El proyecto modifica el artículo 22 bis de la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, por la que se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales” y “garantizar su restauración”. Es estos casos las prohibición por 60 años incluye “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares y fiscales; y cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.
Las mismas prohibiciones también se extenderán por 30 años “en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”.
El proyecto toma impulso en medio de cifras alarmantes por los incendios en lo que va de este año: las quemas intencionales en el Delta del Paraná arrasaron con 90 mil hectáreas de humedales, que si se incluye los incendios en Corrientes, Chaco y Formosa extienden hasta 200 mil hectáreas los humedales afectados.
Los incendios en Córdoba –donde se estima que el 95 por ciento de los focos fueron intencionales--, amenazan con extinguir el escaso tres por ciento de bosques nativos que conserva la provincia.
“Las quemas intencionales en medio de la bajante histórica del Río Paraná y en las sierras cordobesas, que afrontan la mayor sequía de los últimos 40 años, son doblemente criminales”, sostuvo el diputado Leonardo Grosso (FdT) que preside la comisión de Recursos Naturales y uno de los firmantes del proyecto.
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