz, ambos de la GNA. Dentro de los puntos tratados, se consideraron…”. Así arranca el documento clasificado como confidencial que consta dentro de un expediente judicial en Chile donde se investigó el accionar ilegal de Carabineros, luego de que se descubriera la farsa de la Operación Huracán y la Operación Andes. Ese acuerdo circuló entre los teléfonos de Domínguez y el carabinero Marín Lazo y llegó a manos de Bullrich con el título “Minuta Caso Maldonado” y un subtítulo que rezaba “Coordinación entre Inteligencia de GNA con personal de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIEO Araucanía).
¿Qué decía el documento confidencial?
* Se acordó un canal técnico directo para intercambio de información, una coordinación continua y permanente respecto al conflicto étnico mapuche.
* Intercambio de blancos de investigaciones en común vinculados al conflicto mapuche y subversivo.
* Intercambio de sujetos con órdenes pendientes en ambos países, relativos al conflicto mapuche y subversivo.
Una vez más, el Estado argentino dejaba por escrito la palabra “subversivo” en un documento secreto rubricado junto a otro país. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos querelló a Bullrich y su mano derecha Pablo Noceti por el entramado de espionaje ilegal llevado adelante por el Poder Ejecutivo en el contexto de la desaparición forzada (la causa todavía sigue bajo esta misma carátula) de Santiago Maldonado.
El fiscal Franco Picardi solicitó numerosas medidas de prueba, entre ellas la constatación de los mensajes entre los hombres de inteligencia de la GNA y Carabineros y los documentos secretos firmados por ambas fuerzas, que ya habían sido constatados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante una visita a los tribunales de aquel país.
La jueza María Eugenia Capucetti, sin llevar adelante ninguna acción sobre la hipótesis delictiva del espionaje ilegal, cerró el expediente en noviembre del año pasado. Picardi apeló y la Sala 1 de la Cámara Federal terminó de archivar la causa el pasado 7 de abril.
Territorio en disputa
Bullrich intervino el expediente por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Tanto el juez Guido Otranto como Gustavo Lleral afirmaron que el joven anarquista “se había ahogado solo en el río”. Pero el Brujo no estuvo solo. Santiago llegó a la orilla del río Chubut acorralado por los gendarmes Emmanuel Echazú, Darío Zoilán y Orlando Yucra. Los verdeoliva se habían dividido en varios grupos sobre la orilla. Hubo al menos 15 uniformados sobre el río. El operativo ordenado por Noceti fue una cacería.
Zoilán disparaba su escopeta antitumulto. Lucas Pilquimán, uno de los peñis que también corrió ese primero de agosto y logró escapar de la represión, declaró que los gendarmes también habían disparado armas tipo 9 milímetros. El conductor del Unimog que ingresó al territorio y luego se bajó de su vehículo, Lucio Buch, portaba su arma reglamentaria.
Bullrich intentó, en todo momento, sacarlo a Santiago del territorio a partir del plantado de pistas falsas. El actual Gobierno de La Libertad Avanza sigue caratulando su expediente como un avance de la Gendarmería contra la RAM. Pero la causa por su desaparición forzada seguida de muerte sigue abierta, bajo la instrucción del juez de Ushuaia, Federico Calvete.
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La Patagonia es una región en disputa. La Compañía de Tierras del Sur –Benetton– sigue moviendo sus fichas para desalojar a las comunidades; lo mismo el británico Joe Lewis y su testaferro Nicolás Van Ditmar en toda la Comarca Andina. Algo similar sucede en las zonas cercanas a los salares de Jujuy, Salta y Catamarca o en Añelo (Neuquén), en las inmediaciones de Vaca Muerta.
La administración de Javier Milei avanza hacia un territorio sin personas, sin comunidades, en línea con lo que “necesita” una economía de enclave como la configurada tras la sanción de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Una vez aprobada esta norma, la ministra impulsó la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva (Resolución 893/2024).
“Existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país, a la magnitud de su aporte, a su conexión con los servicios públicos, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”, puede leerse en la resolución rubricada en septiembre de 2024.
La militarización de las zonas ricas en recursos naturales continúa con el Plan Güemes y el Operativo Julio A. Roca. Sin oposición alguna de la dirigencia política, Bullrich cumple su promesa de unificar Seguridad y Defensa. En los territorios, consolida su violencia contra las comunidades.
Sebastián Premici
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