Argentina. Fuera de la ley

Nadie está por encima de la ley, dijo la Ministra de Seguridad después de la feroz represión durante la marcha universitaria. Tal vez se refería a las leyes votadas varias veces por el Congreso y que el presidente suspendió. O al DNU 70, abiertamente inconstitucional. O a la represión disciplinadora sin ningún fundamento, propia de un estado autoritario. Todo fuera de la ley, como dijo la ministra.

Por Silvana Melo

“En Argentina, nadie está por encima de la ley”, pontificó en sus redes, después del consabido “los violentos de siempre”, la ministra de Seguridad Monteoliva, réplica desangelada de Patricia Bullrich. Seguramente se refería a las fuerzas de seguridad, que bajo la lluvia del jueves -mientras se caía la sesión estafa que no fue- comenzaron a castigar con el agua de los camiones hidrantes a la gente que esperaba respuestas detrás de las vallas del congreso. Así, sin mayúscula. De la nada comenzaron los horribles chorros de agua a golpear a los estudiantes, a los familiares de discapacitados, a jubilados, a miles de personas que ocuparon la calle para exigir derechos pisoteados durante tanto tiempo.

Seguramente a ellos se refería la ministra. Y no a los dos o tres que, repetidos hasta el cansancio por TV y redes, rompieron un par de bancos para tirarle piedras a la policía. Después de la represión y no antes. Porque fue la policía federal, la gendarmería y la prefectura las que iniciaron una represión feroz con una precocidad desconocida en el modelo represivo libertariano. Fue primero la policía, los gases, los carros hidrantes y después la reacción de la gente. No fueron enfrentamientos. Fue represión. Desenfrenada.

“En Argentina, nadie está por encima de la ley”, dijo Monteoliva y no se ruborizó o al menos el pueblo concentrado y empapado y golpeado antes y después de la plaza no se enteró. Porque la ministra habla por las redes. Nadie está por encima de la ley, dijo. Se habrá olvidado del presidente, por ejemplo.

En agosto de 2025 el Congreso sancionó por segunda vez una ley de financiamiento universitario. La de 2024 había sufrido el veto presidencial. La de 2025 también. El Congreso insistió con los dos tercios necesarios y quedó sancionada como ley. Pocos días después el presidente la suspendió por decreto. Por primera vez en la historia un presidente suspende una ley del Congreso. Ignora la Constitución. Y los fallos judiciales.

El presidente está fuera de la ley. Por encima de la ley. A él seguramente debía referirse Monteoliva.

O a la justicia, que siempre falla a favor del poder. Cuando una medida cautelar obligaba al Estado a actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles universitarias, inmediatamente se dio lugar a la apelación oficial. Y adiós cautelar. También duró un par de días la multa al Jefe de Gabinete Diego Santilli (100.000 pesos diarios) por el incumplimiento de la orden judicial. Esa orden judicial, la que decía que había que actualizar los salarios de los docentes que están clavados en 2023.

Afuera, la quinta marcha universitaria se apropiaba de la calle para exigir. Adentro del Congreso, ocho diputados que debían estar no daban quorum y espiaban detrás de las cortinas filmando a los que sí. Los oficialistas festejaron como si hubieran ganado la guerra.

Acaso la que desataron afuera. Con carros hidrantes y gas pimienta recargado. Con golpes tempranos en una marcha multitudinaria.

Quiénes están por encima de la ley, Monteoliva.

La ley de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada el 10 de julio de 2025 por el Congreso. El presidente la vetó menos de un mes después. Diputados y senadores insistieron y dejaron sin efecto el veto.

El Ejecutivo promulgó la ley pero la suspendió. A pesar de los procedimientos, amparos, medidas cautelares y fallos judiciales, el gobierno no hizo otra cosa que ignorar, humillar, reprimir y condenar sanitaria y humanitariamente a los discapacitados. Además de no cumplir con la ley.

¿Al presidente se referirá la ministra de Seguridad?

Tal vez lamentaría, la ministra, que siguiera en pie el inconstitucional DNU 70/23 -que derogó o modificó 280 leyes-, cuando la oposición recordó que podía reunir votos y hacerlo caer. Pero no. Los ocho que podían completar el número fueron tentados y convencidos vaya a saber por qué zanahorias doradas y se quedaron afuera, avalando otra rajadura en las paredes agrietadas de la ley.

Bajo una lluvia que no se acaba nunca y una represión que tampoco, la institucionalidad volvió a reírse de las mareas populares que tomaron aquello que es propio para exigir lo despojado por los burdos subalternos del poder global. Tomaron la calle.

Entonces, gendarmería, prefectura y policía federal desplegaron todo su arsenal como para la guerra. Esta vez, para reprimir estudiantes, familiares de discapacitados, jubilados, militantes de partidos políticos y miles de personas sueltas que sufren cotidianamente las consecuencias de un modelo perverso. Dispararon más de 120 granadas de gas lacrimógeno, cientos de disparos con postas de goma y postas con gas químico de Byrna, gas pimienta y agua a presión arrojada por dos camiones hidrantes que recargaron, al menos, tres tanques y lanzaron contra manifestantes miles de litros de agua a presión. El terrible recuento lo hizo la Comisión por la Memoria.

Sin embargo, aunque lastimen y enceguezcan a 550 personas, aunque disciplinen y desmovilicen –eso creen-, y aunque la noche parezca no tener fin, será en la calle donde las cosas se pongan en su lugar. En el lugar donde se sufre y no donde parece para siempre la fiesta de los otros.
 

Silvana Melo