El fuego no es solo una imagen de catástrofe ambiental. Es el síntoma de un orden político que combina negacionismo, desfinanciamiento y alineamiento extremo con agendas que celebran la destrucción como signo de fuerza.Difícilmente alguien no se haya enterado de lo que está pasando en la Patagonia. El territorio incendiado ya supera las doce mil hectáreas. El fuego llegó a tres de nuestros Parques Nacionales: Los Alerces, Los Glaciares y Lanín. Destruyó viviendas, infraestructura y proyectos de vida. No se trata de un evento excepcional, sino de un patrón: los incendios se repiten cada verano, pero cada año nos encontramos con menos capacidad estatal para prevenirlos y combatirlos.
Las partidas vinculadas a cuestiones ambientales en el presupuesto 2026 cayeron drásticamente con respecto a períodos anteriores. El presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) se reduce un 69% en términos reales con respecto a 2023. Esto se traduce en menos informes de alerta temprana, menos vuelos de detección, menos equipamiento y menos brigadistas.
Sofía Cerella, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, denunció que el gobierno nacional no se contactó de ninguna manera incluso días después del comienzo de los incendios. El relato de Jade Sívori va en el mismo sentido: ausencia estatal por arriba, organización comunitaria por abajo. Una vez más queda claro quiénes están en la primera línea poniendo el cuerpo: las vecinas y los vecinos que, la mayoría de las veces, ni siquiera cuentan con ropa ni condiciones adecuadas para enfrentar el fuego. No lo hacen por épica; lo hacen porque, ante la ausencia de una respuesta estatal, no queda otra que salir a cuidar lo poco que queda.
Lo que está pasando en la Patagonia era, lamentablemente, predecible. El cambio climático incrementa la probabilidad histórica de incendios forestales, como muestran diversos estudios científicos en la región patagónica. A esto se suma que el propio Servicio Nacional de Manejo del Fuego había advertido que la combinación de precipitaciones deficitarias y escasas nevadas invernales haría de este verano uno “pródigo en incendios forestales”.
Los límites del Mercado
El modo en que el gobierno nacional está actuando frente a los incendios patagónicos no es una excepción: sigue el mismo patrón que vimos en otras catástrofes ambientales recientes. La idea de que “el mercado lo resuelve todo” muestra sus límites precisamente cuando el territorio arde o cuando una ciudad queda arrasada. Ante las desoladoras inundaciones en Bahía Blanca, el Presidente anunció que no enviaría ayuda nacional. La capacidad estatal para asistir, coordinar, reconstruir o prevenir fue reducida a cero. Ese gesto político es una señal: ante la devastación, el Estado se retira.
El paradigma del Gobierno respecto de la protección de nuestro patrimonio natural se sintetiza en lo que el Presidente dijo acerca de la contaminación de los ríos durante su campaña presidencial: «una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera» porque, cuando haya escasez, el agua «dejará de valer cero» y la contaminación se frenará sola por efecto del mercado. El ambiente, entonces, no es algo que deba protegerse preventivamente; es una mercancía cuyo valor recién podrá determinarse cuando ya sea tarde.
Las externalidades ambientales son una de las principales fallas de mercado: consecuencias de actividades económicas que no se reflejan en los costos privados. En criollo, cuando una empresa contamina un río, genera impactos económicos y sociales que afectan a mucha gente, pero para la empresa que contamina no sale más caro: en la mayoría de los casos es más barato seguir contaminando. Justamente por eso se vuelve necesaria la intervención del Estado.
El negacionismo climático y la cruzada contra el ambientalismo se explican también por esto: para prevenir y reparar catástrofes se requiere del Estado, que pueda planificar, invertir y regular. Y esto choca de frente con el núcleo discursivo del Gobierno.
¿Cuál es el marco teórico que se usa para justificar el abandono estatal? En la presentación de su libro en el Luna Park, el Presidente afirmó que las externalidades “fueron resueltas por Coase asignando derechos de propiedad”. Coase escribió sobre conflictos muy acotados entre privados con poder similar, en contextos donde los daños son compensables con dinero. En su clásico texto “El problema del costo social”, el ejemplo es un médico molestado por el ruido de una panadería, o un arroyo contaminado que afecta a pescadores y puede resolverse mediante pagos.
Ese esquema no se traslada a la realidad actual. Miles de hectáreas incendiadas no pueden compensarse económicamente ni solucionarse a través del accionar de individuos que persiguen sus propios intereses. Tampoco un bosque nativo que tarda años en recomponerse, ni una cuenca hídrica destruida, ni una comunidad desplazada.
