La reforma aprobada redefine el alcance de las zonas protegidas, limitando la protección a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas “efectivas”, lo que implica un recorte respecto de la ley vigente desde 2010. Críticos del proyecto advierten que esta modificación abre la puerta a la expansión de la megaminería en áreas antes vedadas, delegando en las provincias la decisión final sobre qué zonas conservar y cuáles habilitar para explotación económica. Mientras el oficialismo defendió la iniciativa como un paso necesario para “destrabar inversiones” y dinamizar economías regionales, organizaciones ambientalistas alertaron que la propuesta “vacía de contenido” la protección de los glaciares y pone en riesgo la seguridad hídrica del país.
Qué cambia técnicamente con la reforma
El punto que más preocupa a las organizaciones científicas y
ambientales, por el que advierten un retroceso en la protección de
reservas estratégicas de agua dulce, es el que plantea una redefinición
de las zonas que quedarán efectivamente a resguardo. Esto es, reemplazar
las actuales prohibiciones absolutas por un esquema basado en la
“función hídrica relevante” a partir de evaluaciones de impacto.
La normativa vigente desde 2010 (Ley 26.639) protege los glaciares y
todo el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos
hídricos, prohibiendo actividades como la minería y la extracción de
hidrocarburos en esas zonas. También creó el Inventario Nacional de
Glaciares, elaborado por el IANIGLA, que identificó 16.968 cuerpos de
hielo en la cordillera.
La reforma aprobada ayer por el Senado modifica ese esquema en tres ejes centrales:
• Nueva delimitación del ambiente periglacial: Se distingue entre “área
periglaciar” y “geoformas periglaciales”, y solo estas últimas serán
consideradas reservas estratégicas y podrán quedar bajo protección
estricta.
• Protección condicionada a la función hídrica: Solo las zonas que
cuenten con un aporte hídrico “relevante” serán protegidas, lo que abre
la puerta a habilitar actividades extractivas en áreas antes vedadas.
• Mayor discrecionalidad provincial: Las provincias podrán incorporar o
retirar cuerpos de hielo del inventario según sus propios criterios
técnicos, lo que introduce heterogeneidad regulatoria y reduce el
estándar nacional de protección.
Qué dicen organizaciones científicas y por qué se oponen
La oposición de instituciones científicas y ambientales se fundamenta en varios puntos críticos:
1. Falta de consulta técnica: El IANIGLA —organismo
responsable del inventario de glaciares— afirmó no haber sido informado
ni consultado sobre los cambios. Esto genera preocupación porque la
reforma altera directamente el marco técnico que sustenta su trabajo.
2. Reducción del área protegida: Al limitar la
protección a zonas con “función hídrica relevante”, se excluyen
geoformas con hielo mínimo o aporte indirecto, pese a que cumplen
funciones ecológicas y de regulación hídrica esenciales. Científicos
advierten que esta visión es reduccionista y desconoce la complejidad
del sistema criosférico.
3. Riesgo para la seguridad hídrica: Los glaciares y el
ambiente periglacial actúan como reservorios naturales que regulan
caudales y sostienen ecosistemas y actividades humanas. Reducir su
protección podría comprometer el acceso al agua en regiones áridas y
semiáridas, un riesgo señalado por ambientalistas y especialistas en
derecho ambiental.
4. Falta de criterios unificados: La reforma “no fija
criterios técnicos para todas las provincias”, lo que podría generar un
mosaico regulatorio desigual y favorecer la presión extractiva en zonas
vulnerables.
5. Habilitación de actividades mineras en zonas antes
vedadas: La reforma facilita inversiones mineras en territorios que la
ley original protegía estrictamente. Organizaciones científicas
sostienen que esto prioriza intereses económicos de corto plazo por
sobre la preservación de un recurso estratégico en el contexto de la
crisis climática.
Sin embargo, el trasfondo del conflicto es político y económico: el gobierno argumenta que la ley vigente “paraliza” inversiones y que la reforma permitirá avanzar en la transición energética mediante la explotación de cobre y litio. Las organizaciones científicas, en cambio, sostienen que la transición energética no puede justificarse a costa de degradar ecosistemas esenciales.
Represión a manifestantes y trabajadores de prensa
Desde temprano, la jornada estuvo marcada por un fuerte operativo de
seguridad. Doce activistas de Greenpeace fueron detenidos tras saltar
las rejas del Congreso en una protesta simbólica que buscaba visibilizar
el rechazo a la reforma. Minutos después, la situación escaló:
efectivos de la Policía Federal avanzaron sobre manifestantes y
trabajadores de prensa. Según reportes periodísticos, un camarógrafo de
A24 fue golpeado y terminó con el rostro ensangrentado mientras
registraba las detenciones. Otros periodistas denunciaron haber recibido
gas pimienta pese a encontrarse en el sector habilitado para la
cobertura. Testigos señalaron que la agresión fue injustificada y que
incluso la ambulancia acudió al lugar por aviso de los propios
cronistas, no de las fuerzas de seguridad.
Esta acción generó un repudio transversal. Diversos testimonios coinciden en que los agentes exigieron a la prensa retirarse de un área autorizada y luego avanzaron con golpes, empujones y gas pimienta. El camarógrafo herido fue detenido y trasladado al hospital, mientras colegas denunciaban intentos de arrebatar cámaras y equipos. Este episodio se suma a un clima de creciente tensión entre fuerzas de seguridad y manifestantes en jornadas legislativas recientes, lo que plantea interrogantes sobre el uso de la fuerza y la garantía del derecho a la protesta y a la labor periodística.
La media sanción de la reforma deja ahora la definición en manos de la Cámara de Diputados, mientras organizaciones ambientales, académicos y sectores sociales anticipan nuevas movilizaciones. La represión registrada en las afueras del Congreso no solo enmarca el debate ambiental, sino que abre un frente adicional: el respeto a los derechos civiles en un contexto de creciente conflictividad política.
Periódico VAS
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