Pueblos Indígenas Frente al Extractivismo y al Despojo

Cada 12 de octubre se conmemora el mal llamado "Día de la Raza", el nombre con el que se denomina en la mayoría de los países hispanoamericanos la fiesta del 12 de octubre en conmemoración del Descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492, mientras que en otros países se lo denomina más concretamente el "Día de la Resistencia Indígena", una fecha en la que se recuerda esa constancia que tuvieron los pueblos originarios del país en la lucha por su dignidad, en la lucha por permanecer de pie ante la política de exterminio que llevaban adelante los conquistadores españoles a fin de quedarse con las riquezas del país, del continente.
¿De qué hablamos cuando se dice "Día de la Raza", "Día del encuentro entre dos mundos" o "Día del descubrimiento de América"? No hubo encuentro sino un exterminio de un grupo a otro, tampoco era el día de la raza ¿de cual raza? Y tampoco hubo un descubrimiento, esta tierra, desde hace mucho ya estaba descubierta por nuestros pobladores originarios.

"Los derechos territoriales de los pueblos indígenas están atravesados por la explotación de los recursos naturales..." Así inicia una excelente producción que aporta datos, testimonios de los protagonistas y análisis para entender el conflicto que enfrenta a los pueblos originarios en territorio argentino con la alianza de multinacionales, sectores de poder y gobiernos. Una lucha desigual para defender la vida frente a proyectos "...autorizados por el Estado en tierras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas, a las que no se les ha reconocido su derecho a la posesión y propiedad, ni a la consulta previa."
Por otro lado, los mocovíes, wichís y tobas denuncian que el 12 de octubre el gobierno de Chaco hará entrega de 200 mil hectáreas de tierra a las comunidades originarias como si fuera una reparación, pero les estarán robando otras 100 mil que entregarán a criollos.

Hoy a más de 500 años, la conquista sigue y sigue la lucha desigual de los mapuches contra el emporio Benetton, dueño de 900.000 hectáreas en la Patagonia, la muerte de Berta Cáceres en Honduras y miles de otros ejemplos.
La Resistencia hoy continúa como ayer, actualemente el colonialismo que pretendía acabar con la cultura de nuestros indígenas se expresa en despojo y maltrato, siendo necesario que en toda latinoam´´erica sega reconocida de una vez su igualdad social y el respeto a todos los derechos ancestrales de las comunidades indígenas como su cultura, su idioma, valores, normas por las que rigen sus costumbres.

Una reparación que es despojo

Tres pueblos indígenas de Chaco (mocovíes, wichís y tobas –qom–) denuncian que el gobierno provincial está a un paso de robarles 100 mil hectáreas. Se trata del conocido territorio llamado “Reserva Grande”, 300 mil hectáreas destinada a los pueblos originarios que habitan el Impenetrable, a los que se les debe entregar un título único y comunitario. Pero en sentido inverso, y mediante un decreto, el Gobierno les otorgó 100 mil de esas hectáreas a criollos (hecho prohibido por la Constitución de Chaco y leyes nacionales). Las autoridades provinciales eligieron el 12 de octubre para hacer efectivo el despojo.

La Reserva Grande está ubicada en el Impenetrable, entre Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Nueva Pompeya, al sur del río Bermejito, un codiciado oasis ambiental, rico en fauna, flora y biodiversidad. Zona de pueblos originarios desde tiempos inmemoriales. En 1992, por ley, se reconoció que la Reserva era el lugar de vida y trabajo de los pueblos indígenas. Y se debía avanzar en la titulación de la tierra que (según las leyes nacionales e internacionales) debe ser un dominio comunitario (no títulos individuales).

Durante veinte años, los distintos gobiernos demoraron la entrega de tierra a las comunidades. La mensura, finalizada en 2011, determinó que la superficie del territorio indígena era de 306.849 hectáreas, en los departamentos Güemes y Brown. El Gobierno provincial, aún cuando ya estaba legalmente en condiciones de titularizar en 2011, puso como condición que se llegara a un acuerdo con los pobladores criollos que habitan en la Reserva. La propuesta indígena fue la permanencia de familias campesinas (pero sin títulos de propiedad) y/o relocalización.

