El Nefasto Regreso del FMI

El gobierno argentino está en la etapa final de una negociación con el FMI para renovar el crédito asumido por el gobierno Macri en 2018, y este acuerdo intenta legitimar la estafa de la fuga de capitales. Se trata de una operación que tuvo problemas de legalidad y legitimidad en origen, tanto desde el acreedor como del deudor. El FMI incumplió con sus normas estatutarias, sea por el monto otorgado, superior a la cuota asignada en función al capital de la Argentina; como por la imposibilidad de realizar desembolsos ante la evidente fuga de capitales, facilitada por las autoridades y verificable en la cuenta de reservas internacionales del Banco Central. Por el lado argentino no se cumplió con el mandato constitucional que remite al Congreso Nacional para resolver lo atinente al endeudamiento, además del destino principal asociado al enriquecimiento de un núcleo concentrado de poder local y global.

El contrato de préstamo con el FMI debió ser impugnado y denunciado en diciembre del 2019. Era la ocasión para calificar a la operación como una “deuda odiosa”, sustentada en la doctrina formulada por el jurista ruso Alexander Nahum Sack . La doctrina sostiene como odiosa a una deuda contraída sin satisfacer necesidades del pueblo o de la nación, en donde, además, acreedor y deudor eran conscientes de la imposibilidad del pago. Existen casos en la historia contemporánea de aplicación de esa doctrina, entre otros, por el propio EEUU, recientemente en 2003 en Irak, luego de la invasión. Aún estamos a tiempo de impedir el intento de legitimación de la estafa. En contrario a esa postura de rechazo se optó por la renegociación de la deuda, primero con los acreedores privados, en su mayoría grandes fondos de inversión, y luego con el FMI, gran acreedor de la deuda pública.

Aún en el marco de la estrategia de negociación, el BCRA emitió un informe a mayo del 2020 , en donde se destaca que sobre 100.000 millones de dólares ingresados durante la gestión 2015-19, unos 86.000 millones de dólares se fugaron. Entre ellos se destaca que 100 personas realizaron compras netas por 24.679 millones de dólares, y que los 10 principales explican 7.945 millones de dólares. Solo resta que se difundan los nombres de esos beneficiarios de las operaciones de deuda asociada a la fuga de capitales. Sobre esta base se iniciaron acciones penales que no parecen encaminarse a una condena con determinación de responsables, públicos y privados, como de beneficiarios. En rigor, existe corresponsabilidad de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

No solo no se construyó desde el oficialismo la estrategia de rechazo al FMI y al endeudamiento, sino que al mismo tiempo se evitó la construcción de un sujeto político popular que otorgue consenso a una política de confrontación con el poder económico mundial, expresado en esta ocasión por el FMI. Y la discusión ausente en torno al pago de la deuda con el FMI, era quiénes y como la iban a pagar. El silencio al respecto, en un tema que hace meses que es "el" tema de los medios y el debate político nacional, involucra al propio gobierno, e inquieta en tanto permite abrigar la peor de las suposiciones: a la deuda la van (vamos) a pagar los de siempre. No los que la contrajeron, ni los que se beneficiaron con ella fugando capitales, cuyo listado posee el Banco Central desde los inicios de la gestión, pero permanece guardado bajo siete llaves protegiendo a los causantes reales del mega mangazo de Macri al FMI, que buscaban dolarizar activos y fugarlos de una economía -la macrista- cuya inviabilidad tardó poco en demostrarse.

En cuanto a lo que se dice del acuerdo, el comprometerse a reducir el déficit fiscal y quitar de forma progresiva las ayudas del BCRA, sin indicar de dónde saldrán los recursos para hacerlo, implica que se va a proceder a ajustar alguna variable. O reducción de gastos en ciertas áreas, o más impuestos. Y si a su vez los que se beneficiaron con la deuda ahora reclaman que se pague pero no aceptan pagar más impuestos, están respondiendo a la pregunta del principio: que la deuda la paguen otros, y no ellos. Y que la paguen vía un ajuste no tanto de los recursos del Estado, como de sus gastos. Dentro de los cuáles -por ejemplo- una parte esencial es la seguridad social (jubilaciones, pensiones, la AUH y demás asignaciones familiares) y los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Es decir que el gobierno, silenciando por su parte la respuesta a "la" pregunta (quien y como pagará la deuda) está dando pábulo a la idea de que la película tiene un final anunciado, que es el mismo de siempre.

Los mismos que te dicen que hay que pagar, si o si, la deuda con el FMI son los que no quieren pagar impuestos.
Evidentemente no la piensan pagar ellos.

— Profe Sergio Wischñevsky (@sergiodwy) February 17, 2022

Y si la respuesta a la pregunta se reduce a "vamos a pagar creciendo", hay que ver que consistencia tienen las proyecciones que al respecto se hacen, tal como planteaba con claridad hace unos días Sebastián Premici en ésta nota de "El cohetea la luna". La deuda se va en sostener con una estructura económica que alimenta a empresarios ineficientes (nativos y extranjeros), con una población cada vez más pobre. 

En resumidas cuentas, el acuerdo con el FMI no plantea ninguna ruptura con la dinámica económica que transita la Argentina desde hace años. La perspectiva es hacia la continuidad del ajuste, tal como experimentamos desde hace años. Al revés de lo que supone el nacionalismo, no es el FMI el que le marca la agenda al gobierno, sino que el Fondo termina comprando el plan económico de Fernández-Guzmán. O lo que es lo mismo, la continuación de la mega estafa de Corporación Cambiemos, que nunca parece haberse ido del poder, porque quien gobierna es el neoliberalismo.

Un gobierno que por por desidia o incapacidad no puede hacer cumplir las propias leyes del Estado que administra para que un millonario extranjero no se maneje con una milicia privada a su servicio que secuestra personas, o impida el acceso de todos a bienes públicos, aun mediando resoluciones judiciales que así lo ordenan. Que es incapaz de comprar una draga y operarla para mantener navegables sus ríos. O que renuncia a aplicar una ley antimonopólica (como la ley de medios, que fue aprobada con todas las de la ley), a revisar procesos de concentración empresarial que establecen distorsiones al funcionamiento equilibrado de los mercados (como la fusión entre Cablevisión y Telecom), o a aplicar herramientas legales disponibles (como la ley de abastecimiento) para poner freno a las maniobras especulativas del capital, en busca de ganancias desproporcionadas. 

Un gobierno que actúa (o deja de actuar) conforme sus designios se comporta como si fuera o del Pro o "liberotario", aunque no privatice activos públicos ni despida empleados estatales en masa (o resista las presiones para hacerlo), y hasta sostenga un discurso "nacional y popular". Alberto no es Mauricio, ni Mauri es Alberto... pero... ¿las diferencias se miden por el aparato ideológico o por los actos de gobierno? ¿Y en ese caso, se parecen o se diferencian? ¿Alberto es la versión recargada, 2.0, de la experiencia menemista? ¿O será la frustrada de la Alianza?

Pueden tener collares distintos, pero si tienen cuatro patas y ladran, son perros.

 
Descargar Texto Claudio Katz: El nefasto regreso del FMI