Las Cuevas de Alí Babá: Los Paraísos de los Hijos de Puta

Impuesto a los grandes patrimonios: en relación al informe de los grandes hijos de puta, compartimos infografías sobre las propuestas de impuestos a las grandes fortunas en el marco de la pandemia de Covid-19 en Europa y América del Sur. Las medidas de la cuarentena indican que estamos en una batalla contra la muerte en la que algunos pocos, pero con mucho poder, parecen no querer embarcarse. Ellos, los dueños de dichas fortunas, que no tienen nacionalidad ni raza ni religión salvo la del Dios Mercado, se refugian en sus cuevas diseminadas por todo el mundo. Son parte de aquella minoría oligarca que conformaron todas las dictaduras cívico-militares de Latinoamérica, los regímenes fascistas y nazis de Europa, son lod mayores terroristas internacionales y manejan en EEUU el arsenal atómico más poderoso del mundo. Mientras se busca gravar las grandes fortunas con el objetivo de combatir las graves consecuencias económicas que está produciendo la crisis del coronavirus, muchas veces aún deben aún impuestos, mientras la derecha fascista neoliberal de hispanoamérica se pronuncia contra la cuarentena y promueve la enfermedad, en Argentina el macrismo apela a artilugios para evitar que el Congreso trate el impuesto extraordinario a las 11.000 personas más ricas de la Argentina, el multimedios Clarín, vocero de los buitres, ataca cotidianamente la política de aislamiento, pero de eso se trata en definitiva: de intereses, impuestos y fortunas.... y claro, cuentas en las cuevas del exterior.

Sobre el mismo tema podés leer una profusa investigación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre las propuestas similares en otros lugares del mundo, y un trabajo de la investigadora de Cefid-Ar Magdalena Rua sobre La riqueza oculta. El conjunto de estos materiales disipa muchos mitos al respecto, como el de la alta presión impositiva sobre las empresas productivas.
Infografía extraída de CEPA.

Los especuladores de la pandemia

A finales de 2018, Estados en todo el mundo habían sido condenados a pagar a los inversores la sorprendente suma de USD 88.000 millones a raíz de demandas de empresas. Miles de millones de dólares de los contribuyentes que se han desviado de la financiación de la salud pública, el acceso a los alimentos y la creación de empleo.

