A raíz de la extensión por gran parte la geografía nuestroamericana de radicales protestas sociales, a veces gigantescas, los llamados expertos en los medios hegemónicos tratan de encontrarles una explicación. Que la desigualdad y la pobreza son asignaturas pendiente en América Latina y el Caribe, que la llamada clase política está divorciada de la población, que existe un déficit democrático, que no hay un robusto sistema institucional y ello favorece la corrupción y la impunidad, que la generalizada falta de oportunidades de estudio y trabajo para los jóvenes crea gran inconformidad; que las nuevas tecnologías de la información han interconectado al planeta, hecho que crezca la expectativa de vivir mejor y que existe una incapacidad de los gobiernos para satisfacerla. En realidad, todos estos problemas existen y originan grandes injusticias o conflictos, pero son efectos, indudablemente perniciosos, generados por otros problemas mayores de tipo estructural. Se insiste en la imposibilidad de llegar a un diagnóstico general sobre lo que está ocurriendo. Es cierto que hay problemas diversos. Cada país tiene problemáticas particulares que requieren recetas propias para su solución. Pero eso no significa que no haya flagelos estructurales que sufren por igual países como México, Haití, Honduras, Colombia, Chile, Perú, Argentina, por solo mencionar aquellos donde recientemente los pueblos se han rebelado contra el estado de cosas existente, haya sido mediante el voto -México y Argentina- o con enérgicas manifestaciones en las calles en reclamo de sus derechos humanos y en repudio al sistema dominante que los conculca.Ángel Guerra Cabrera
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) dio a conocer este viernes un duro informe sobre la represión desatada durante el estallido social iniciado en octubre en Chile, en el que constató “uso excesivo o innecesario de la fuerza, muertes, lesiones, torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias”.
En un documento de 35 páginas que redobla la presión sobre el presidente chileno, Sebastián
Piñera, la entidad aseguró que existen razones “fundadas” para sostener que desde el 18 de
octubre, día en que comenzaron las protestas, se registró “un elevado número de violaciones
graves” a los derechos humanos.
La misión visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar denuncias sobre
violaciones a los derechos humanos durante la crisis, marcada por multitudinarias marchas en las que millones de chilenos exigieron cambios profundos del modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.
Las violaciones denunciadas por Acnudh se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría
ocurrieron en la Región Metropolitana (Santiago) y en contextos urbanos”, precisó el organismo de la ONU, que preside la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.
Andrés Chadwick: "Soy inocente!" pic.twitter.com/9hjcIJOyYT— PIENSA.PRENSA (@PiensaPrensa) December 12, 2019
Uso desproporcionado de armas
La Acnudh también pudo observar que “ciertas violaciones a los derechos humanos, en particularel uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el
espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
Para el informe, Carabineros, la policía chilena, “incumplió de forma reiterada con el deber de
distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente”.
“Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente
de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”, advirtió.
El documento subrayó el uso “desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en
particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia (..) tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros”.
Mutilaciones
La Acnudh también manifestó que el “número alarmantemente alto de personas con lesiones enlos ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de
perdigones que contienen plomo”, dijo.
Los casos de lesiones oculares -señaló el texto- “continuaron reproduciéndose, pese a la existencia, desde la etapa inicial de las protestas, de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales, y las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron ecaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”.
Torturas y violaciones
Junto a esto, la ONU también documentó “cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida ymuertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”, además de “numerosas detenciones
indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales”.
“Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos,
incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían `desaparecidas’, equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”, explicitó el texto.
El texto también hace énfasis en “el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de
violaciones a los DDHH pese al gran número de denuncias y acciones judiciales”, así como “la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas”.
La repartición liderada Bachelet dijo que “reconoce al Gobierno de Chile su amplia cooperación,
incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida y el acceso irrestricto a todos los lugares que solicitó visitar”.
Explícito
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