Llegó a la Oficina Anticorrupción a pesar de no ser apta para el cargo, representa a los buitres, tiene la función de garantizar la impunidad de la banda de delincuentes que depreda el Estado argentino y ella misma ha delinquido lo bastante para ser merecedora de estar en el gobierno de los vendepatria.
Las aparentes ilegalidades o irregularidades en la contratación dispuesta por la titular de la secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la corrupción son:
- Alonso pagó a una consultora para relacionarse con la prensa, tarea que en los organismos públicos es llevada a cabo por empleados permanentes o contratos de locación de servicios, con los que de hecho cuenta la Oficina Anticorrupción.
- Consuasor no estaba en condiciones de ser contratada por el Estado por mantener deuda con el fisco y otras irregularidades, según un dictamen del extinto Ministerio de Producción. Quizás por esa razón, Alonso dispuso pagos individuales a los dos socios de la firma, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice. Sin embargo, también prestaban servicios otros empleados de la consultora que no estaban registrados por el Estado.
- La consultora en cuestión había sido fundada por Sosa Loprandi, Giúdice y Juan Gabriel Gentile. Este último, hasta su fallecimiento en septiembre de 2017, fue subsecretario de Comunicación Pública con despacho en la Casa Rosada y había sido jefe de prensa del PRO y del senador Federico Pinedo. Gentile se separó de Consuasor cuando Macri asumió la Presidencia, en diciembre de 2015.
- Consuasor ofrecía en su página web servicios de lobby para empresas y análisis de riesgo regulatorio, tareas incompatibles con contratados por el Gobierno, de acuerdo a la ley de Ética Pública que justamente tiene a Alonso como autoridad de aplicación.
- Como la consultora prestaba servicios para al menos media docena de dependencias gubernamentales de la gestión Cambiemos, se daba la inconveniencia de que Alonso tenía a Sosa Liprandi con acceso a su oficina (definido por diversas fuentes como integrante de la mesa chica), quien a su vez asesoraba a funcionarios a los que la OA debía controlar.
Los medios de comunicación, tampoco...
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz del increíble blanqueo que Alonso le brindó a Mauricio Macri en la causa por el Correo Argentino. En los hechos, la “enamorada del Presidente” –como ha dicho reiteradamente Alonso– batió records al sostener que Macri no tenía conflicto de intereses en el caso del Correo Argentino porque no es accionista de las empresas controlantes y que nunca dio instrucciones en lo que hizo el Estado. Tanto el mandatario como sus hijos fueron y son accionistas de Socma y Sideco, firmas dueñas del Correo, y además fue público aquel contacto con los periodistas en que el Presidente dijo que había ordenado volver a “fojas cero” el impresentable acuerdo que se intentó firmar entre el Correo (del Grupo Macri) y el Estado (con Macri presidente). Aquella intentona significaba una inmensa condonación de deuda, como dictaminó la fiscal general Gabriela Boquin. La denuncia contra Alonso fue realizada por los diputados Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau, quienes señalaron que la funcionaria no investigó nada, tomó dictámenes que favorecían a Macri y ocultó todo lo que demuestra el evidente conflicto de intereses.Raúl Kollmann e Irina Hauser
La imputación resuelta por la fiscal Ochoa es un requerimiento de instrucción que se traduce en una serie de medidas de prueba pedidas a la jueza de la causa, María Romilda Servini de Cubría. En concreto, la fiscal considera que hay elementos fundados que indican que Alonso tapó a Macri en el escándalo del Correo, retardando y denegando la acción judicial.
Laura Alonso sostuvo en su dictamen, luego convalidado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, que Macri no incurrió en conflicto de intereses porque no es accionista de Socma (Sociedades Macri), la controlante del Correo.
En la causa judicial quedó claro que el Presidente era dueño de acciones del Correo, pero que se las cedió a sus hijos. Esto lo deja incurso en la cuestión ética porque el conflicto de intereses abarca a los descendientes y ascendientes de cualquier funcionario. Es más, Franco Macri, padre de Mauricio, figura como beneficiario de la sociedad del Correo, es decir que el conflicto de intereses está planteado –según la causa judicial– de forma plena, a través de los hijos y el padre del Presidente.
Pero, además, Camaño, Grandinetti y Moreau señalan en su denuncia que cuando Macri presentó su declaración de bienes en 2014 seguía teniendo acciones de Socma, la sociedad que controla Sideco Americana, que a su vez controla el Correo. En concreto, los legisladores indican que en esa declaración Macri afirma que posee “acciones, cuotas, participaciones en Sideco Americana, Socma Corp, Socma Cárnicos, Socma Financieros. Dichas acciones ingresaron en su patrimonio en 2001”. A partir del momento en que obtuvo la concesión, durante el gobierno de Carlos Menem, el Grupo Macri empezó a deber el canon que tenía que pagar y ya en 2001 se le reclamaban 296 millones de pesos. “Entraron así al concurso de acreedores más largo de la historia”, reflexionan los diputados.
