Pandemia, Palos y el Derecho a la Verdad

Larreta sin careta: mandó reprimir a palos al personal de sanidad en las puertas de la legislatura porteña. En el Día de la Sanidad, no hubo aplausos sino palos para el personal de salud. Ayer, la policía de la Ciudad reprimió a enfermeras y enfermeros de los hospitales públicos porteños que se movilizaron hasta la Legislatura para entregar un petitorio en el que exigen ser reconocidos como profesionales de la salud al estar en la primera línea de la pandemia, porque no son reconocidos como tales.

Los licenciados en Enfermería, aunque tienen título de grado, no están considerados dentro del sistema sanitario sino encuadrados como empleados administrativos. Desde hacía varios días venían juntando firmas en diversos ámbitos para presentar el petitorio en el que, además de consignar la precarización laboral que sufren, exigen que se trate con carácter urgente la inclusión de los licenciados en enfermería en la Ley 6.035, de Profesionales de la Salud de CABA, de la que quedaron excluidos cuando fue aprobada en noviembre de 2018.

Con el Día de la Sanidad como marco, los autoconvocados se dieron cita en la puerta de la Legislatura para presentar en Mesa de Entrada el petitorio.
Pasado el mediodía, las imágenes con las enfermeras apaleadas se viralizaron en las redes sociales, al igual que los repudios al accionar policial.

"Llevamos más de seis meses de covid, las enfermeras y enfermeros están en la primera línea de fuego poniendo el cuerpo como otros profesionales de la salud, y sin embargo no tienen los mismos derechos que ellos. No tienen días por estrés como ellos, tienen salarios más bajos y tampoco les reconocen las especializaciones. Si no es ahora ¿cuándo se los va a reconocer?. Los y las enfermeras que se murieron, se murieron como administrativos".

Victoria Montenegro - Legisladora porteña

Y como la libertad de expresión de expresión de algunos vale más que la tuya, para Clarín, Infobae y La Nación la represión a los enfermeros y enfermeras en la Legislatura porteña no existi, y la protección mediática de la cual goza Horacio Rodriguez Larreta queda otra vez expuesta demostrando que no es una leyenda urbana: este hecho para algunos medios no sucedió y no se encuentra registrada con ninguna nota. El ejemplo más paradigmático es el de InfoBae que publicó justamente en el día de ayer que "Después de seis meses de pandemia y cuarentena, y con el coronavirus como tema central de los argentinos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se convirtió en el dirigente político con mejor imagen del país". Sin ningún tipo de pudor en el día que reprimen a bastonazos a los que nos cuidan en los hospitales públicos, Infobae ensalza la imagen de Larreta instalando en la mente de los lectores desprevenidos que es el político con mejor imágen positiva.

"En el sistema de salud tenemos compañeros cansados, desgastados, que han dejado todo de sí. A tal punto que algunos incluso han dejado su vida. Varios fallecieron en esta ‘cruzada’ al frente de sus servicios enfrentado a esta pandemia terrible. Pero a pesar de todo eso, siguen adelante." 

Osvaldo López, integrante de la subcomisión paritaria salud y secretario de Relaciones con la Comunidad de Sutecba

 

 

 

 

En los meses que llevamos de pandemia, el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y la Policía Metropolitana a sus órdenes reprimieron solo dos manifestaciones públicas de protesta en el contagiódromo a cielo abierto de la CABA: la de los que reclamaban justicia por la muerte de Santiago Maldonado cuando se cumplió un nuevo aniversario de su desaparición, y la de los trabajadores de la salud porteños, ayer. Con inocultable sesgo de clase y brutal parcialidad ideológica, el presunto representante de las "palomas" de la "nueva derecha moderna y democrática" dejó bien el claro cual es el rol que tiene que cumplir la fuerza de seguridad de la ciudad autónoma: reprimir toda protesta social que no provenga de los votantes de su gobierno.

De ese modo y con la desidia deliberada con la que tolera marchas anti-todo lo que provenga del gobierno nacional o el peronismo que vulneran las restricciones para funcionar propias de la cuarentena, Larreta sella un pacto de fidelidad con sus propios votantes, que esperan que haga precisamente eso: dejar a las claras, a los palazos si fuera necesario, que expresarse en el espacio público es también -como tantas otras cosas- un privilegio reservado para ciertos sectores sociales; que incluye la licencia para agredir movileros, camarógrafos o periodistas, por ejemplo.  

¿Y del otro lado que ocurre, nos preguntamos? Porque la absoluta pasividad frente a las manifestaciones "anti" (cada día más violentas y desembozadamente antidemocráticas y golpistas) es común a todas las fuerzas de seguridad provinciales y federales: la propia ministra Frederic se autolimitó de actuar al respecto, señalando que protestar es un derecho constitucional, omitiendo el pequeño detalle de que se lo hace en plena pandemia, contribuyendo a propagar el virus y los contagios entre la población. El derecho constitucional a atentar contra la salud pública, sería entonces.

