El anuncio adelanta una incidencia sobre la prensa, toda vez que Musk opina que “mainstream media is dead” (los medios tradicionales están muertos), según posteó con la imagen de una lápida, y el reemplazo por sus seguidores en X: “You are the media now” (ustedes son los medios ahora).
Su discurso va en línea con la promoción de noticias falsas, teorías conspirativas y racismo atribuidas a X, lo que decidió a varios medios a abandonar esa red: a los estadounidenses National Public Radio y Public Broadcasting Service acaban de sumarse el diario británico The Guardian y el periódico barcelonés La Vanguardia.
“Creemos que los beneficios de nuestra presencia en X son superados por los inconvenientes y que los recursos podrían utilizarse mejor para promover nuestro periodismo en otros lugares. X es un medio tóxico y Musk ha podido utilizar su influencia para moldear el discurso político”, comunicó el diario inglés que existe desde 1821 y superaba los 11 millones de seguidores en lo que fuera Twitter.
Musk ya había enfrentado un desafío del gobierno progresista de Brasil, ante quien perdió la pulseada gracias a la mentada “libertad de mercado”, que ofrecía otras redes adonde migrar.
A las corporaciones les fue mejor en Estados Unidos, donde acaba de perder la elección el gobierno que quiso ponerles coto a Meta, Amazon y Microsoft (de lo que se informó en ¿Es la economía, estúpido?).
Hasta a los que habían querido oponerse a Trump, como Los Angeles Times o The Washington Post, les pararon las rotativas antes de poder expresarlo. En el diario de la capital, sus trabajadores afirmaron que la decisión de no publicar un llamado a votar a Kamala Harris fue impuesta por Jeff Bezos, dueño del Post, lo que generó la crítica pública conjunta de sus editorialistas, hasta de Bob Woodward y Carl Bernstein, cronistas del caso Watergate que condujera a la renuncia de Richard Nixon.
Eso devino en la pérdida de 200.000 suscriptores, de un impacto resumido en un meme con la foto de Robert Redford –quien encarnó a Woodward en el film sobre Watergate–, a quien teléfono en mano le hacen decir: “Quiero cancelar mi suscripción”.
‘I want to cancel my subscription’ pic.twitter.com/4NKcDBGSWM
— Tom Reagan’s Hat (@RufusTSuperfly) October 26, 2024
Fue después del escándalo Nixon (1973) que TWP tomó postura ante las elecciones, cuya excepción había sido Dwight Eisenhower en 1952. En 1976 llamó a votar por Jimmy Carter y siempre se opuso a Trump. En la Argentina, el caso más parecido al norteamericano es el de Jorge Fontevecchia, quien hace justo un año pidió: No vote a Milei.
El que las hace las paga
Fontevecchia, vicepresidente de la Academia Nacional de Periodismo que preside Joaquín Morales Solá, participó esta semana de la entrega del diploma honorario a Mónica Cahen D’Anvers. En el acto en la Biblioteca Nacional, Solá destacó que la periodista “nunca pidió permiso para ejercer la libertad de prensa y de expresión: las ejerció”. Ella resumió: “Debemos olvidarnos un poco de nosotros y recordar para qué estamos”.
Asentía el editor de Perfil, en querella contra el titular del Poder Ejecutivo Nacional que el 8 de abril, en declaraciones televisadas, intentó descalificarlo como un “ensobrado” que “vive de la pauta” publicitaria y que podría reincidir como “quebrador serial”. La respuesta fue una demanda por injurias.
Milei se confió en que “no había delito” al criticar a una figura pública, según argumentó su abogado, Francisco Oneto; opinión compartida por el juez Sebastián Ramos, quien dictó un rápido sobreseimiento. Ante la inevitable apelación, la Cámara Federal porteña anuló aquel sobreseimiento. El camarista Eduardo Farah, de la Sala I, sostuvo que esa resolución es “nula, por extemporánea, confusa y genérica”, apartó al juez por “anticipar opinión” y dispuso que otro magistrado tramitase la causa.