Es decir que, según la imputación de la fiscal, tras la denuncia de Camaño, Grandinetti y Moreau, el Presidente incurría en conflicto de intereses ya sea porque cedió las acciones a sus hijos, porque su padre es beneficiario o porque él mismo sigue siendo accionista. Alonso no investigó todo esto como corresponde, sino que se limitó a copiar y pegar dictámenes favorables al mandatario.
Pero también está el aspecto del involucramiento directo de Macri en la negociación para perdonarle la deuda al Correo, es decir, a su familia. Alonso dictaminó que no se involucró. Pero el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, sostuvo que el Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa –éste último firmante del frustrado acuerdo para hacerle una quita monumental a la deuda del Grupo Macri–, se reunieron en la Casa Rosada. Cuando el fiscal Rodríguez pidió una investigación sobre esas reuniones, el flamante procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio tuvo al Grupo Macri como cliente, rechazó ese pedido de investigación de Rodríguez. Saravia Frías fue convocado para ocupar el cargo –por los amigos de Macri del colegio Cardenal Newman– con el objetivo de sofocar el intento de investigar del anterior procurador.
Más pública todavía fue esa conferencia de prensa en la que el Presidente anunció haber dado instrucciones para que el caso del Correo volviera a “fojas cero”. Es decir que quedó expuesta la intervención del mandatario, al punto que Aguad se presentó en el expediente “por expresas instrucciones del Presidente”, lo que constituye una evidencia contundente. Todo significó nuevas demoras en el expediente judicial.
Las maniobras en el caso del Correo fueron evidentes. El procurador del Tesoro original, Carlos Balbin, ordenó medidas de prueba, pero lo hicieron renunciar. Pusieron en su lugar a un hombre del Presidente, Saravia Frías, que rechazó todas las medidas de investigación. En el transcurso, el Ministerio de Comunicaciones pidió instrucciones para actuar en el expediente respecto de una propuesta que ni siquiera se había presentado, lo que exhibió todo el manejo existente. Para redondear el escándalo, la vicepresidenta Michetti –convocada para que no firmara Macri– terminó cerrando el expediente administrativo.
Camaño, Grandinetti y Moreau sostienen que ni Laura Alonso ni la Oficina Anticorrupción hicieron nada respecto de este festival de irregularidades e incompatibilidades. De entrada nomás, afirman que una persona que sostiene que “está enamorada del Presidente” no es la más apta para controlar el accionar del mandatario. Pero, además, sintetizan todo al señalar que “Alonso no podría bajo ningún punto de vista estar al mando de dicha Oficina toda vez que, al tener una relación cercana con el Sr. Macri, resulta ilógico e increíble que sea ella quien debe llevar adelante investigaciones que involucren al mencionado precedentemente”. Agregan que ella le debe el cargo porque Macri firmó un decreto adecuando las condiciones que se requerían para encabezar la OA, para posibilitar la asunción de Alonso: antes era imprescindible ser abogado y la funcionaria no lo es. “Alonso ha demostrado no estar a la altura profesional, ética y moral para ser la titular de la Oficina Anticorrupción –dice la denuncia de los diputados–, dado que siempre sus investigaciones son posteriores a las denuncias penales, cuando el objetivo principal de la oficina que dirige debe ser iniciar investigaciones previas tendientes a despejar todo tipo de duda.”
“Otra muestra evidente de su intencional mal desempeño es que la licenciada se ha presentado como parte querellante en todas las causas en las que los imputados no forman parte del gobierno del señor Macri y no lo ha hecho en las que los investigados son los funcionarios del gobierno de turno”, concluyeron los legisladores. La OA se desesperó por ser aceptada como querellante, por ejemplo, en la causa de lavado de dinero de Lázaro Báez, pese a que otros dos organismos del Ejecutivo también son querellantes, la AFIP y la Unidad de Información Financiera. En esa misma causa, Alonso intentó una y otra vez que se involucre a Cristina Fernández de Kirchner, el mismo empeño que puso para mirar a otro lado en la causa del Correo.
La fiscal Ochoa toma gran parte de los argumentos de la denuncia, sobre todo el hecho de que Alonso fundamenta su dictamen absolutorio de Macri en lo que es favorable al presidente y oculta las evidencias contrarias al mandatario. No realizó investigación alguna y directamente blanqueó a Macri en su intervención para que se concretara el pacto que le permitía al Grupo Macri dejar de pagar miles de millones de pesos.
Aunque Ochoa no dio a conocer las medidas de prueba que le pidió a la jueza Servini de Cubría, todo indica que pedirá la prueba documental de las declaraciones del Presidente, el testimonio de Carlos Balbin y las evidencias que muestran que Alonso no investigó nada y que, por lo tanto, violó su deber como funcionaria pública, además de retrasar el accionar de la Justicia.
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