Fuera de todo cliché ideológico

Votan a favor de la tortura en la ONU, designan a un militar al frente del Ministerio de Defensa, tienen de vice a una defensora de Videla, el Secretario de Derechos Humanos hace negacionismo en la CIDH, pero si decís que son la dictadura, se enojan. En política —como en todo— las cosas están más allá de las representaciones, son lo que son y no lo que uno cree que son, o lo que alguien dice que son. Y el concepto aplica para todos, incluso para gobiernos de derecha como el actual, respecto al cual se busca mostrarlo como lo novedoso o disruptivo, sin acentuar que las continuidades históricas lo acercan a lo más rancio de nuestra historia: los bloques sociales y económicos que apoyan y promueven estos proyectos políticos. Y esta oligarquía lo apoya porque sus intereses se benefician con él, al igual que los objetivos precisos y concretos que esos proyectos persiguen, y que es, en definitiva, lo que impacta en nuestra realidad de cada día. Sin que deje de ser interesante las razones por las que la gente vota un determinado proyecto, es mucho más relevante cuáles son los intereses que este proyecto prioriza con sus políticas ejecutadas desde la conducción del Estado. Quedarse en que Milei logró conquistar el voto de los pibes de Rappi podrá servir para imaginar estrategias electorales futuras que reviertan ese hecho, pero no debemos perder de vista que gobierna para Blackrock y los fondos buitre. Ello permite dimensionar más claramente la naturaleza del proceso y sus resultados, así como debería generar las estrategias necesarias para impedirlo.

 

Lo mismo sucede con las políticas de seguridad y defensa del gobierno, el giro en materia de derechos humanos, y sus posturas frente al legado de la dictadura y el consenso democrático: la evidencia histórica señala que, más allá de los discursos (y a veces ni ahí, recordemos que fue Macri el que empezó con lo del "curro de los derechos humanos"), cada vez que la derecha gobierna esa línea de pensamiento y acción va unida a política económicas de desregulación, apertura, destrucción de empleo y tejido industrial, valorización financiera y endeudamiento para financiar la fuga de capitales, como la sombra al cuerpo.

Con el marco legal que surge de las normas que dictó o impulsó, como el DNU 70 y la ley bases, Milei no redujo el desempleo sino que lo aumentó, no combatió el empleo no registrado sino que lo alentó eximiendo de consecuencias legales a los negreadores, no aumentó los salarios reales ni la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, sino que los redujo. Y la próxima reforma laboral -si prospera- no será la excepción, simplemente porque sus propósitos nunca fueron para el beneficio de las mayorías, cosa que cualquiera que tenga interés en el tema podría averiguar leyendo un poco sobre nuestra historia reciente o mediata, dado que el núcleo central de las reformas que ahora impulsa Milei es exactamente el mismo (y con propuestas calcadas) a las que en su momento impulsaron o aprobaron Videla y Martínez de Hoz (mutilando la Ley de Contrato de Trabajo), Menem y Cavallo, De La Rúa y Macri.

Cuando se dice que ese tipo de políticas no cierran sin represión no se trata de un simple cliché ideológico, sino de una constatación empírica: sea en forma abierta (como sucede con éste gobierno desde sus inicios con la protesta social) o como amenaza implícita, como está sucediendo con las fuerzas armadas; cuyo rol además es siempre auxiliar respecto del proyecto político al cual sirven: brazo armado de la nación para la defensa de su soberanía e integridad territorial, o cuerpo auxiliar de nativos que sostiene el orden colonial, como es hoy en día.

Se trata siempre de comprometer políticamente a las agencias armadas del Estado más allá de su rol estrictamente profesional, en el alineamiento incondicional con determinados objetivos políticos que no son los del país en su conjunto, sino de un determinado grupo político, que actúa ostensiblemente como gestor de los intereses de poderes económicos, del país y del extranjero; mientras se disuade toda oposición posible, mediante el uso o la amenaza del uso de la fuerza, sin mayores restricciones.

Si muchos argentinos parecen compartir todo el combo (las políticas económicas y sociales y los mecanismos de disciplinamiento necesarios para asegurarlas) más allá de como sean atendidos por él sus propios intereses objetivos, significa ni más ni menos que hay un porcentaje (no menor) de la sociedad con el que no hay canales de comunicación ni encuentro posible, no al menos sin desfigurarnos tanto que nos terminemos convirtiendo en ellos. Significa que hay que revisar conceptos en cuanto a la amplitud de ciertos consensos básicos, que dábamos por sentados. 

Así como hay cosas con las que no hay que transigir ni siquiera con el pretexto de la necesidad de aggiornarse, como "el discurso para el mundo de las finanzas" que se reclama al peronismo, o la reforma laboral. Porque hoy, en el contexto actual y con las iniciativas concretas que el gobierno despliega en esos campos (se podrían citar otros) no hay encuentro ni contacto posible, que no suponga una pérdida: de derechos, de discurso o de credibilidad.

Porque el mundo financiero en el país es, efectivamente y más allá del rol teórico que se supone debe cumplir el crédito como dinamizador de la economía y el crecimiento, un nicho de la timba; y la única propuesta posible allí es regularlo desde el Estado, y fuertemente: con la derogación de la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz que aun nos rige para imponer límites a la voracidad del mercado, con controles al flujo de capitales o al acceso y manejo de las divisas, con mecanismos (como fue en su momento la reforma de la carta orgánica del BCRA) que permitan canalizar el ahorro de los argentinos a la financiación de la inversión productiva para crecer.

Y porque el gobierno está planteando una reforma laboral flexibilizadora sustentada en la visión (falsa) de que el problema del país es que los trabajadores registrados tienen demasiados derechos, o que nuestro costo laboral es muy alto, y nos hace perder competitividad. Nunca saldrá de esa mirada un diseño de regulación laboral que permita ampliar (y no reducir) los derechos reconocidos a los trabajadores, y hacer que ellos alcancen a un número mayor de los miembros la fuerza laboral efectiva, o que genere más empleos dignos y bien remunerados, sino más bien todo lo contrario.

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