Movilizar siempre sirve

Movilizar siempre sirve, aunque te quieran convencer de lo contrario. Y movilizar no es solo manifestar o llenar las plazas: es concientizar, esclarecer, convencer, explicar. Luchar en definitiva por una idea, un proyecto, un derecho. Por eso se habla de conquistas. Aunque nos quieran ahogar con discursos de posibilismo y correlaciones de fuerza, y aunque la realidad circundante parezca a veces darles la razón, porque el palacio es sordo a los rumores de la calle, y sufrimos una crisis de representación: siempre se puede permear el pulso social al interior del sistema político, y obligarlo a frenar, retroceder, y también a avanzar. De eso se trata en esencia la democracia, y no solo de ir de vez en cuando a votar, y listo. Vengan estas reflexiones a cuento de la decisión del gobierno de Milei (forzada por la presión popular) de retirar del esperpento conocido como "ley de inviolabilidad de la propiedad privada" el capítulo referido a la eliminación de las restricciones a la venta de tierras rurales a los extranjeros, establecida por la Ley 26.737.  Sáenz, Jaldo, Figueroa, Rovira, los radicales, no retrocedieron porque se volvieron patriotas, sino porque son cagones. Hay que seguir apretándolos socialmente con el resto de la ley y con cada guasada en la que quieran acompañar al gobierno. Les tiene que costar políticamente.

Es posible que la amplitud y masividad social que alcanzó el reclamo en defensa de nuestra integridad territorial soberana le deba mucho de su impulso al clima mundialista, pero demostró lo poderosas que pueden ser en políticas las emociones (vaya si Milei lo sabe), y la potencia de ideas que nos decían que estaban perimidas como patria, territorio, soberanía, nación, pueblo. Tan vivas están que se las quisieron apropiar ellos mismos, disfrazándose de nacionalista y cuestionando la "campaña anti-argentina" mientras orquestaban la entrega del país. 

El retiro -al menos por ahora- del capítulo del proyecto sobre la extranjerización de la tierra deja una poderosa enseñanza a futuro en términos políticos y sociales; enseñanza que deberá aplicare ya mismo, desde hoy, a lo que quedaría en pie del proyecto, que es tanto o más perjudicial aun para el país y la inmensa mayoría de sus habitantes: la posibilidad de que los inquilinos sean desalojados sin orden judicial, la eliminación de las restricciones de la ley de manejo del fuego a los usos productivos posteriores de las tierras incendiadas, o la amputación de las facultades del Estado para expropiar cosas por causa de utilidad pública, algo que contempla la Constitución Nacional desde 1853; y que acaba de reconocer hasta la propia justicia yanqui, en el juicio seguido contra el país por la expropiación de YPF.

Éste último aspecto en particular -uno de los más perniciosos y silenciados del proyecto- se complementa con los cambios que se querían introducir a la ley de tierras (para que ningún gobierno posterior pudiera revertir la extranjerización, aun volviendo a modificar la ley o reponiendo los límites de la ley de Cristina), con las concesiones hechas en el RIGI y el Súper RIGI a los inversores extranjeros que apuesten a la economía de enclave en construcción, con el proyecto sobre la "autonomía" del Banco Central, con los acuerdos con el FMI y con la necesidad de blindar las gravosas privatizaciones de éste gobierno, que está vendiendo a precio vil bienes comunes de los argentinos, que llevó años y esfuerzos construir.

Un plan perfectamente orquestado (no por Milei ni Sturzenegger, que son simpemente los mascarones de proa) para vaciar el Estado, amputarle todas las facultades y los atributos inherentes a su soberanía y los instrumentos necesarios para dirigir por sí mismo y conforme lo decida su pueblo, su destino histórico. Un país privado de su facultad de emitir moneda, dirigir su propia política económica utilizando todos los instrumentos a su alcance (al fin y al cabo para eso fueron al FMI: para que lo dirijan otros), ejerrcer un control efectivo sobre su territorio y sus fronteras, o imposibilitado de revertir los latrocinios consumados en su contra por un gobierno de ocupación, aunque sea elegido.

En definitivas se trata de mucho más que la discusión de una ley o un capítulo dentro de ella, sino del sentido último de la democracia: si el destino del país lo decide su sociedad, o el poder económico incluso en contra de los deseos de una amplia mayoría de ella, como pasó con la ley de tierras. Se trata de superar el desencanto democrático y la tentación del ausentismo electoral (que el régimen fomenta porque son en su propio beneficio), y extraerle a la democracia todas las posibilidades que ofrece como sistema de representación política de los intereses y los deseos de la sociedad. 

De allí entonces que aunque se haya logrado una victoria (no menor, en el contexto) hay que seguir la lucha, movilizando para exigir que se caiga toda la ley, del primero al último de sus artículos; sin permitirles el atajo de meter por la ventana lo que les obligamos a sacar por la puerta trasera. 

Nota original