El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en conjunto con las principales organizaciones que nuclean a las entidades de la agroexportación, han sentado una peligrosa postura: niegan el efecto de la agroganadería industrial sobre la crisis climática. El comunicado de la cartera que lidera Julián Dominguez, está firmado en conjunto con la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En el mismo se niega la responsabilidad histórica, presente y futura del modelo industrial de agricultura y ganadería ante la crisis climática.
Por Alejo di Risio
Este posicionamiento tuvo lugar los días previos al encuentro global sobre cambio climático organizado por la ONU en Glasgow, la edición número 26 de la llamada Conferencia de las Partes (COP26). La participación del Ministro Julian Dominguez en el evento fue acompañada por sucesivas declaraciones que defienden al sector agroexportador nacional. Esta postura se encuentra alineada con lo expuesto por representantes de Argentina en la Cumbre de los Sistemas Alimentarios, instancia en la cual se reclamó quitar de los documentos cualquier tipo de reclamo de transformación del sistema agroalimentario. En esa instancia, incluso se reclamó la eliminación de la palabra agroecología y se insistió en la reivindicación del agro argentino como “totalmente sustentable”.
Esta postura es una directa contradicción con la evidencia científica, presentada de forma más contundente y clara en el último informe de cambio climático de la ONU, emitido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. En dicho informe, 234 expertos de 66 países revisaron más de 14.000 artículos y referencias demostrando los efectos, causas y consecuencias de la crisis climática en la actualidad. En ese documento también se comprueba que el sistema agroalimentario actual es uno de los principales responsables de la crisis climática. Esto se debe a la masiva deforestación que ocasiona, su dependencia en la energía de origen fósil y sus emisiones asociadas de distintos gases de efecto invernadero. El Ministerio de Agricultura y las entidades agroexportadores se posicionan en contradicción con esta evidencia, tomando una postura explícitamente anticientífica, excusándose con la responsabilidad diferenciada entre países y los “beneficios del sector agrícola-ganadero ante la mitigación del cambio climático” para decir que el sector no es parte del problema sino parte de la solución.
Pero la evidencia desde hace mucho tiempo indica lo contrario, incluso en nuestra región. Con el modelo industrial de agricultura como principal causa, Argentina es uno de los diez países que más destruyen sus ecosistemas, fundamentales para absorber la mayor cantidad de gases de efecto invernadero posible. El comunicado en cuestión incluso rebautiza a la agricultura industrial como “agrobioindustrial”. Un franco engaño, conocido en la jerga como lavado verde o greenwashing, al intentar disfrazar de ecológica una práctica que no lo es.
Este nuevo nombre para una vieja receta resuena con lo que sucede en el sector de agrocombustibles, mal llamados biocombustibles. La inclusión del prefijo bio, para asociar el sector a la vida, mientras la evidencia indica que el sistema agroalimentario es todo lo contrario a bio. Desertifica los suelos y el territorio y envenena toda vida no genéticamente modificada para resistir agrotóxicos, o sea provenga de semillas provistas por un puñado de empresas multinacionales.
A su vez, se invisibiliza cuán regresivo es el actual sistema, ya que incrementa cada vez más la desigualdad, tanto en términos territoriales, como financieros. Pequeños productores tienen el 13% y producen más del 60% de los alimentos, mientras que un 1% de empresas controlan el 36% de la tierra cultivada. Por sobre esto, la baja empleabilidad del modelo industrial y su uso de agrotóxicos expulsa la población de las ruralidades hacia las ciudades y se encuentra en detrimento de la salud socioambiental de las personas y ecosistemas de todo el país. Debido a su fuerte dependencia de insumos importados para mantener el rendimiento de la tierra, es un sector fuertemente dolarizado, una problemática de gran importancia en el contexto de balance financiero negativo y la necesidad de obtener divisas para la balanza comercial nacional.
El sistema agroalimentario también está basado fuertemente en el uso y disponibilidad de energía fósil. Pero sólo en los últimos 40 años la intensidad energética del sistema agroalimentario argentino se multiplicó por ocho. Esto quiere decir que precisa ocho veces más energía por cada unidad de contribución al Producto Bruto Interno. Sólo es rentable energética y financieramente debido a los grandes subsidios estatales a la industria de origen fósil y la falta de integración de las mal llamadas “externalidades”, o sea las consecuencias sociales y ambientales del monocultivo de commodities y no de comida para un país que todavía tiene alto grado de desnutrición infantil.
Si bien todo el sistema agroalimentario está en cuestionamiento debido a sus consecuencias ambientales, sociales, económicas, y salubres, el futuro está todavía en disputa. Mientras el paraguas de la soberanía alimentaria representa una brújula que nos permite generar imágenes de futuro en las cuales la relación con la tierra y el territorio es otra, bajarlo a políticas públicas debe ser parte de la agenda del Estado. Nos es imprescindible construir cuanto antes modelos que nos lleven hacia las imágenes de futuros atravesados por la justicia social y ecológica.
Por eso el reciente logro del etiquetado frontal fue ampliamente festejado dentro del movimiento ambiental, ya que ayuda a transparentar y comunicar claramente el origen industrial de muchos de los productos que llegan a las góndolas. La capacidad de decidir sobre todos los eslabones de la cadena del sistema agroalimentario a la hora de establecer una estrategia de alimentación soberana para la población. Es por eso que muchos movimientos por la soberanía alimentaria reclaman un Estado presente, que pueda detectar y comunicar eficazmente los fraudes alimentarios de los productos ultraprocesados.
Es fundamental revalorizar las experiencias de los movimientos sociales que construyen con soberanía alimentaria como valor central, pero cuyos proyectos y propuestas exceden al ámbito de la agricultura. Reivindican salidas laborales y proyectos de vida y sociedad con el bienestar de las personas y ecosistemas en el centro. Piensan un cambio de enfoque a lo largo de la cadena del sistema agroalimentario. A su vez, el movimiento socioambiental reclama hace años la Ley de Humedales, un buen ejemplo de una acción concreta a tomar hoy mismo y que puede realmente preservar el uso de áreas protegidas, que tienen funciones ecosistémicas fundamentales para nuestra sociedad y clima.
La Conferencia de las Partes recién empieza. Con pocas o nulas esperanzas de lograr un cambio ideal, las militancias ecologistas y los activismos socioambientales miran cómo la política probablemente los vuelva a defraudar. Mientras presidentes y funcionarios de alto rango vuelven a demandar soluciones técnicas, los cuadros científicos insisten con lo ya eternamente vociferado. Las soluciones mágicas no existen, hay que lograr políticamente correr el espectro de lo posible para abandonar los combustibles fósiles.
Alejo di Risio - Comunicador socioambiental, Ingeniero en Acústica. Estudia las transiciones socioecológicas. Actualmente es Coordinador de Comunicación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Maestrando en Ecología Política.
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