Pero el problema es serio, y requiere un enfoque mucho más amplio, como el que plantea acá Ricardo Aronskind en "El Cohete a la luna": se trata de una ola creciente de desafíos a la autoridad legítima del Estado para hacer cumplir sus leyes, por parte de quienes -por un lado- no consideran que éstas se les apliquen como al común de los mortales, y por el otro, desconocen o no aceptan la legitimidad del gobierno del cual emanan esas normas o que está investido de la potestad de hacerlas cumplir, simplemente porque no es el que ellos votaron, y no aceptan el resultado de la elección del cual surgió.

Aronskind ejemplifica con los casos del "levantamiento social" para impedir que Lázaro Báez cumpliera su prisión domiciliaria en un country bonaerense donde reside tal cual lo ordenó la justicia (esa que los mismos que protestan dicen defender, y no quieren reformar), el motín policial bonaerense con despliegue de patrulleros y armas incluido frente a las residencias oficiales del gobernador de la provincia y el presidente de la República, y las protestas para frenar la intervención a Vicentín que había dispuesto el gobierno nacional, previo a promover su expropiación; intervención frenada por un oscuro juez de provincia, incompetente en razón de la materia. También agrega Aronskind en retrospectiva los casos de los piquetes agrarios contra la Resolución 125, y los años de bloqueos al puente internacional que une al país con Uruguay, en las afueras de Gualeguaychú.

Nosotros podríamos sumar más episodios recientes de abierto desacato a las leyes: a los ya señalados de las marchas contra las restricciones que impone la pandemia en distintos puntos del país, hay que sumar la actitud de intendentes, presidentes comunales, legisladores y hasta algún gobernador (como el de Mendoza, que amagó con separarse de la Argentina) de llamar abiertamente a desobedecer las normas e instrucciones de la autoridad sanitaria para frenar los contagios. En Santa Fe sobran los ejemplos al respecto, como en otras provincias.

En idéntico sentido, los jueces puestos a dedo por Macri como camaristas resisten con uñas y dientes su desplazamiento para cumplir con los procedimientos que establece la Constitución, pese a que así lo han dispuesto el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación, los jueces en lo contencioso administrativo federal, la Cámara Nacional de Casación Penal y al menos implícitamente, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación . Y se defienden apelando a los poderes de ese "Estado aparte del Estado" que son los grandes medios de comunicación. Que decir de los legisladores nacionales que, luego de pedir que el Congreso sesione en forma presencial, tratan de vaciarlo o impedirle funcionar, o van a la justicia demandando anular las leyes que se votan en su deliberada ausencia.

Estos meses vieron también como los sectores empresarios violaron los decretos presidenciales que establecieron congelamiento de tarifas de luz, agua, cable, internet o telefonía celular, como el grupo Techint ignoró olímpicamente el DNU que prohibía los despidos y los bancos sabotearon deliberadamente, una y otra vez, los planes de asistencia financiera a los sectores golpeados por la crisis, ideados por el gobierno; con lo que éste hubo de dejarlos de lado y apelar a otros instrumentos como la ATP o el IFE.

Cuando arrancaba la pandemia, decíamos en ésta entrada: "No se trata entonces de una tarea "electoral" de seducción o encapsulamiento de sectores sociales que adversan al gobierno, sino de tener que ejercer ciertos niveles de coerción estatal legítima sobre ellos, por razones de bienestar general e interés común; les guste o no, y más allá de como vayan a votar en el futuro. Si alguno cree ver cierta analogía entre esta situación y la de los piqueteros rurales que se auto arrogaron la atribución de ejercer controles de carga, es porque la hay. Es en ese marco entonces que el episodio coronavirus (además de su gravedad intrínseca en términos de problema de salud pública) supone un desafío para un gobierno que hace un culto de la moderación gestual, al extremo de comprometer su propia autoridad legítima.".

La ideas de la ley y el orden, la seguridad jurídica, el cumplimiento estricto de las normas o el legítimo poder de coerción del Estado son concebidas como patrimonio exclusivo de las derechas, porque como decía Cooke, en los países coloniales las oligarquías son dueñas de todo, hasta de los diccionarios. Pero en realidad son atributos propios de todo Estado democrático, para diferenciarse de las dictaduras; y por el contrario, nuestras derechas tienen una larga tradición de violación de las leyes y de la propia Constitución, cuando se interponen entre ellos y sus intereses de clase y de sector.

Desafiando pública y abiertamente la autoridad legítima del gobierno nacional (que emana de la Constitución, y del voto popular) están jugando un juego perverso a dos puntas, en el que si el gobierno no hace nada, hablarán de vacío de poder y crisis de autoridad, y si se decide a hacerlo, hablarán de dictadura y represión. Porque la idea es deslegitimar para desestabilizar sin culpa ni estrépito, como han hecho siempre: los golpes en la Argentina se hicieron en nombre o con la excusa de combatir ambas cosas, y a veces al mismo tiempo.

Lo cual supone un desafío político mayúsculo que el gobierno no puede tolerar, y una encerrona de la que tiene que salir por arriba, reafirmando su autoridad legítima. No puede ser que no existan puntos intermedios entre emprenderla a los garrotazos contra los díscolos y rebeldes como lo hace Larreta, o estar cruzados de brazos sin hacer nada, por miedo a ser tildados de dictadores o represores.

 

Nota original