Ante una crisis económica que pueda provocar hambre o disturbios, un ministro de finanzas se ve obligado a incumplir el pago de la deuda de su país, devaluar masivamente la moneda y congelar las tarifas de agua y electricidad. Como consecuencia de estas medidas, 42 empresas transnacionales entablan demandas argumentando perdida de ganancias. Parecería que se tratara de algo que está sucediendo ahora mismo, pero en realidad es un relato de Argentina en medio de la crisis financiera de 2002. A raíz del COVID-19, esta situación ciertamente podría repetirse en un país tras otro mientras se toman medidas excepcionales para hacer frente a una sacudida económica sin precedentes.
La escala del impacto económico de COVID-19 recién está empezando a ponerse de manifiesto. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha advertido de un “tsunami financiero inminente” que podría reducir la inversión mundial en un 40% y ha instado a que se adopte un paquete de ayuda de USD 2,5 billones para que los países en desarrollo puedan hacer frente a la crisis. Los gobiernos alrededor del mundo se han visto obligados a adoptar medidas económicas y financieras que eran imposibles de concebir hace un par de meses. No sólo se han visto obligados a desembolsar fondos públicos escasos para fortalecer los sistemas de salud, proteger a las poblaciones más pobres y vulnerables, apoyar a los y las trabajadoras y a las pequeñas empresas, y aumentar las prestaciones de desempleo y protección social, sino que también han tenido que adoptar medidas de emergencia como la suspensión de pagos a las empresas privadas o la requisa de empresas privadas para fabricar equipo sanitario esencial.
Las medidas gubernamentales ejercerán una presión sin precedentes en los presupuestos públicos ya de por sí limitados, en particular en los países del Sur Global. Además, estas medidas de emergencia adoptadas en la actualidad para proteger a los ciudadanos podrían provocar una ola de demandas arbitrales por parte de empresas multinacionales y abogados especializados en inversiones. Estas demandas podrían entablarse en el marco de un mecanismo conocido como solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que figura en la letra pequeña de casi todos los tratados de protección de inversiones a nivel mundial. Este mecanismo otorga a las empresas derechos especiales para demandar a los Estados que aprueben leyes, reglamentos y medidas gubernamentales que puedan afectar sus actividades comerciales, incluso si se adoptaron en respuesta a la mayor crisis sanitaria que haya sufrido el mundo. Estas posibles demandas sólo aumentarán la ya inmensa carga financiera de muchos Estados.
Las demandas arbitrales de inversores contra Estados están habilitadas por una compleja red de acuerdos internacionales de comercio e inversión que contienen cláusulas de protección de la inversión. Haciendo uso del ISDS, los Estados han sido demandados por medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud pública y a ofrecer acceso asequible a la energía, agua limpia o mejores condiciones de trabajo. Únicamente los inversores extranjeros tienen acceso privilegiado a este sistema de justicia privado paralelo, que sólo funciona en una dirección: los Estados no pueden demandar a los inversores por no respetar las normas nacionales o locales en estos tribunales de arbitraje.
La UNCTAD confirmó la semana pasada que ya hay más de 1.000 demandas inversor-Estado en base a tratados de inversión conocidas a nivel mundial. Este tipo de demandas se han disparado en la última década, así como el monto de dinero involucrado.
Y este aumento exponencial en las demandas podría crecer aún más como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El 8 de abril de 2020, Law360, una revista jurídica especializada, afirmó que: “Para los financiadores de arbitrajes y litigios, las últimas semanas pueden marcar el comienzo de un auge”.
Si bien los reclamos de las empresas contra los Estados pueden parecer extraordinarios y políticamente arriesgados, existen precedentes. Las empresas transnacionales, respaldadas por abogados especializados en inversiones y por financiadores de terceros, tienen una historia de utilizar los acuerdos internacionales de inversión para obtener beneficios económicos demandando a los países en crisis.
La experiencia de Argentina en ese sentido es pertinente. A pesar de ser una crisis que redujo la economía de este país en un 28% y que empujó a la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, los inversores extranjeros no se desanimaron a iniciar demandas contra el gobierno. Un total de 42 demandas de inversores extranjeros, reclamando un total de USD 16.000 millones.
De hecho, los abogados de inversión ya están preparando a sus clientes corporativos para las oportunidades que se les presentarán. El 26 de marzo de 2020, el bufete de abogados de arbitraje internacional Aceris Law anunció a sus clientes: “Aunque el futuro sigue siendo incierto, es probable que la respuesta a la pandemia de COVID-19 viole varias protecciones previstas en los tratados bilaterales de inversión (TBI) y pueda dar lugar a demandas por parte de inversores extranjeros en el futuro”. Otros bufetes de abogados de élite publicaron advertencias similares a los inversores.

 Cecilia Olivet, Lucía Bárcena, Bettina Müller, Luciana Ghiotto y Sara Murawski

En los 4 años que van desde 2015 a 2019, la brecha de ingresos entre el 10% más rico de la Argentina y el 10% más pobre escaló desde 16 a 21 veces. Entre los que ganaron, concentrando mayor proporción del ingreso, de acuerdo con datos de la CEPAL, el 1% más rico de la Argentina, captura más del 15% del ingreso nacional. El contraste con el 1,5% del ingreso del que participa el 10% más pobre, es obsceno.
Vale la pena señalar que los argentinos más ricos mantienen el 78% de su riqueza declarada fuera de la Argentina. La riqueza que se fuga representa la antítesis de la inversión y el desarrollo productivo. Es notable que los activos de sociedades no financieras y hogares argentinos en el exterior, al 31 de diciembre de 2019, sumaban un stock de U$S 335.622 millones, U$S 103.000 millones más que al final de 2015 (INDEC).
Esto, sin considerar que, según estimamos, aproximadamente 2/3 de la riqueza exteriorizada, no se encuentra declarada en el país.

Entre esas maravillas de Alí Babá, el hombre de Macri en la AFIP, Alberto Abad, pretendió quemar las pruebas de 950 cuentas bancarias fraudulentas de los más ricos del país en el exterior. La información se conoció en el programa de C5N, Minuto Uno, al tiempo que se informó la denuncia de Jorge Gaggero al ex director de AFIP.