Por eso, más que teoría económica aplicada, lo que vemos es una coartada ideológica para recortar prevención y desmantelar lo público. La planificación de largo plazo, la inversión sostenida, los sistemas de alerta y brigadas profesionales no dan ganancia inmediata: son políticas estatales. Y sin ellas, el resultado es el que nos toca atestiguar: territorios arrasados y comunidades obligadas a enfrentar solas la emergencia.
Trumpismo invertido
El negacionismo climático de Trump responde a intereses concretos y explícitos. La financiación de campañas, think tanks y estructuras partidarias ha convertido la duda climática en una industria organizada. El sector “Oil & Gas” fue uno de los principales aportantes a Trump en el año 2020 y en 2024.Sin embargo, el hecho de que este negacionismo vaya más allá de políticas aisladas y que no solo no se oculte o se le dé una lavada de cara ambiental (greenwashing) como hacen otros países, no se explica solo por la presión del lobby petrolero.
La negación del cambio climático no es un simple desacuerdo con la ciencia. Como plantea el artículo del Niskanen Center, constituye una forma de conciencia histórica del trumpismo: una manera de leer el pasado y proyectar el futuro que desestima los lazos comunes de la humanidad y privilegia la confrontación entre Estados soberanos. El clima, en cambio, no reconoce fronteras. Por eso incomoda: obliga a pensar interdependencias, responsabilidades compartidas y límites ecológicos.
El trumpismo disuelve esta tensión negándola, amparado en la posición privilegiada de Estados Unidos: un país con recursos económicos y bélicos que le permiten hacer frente a las consecuencias del cambio climático o imponerlas sobre otros.
Que el cambio climático se transforme en bandera ideológica responde así a la filosofía política antiliberal del trumpismo, que antepone la soberanía nacional a cualquier compromiso universal.
Para comprender esta concepción de lo político resulta útil Carl Schmitt, pensador cuyas ideas han cobrado renovada vigencia. Para Schmitt, una comunidad política no puede ser omniabarcante; se constituye siempre a través de la exclusión de un enemigo.
No hace falta que ese enemigo sea moralmente inferior ni que deba ser eliminado: basta con reconocer que puede existir un enfrentamiento real y, en casos límite, mortal. Lo político no existe sin conflicto. La idea de un mundo definitivamente pacificado, regido por normas universales y consensos permanentes, es para Schmitt una “ficción deshonesta”.
Desde esa perspectiva, el derecho internacional, los acuerdos ambientales globales o las instituciones multilaterales aparecen como mecanismos de limitación de la soberanía. El cambio climático, leído en ese registro, no sería una crisis material que amenaza la vida, sino un instrumento de intereses extranjeros para condicionar a Estados “fuertes”. Cuando Trump desvaloriza la agenda climática o abandona acuerdos internacionales, no solo protege intereses petroleros: reafirma una filosofía política que considera ilusoria la idea de una humanidad con un destino común.
Milei se alinea con esta posición de modo casi mimético. No solo repite consignas, replica el núcleo ideológico: desprecio por regulaciones ambientales, negación de la crisis ecológica, desmantelamiento de políticas públicas de prevención y adaptación. El negacionismo climático se vuelve así dispositivo político, habilitando recortes, privatizaciones y desprotección territorial. Pero con una paradoja evidente: mientras Trump reivindica una soberanía agresiva y proteccionista, el gobierno argentino avanza en el sentido contrario, renunciando a instrumentos básicos de defensa nacional y ambiental.
El modus operandi del Gobierno invierte la filosofía política trumpista: los intereses nacionales quedan completamente relegados frente a los mandatos de una agenda globalista a la que Milei quiere pertenecer.
Esto se ve con claridad en la Patagonia. Cada vez que los incendios arrasan bosques nativos, reaparece la hipótesis de la especulación inmobiliaria. No es conspiración: hay incentivos materiales evidentes. Al mismo tiempo que se desfinancia el manejo del fuego, se impulsa la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros y protege zonas estratégicas como ríos, fronteras y glaciares. Aunque hoy esa derogación está judicializada, el oficialismo insiste en “liberar la compra por parte de privados extranjeros”. Es evidente cómo se conjugan estos elementos: menos protección, más territorio arrasado, mayor superficie disponible para comercializar.