En 2013 se estuvo a punto de lograr el ansiado título comunitario, pero el Defensor del Pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, intervino por pedido de los criollos que viven dentro de la Reserva Grande. El Gobierno frenó la entrega del título.

Las comunidades indígenas y organizaciones que las acompañan cuestionaron la suspensión. “Los pueblos Indígenas de Chaco han sido suspendidos en derechos durante muchos años, han sido suspendidos de las políticas públicas durante más tiempo y han sido suspendidos de sus libertades fundamentales desde la Conquista. La Ley del Aborigen Chaqueño primero, y la reforma de 1994 luego, vinieron a terminar con esta discriminación y marginación y exigen al Estado de la Provincia que no existan más suspensiones. Alarma que el Defensor del Pueblo haya recomendado al Gobernador una suspensión de un derecho constitucional vigente y en proceso de concreción”, cuestionaron la Asociación de Abogados Indígenas de Argentina (AADI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y numerosas organizaciones sociales.

A fines de 2015, mediante seis decretos, el gobernador Jorge Capitanich sorprendió con la división de la Reserva Grande: 200 mil hectáreas para los pueblos indígenas y 100 mil hectáreas para los criollos (las que se entregarán a campesinos son las mejores de la Reserva, con acceso al río y las aguadas, tierras que permiten agricultura). De inmediato, la organización indígena Mowitob denunció la violación de los derechos indígenas, la Constitución de Chaco, la nacional y tratados internacionales de derechos indígenas. Recordaron que existe frondosa legislación que prohíbe dividir el territorio indígena y, mucho más aún, no se puede entregar la tierra comunitaria a terceros (en este caso, criollos).

Precisaron que la Constitución de Chaco, en sintonía con la Constitución Nacional, en su artículo 37 “garantiza la propiedad y posesión de las tierras indígenas, las mismas son indivisibles, intransferibles, inembargables e imprescriptibles”.
El nuevo gobierno provincial, a cargo de Domingo Peppo, avanzó con la política de quitarle 100 mil hectáreas a los indígenas, entregarla a los criollos (incluso con títulos individuales) y reconocerles el resto a las comunidades originarias. En la maniobra participan cuatro organismos provinciales: El Instituto de Colonización, la Dirección de Catastro, la Dirección de Registro Provincial y Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach). Según el anuncio oficial, se hará efectivo el próximo 12 de octubre, y será presentado como “un acto de reparación” a los pueblos originarios.

Las comunidades mocoví, wichí y toba (qom) brindaron una conferencia de prensa la semana pasada. Volvieron a denunciar la maniobra del gobierno provincial, rechazaron el “robo de 100 mil hectáreas indígenas” y recordaron que “se están violando todos los derechos” indígenas. “No entendemos por qué desconocen el trabajo de años que venimos haciendo y no sabemos por qué dejan de lado la propia constitución de la provincia”, reclamó Oscar Villalba, de la organización Mowitob.

Las organizaciones que acompañan el reclamo indígena (Equipo de Pastoral Aborigen, Junta Unida de Misiones y el Instituto de Cultura Popular) emitieron un comunicado: “Es una grave violación a los derechos de los pueblos indígenas, un claro abuso de poder. Y se deja el territorio al arbitrio de los sectores económicos ligados a la madera, que apetecen la explotación de los recursos forestales de inestimable valor”. Reclamaron a las autoridades provinciales que revean su postura y eviten “la angustia e injusticia” que padecen las comunidades indígenas.

La organización Mowitob adelantó que el martes habrá cortes de ruta en Chaco, reclamó audiencia urgente con el gobernador Domingo Peppo y anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De concretarse la iniciativa oficial, los pueblos indígenas perderán 100 mil hectáreas de territorio, los criollos contarán con tierras y títulos de dudosa legalidad, y el despojo a los pueblos originarios tendrá un nuevo capítulo.

Darío Aranda