Otras avanzadas
Ese traspié gubernamental se dio a la semana siguiente de adelantar que diarios y revistas tributarán 21% de IVA, cuando a comienzos de siglo se pagaba la mitad, para pasar en 2018 durante la administración de Mauricio Macri a ser exceptuados por ley, con una resolución de la Corte Suprema en el mismo sentido. El Estado, esa continuidad jurídica, entendía que así promovía el acceso a la cultura y la información.
La redefinición de los medios que pasan de aliados a enemigos según la mirada gubernamental es motivo de atención en entidades con puntos de vista e intereses contrapuestos como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la patronal Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.
Los trabajadores fueron los primeros en defender las fuentes laborales ante el cierre de la Agencia Télam, causa que llevaron a foros internacionales por invitación del CELS, como el encuentro Freedom of Peaceful Assembly - Global Resource Hub Partners’ Meeting celebrado durante marzo en el Cáucaso (Georgia), donde detallaron “la represión policial y lesiones sufridas por 35 trabajadores de prensa durante las movilizaciones contra el proyecto de ley ómnibus”.
ADEPA, en su 62ª asamblea celebrada en Posadas, advirtió como “preocupante el reciente decreto del Poder Ejecutivo por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a la información por parte del periodismo y la ciudadanía”. Lo hizo luego de su habitual crítica al periodo 2008-2015 (CFK), que emparentó con “la Bolivia de Evo Morales y la Venezuela de Nicolás Maduro”.
Nicaragua es el otro blanco de los intereses pro-capitalistas donde el gobierno del ex guerrillero Daniel Ortega no ayuda: en seis años, 278 periodistas huyeron del país según un informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). El caso más reciente fue denunciado desde New York por el Comité para la Protección de Periodistas: “El gobierno de Nicaragua debe liberar a Elsbeth D'Anda, periodista de Canal 23, detenido el 27 de octubre tras informar en su programa sobre el aumento del precio de la canasta básica”, dijo el CPJ en su cuenta de X.
Por suerte, en estos casos, esa red no es vandalizada. Distinto es el caso de Nancy Pazos, quien denunció que “para silenciarla” le cerraron la red X. Así lo ratificó hace dos meses, cuando Periodistas Argentinas presentó un informe sobre el ciberacoso: “Hay tres veces más ataques a periodistas mujeres que a periodistas varones”. Muchas de las agresiones verbales bajan desde la Presidencia.
En Colombia o Perú ya no es novedad la violencia que padecen los periodistas. En México, hasta abril, con el crimen de Roberto Figueroa Bustos, suman 380 los colegas asesinados desde 1983, según consigna la Federación de Asociaciones Periodísticas de México (FAPERMEX). Allí, a raíz de un artículo en La Jornada, Carlos Fazio acaba de ser amenazado por la vocera de la Embajada de Israel.
Esta semana, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) informó sobre “un atentado sin precedentes” en su sede, donde “fueron sustraídos documentos clave”. Sostuvo que fue parte de “un ataque sistemático contra el periodismo libre”. Ocurrió tres días después de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) firmara junto al Presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, la Declaración de Chapultepec que establece diez principios para la libertad de prensa y expresión en las Américas.
La difusión de estas situaciones, como los posicionamientos de los colectivos de prensa, no pueden estar divorciados de los intereses económicos. Basta ver las páginas completas en los diarios o las largas tandas en radio y TV para corroborar el auspicio de multinacionales.
Los de abajo
Muchas de las problemáticas del sector habían sido discutidas durante los años en que se buscó democratizar la comunicación. Ahora, la creciente precarización laboral subraya la necesidad de reivindicar reclamos.