El propio gobierno, en su Política de Inteligencia Nacional 2025, reconoce presiones simultáneas de actores estatales y corporativos sobre los recursos estratégicos del país y afirma la necesidad de articular variables ecológicas, geopolíticas y productivas. Sin embargo, los recortes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el avance sobre leyes ambientales y la desregulación inmobiliaria van en sentido inverso.
Las ideas instrumentalizadas por Trump para defender su soberanía nacional son invocadas por Milei para entregar la nuestra.
Argentina a contramano del mundo
El tablero internacional cambió de reglas. Como muestra el informe de Fundar sobre la reconfiguración de la globalización, no estamos ante una simple “desglobalización”, sino ante una reorganización geoeconómica: los Estados vuelven a ocupar el centro. Las potencias ya no confían en mercados libres y desregulados; priorizan modelos productivos propios; fortalecen políticas industriales; aplican proteccionismo técnico; restringen inversiones extranjeras estratégicas; reorganizan cadenas de valor para reducir vulnerabilidades; y usan al Estado para orientar tecnología, energía y seguridad económica.
En síntesis: estamos viendo una transición desde tratados de libre comercio sin condiciones hacia políticas activas orientadas a mitigar riesgos, proteger sectores clave y planificar estratégicamente.
La estrategia del gobierno argentino va a contramano de esta tendencia. Mientras Estados Unidos, la Unión Europea y China refuerzan capacidad estatal, planificación productiva e innovación; acá se impulsa apertura indiscriminada, desregulación amplia, debilitamiento de instrumentos públicos de protección y reducción de capacidades nacionales justo cuando el mundo exige lo contrario.
Esa desalineación se traduce en políticas concretas: avance sobre la Ley de Bosques, flexibilización de la Ley de Tierras, desfinanciamiento del manejo del fuego, discusión sobre la Ley de Glaciares y mayor exposición de territorios estratégicos. El resultado es visible: Patagonia ardiendo, humedales convertidos en negocios inmobiliarios y glaciares bajo presión.
Entre la lanza y la bolsa
En este marco, los incendios no son solo una catástrofe ambiental. Son el síntoma de una forma de relación con el mundo. Hartmut Rosa lo piensa en términos de aceleración y alienación: una sociedad que solo concibe el crecimiento permanente transforma el territorio en recurso o estorbo (Rosa 2016). Los tiempos largos de la naturaleza como el crecimiento de un bosque, la restauración de un suelo o los ciclos del agua no encajan en ese ritmo acelerado; por lo tanto, el bosque se vuelve obstáculo.
Cuando el mundo deja de “responder”, cuando ya no se lo percibe como algo con valor propio sino como objeto disponible, se habilitan políticas autoritarias, negacionismo y discursos de fuerza. “Drill, baby, drill” no es un eslogan aislado: expresa un modelo de relación con la tierra en el que perforar, extraer y quemar son signos de poder.
Ursula K. Le Guin propone otra historia: antes de la herramienta que hiere, estuvo la herramienta que sostiene. Antes de la lanza, la bolsa. La bolsa reúne, guarda, cuida y hace posible la vida en tiempos largos. Frente a la narrativa heroica del avance y la conquista, propone la narrativa del cuidado. Frente a la épica del dominio, el sostén de lo común.
Quizás la verdadera disputa política de nuestro tiempo no sea solo entre globalismo y nacionalismo, sino entre esas dos historias: la de la lanza que incendia el mundo y la de la bolsa que intenta conservarlo.
El fuego no es solo una imagen de catástrofe ambiental. Es el síntoma de un orden político que combina negacionismo, desfinanciamiento y alineamiento extremo con agendas que celebran la destrucción como signo de fuerza. Trump proclama “America First” y “drill, baby, drill”: Milei obedece. Mientras tanto, los incendios arrasan territorios cuyos habitantes nunca fueron consultados sobre este destino.
Al mismo tiempo que se combate el incendio en el terreno, se vuelve urgente otra tarea: disputar la historia desde la cual pensamos qué vale la pena cuidar. Volver a la bolsa no es nostalgia ni romanticismo: es recuperar la posibilidad de organizar la vida alrededor del cuidado y no de la conquista. Sin esa otra narrativa, los incendios no serán una excepción sino el idioma del futuro.
Nuestra Patagonia y su gente sigue necesitando nuestra ayuda:
- FUNDACIÓN SI – ALIAS: DONAFUNDACIONSI
Luna Rey Cano y Mercedes Pombo


Comentarios
Publicar un comentario