Los Arquitectos de la Desigualdad y la Erosión Democrática en América Latina y el Caribe

En el último año, mientras la riqueza de los milmillonarios creció a nivel global alrededor de un 16%; en América Latina aumentó un 39%: las grandes fortunas crecieron dieciséis veces más rápido que el PIB regional. La desigualdad extrema se ha convertido en uno de los rasgos definitorios de nuestro tiempo. A escala global, la concentración de riqueza avanza más rápido que la capacidad de los Estados para garantizar derechos, sostener democracias o enfrentar la crisis climática. Pero si hay una región del mundo donde este fenómeno adopta una forma más acelerada y políticamente peligrosa, esa es América Latina y el Caribe.

Por Rosa Cañete Alonso

Cuando la riqueza depende más del apellido que del esfuerzo individual

La región funciona hoy como un laboratorio adelantado de dinámicas que también atraviesan Europa y otras partes del mundo, pero que aquí se expresan con mayor crudeza

. Según el último informe de Oxfam sobre América Latina y el Caribe, “Riqueza sin Control, Democracia en Riesgo”, en el último año, mientras la riqueza de los milmillonarios creció a nivel global alrededor de un 16%; en América Latina aumentó un 39%: las grandes fortunas crecieron dieciséis veces más rápido que el PIB regional. Su riqueza tiene una desconexión profunda con la misma economía y bienestar colectivo.

El prometido “derrame” sigue sin ocurrir. La idea de que la concentración de capital en unos pocos iría derramando gotas hacia aquellos que se encontraban en la base de la pirámide no ha funcionado. Al contrario: estos niveles de desigualdad frenan el crecimiento, retrasan la reducción de la pobreza, polarizan las sociedades y erosionan la democracia. Aunque los indicadores de pobreza monetaria han mostrado leves mejoras, su avance es lento frente al ritmo vertiginoso de la riqueza. En América Latina y el Caribe aún viven cerca de 160 millones de personas en situación de pobreza y 63 millones en pobreza extrema.

También se resquebraja el mito de la meritocracia. En la región, la riqueza depende más del apellido que del esfuerzo individual: el 54% de los milmillonarios heredó total o parcialmente su fortuna, por encima del promedio global; y más del 62% de esa riqueza será transferida a la siguiente generación en los próximos años. Todo ello ocurrirá prácticamente sin frenos fiscales: solo cuatro países aplican impuestos al patrimonio neto y apenas nueve gravan herencias o donaciones.

Sin embargo, el debate público se desplaza. En lugar de interrogar el origen de estas fortunas, el discurso dominante convierte la riqueza extrema en aspiración personal y la pobreza en fracaso individual. Los pobres lo son por falta de esfuerzo; los ricos, son prueba viviente de una “meritocracia” que en gran medida es heredada. Además, la mayor parte de la riqueza de los superricos no surge de mercados abiertos, sino de sectores estructuralmente concentrados que operan como monopolios u oligopolios y que se consolidaron mediante privatizaciones, concesiones estatales o marcos regulatorios favorables. Finanzas, telecomunicaciones y medios, y energía y recursos naturales concentran el 65% de la riqueza de los milmillonarios latinoamericanos en 2025. Las enormes barreras de entrada y el control de infraestructuras estratégicas permiten influir en precios, regulaciones y decisiones públicas, transformando la concentración económica en poder político.

Los sistemas fiscales refuerzan este patrón. En América Latina, el 50% más pobre destina cerca del 45% de sus ingresos al pago de impuestos, principalmente al consumo, mientras que el 1% más rico aporta menos del 20%. La recaudación descansa en el consumo, mientras la riqueza, las rentas del capital y los grandes conglomerados empresariales gozan de tratamientos privilegiados por diseño.

  

Élites económicas en la política

La frontera entre élite económica y élite política también se ha vuelto cada vez más porosa. Entre 2000 y 2025, al menos dieciséis presidentes en once países de la región llegaron al poder tras trayectorias previas como propietarios, grandes empresarios, accionistas o directivos corporativos. El dinero no solo influye: ocupa directamente espacios de decisión.

El caso de Marcos Galperín es ilustrativo de cómo el dinero financia también campañas e ideas que benefician sus propios intereses. El argentino, fundador de Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más grande de América Latina, y uno de los hombres más ricos de la región, ha defendido públicamente la desregulación, ha criticado la intervención estatal y ha apoyado gobiernos proclives a recortes sociales, mientras su empresa se beneficiaba de exenciones fiscales y regímenes especiales. No se trata de una excepción, sino de un patrón: élites económicas que influyen activamente en políticas que refuerzan sus propias ventajas.

Ese poder se sostiene también en la producción de relatos que deslegitiman lo público. El escándalo de Odebrecht fue presentado sobre todo como un fracaso moral de la política, con foco en funcionarios corruptos, mientras quedaba en segundo plano su núcleo empresarial: un esquema privado de sobornos para capturar contratos y regulaciones. El resultado fue un discurso que reforzó la idea de que la corrupción es inherente al Estado, al tiempo que normalizaba la expansión del poder corporativo.

 

Tecnológicas, la criminalización de la migración y las democracias vaciadas

Las grandes tecnológicas ocupan hoy un lugar central en esta construcción del sentido común. Plataformas con enorme capacidad financiera y comunicacional financian campañas, ejercen lobby y bloquean regulaciones fiscales, laborales o de contenidos. Investigaciones periodísticas en países como Colombia y Brasil han documentado su apoyo a fuerzas políticas que prometen “libertad” mientras limitan los controles democráticos sobre su poder. La dificultad para regularlas no es técnica: es política.

Las consecuencias de este modelo se hacen visibles en dos campos decisivos: la crisis climática y la migración. América Latina, responsable de una fracción mínima de las emisiones históricas, es una de las regiones más golpeadas por el calentamiento global. Sin embargo, la transición se gestiona como una nueva frontera de acumulación para sectores extractivos y financieros, mientras los costos recaen sobre comunidades rurales, indígenas y empobrecidas.

La migración, impulsada por la desigualdad, la violencia y la crisis climática, se trata cada vez más como un problema de seguridad. El caso de República Dominicana es especialmente revelador: se culpa a mujeres migrantes haitianas del deterioro de la atención en maternidades, se despliega policía migratoria en hospitales y se producen deportaciones de embarazadas y niños que buscan atención médica. Todo ello ocurre en un contexto de baja inversión en salud y de escándalos reiterados en el Servicio Nacional de Salud, desplazando el foco desde las fallas estructurales hacia quienes viven en mayor vulnerabilidad y sostienen las economías.

Esta lógica también aparece en Estados Unidos bajo el discurso y las políticas impulsadas por Donald Trump, donde la criminalización de la migración convive con recortes sociales y beneficios fiscales para los más ricos. La migración se consolida así como un nuevo nicho de marketing político , mientras se erosionan derechos básicos.

El resultado son democracias vaciadas de contenido material. Cuando la riqueza se concentra sin límites, se hereda sin fricción y se desregula en nombre de la eficiencia, mientras las mayorías sostienen al Estado vía impuestos al consumo, la democracia deja de ser una promesa de bienestar compartido y se convierte en un procedimiento cada vez más frágil.

Mirar a América Latina anticipa al mundo dinámicas posibles donde la riqueza heredada, la captura del Estado y la desvalorización de lo público avanzan sin contrapesos. Disputar la fiscalidad, regular el poder económico, desmontar los mitos que legitiman la desigualdad y fortalecer la participación ciudadana no es una tarea regional: es una urgencia democrática global.

Rosa Cañete Alonso - Economista especializada en el estudio de la pobreza y la desigualdad.