Los despidos de estatales ya no son noticia. Pero la insensibilidad amarilla no tiene límites y se siguen desmantelando organismos del Estado, en este caso se trata de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es nada más y nada menos que la responsable de elaborar las políticas públicas para el sector de la sociedad con discapacidad y la encargada de otorgar las pensiones para quien lo necesite.
Nuestro país a través de la Ley 24.901 ha establecido un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. A su vez, la adhesión a la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad (Ley 26.378) obliga a nuestro país a brindar todo aquello que promueva el desarrollo pleno y la inclusión en la vida social sin restricciones de ningún tipo. Pero como se observa en otras áreas, el Excel gubernamental no discrimina, sólo resta. Este es el rostro de la Revolución de la Alegría: el ajuste amarillo nuevamente muestra su peor cara...
La escena no sorprende, sino mas bien resulta cotidiana para los trabajadores estatales. Esta mañana, tempranito, los empleados tuvieron que hacer frente al tan temido momento del policía con el papelito con la lista de nombres en la puerta. Hoy fueron más de 60. Si no estás allí, pasas, y si aparecés en el listado, te dice que hay “un impedimento” y que luego te notificarán.
En septiembre de 2017, tras el polémico intento del Ministerio de Desarrollo Social de dar de baja 100 mil pensiones por discapacidad, el Gobierno creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Bajo el ámbito de la Secretaría General de Presidencia, el organismo pretendió concentrar a instituciones como la ex Comisión Nacional de Pensiones, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), el Servicio Nacional de Rehabilitación y el Programa Incluir Salud.
Nuestro país a través de la Ley 24.901 ha establecido un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. A su vez, la adhesión a la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad (Ley 26.378) obliga a nuestro país a brindar todo aquello que promueva el desarrollo pleno y la inclusión en la vida social sin restricciones de ningún tipo. Pero como se observa en otras áreas, el Excel gubernamental no discrimina, sólo resta. Este es el rostro de la Revolución de la Alegría: el ajuste amarillo nuevamente muestra su peor cara...
La escena no sorprende, sino mas bien resulta cotidiana para los trabajadores estatales. Esta mañana, tempranito, los empleados tuvieron que hacer frente al tan temido momento del policía con el papelito con la lista de nombres en la puerta. Hoy fueron más de 60. Si no estás allí, pasas, y si aparecés en el listado, te dice que hay “un impedimento” y que luego te notificarán.
"Entendemos que es todo parte de un plan de achique, junto a criterios que restringen el acceso de de personas con discapacidad a los servicios. Se estima un total de 100 mil trámites varados en el área de auditoría médica, esperando su resolución. Lamentablemente, se perjudica a quienes vienen a hacer un trámite, pero sin pensiones no hay derechos para la población ni trabajo para nosotros".Eliana Fernández - Delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
En septiembre de 2017, tras el polémico intento del Ministerio de Desarrollo Social de dar de baja 100 mil pensiones por discapacidad, el Gobierno creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Bajo el ámbito de la Secretaría General de Presidencia, el organismo pretendió concentrar a instituciones como la ex Comisión Nacional de Pensiones, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), el Servicio Nacional de Rehabilitación y el Programa Incluir Salud.
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