Por caso, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) pide que se activen los fondos de fomento para medios comunitarios y que se actualice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y Argentina Digital (27.078)
Frente al modelo de ajuste y saqueo a la cultura y la comunicación, definieron sus premisas: “Defensa de los medios públicos y su rol social, recomposición salarial, condiciones laborales dignas, equidad en la distribución de la publicidad pública, fortalecimiento de los medios autogestivos y su financiamiento, regulación de las grandes plataformas y la inteligencia artificial”.
El reclamo por garantías para la expresión libre no halla el mismo eco cuando se aplica a los trabajadores, como puede corroborarse al buscar las repercusiones de la manifestación frente a la SIP reunida en Córdoba.
Ecos de un crimen
En la provincia mediterránea, por estos días, un periodista se enfrenta a un Poder Judicial lejano a la virtud incuestionable, como demuestra la probation concedida al sobrino del senador Luis Juez e hijo de un legislador provincial, detenido hace cuatro años con 40 pastillas de la droga éxtasis.
Hernán Vaca Narvaja cubrió de modo destacable el crimen con connotaciones sexuales de Nora Dalmasso, ocurrido dentro un barrio cerrado de Río Cuarto en 2006, del que dio cuenta en dos libros: Las cuatro muertes de Nora Dalmasso (2008) y Crímenes en espejo (2023).
A partir de su trabajo, en ese caso de enorme repercusión mediática, fue querellado por el viudo y los hijos ante el fuero civil por “daño moral”, lo que provocó condenas en tres instancias entre 2013 y 2018.
En la primera, fue mandado a indemnizar al viudo Marcelo Macarrón y a sus hijos Facundo y Valentina, con el equivalente en pesos a 23.000 dólares. En la segunda, vio disminuido el monto a 7.500 dólares, mientras que, por la última, sólo debía indemnizar a los hijos –ya que el viudo quedó imputado por homicidio– para lo cual el Tribunal Superior (TSJ) de Córdoba bajó el monto a 4.000 dólares.
Vaca Narvaja fue en queja a la Corte Suprema, donde obtuvo dictamen favorable del procurador Víctor Abramovich. “Una pieza jurídica excelente que reivindica mi labor profesional y dice que de ninguna manera me metí en la vida privada, sino que reflejé la investigación judicial”, resumió ante una consulta de El Cohete.
Uno de los fundamentos del reclamo del periodista es que dos de los tres demandantes fueron imputados (el hijo Facundo también lo estuvo); el último absuelto en juicio fue el viudo, mucho tiempo después de la querella contra quien relató la investigación.
Vaca Narvaja eligió el camino escabroso de la independencia, que lo llevó a denunciar a varias instancias judiciales de su provincia. Por caso, cómo el TSJ entregó un auto secuestrado de alta gama a una clínica donde trabaja la hermana de la vocal de ese Cuerpo, María Cáceres de Bollati, quien todavía integra la Sala Civil del TSJ que acaba de sumar otra denuncia contra tres miembros por prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, como puede leerse en la Revista EL SUR.
El periodista también le ha dedicado portadas con denuncias a otro cordobés, Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema que acaba de servir el plato frío del rechazo a su recurso de queja con la mera cita al artículo 280 del Código Procesal, una costumbre tan repetida como criticada de la que ya ha dado cuenta El Cohete.
“Aplican el 280 pero nunca con dictamen, porque el dictamen abre el recurso; ellos le pasan vista al procurador y él opina –resume Vaca Narvaja–. Entiendo que pueden compartirlo o no, ya que no es vinculante; lo que no pueden es desconocerlo. Me aplicaron el 280 casi cuatro años después de ir en queja y tres años después de un dictamen que me era favorable”.
Vaca Narvaja planteó que espera “los repudios y la solidaridad de ADEPA y FOPEA”, mientras concita la del Círculo de la Prensa de Córdoba, entidad que retomó un planteo del caso de Eduardo Kimel: “Muchos años después de un crimen impune, el único condenado es un periodista”.
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