La farsa del reconocimiento y la arquitectura global de la complicidad

El 22 de septiembre de 2025, 155 países en la Asamblea General de la ONU reconocen formalmente al Estado de Palestina. Este evento es presentado como un momento histórico, un punto de inflexión en la larga y agónica lucha por la autodeterminación palestina. La paradoja es obscena, la legitimidad internacional alcanza su cenit precisamente cuando la posibilidad material de un Estado palestino viable se desvanece hasta casi la inexistencia. Este reconocimiento, no es un preludio de la libertad, sino su epitafio burocrático.

 Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

 La burocracia en la era del genocidio (El Tábano Economista)

 

Este divorcio absoluto entre la retórica grandilocuente de la comunidad internacional y la realidad catastrófica sobre el terreno no es un accidente, ni un error de cálculo o un fallo logístico. Por el contrario, es el síntoma deliberado y predecible de una maquinaria de poder global cuidadosamente engrasada, cuyos engranajes giran con una sincronización letal. Una maquinaria impulsada por el motor implacable de la ideología sionista expansionista, facilitada por la negligencia cómplice y estructural de las Naciones Unidas, financiada y armada de manera incondicional por los Estados Unidos, y tolerada con un silencio cómplice por una liga de estados árabes cuyo mutismo ha sido adquirido mediante acuerdos económicos y garantías de seguridad geopolítica.

Nos encontramos, pues, no ante un simple conflicto asimétrico, sino ante la puesta en escena de un genocidio en cámara lenta, un proceso metódico de limpieza étnica que el mundo observa, no con verdadera impotencia, sino con una mezcla de indiferencia calculada y, en muchos casos, de abierta y activa complicidad. Desentrañar los hilos de esta complicidad es el objetivo de este análisis.

Para comprender la persistencia y la ferocidad del proyecto colonial sionista, es imperativo desmontar los mitos fundacionales sobre los que se erige su narrativa de legitimidad. Estos mitos no son adornos anecdóticos; son la base ideológica que justifica la violencia presente.

En su obra fundamental, La invención del pueblo judío (2008), el historiador israelí Shlomo Sand realiza una demoledora deconstrucción académica de la narrativa nacional israelí. Sand argumenta, con un rigor documental incontestable, que no existe una nación judía con un origen étnico-biológico común, sino más bien una comunidad religiosa y cultural formada por conversiones y asimilaciones. La diáspora, tal como se narra en la epopeya nacional, es en gran medida una construcción legendaria.

La idea de un «pueblo judío» unificado, exiliado (diáspora) por la fuerza de su tierra natal y destinado por un designio divino o histórico a regresar tras dos milenios, fue, según Sand, una construcción intelectual del siglo XIX. Su tesis alternativa es que la mayoría de los judíos no abandonaron Judea. Afirma que los palestinos árabes actuales son, en gran medida, descendientes de los antiguos habitantes de la región (campesinos judíos y otros pueblos) que se convirtieron al islam y al cristianismo con el tiempo.

El ejemplo más famoso de su argumentación es la de retomar la teoría de un imperio túrquico entre el Mar Negro y el Caspio (los jázaros) se convirtió masivamente al judaísmo alrededor del siglo VIII. Afirma que los judíos ashkenazíes (de Europa del Este) son, en su mayoría, descendientes de estos jázaros convertidos, y no de exiliados de Judea.

Esta revisión histórica no es un mero ejercicio académico de arqueología intelectual; es la clave para descifrar la lógica inherente del conflicto. Si el sionismo se presenta a sí mismo como el «regreso» de un pueblo a su tierra ancestral después de dos mil años, la presencia física, demográfica y cultural de otro pueblo se convierte en un inconveniente histórico insuperable.

El genocidio que presenciamos hoy en Gaza, la anexión progresiva de Cisjordania y la política de «judaización» de Jerusalén Este no son, en esta perspectiva, una desviación del proyecto sionista, sino su fase final y más acelerada. Es la culminación lógica de una ideología que, para afirmar su propia verdad inventada, debe destruir sistemáticamente la verdad tangible del otro. La negación israelí de la identidad nacional palestina, la destrucción metódica de archivos, bibliotecas, universidades y registros civiles en Gaza, y el intento de borrar cualquier vestigio de vida palestina anterior a 1948 no son simples actos de barbarie irracional. Son la aplicación fría y calculada de una lógica colonial: la eliminación del obstáculo demográfico para la consolidación definitiva del «Gran Israel».

Frente a esta maquinaria de destrucción basada en un mito nacional, la principal institución diseñada exprofeso para prevenir los crímenes contra la humanidad y garantizar la paz y la seguridad internacionales, las Naciones Unidas, se ha revelado no como un contrapeso, sino como una farsa estructural. Es crucial entender que su incapacidad crónica no es un fallo de funcionamiento; es el funcionamiento mismo del sistema. La arquitectura de poder de la ONU, concebida en los albores de la Guerra Fría, consagra un desequilibrio de poder que Israel y sus aliados han explotado con maestría.

El mecanismo más evidente de esta farsa es el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, un privilegio anacrónico y antidemocrático de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha utilizado este poder de forma sistemática e implacable para blindar a Israel de cualquier consecuencia real. Cada resolución condenatoria que muere en la mesa del Consejo de Seguridad envía un mensaje claro y devastador a israelíes y palestinos por igual: Israel opera en un espacio de impunidad total, por encima del derecho internacional que rige para el resto de los Estados. Este veto no es un acto neutral; es un acto de complicidad activa que proporciona la cobertura diplomática necesaria para que la ocupación y la anexión continúen.

