Tarifazos, Símbolo de una Política Económica Despiadada

El tarifazo aplicado como política sistemática de transferencia de recursos desde los sectores populares a las grandes empresas energéticas, refleja cual es el eje de la política económica implementada por Corporación Cambiemos desde Diciembre de 2015. Para este año hay previsto un aumento del 55% en electricidad (26 por ciento a partir de febrero; 14% en marzo; 4% en mayo, otro 4% en agosto) y un 35% en gas en abril, justo antes de empezar las bajas temperaturas. A tres años del cambio de gestión, un informe de la Universidad de Avellaneda, revela que los argentinos destinamos dos sueldos al año en el pago de las tarifas de servicios públicos. Si lo vemos en porcentajes en diciembre del 2015, una familia destinaba el 6% de sus ingresos en pago de estas tarifas. Hoy ese porcentaje llega al 28%. Durante el macrismo, la tarifa de la luz subió 3624%, el gas natural aumentó 2400% y el agua corriente 1025%. Los ingresos de los trabajadores de cualquier sector cerraron con una paritaria promedio del 25% anual. Es decir que mientras los ingresos de las familias crecieron en un 80% en tres años, la boleta de luz se multiplicó en 30 veces, la de gas en 24 y el agua en 10. Además se redujo drásticamente la tarifa social para hogares de bajos recursos y se eliminaron subsidios por 37 mil millones de pesos. Las consecuencias del tarifazo son pavorosas. No sólo se ve afectado el usuario residencial, sino también los sectores productivos. Se calcula que como efecto directo cierran en el país 10 Pymes por dia y hay un fenómeno directo de desindustrialización de la economía.

Bajo la argucia de que se estaban pagando tarifas muy bajas de luz y gas y que de esta manera las empresas no podían realizar inversiones para mejorar la calidad del servicio, el gobierno del Felino Macri instaló en el Ministerio de Energía a Juan José Aranguren, CEO de la empresa Shell, quien durante los dos primeros años fue el encargado de realizar el trabajo sucio. La política energética tuvo un solo destino: engrosar las arcas de las distribuidoras y las prestatarias a costa del sacrificio de los usuarios, instalando como sentido común que la energía es una mercancía y no un servicio público esencial.

Tal es así que como consecuencia de la devaluación del peso las distribuidoras generaron una deuda de 19.000 millones de pesos sobre las prestatarias que el gobierno unilateralmente decidió condonarles y trasladársela a los usuarios en doce cuotas. Otra de las grandes contradicciones es que mientras dicen promover el ahorro de energía eliminaron los beneficios por menor consumo a los usuarios: el que consume menos ahora paga más por kilowatt.

Se trata de Servicios Públicos esenciales y por lo tanto el Estado debería velar para que sus incrementos no estén por encima de los aumentos de los ingresos de los ciudadanos para asegurar el cumplimiento de este derecho. Claramente nada de esto ocurrió e importó a la hora de implementar por decreto los tarifazos. Por otra parte los aumentos de tarifas no fueron destinados por las empresas a la realización de obras e inversiones sino a aumentar sus ganancias como lo reflejan el crecimiento de sus acciones en los mercados. Una vez mas el estado ausente a través de los organismos de control. Ejemplo de esto son los cientos de miles de hogares que en estos días han sufrido cortes de suministro en Capital Federal y Gran Buenos Aires, superando ampliamente a los ocurridos en el verano de 2013 cuando las tarifas supuestamente eran baratas. Tampoco se puede esgrimir un mayor consumo ya que desde entonces la demanda de suministro en Edenor y Edesur cayó en un 20%.

Los vecinos indignados ya comprendieron que el tarifazo es la mayor estafa del gobierno y las empresas sobre la población y que solo con el reclamo sostenido y la organización en red podremos pararlo.

El Ministerio de Hacienda anunció la implementación de beneficios impositivos para los seguros de retiro privados y estableció así la cabecera de playa desde la cual avanzar contra el Sistema Previsional de Reparto. El acuerdo firmado con el FMI incluyó el compromiso de conformar un equipo para elaborar un proyecto de reforma previsional. Ahora el macrismo ya comenzó a allanar el terreno para avanzar hacia un sistema de reparto mixto generando un fabuloso negocio para los bancos y volviendo a perjudicarnos (a todo el resto) como en el pasado.
Parece que el Felino Macri comienza a preparar el terreno para el desembarco de las "AFJP". El Ministerio de Hacienda anunció la implementación de beneficios impositivos para los seguros de retiro privados. Abogados previsionalistas alertaron que buscan avanzar hacia un sistema mixto que "venderán" como voluntario pero que en la práctica, aseguran, terminará siendo compulsivo. No sorprende. La "recomendación" ya estaba incluida en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año pasado y poco a poco Macri avanza en el cumplimiento de todas y cada una de las exigencias del organismo que dicta ahora los principales lineamientos de la política económica argentina: el FMI.

"Es un claro pedido del FMI, venimos hace tiempo alertando sobre esto, ya estaba incluido en el acuerdo de entendimiento en el que pedían incentivar el ahorro privado. No las van a llamar AFJP, les van a poner otro nombre, pero quieren lo mismo. Lo que buscan es una 'AFJP' y terminar de quebrar el sistema previsional. Van hacia el sistema español en el que se puede realizar un ahorro privado. La contracara de esto es que al mismo tiempo te van a bajar el haber modificando la manera de calcular las jubilaciones y tomando para él los salarios de los últimos 25 años en lugar de los últimos 10. Así te van a bajar el haber jubilatorio y el trabajador de hoy, futuro jubilado, va a tener que hacer un aporte complementario a estos seguros de retiro privados para poder cobrar algo. No hay nada voluntario en esto, va a ser compulsivo, porque va a ser la única manera de poder recuperar la proporción del haber que te van a quitar".

Christian D'Alessandro - Abogado previsional

Entre sus recomendaciones el FMI había "sugerido" que es necesario avanzar en una profunda reforma del sistema previsional argentino. Y pidió modificar a la baja la forma en que se calcula el haber inicial de un trabajador al convertirse en jubilado y reducir el ratio de los beneficios (entendiendo por ratio de los beneficios la relación entre la pensión promedio y el salario promedio de toda la economía).

El FMI describió como un problema a resolver el hecho de que "el ahorro privado disminuirá más precipitadamente en países con sistemas de pensiones públicos generosos, ya que las personas dependerán menos de sus propios ahorros cuando se jubilen. La reducción de la generosidad de las pensiones públicas podría atenuar las vulnerabilidades fiscales a largo plazo y moderar la caída del ahorro agregado. Para contrarrestar estas tendencias, los trabajadores de hoy deberán prepararse para el futuro ahorrando más y prolongando su vida laboral". Para ser claros, malas jubilaciones obligan a los trabajadores a ahorrar. Esos ahorros irán a los bancos en forma de seguros de retiro generando un nuevo y abultado negocio financiero.

La medida fue anunciada luego de una reunión entre Macri, los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Producción y Trabajo, Dante Sica; el presidente del Bice, Francisco "Pancho" Cabrera; y el superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo. Para Cabrera, de hecho, esto significa un dulce retorno a un lugar que ya conoce muy bien. El ex ministro de la Producción fue el Gerente General de Máxima AFJP en los '90.