Cuando el malestar social se convierte en violencia contra otros

Del ataque a trabajadoras sexuales trans en Palermo a la expulsión de personas en situación de calle, trapitos y vendedores ambulantes, distintas escenas exponen una forma de procesar el malestar social convirtiendo a quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad en responsables de aquello que nos incomoda. ¿Qué tiene que suceder en una sociedad para que un grupo de adolescentes y jóvenes considere legítimo expulsar a golpes a otras personas de un espacio público?

Por Lourdes Avellaneda

 

El episodio de Palermo, donde un grupo de jóvenes atacó a trabajadoras sexuales trans, nos enfrenta a una pregunta que excede la responsabilidad individual y penal de quienes participaron: ¿de dónde surge la convicción de que algunas personas tienen derecho a decidir quién puede ocupar un espacio y quién debe ser expulsado de él?

No estamos simplemente frente a una agresión callejera. Estamos frente a una forma de apropiación de la autoridad: la de establecer quién resulta aceptable para la convivencia y quién, por el contrario, debería desaparecer de la escena pública.

Pero quizás este episodio no sea un hecho aislado, sino una expresión extrema de una transformación más profunda en los valores que organizan nuestra convivencia. Para reconocer esa transformación no hace falta buscar solamente situaciones de violencia física. También podemos observarla en escenas cotidianas, en las pequeñas disputas por el espacio, los derechos y el reconocimiento de las necesidades ajenas.

Una mujer adulta mayor, con movilidad reducida, sufre la cancelación de su vuelo y su posterior reprogramación debido a la visita del Papa. Como alternativa, le ofrecen trasladarse a Aeroparque en un colectivo. Cuando sube, encuentra que los asientos están ocupados por personas jóvenes.

Podríamos pensar que se trata simplemente de una falta de cortesía. Pero quizás la escena permita observar algo más complejo: ¿qué sucede cuando las necesidades de los demás dejan de interpelarnos y comenzamos a interpretar cualquier demanda como una amenaza a nuestros propios derechos?

La precariedad económica, el agotamiento y el malestar social también atraviesan nuestras relaciones cotidianas y pueden modificar la manera en que reconocemos las necesidades ajenas. En un contexto donde cada persona siente que debe defender lo poco que tiene, incluso un gesto de solidaridad puede ser interpretado como una renuncia a un derecho propio. La discusión deja entonces de girar alrededor de la necesidad de quien requiere un asiento y se desplaza hacia la legitimidad de quien considera que no tiene por qué cederlo.

Otra escena: una mañana, las plazas de Buenos Aires amanecen con apoyabrazos intermedios en sus bancos y los puentes de las autopistas con estructuras que impiden utilizarlos para dormir. La explicación institucional es que no se puede permitir que el espacio se use para pernoctar. La iniciativa es festejada en redes. Algo similar sucede con vendedores ambulantes y manteros, expuestos a procedimientos violentos de desalojo e incautación de mercadería.

Detrás de estas intervenciones aparece una determinada concepción del derecho a la ciudad: aquella que entiende el espacio público como un lugar destinado a garantizar condiciones de circulación, comodidad y disfrute, pero no necesariamente como un espacio que también debe alojar las expresiones más visibles de la desigualdad.

En esa lógica se establece una frontera entre quienes son considerados ciudadanos legítimos, que pagan alquileres, impuestos y servicios, y quienes, por sus condiciones de vida o sus actividades económicas, pasan a ser percibidos como una presencia molesta, ajena al orden que se pretende preservar.


El problema es que dejamos de preguntarnos por las condiciones sociales y económicas que llevan a una persona a dormir en la calle, vender en una vereda, instalar una manta u ofrecer servicios sexuales para conseguir un ingreso. La discusión deja de girar alrededor de cómo resolver esas situaciones y empieza a concentrarse en cómo evitar verlas.

¿Existe una relación entre la precariedad de la vida cotidiana y la violencia social? ¿Qué sucede cuando el malestar que producen la incertidumbre y la pérdida de seguridad se descarga sobre quienes están todavía más expuestos?

Esta transformación también puede pensarse a partir de los aportes del sociólogo Ulrich Beck sobre los procesos de individualización en las sociedades modernas. En ese contexto, problemas que tienen un origen estructural tienden a experimentarse como responsabilidades individuales. La inseguridad económica, la inestabilidad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda y la incertidumbre sobre el futuro dejan de reconocerse como expresiones de un problema colectivo y pasan a vivirse como dificultades que cada persona debe resolver por sus propios medios.

La consecuencia es que las personas pueden terminar enfrentándose entre sí por recursos, derechos y espacios cada vez más limitados, mientras las condiciones estructurales que producen esa precariedad quedan fuera de discusión.

A esto se suma una sociedad atravesada por el agotamiento emocional, el malestar psíquico, la ansiedad y la pérdida de expectativas. Personas que sienten que cada vez tienen que defender con mayor esfuerzo aquello que consideran propio. La película La tumba de las luciérnagas permite pensar esta lógica desde una dimensión especialmente dolorosa: cuando los recursos parecen insuficientes, incluso el hambre de un niño puede dejar de despertar cuidado y convertirse en motivo de rechazo por parte de quienes todavía tienen algo para ofrecer.

Por eso, el vendedor, el mantero, la persona en situación de calle o la trabajadora sexual pueden convertirse en destinatarios de una frustración que tiene causas mucho más profundas que su presencia en una vereda, una plaza o una esquina.

La disputa se desplaza: en lugar de cuestionar las condiciones que hacen cada vez más difícil acceder a una vivienda, sostener un trabajo o vivir dignamente, se cuestiona a quien vende en la calle o no tiene dónde dormir. Discutimos cómo impedir que utilice un banco, en lugar de pensar políticas de inclusión y alternativas laborales. Y, en ese proceso, corremos el riesgo de naturalizar procedimientos violentos como respuestas legítimas a problemas sociales.

El malestar de quienes también sienten vulnerados sus derechos puede terminar funcionando como legitimación social de la vulneración de los derechos de otros.

Se configura así una competencia entre vulnerabilidades: personas que también experimentan la precariedad y la pérdida de derechos pueden terminar encontrando en quienes están todavía más expuestos un adversario sobre el cual descargar su frustración. Como si recuperar algo de bienestar exigiera que otros pierdan sus posibilidades de habitar, circular, trabajar o simplemente existir en el espacio público.

Cuando los derechos dejan de concebirse como garantías colectivas y comienzan a experimentarse como privilegios que deben defenderse frente a otros, la desigualdad ya no es solamente económica sino también se convierte en una forma de fragmentación social. Quienes tienen menos recursos materiales, simbólicos y políticos para defenderse suelen quedar todavía más expuestos.

Por eso necesitamos recuperar una pregunta en nuestras conversaciones: ¿qué condiciones sociales, económicas, culturales e institucionales estamos construyendo para que la violencia empiece a percibirse como una forma de resolver aquello que nos incomoda?

Quizás el desafío sea volver a pensar que los derechos no pueden organizarse bajo una lógica de merecimiento ni de competencia. Porque discutir cómo garantizar los derechos de todos es muy distinto de discutir cómo hacer desaparecer a quienes nos incomodan.

Y hacer desaparecer a los indeseables no redunda en más y mejores derechos para nadie. Por el contrario, debilita las condiciones de convivencia y los derechos de toda la sociedad.

Lourdes Avellaneda