Infiltrados, la operación de los servicios para romper la protesta en Plaza Congreso: los que incendiaron el móvil de Cadena 3 no fueron detenidos a pesar de que había policías cerca. El papel de Bullrich y la Policía Federal, el ataque a los diputados para preparar el terreno, la absurda inacción de los uniformados ante el incendio del auto, los dos hombres que participaron del hecho y no fueron molestados, el “terrorista” que fue recibido con abrazos por los represores.
En este link, cómo se construyó el sabotaje policial a la movilización opositora
Lo que la dictadura escondía, estos criminales lo defienden en sus medios propagandísticos. Esta libertad atrasa mucho...
Javier Milei, al filo de la democracia
Cinco personas quedaron detenidas en la noche del martes con prisión preventiva después de que la jueza federal María Romilda Servini dispusiera la liberación de otras 11, que se sumaron a las 17 excarceladas previamente.
La magistrada dictó la falta de mérito –ni la absolución ni el procesamiento, con continuidad de las investigaciones–para la totalidad de esas 28 personas debido a la inexistencia actual de pruebas en su contra. Tardó, esa gente sufrió varios días un abuso inmerecido, pero al menos llegó.
Pese a eso, el fiscal Carlos Stornelli mantenía un pedido de que 14 de las 17 personas excarceladas de la primera tanda regresaran a prisión y debía expedirse también sobre las de la segunda.
La distancia entre los hechos y la postura del Gobierno, defendida sin añadir una coma por el fiscal que se mantuvo casi cinco años en rebeldía en una causa por espionaje ilegal y extorsión, resulta abrumadora y no extraña que el asunto cobre temperatura con planteos sociales, políticos y judiciales, incluso a nivel internacional.
El CELS elevó una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación; Libertad de Opinión y Expresión, y Situación de los Defensores de Derechos Humanos. Ante el requerimiento, la CIDH convocó al Estado argentino a una audiencia el próximo 11 de julio para explique la legalidad de sus políticas en torno a la protesta social, requerimiento que no cambiará más allá lo que defina Servini.
La Policía brava de Patricia Bullrich
Más grave, se han divulgado imágenes que muestran a provocadores encapuchados pasando las vallas policiales para mezclarse entre los efectivos y no se sabe de ninguna investigación o procedimiento para dar con el paradero de los hombres filmados al dar vuelta e incendiar un móvil del medio cordobés Cadena 3. Tras cumplir con su misión, estos se subieron a un auto, también captado en imágenes, para irse sin ser importunados por los federales que se encontraban a pocos metros como espectadores de lujo. Vayan estos recordatorios por si ayudan a nuestras autoridades:
El terrorismo según Stornelli
Stornelli se encargó de levantar cargos pesados a gusto del Poder Ejecutivo. Los habituales para este tipo de situación –resistencia a la autoridad, lesiones y daños, entre otros, todos excarcelables– fueron recargados con otros, inventados, algo que no registra antecedentes. Entre estos se destacan los de incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones; organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, y delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. En pocas palabras: terrorismo y golpismo.
Las acusaciones contra las cinco personas que fueron procesadas y siguen detenidas incluyen golpes a un efectivo, la quema de una bicicleta del Gobierno de la Ciudad, el salto de una valla policial y el lanzamiento de piedras, según señaló anoche en C5N el periodista Ariel Zak, siempre bien informado. El terrorismo y el golpe parecen quedar muy lejos de esos hechos, por repudiables que sean, lo que se reflejó en los procesamientos que dictó Servini, quien no hizo lugar a las fiebres de Stornelli, la Oficina del Presidente y Bullrich.
Más delicada es la situación de un hombre al que se acusa de haber tenido en su poder una granada de humo.
Ahora bien: esos cinco –cuatro hombres y una mujer– quedaron procesados, ¿pero por qué con prisión preventiva? Supuestamente porque la seriedad –en verdad relativa– de los delitos que se les imputan justificarían la sospecha de que podrían entorpecer la investigación. ¿Por saltar una valla? ¿En serio?
Un giro sugestivo
Agustina Lloret, coordinadora de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), le dijo a este medio que «hay un cambio y lo que pasa con este caso es inédito en la historia de la criminalización de la protesta«.
La descripción de Lloret fue ratificada por las faltas de mérito y hasta por los procesamientos dictados por Servini.
Alerta, democracia
La escala de los disturbios del miércoles, pero especialmente los indicios de intervención de infiltrados, la impunidad de quienes cometieron los desmanes más graves, la detención inusualmente prolongada de decenas de personas y las imputaciones por cargos vinculados al terrorismo y a un supuesto intento golpista ponen en juego valores democráticos clave.
Si concurrir a una manifestación puede derivar en detenciones injustificadas y en procesamientos capaces de arruinar años de vida de numerosas personas –en este caso, estudiantes, docentes y vendedores de choripanes y empanadas que siguen bajo investigación–, puede intuirse una intención oficial de disuadir por vías paralegales la protesta social excitada por el hiperajuste y la hiperrecesión. Si esto fuera así, el gobierno paleolibertario podría estar deslizándose hacia los márgenes de la democracia.
Quienes defienden al Presidente o minimizan sus excesos suelen invitar a «mirar lo que Milei hace, no lo que dice». A la luz de estos hechos, lo que efectivamente hacen él y funcionarios como Bullrich llama a preocupación.
Una inquietud que crece
Se sumaron a la marcha referentes de la izquierda y del peronismo, entre ellos legisladores nacionales, los intendentes peronistas Jorge Ferraresi y Mario Secco, e integrantes del gabinete de Axel Kicillof, quien había sido el primer dirigente de peso en condenar los arrestos.
La ministra de Seguridad reaccionó a eso con indignación e insistió en un argumento que desconoce la gravedad de que su policía brava rocíe con gas pimienta, sin que haya mediado provocación alguna, los ojos de diputados nacionales, como ocurrió el miércoles con Carlos Castagneto –el más afectado–, Eduardo Valdés y Luis Basterra.
No se trata de que los legisladores tengan privilegios, sino de que puedan actuar con plena libertad para que no exista ni sombra de duda sobre las garantías democráticas. Bullrich parece no entender esas sutilezas.
En el resto del sistema político, lo que incluye a partidos que se declaran consustanciados con la vigencia de la Constitución y las libertades públicas, primó un silencio llamativo.
Marcelo Falak
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