Pero la complicidad de la ONU es más profunda y siniestra que el simple veto. Su papel se ha visto reducido progresivamente a la gestión humanitaria de la catástrofe que ella misma es incapaz de detener. Agencias como la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) realizan una labor heroica y esencial, repartiendo alimentos, proporcionando educación y atención médica a una población sitiada y traumatizada. Sin embargo, en el marco general, esta función humanitaria ha convertido a la ONU en el «conserje del genocidio». Se limita a limpiar parcialmente los vestigios de la masacre, a paliar los síntomas más inmediatos del horror, pero carece del poder, y lo que es más grave, de la voluntad política colectiva, para detener al asesino.

Si las Naciones Unidas representan la arquitectura de la impotencia, Estados Unidos se erige como el arquitecto activo y principal sostén de la opresión. La relación entre Washington y Tel Aviv trasciende con creces la mera alianza estratégica entre dos estados; es una simbiosis profundamente arraigada en lo ideológico, lo militar y lo doméstico. Como señalaba con agudeza un análisis en Jacobin, titulado «State of Palestine Self-Determination«, el reconocimiento internacional es un gesto vacío si no viene acompañado de la capacidad material de ejercer soberanía.

El flujo constante y generoso de ayuda militar estadounidense es el combustible que alimenta la máquina de guerra israelí. Esta transferencia de armas, que asciende a miles de millones de dólares anuales y se realiza a través de mecanismos que eluden el escrutinio público rutinario, proporciona a Israel la herramienta fundamental para llevar a cabo su campaña de exterminio y control territorial. Esta complicidad material continúa impertérrita, año tras año, administración tras administración, a pesar de las crecientes y abrumadoras evidencias de crímenes de guerra y de lesa humanidad documentadas por organizaciones de derechos humanos israelíes, palestinas e internacionales.

¿Cómo se sostiene políticamente esta contradicción? La respuesta reside en la profunda influencia del lobby sionista, encabezado por el poderosísimo AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-israelí), sobre el Congreso de los Estados Unidos. El poder de AIPAC y grupos afines no es un mito conspirativo; es una realidad tangible del sistema político norteamericano. Como señaló acertadamente el economista Jeffrey Sachs, la influencia es tan profunda que a menudo parece que es el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, quien determina los parámetros de la política exterior estadounidense en la región.

Mientras Palestina se desangra, el silencio ensordecedor, o la abierta colaboración, de los estados árabes vecinos constituye uno de los factores más desmoralizadores y reveladores de esta tragedia. Sus declaraciones de condena rituales en el seno de la Liga Árabe son puro teatro, carentes de cualquier consecuencia tangible o acción concreta. La pregunta que surge de manera obligada es: ¿qué poderosos intereses silencian a las petromonarquías del Golfo y a los regímenes árabes autoritarios?

La respuesta es multifacética, pero se reduce a una fría ecuación de intereses económicos y geopolíticos. Por un lado, se erige la amenaza percibida común: la República Islámica de Irán y el llamado «eje de resistencia» chiíta. Para Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, el ascenso regional de Irán representa un desafío existencial a su hegemonía suní. En esta lógica geopolítica de realpolitik, Israel se ha reposicionado hábilmente como el «gendarme» no declarado, pero extremadamente eficaz, para contener y debilitar la influencia persa.

Por otro lado, opera la simple lógica del capital. Las élites gobernantes de estos estados están profundamente integradas en los circuitos de la economía global capitalista. Sus fondos de inversión soberanos tienen vastas participaciones en empresas occidentales, sus príncipes y jeques poseen propiedades suntuosas en Londres, París y Nueva York, y su supervivencia depende del mantenimiento de los precios del petróleo y de las relaciones estables con los centros de poder financiero global. Un enfrentamiento abierto con Israel, y por extensión con su garante, Estados Unidos, pondría en riesgo inmediato esta riqueza y la estabilidad de sus regímenes.

Al final de este sombrío recorrido, el entramado de complicidades queda al descubierto. La narrativa inventada del sionismo, la farsa institucionalizada de la ONU, la colaboración criminal de Estados Unidos y la traición venal de los estados árabes han logrado crear una realidad distópica casi perfecta: un pueblo encarcelado en cantones desconectados, bombardeado periódicamente, desplazado forzosamente y sometido a un régimen de apartheid, cuyo reconocimiento como estado por parte de 155 países no es más que una cáscara vacía, un acto de hipocresía monumental.

El tiempo de las resoluciones vacías y las declaraciones grandilocuentes ha terminado. La votación en la ONU de septiembre de 2025 será recordada, si no se actúa con decisión, como el momento en que el mundo le dio la última palmadita en la espalda a un moribundo. Solo la presión organizada, materializada en el boicot económico, académico y cultural internacional, y la exigencia incansable de responsabilidades penales individuales ante la Corte Penal Internacional, pueden romper el cerco de hierro de la complicidad. La alternativa es permitir que el reconocimiento del Estado de Palestina se convierta, no en su certificado de nacimiento, sino en su último y amargo adiós.

Lic. Alejandro Marcó del Pont